3. TERCEROS. INTERVENCION.
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
El doctor Russomanno dijo;
I. Contra la sentencia de fs. 368/371, apelaron la actora -quien expresa agravios a fs. 386/388-, el demandado y los terceros citados, Adar SA y Patrigan SA -quienes se agravian en conjunto a fs. 389/391-, y Líder Compañía Argentina de Seguros SA citada en garantía por Patrigan SA, que no ha expresado agravios.
II. La actora se queja de que la sentencia de primera instancia haya excluido de la condena a los terceros citados, señalando que, de tal modo, se disminuye el patrimonio llamado a afrontar las indemnizaciones. La señalada cuestión es también motivo de agravios del demandado Roberto Fischman y de los terceros citados Adar SA y Patrigan SA; en cambio, la aseguradora de esta última solicita que se desestimen tales quejas.
III. El a quo ha considerado que los terceros, citados en autos en virtud de lo establecido en el art. 94 del Cód. Procesal, no adquirieron el carácter de sujetos pasivos de la pretensión formulada en la demanda y, por lo tanto, no podían ser condenados. Desde ya, anticipo que discrepo con el criterio expuesto por el juez de la instancia anterior. En primer lugar, debe advertirse que la citación coactiva de terceros (art. 94, Cód. Procesal) procede no sólo cuando exista o pueda existir una acción de regreso contra el citado (p.ej., en el caso del art. 1123, Cód. Civil), sino en muchos otros supuestos, como cuando la relación jurídica hecha valer en el juicio es conexa o común con un tercero -caso del coautor del cuasidelito en que funda sus pretensiones el actor-, o cuando el deudor demandado entienda que el tercero es cotitular del crédito reclamado, o cuando, demandado el poseedor inmediato, éste declara quién es el portador mediato -hominatio auctoris- (conf. Fassi, Santiago C, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, anotado y concordado, t. 1, p. 190, § 387). Por lo tanto, la posición procesal del citado depende de diversas circunstancias que deben valorarse en cada caso, sin que sea posible establecer una regla fija e invariable al respecto.
Es verdad que generalmente se efectúa la citación obligada de tercero como medio de habilitar una acción regresiva en su contra -como lo señala el a quo, con cita de Lino E. Palacio-, pero ello es así sólo "en términos generales" como dice ese mismo autor (Derecho procesal civil, t. III, p. 249), ya que escapan a esa regla casos como los que mencioné precedentemente (conf. Palacio, op. cit., t. III, p. 250).
En principio, la citación obligada del tercero para que pueda hacerse parte en el proceso solamente puede pedirla el actor, y sólo excepcionalmente puede solicitarla el demandado, porque el accionante no puede ser obligado a litigar contra otro que el demandado originario; pero es generalmente admitido que "el juez puede desestimar la oposición del actor en los supuestos en que, por razones de economía procesal, resulte manifiestamente conveniente la citación del tercero" (Palacio, op. cil., t. III, p. 250 y 251).
Ahora bien, si el tercero citado coactivamente por decisión fundada del juez, como ocurre en el sub lite, comparece al juicio, contesta la demanda oponiéndose a las pretensiones del actor y solicitando su rechazo, y a su vez reclama se cite en garantía a su asegurador, todo lo cual es proveído de conformidad y teniéndoselo por parte; o si contesta la demanda, pide su rechazo con costas, ofrece prueba y opone excepciones; ¿en que posición queda en el proceso?; ¿es parte demandada o no lo es?; ¿puede ser condenado o no?
Tales cuestiones han merecido respuestas disímiles, tanto en doctrina como en la jurisprudencia. Sólo a título de ejemplo, señalo que la tesis negativa a la última pregunta es defendida, entre otros, por Fenochietto y Arazi (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado y concordado, Bs. As., 1983, t. 1, p. 344) y por la jurisprudencia mayoritaria del fuero (ver la obra precitada, loc. cit., nota 2); en pro del criterio opuesto, es decir en defensa de la tesis positiva, cabe citar a Yáñez Álvarez (La intervención de terceros en el proceso civil, JA, doctrina 1970, p. 27 y 31), Fassi (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, anotado y concordado, Bs. As., 1971, t. 1, p. 192), y Colombo (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación anotado y comentado, 4ª. ed., Bs. As., 1975, t. I, p. 208). En cuanto a la jurisprudencia que admite que el citado, en supuestos análogos a los expuestos aquí, pueda ser condenado, cabe citar CNEspCiv Com, Sala V, 31/8/83, JA, 1984-III-593; id., id., 7/4/83, JA, 1984- III-557; SCBA, 7/8/84, LL, 1985-A-594.
Para casos como el presente, en que los citados actúan en el proceso en defensa de intereses propios y controvierten las pretensiones del actor, considero que son partes demandadas en la causa, por lo que no pueden ser omitidos en la sentencia, la cual sin duda debe afectarlos como a los litigantes principales (art. 96, Cód. Procesal). Es verdad que si el citado no propone demandas, ni lo hacen las partes contra él, no se convierte en parte aunque "permanece en la situación de tercero sometido a la resolución, con todos los derechos y deberes inherentes a tal calidad" (Chiovenda, Giuseppe, Instituciones de derecho procesal civil, trad. de la 2ª. ed. italiana, 1* ed., Madrid, 1940, vol. II, p. 276); pero una vez ingresado al litigio, puede permanecer como espectador pasivo o bien adoptar diversas posiciones, como hacerse litisconsorte del actor o del primer demandado, coadyuvar con una parte, proponer demandas o reconvenir, y las partes a su vez puedan proponer contra él demandas, excepciones y reconvenciones (Chiovenda, op. cit., vol. II, p. 277).
Puesto que, como lo enseña el precitado tratadista italiano, "es parte aquel que pide en propio nombre (o en cuyo nombre se pide) la actuación de una voluntad de la ley, y aquél frente al cual
es pedida" (op. cit., vol. II, p. 265), cabe aseverar que, cuando el citado como tercero en virtud de una orden del juez del proceso comparece y se opone, en nombre propio, a las pretensiones del
accionante y reclama su rechazo -todo con anuencia del actor- se convierte a su vez en demandado, y en tal caso cabe que se lo incluya en la sentencia. Como dice Colombo, "la sentencia gravita porque el tercero se ha convertido en parte, siempre y cuando se le haya acordado la posibilidad de intervenir en la oportunidad debida" (op. cit., t. I, p. 208). Se trata, en tal caso, del citado coactivamente que asume una intervención litisconsorcial o autónoma, por lo cual está, como legitimado sustancial, en la misma posición procesal que una de las partes principales como litisconsorte; en consecuencia, la sentencia dictada después de su intervención "lo afecta como a los litigantes principales (art. 96, ap. P, Cód. Procesal), precisamente porque ése es el motivo de la intervención" (Yáñez Alvarez, op. cit., p. 27).
Por último, señalo que en mi opinión la inclusión del tercero, con intervención litisconsorcial o autónoma, en la sentencia y su ulterior ejecutabilidad contra él, no vulnera el principio de congruencia al condenar a quien originariamente no fue demandado, porque la sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del juicio, como lo establece el art. 163, inc. 6", del Cód. Procesal (conf. SCBA, 7/8/84, voto del doctor Negri, LL, 1985- A-594).
Llego así a la conclusión de que el interventor litisconsorcial o autónomo que con anuencia o sin oposición del actor, actúa con autonomía en el juicio como litisconsorte del demandado, es parte
y debe ser incluido en la sentencia. Tal posición litisconsorcial es innegable, a mi entender, con respecto a las firmas "Adar SA, Comercial, Industrial y Financiera" y "Edifé SA" quienes fueron sucesivas propietarias del inmueble en que se efectuaron las obras de las que provinieron daños a la finca del actor teniendo en cuenta que la demanda fue originariamente dirigida contra el demandado principal “y quien resulta propietario del inmueble calle Santa Fe 4922/32". No obsta a esta conclusión la circunstancia que señala la sentencia apelada, de haber desistido el actor de su demanda contra quien, a fs. 15, indicara como presunto propietario de dicho inmueble, porque tal desistimiento lo efectuó el accionante "en atención a la documentación acompañada por 'Edifé SA' y lo manifestado por ésta en su escrito de contestación de demanda de fs. 106/109, lo cual implica
evidentemente que, habiéndose demostrado que los propietarios de dicho bien fueron sucesivamente Adar SA y Edifé SA, la acción continuaba contra ellas y no contra quien había actuado en la compra como mandatario de la última.
En cuanto a "Patrigan SA", también considero que su intervención fue litisconsorcial del demandado principal; adviértase que éste fue demandado en su condición de arquitecto a cargo de la construcción de la obra vecina a la finca del actor, señalándose que "el desmoramiento del muro se debió indudablemente a que los responsables de la construcción... procedieron con evidente negligencia..." y que el accionado Fischman, al contestar la demanda admite haber sido el director de obra y pide que se cite a Patrigan SA por haber sido la firma que lo contrató para la construcción "pues era la encargada de la misma". De lo expuesto resulta, con claridad, que la pretensión del accionante en la demanda se dirigió contra el propietario del inmueble del que sostuvo que derivaron daños a su propiedad, y contra los responsables de la construcción a los que atribuyó culpa o negligencia. La calidad de empresa constructora de dicha obra atribuida a Patrigan SA no fue desconocida por ésta al contestar la demanda y fue expresamente reconocida por su representante legal al absolver posiciones.
Por lo tanto, juzgo que la sentencia debió incluir como codemandados, además de Fischman, a las firmas "Adar SA", "Edifé SA" y "Patrigan SA", las dos primeras como sucesivas propietarias de la obra de la que provinieron los daños que reclama el actor y la última como empresa constructora de tal obra. Ello debe ser subsanado en este pronunciamiento, atendiendo el agravio expresado al respecto por el actor y en conjunto por Fischman, Adar SA y Patrigan SA y, por ello, estos tres codemandados deben ser condenados; en cambio, no ocurre lo mismo con Edifé SA, que no apeló la sentencia y no hubo agravios de las partes a su respecto.
IV. Los demandados se agravian de que la sentencia, como fundamento de la condena, hiciera fe de las conclusiones de la pericia de ingeniero de fs. 283/287. Aducen que el perito no contestó en forma concluyente, sino dejando sentadas opiniones sólo basadas en presunciones, posibilidades o probabilidades.
En primer lugar, cabe tener presente que en sus dictámenes los peritos exponen opiniones, fundadas en sus conocimientos y experiencia. Además, la pericia de fs. 283/287 no fue observada ni impugnada por ninguna de las partes, y tampoco se solicitaron explicaciones al experto. Esta Sala tiene resuelto que "una pericia sólo puede impugnarse mediante la demostración cabal de la incompetencia técnica y corresponde a las partes, en ejercicio del control de la litis, manifestar con oportunidad la disconformidad del resultado o pedir explicaciones aclaratorias". "Omitido todo esto y a falta de otros elementos de juicio que contradigan la opinión del perito, ese dictamen valdrá como elemento decisivo para la resolución del juicio" (26/6/80, "Perel, Alberto O. c/Juan, Guillermo", ED,15-759, sum. 10).
Por lo tanto, considero que debe desestimarse el agravio.
V. La actora se queja, además, de que la sentencia apelada no contemple la actualización del monto de la condena hasta la oportunidad de su efectivo pago. Considero que el agravio debe ser admitido ya que la indexación debe ser llevada hasta la fecha el pago de la deuda, en pro de la integridad del resarcimiento, asegurando así al acreedor el cumplimiento en moneda constante de lo que le es debido (conf. CNCiv, Sala F, 2/10/79, ED, 14-650, sum 348).
VI. La condena deberá extenderse a la citada en garantía "Líder Compañía Argentina de Seguros, SA" (ver fotocopia de póliza de fs, 72/78 y escrito de fs. 141) y en la medida del seguro (art. 118, ley 17.418) que, dada la posible existencia de pagos con relación al mismo siniestro que invoca la aseguradora y lo expresado por la perito contadora a fs. 344, deberá determinarse por vía de ejecución de sentencia.
VII. Por todo lo expuesto, disposiciones legales, doctrina y jurisprudencia citadas, propongo que se confirme la sentencia apelada con la salvedad de que el monto de la condena se actualizará desde la fecha de dicha sentencia hasta la fecha de su efectivo pago según las variaciones de los índices de precios al por mayor, nivel general, que publica el Indec y que se condena a su pago, con los intereses que indica dicho pronunciamiento, a los demandados Roberto Fischman, "Adar SA Comercial, Industrial y Financiera" y "Patrigan SA" en forma solidaria y a "Líder Compañía Argentina de Seguros SA" -esta última como aseguradora de "Patrigan SA" y en la medida del seguro, que se determinará por vía de ejecución de sentencia-, y con costas a cargo de los demandados en ambas instancias.
Los doctores Bueres y Ambrosioni, por razones análogas a las aducidas por el doctor Russomanno, votaron en el mismo sentido. Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada con la salvedad de que el monto de la condena se actualizará desde la fecha de dicho pronunciamiento hasta la fecha de su efectivo pago según las variaciones de los índices de precios al por mayor, nivel general, que publica el Indec y que se condena a su pago, con los intereses que indica, la sentencia confirmada, a los demandados Fischman, "Adar SA Comercial, Industrial y Financiera" y "Patrigan SA" en forma solidaría y a "Líder Compañía Argentina de Seguros SA" -esta última como aseguradora de "Patrigan SA" y en la medida del seguro, que se determinará por vía de ejecución de sentencia-, y con costas a cargo de los demandados en ambas instancias.
Carlos E. Ambrosioni - Alberto J. Bueres - Mario C.
Russomanno (Secr.: Antonio R. M. Coghian) *.
PROPOSICIONES
1 ) ¿En qué carácter intervienen en el proceso las firmas "Adar SA", "Edifé SA" y "Patrigan SA"?
2) ¿Qué efectos tiene una sentencia con respecto a aquellos que intervinieron en carácter de terceros.
3) ¿Considera usted que un tercero puede ser condenado en un proceso? Funde su respuesta.
4) ¿Qué resolvió la Cámara al respecto?
5) ¿Qué diferencia hay entre un litisconsorte y un tercero?
6) ¿Por qué el tribunal entiende que las firmas antes mencionadas asumen una posición litisconsorcial?
15.5.09
ANALISIS DE CASOS: Practico en clase (p/el Portafolios)
5. TERCEROS. INTERVENCIÓN. OBLIGATORIEDAD
RESOLUCION:
Es principio generalmente adoptado en doctrina y jurisprudencia, que la intervención coactiva de tercero debe ser interpretada con criterio restrictivo cuando es requerida por la parte demandada, ya que compele al actor litigar contra quien no ha accionado.
Si bien la ley no exige que el demandado demuestre cuál es la relación jurídica que lo une con el tercero como requisito para dar curso a su petición ésta debe revestir seriedad suficiente para justificar la excepcional alteración que habrá de producirse en la composición originaria del pleito (conf. esta Sala in re, "Lirosa, SA c/Maremar SRL s/inc. de Apelación", 17/9/86).
En el caso se alega, con sustento en prueba documental agregada en autos, que el tercero habría percibido, en nombre del actor, las sumas que ésta reclama en el pleito. Esa circunstancia aparece suficientemente respaldatoria de la factibilidad de incorporar al tercero a la litis contra el cual -eventualmente- podría intentarse una acción del regreso.
A mérito de lo expuesto, se revoca el decisorio apelado, y encomiéndase al magistrado de la causa el proveimiento de la citación pedida, conforme con lo normado por los arts. 94 y 95 del Cód. Procesal. Las costas se imponen, en ambas instancias a la actora vencida.
Helios A. Guerrero - Juan M. Garzón Vieyra - Rodolfo A. Ramírez (Secr.: Adriana F. Gómez) (*).
PROPOSICIONES:
1) ¿En qué carácter se admite la citación del tercero de acuerdo con los artículos del Código Procesal que se citan?
2) ¿Quién pide la citación del tercero?
3) ¿Por qué la pide?
4) ¿Qué efectos tendrá la sentencia que se dicte después de la intervención del tercero?
5) ¿La sentencia será ejecutable contra el tercero?
(*) CNCom, Sala E, "Lotierzo, M. A. c/Faeco, SRL", 7/10/87, £D, 129-
335.
RESOLUCION:
Es principio generalmente adoptado en doctrina y jurisprudencia, que la intervención coactiva de tercero debe ser interpretada con criterio restrictivo cuando es requerida por la parte demandada, ya que compele al actor litigar contra quien no ha accionado.
Si bien la ley no exige que el demandado demuestre cuál es la relación jurídica que lo une con el tercero como requisito para dar curso a su petición ésta debe revestir seriedad suficiente para justificar la excepcional alteración que habrá de producirse en la composición originaria del pleito (conf. esta Sala in re, "Lirosa, SA c/Maremar SRL s/inc. de Apelación", 17/9/86).
En el caso se alega, con sustento en prueba documental agregada en autos, que el tercero habría percibido, en nombre del actor, las sumas que ésta reclama en el pleito. Esa circunstancia aparece suficientemente respaldatoria de la factibilidad de incorporar al tercero a la litis contra el cual -eventualmente- podría intentarse una acción del regreso.
A mérito de lo expuesto, se revoca el decisorio apelado, y encomiéndase al magistrado de la causa el proveimiento de la citación pedida, conforme con lo normado por los arts. 94 y 95 del Cód. Procesal. Las costas se imponen, en ambas instancias a la actora vencida.
Helios A. Guerrero - Juan M. Garzón Vieyra - Rodolfo A. Ramírez (Secr.: Adriana F. Gómez) (*).
PROPOSICIONES:
1) ¿En qué carácter se admite la citación del tercero de acuerdo con los artículos del Código Procesal que se citan?
2) ¿Quién pide la citación del tercero?
3) ¿Por qué la pide?
4) ¿Qué efectos tendrá la sentencia que se dicte después de la intervención del tercero?
5) ¿La sentencia será ejecutable contra el tercero?
(*) CNCom, Sala E, "Lotierzo, M. A. c/Faeco, SRL", 7/10/87, £D, 129-
335.
CAPITULO XI - INTERVENCION DE TERCEROS
INTERVENCION DE TERCEROS EN EL PROCESO TERCERIAS
SUMARIO: l. Tercero. Concepto.- 2. Intervención del tercero.- 3. Presupuestos de la intervención.- 4. Clases de intervención. 4.1. Intervención voluntaria. 4.1.1. Intervención coadyuvante. 4.1.1.1. Intervención adherente simple o accesoria. 4.1.1.2. Intervención adherente autónoma o litisconsorcial. 4.1.2. Intervención exclu¬yente o principal. 4.2. Intervención forzosa. 4.3. Intervención ne¬cesaria.- 5. Tercerías. 5.1. Concepto. 5.2. Clases. 5.2.1. Tercería de dominio. 5.2.2. Tercería de mejor derecho.- 6. Diferencia entre tercería o intervención de terceros.
1. TERCERO. CONCEPTO
Nuestro proceso, de acuerdo con su origen romano, es singular, en el sentido que, de ordinario, se tramita entre dos partes: el actor y el demandado, y sólo a ellos se refiere y afecta la sentencia.
No obstante, la complejidad de las relaciones jurídicas hace que la litis pueda afectar también a otras personas (terce¬ros), en cuyo caso éstas pueden tener un interés legítimo en el modo como dicha litis será decidida.
Según CARNELUTTI, debe entenderse por litis un conflicto actual de intereses. Entre proceso y litis existe la misma relación que se da entre continente y contenido. De allí que un proceso puede contener una o más litis.
Se denomina tercero, en sentido general, a quien no es parte en el proceso y, en consecuencia, no puede resultar afectado por sus efectos.
También se denomina tercero a aquel que sin ser ac¬tor o demandado, adquiere la calidad de parte en un proceso ya iniciado pretendiendo una sentencia favorable a su inte¬rés.
La pretensión que deduce el tercero en el proceso pue¬de ser coincidente con la de uno de los litigantes (coadyuvan¬te) o contraria a las pretensiones de las partes originarias (ex¬cluyente).
La intervención de terceros puede darse en toda clase de procesos y no está limitada al proceso de conocimiento ordinario.
El tercero, cuando su intervención es procedente, pasa a actuar directamente en el proceso que siguen el actor y el demandado, sin promover otro proceso nuevo o distinto y la sentencia que se vaya a dictar en ese único proceso decidirá también la suerte de las pretensiones del tercero.
2. INTERVENCION DEL TERCERO
La intervención de terceros tiene lugar cuando durante el desarrollo del proceso, sea en forma espontáneo o pro¬vocada, se incorporan a él personas distintas a las partes ori¬ginarias, con el propósito de hacer valer derechos o intereses propios, pero vinculados con la causa o el objeto do la pretensión.
La intervención de terceros en un proceso se admite por razones de seguridad jurídica y economía procesal, y por la conveniencia que significa extender los efectos de la cosa juzgada a todas las personas interesadas en una determinada relación jurídica o situación jurídica.
Si bien es verdad, dice CARLOS, que la sentencia que se dicta en un proceso sólo produce sus efectos entre las par¬tes que en él han litigado (res inter iudicata tertius non nocet), se presentarán a menudo casos en que pueden tales efectos, aunque excepcionalmente, extenderse a quienes fueron extra¬ños a esa controversia.
Declarada admisible la intervención del tercero, éste asu¬me la calidad de parte, con sus derechos, facultades, deberes, cargas y obligaciones, porque el propósito de la institución con¬siste, precisamente, en brindar a aquélla posibilidad de obte¬ner la protección judicial de un derecho o interés propio.
Procesalmente acontece que como consecuencia de la intervención del tercero en el proceso original, se produce una acumulación de pretensiones.
La determinación del carácter procesal de la interven¬ción del tercero en el proceso resultará, generalmente, de la ley sustancial.
3. PRESUPUESTOS DE LA INTERVENCION
El tercero podrá intervenir en un proceso siempre que se cumplan determinados presupuestos. Ellos son:
3.1. Que exista un proceso pendiente sustanciándose ante el órgano jurisdiccional.
3.2. Que el interviniente sea efectivamente un tercero en la relación procesal, es decir que no sea parte originaria en el proceso.
3.3. Que el tercero demuestre tener un interés jurídico en la cuestión debatida en el proceso.
3.4. Que la pretensión del tercero sea conexa con el objeto, la causa, o ambos elementos, o exista afinidad, con el objeto de que pueda ser sustanciada y resuelta conjuntamente con las pretensiones de las partes originales.
4. CLASES DE INTERVENCION
De acuerdo con la forma en que se produce, la inter¬vención del tercero puede ser: Voluntaria, que puede ser coadyu¬vante, y ésta adherente simple o accesoria o adherente autóno¬ma o litisconsorcial o excluyente; Forzosa u obligatoria; y Necesaria.
4.1. Intervención voluntaria
Se origina por la voluntad libre y espontánea del propio tercero. A su vez, puede ser coadyuvante o excluyente.
4.1.1. Intervención coadyuvante: La intervención CN coadyuvante cuando tiene por objeto apoyar la pretensión do una de las partes originarias (actor o demandado).
La intervención coadyuvante - de acuerdo con la doctrina y la legislación comparada - puede asumir dos modalida¬des:
4.1.1.1. Intervención adherente simple o accesoria: En la cual el tercero pretende hacer valer un derecho conexo con el debatido entre el actor y el demandado, apoyando a uno de ellos pero sin autonomía de actuación, vale decir, su actuación procesal se halla subordinada a la parte principal a la cual coadyuva.
Puede intervenir en esta calidad el tercero para quien constituye condición favorable a su derecho la sentencia que se dicte en favor de la parte a la que coadyuva, v.g.: el fiador que interviene en la demanda que se le promueve al deudor por él afianzado; el acreedor, que interviene en la demanda que promueve su deudor (Art. 94, in fine CPC).
El tercero tiene una condición accesoria y subordinada a la actuación de la parte principal a la que coadyuva, al no poder alegar ni probar lo que a ella le estuviera prohibido.
Puede, sin embargo, ejercitar todos los actos procesa¬les que se traduzcan en asistir a la parte que él coadyuva, siempre que ésta no se oponga a ello.
CARNELUTTI califica al tercero coadyuvante como parte accesoria, atendiendo al hecho de que "a diferencia de lo que ocurre en los casos de intervención excluyente o litisconsorcial, en los cuales el tercero interviene para hacer valer un derecho propio, en esta forma de intervención el tercero lo hace para sostener las razones de un derecho aje¬no".
La actuación procesal del tercero coadyuvante se en¬cuentra limitada por la conducta del litigante principal, por¬que si bien se halla autorizado para realizar toda clase de actos procesales, éstos sólo son eficaces en la medida en que no sean incompatibles o perjudiquen el interés de aquél.
El interviniente coadyuvante simple carece de legimación procesal para litigar contra el adversario de la parte a la que adhiere.
4.1.1.2. Intervención adherente autónoma o Litisconsorcial:
Se produce cuando el tercero invoca un derecho pro¬pio frente a alguna de las partes originarias: actor o deman¬dado. El tercero actúa como litisconsorte de li parte a quien adhiere, con la consiguiente autonomía de gestión procesal.
El tercero que interviene de este modo pudo haber sido parte principal en el proceso en que actúa como tercero, y la sentencia que se vaya a dictar en dicho proceso, haya tomado o no intervención como tercero, le afectará directamente, V.g.: demanda de nulidad de una asamblea de accionistas promo¬vida por un accionista; citación de evicción (Art. 90 CJC).
El tercero que interviene en este carácter habría teni¬do legitimación procesal para poder demandar o ser demandado originariamente en el proceso en el cual interviene como tercero.
El interviniente autónomo o litisconsorcial hace va¬ler un derecho propio en el proceso contra una de las partes originarias (no contra ambas), asumiendo la misma posición procesal de la otra, aunque no necesariamente coincida con el interés de ésta.
4.1.2. Intervención excluyente o principal: La intervención voluntaria se denomina excluyente, principal o agresiva, cuando el tercero pretende un derecho frente a las partes ori¬ginarias. Su pretensión se contrapone a la de los litigantes originarios: actor y demandado, V.g.: las partes principales discuten acerca de la propiedad de un bien y el tercero inter¬viene en el proceso alegando ser el propietario de dicho bien.
La calidad con que el tercero interviene en el proceso es distinta a la de los otros contendientes. Es una tercera par¬te.
La intervención excluyente tiene carácter exclusivo e independiente, y está dada por la incompatibilidad del derecho del tercero con el que se ventila en el proceso.
CHIOVENDA dice que es una simple facultad del ter¬cero concedida con el fin de prevenir el daño que', de hecho, podría recibir por la victoria de una de las partes del pleito principal, y también con el fin de evitar una duplicidad inútil de juicios y la contradicción de las sentencias.
La demanda que promueve el tercero excluyente se dirige contra las otras partes del proceso en trámite, pretendiendo en todo o en parte el bien que constituye el objeto de la litis.
El tercero excluyente o agresivo promueve una de¬manda independiente contra el actor y el demandado, pasan¬do las partes originarias a ser litisconsortes.
La intervención puede sustanciarse en un mismo ex¬pediente con el proceso principal o por separado, pero siem¬pre las partes originarias y el tercero interviniente tienen el carácter de partes autónomas entre sí.
Este tipo de intervención, dependiendo de la instancia en la que se encuentra sustanciándose el proceso, produce los siguientes efectos en el procedimiento, según nuestra ley pro¬cesal:
a) Si se halla en primera instancia: Se suspenderá su curso, hasta que la nueva litis y la original queden en el mismo esta¬do, para continuarse conjuntamente a fin de dictarse una sola sentencia.
b) Si el proceso se encuentra en segunda instancia: La nueva litis se tramitará en pieza separada con ambos litigantes, sin suspenderse el curso de la litis principal, pero se suspenderá el dictado de la sentencia para poder resolverse juntas.
La sentencia que se dicte será una sola y deberá resol¬ver sobre todas las pretensiones, la originaria y la del tercero. Su eficacia se extenderá a todos los sujetos (partes y tercero) que hayan intervenido en el proceso.
4.2. Intervención forzosa
La institución procesal de la intervención forzosa u obligatoria tiene lugar cuando el juez, a pedido de parte o de oficio, ordena la citación de un tercero, a fin de que la sentencia que vaya a dictarse produzca sobre éste el efecto de In cosa juzgada. Son casos de intervención forzosa:
4.2.1. La litis denuntiatio": Se produce cuando la parte en caso de ser vencida podría tener una acción contra el terce¬ro, v.g.: evicción (Art. 1759 CC y Arts. 87 y sgtes. CPC). La evicción es un caso de intervención forzosa que se produ¬ce por el llamamiento (litis denuntiatio) que hace el deman¬dado al enajenante del bien objeto de la litis, a los efectos de ser defendido en el proceso y, subsidiariamente, dejar expe¬dita la acción regresiva de conformidad al Art. 1770, inc. a) del C. Civil.
En consecuencia, la denuncia de la litis constituye una carga procesal que pesa sobre el adquirente y cuyo incumpli¬miento lo expone al riesgo de ser derrotado en la correspon¬diente pretensión regresiva frente al enajenante.
4.2.2. La "laudatio auctoris": Acontece cuando el posee¬dor demandado denuncia el nombre de aquel por quien po¬see (Art. 2419 CC).
Se produce cuando promovida una demanda contra el que tiene temporariamente la posesión de una cosa ajena (in¬quilino, prestatario, depositario) , el demandado denuncia el nombre y domicilio del poseedor o propietario, a fin de que el juicio continúe con éste.
El actor, una vez conocida la denuncia formulada por el demandado, debe dirigir la demanda contra el poseedor o propietario, permitiendo la extromisión del demandado ori¬ginal, porque si así no lo hiciere su demanda podrá ser re¬chazada por falta de acción (falta de legitimación pasiva).
4.2.3. El llamamiento del tercero pretendiente: Ocurre cuando el demandado por la entrega de una cosa o el pago de una deuda cita al tercero, que también pretende ser propieta¬rio o acreedor, con el objeto de que quede esclarecida la ver¬dadera situación jurídica (Art. 584, inc. d) CC).
4.2.4. La llamada en garantía: Se da cuando el llamante se encuentra en el juicio por una obligación del llamado, cómo el fiador respecto del deudor (Art. 1456 CC).
El tercero citado al proceso asume la calidad de parte, ejerciendo plenamente sus derechos procesales de la misma forma que hubiera podido hacerlo en otro proceso indepen¬diente.
Corresponde señalar que la comparecencia del tercero, en los casos señalados, no implica un deber, sino una facultad jurídica cuya falta de ejercicio lo expone al riesgo de ser alcan¬zado por los efectos de la sentencia que se vaya a dictar en el proceso en que fue citado y que, pudiendo haberlo hecho, no compareció.
4.3. Intervención necesaria
La intervención necesaria se produce cuando en un pro¬ceso pendiente no actúan como partes originarias todos los su¬jetos que deben demandar o ser demandados, en relación a In legitimación que de manera imprescindible debe tenerse para que la sentencia que vaya a dictarse sea útil. Es decir, que no obstante ser partes del conflicto, no son partes del litigio.
El litisconsorcio necesario, consecuencia de la inter¬vención necesaria, se configura cuando entre varios sujetos existe una relación jurídica sustancial única e inescindible que, como tal, sólo puede ser decidida con la intervención de todos los interesados, porque de lo contrario la sentencia que se dicte será de cumplimiento imposible.
Este supuesto de intervención se diferencia claramente de la voluntaria y de la provocada, porque el pleito que se refiere a una relación jurídica inescindible no puede ser sus¬tanciado ni resuelto sin la citación del tercero que, debiendo haber sido actor o demandado originario, no lo fue.
La citación del tercero, en este caso, deviene forzosa y el juez debe efectuarla, incluso de oficio, a fin de lograr una correcta integración de la relación procesal. El tercero, antes de su intervención, es parte del conflicto, pero no del litigio, por ello debe integrarse, también, como parte de él.
Configuran casos de litisconsorcio necesario:
a) Exigido por la ley: la demanda de filiación, que debe intentarse contra el padre y la madre (Art. 25 CM).
b) Proveniente de la naturaleza de la relación controverti¬da: la demanda por simulación de un acto jurídico, que debe promoverse contra todas las partes que lo realizaron; la de¬manda de nulidad de un acto jurídico, que debe intentarse con¬tra todos sus otorgantes; la demanda de división de condomi¬nio; etc.
El proceso en estos casos, conviene reiterar, debe in¬tegrarse, de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes mediante la deducción de la "exceptio plurium litisconsortium" con todos los sujetos que correspondan en razón del vínculo de derecho material que los une, porque si la sentencia fuera pronunciada sólo con respecto a alguno de ellos, no resulta¬ría útil o no sería posible obtener su ejecución.
Véase el Capítulo IX apartado 8.4.
5. TERCERIAS
5.1. Concepto
Recibe el nombre de tercería la pretensión deducida por un tercero en el proceso, en cuya virtud reclama el levan¬tamiento de un embargo trabado sobre un bien de su propie¬dad, o el pago preferencial de su crédito con el producido de la venta del bien embargado.
La admisibilidad de la tercería, cualquiera sea su cla¬se, se halla supeditada a la existencia de un embargo efecti¬vamente trabado, no es suficiente que se lo haya decretado. En caso contrario no existiría interés jurídico, porque de no existir la afectación del bien del tercero que el embargo su¬pone la sentencia que se dicte no le sería oponible, carecien¬do de virtualidad para despojarlo de ese bien.
En la tercería el actor es el tercerista y los demanda¬dos son todas las partes del juicio principal (actor y deman¬dado) que pasan a tener el carácter de litisconsortes.
Son asimilables al embargo las medidas judiciales que sean equivalentes al mismo en sus efectos, V.g.: secuestro de bienes.
N o corresponde deducir tercería contra la inhibición de bienes o la anotación de la litis. En la inhibición debe demos¬trarse que el inhibido no es el deudor, lo que requiere un trámi¬te más simple. En la anotación de litis, el objeto es c1istinto, ya que en ésta se pretende que el adquirente del bien afecta¬do por la anotación de la litis no pueda ampararse en su buena fe, para tratar de evitar los efectos de la sentencia.
5.2. Clases
Las clases de tercería se configuran de acuerdo con el fundamento de la pretensión: tercería de dominio y tercería de mejor derecho.
5.2.1. Tercería de dominio: Es aquella en la cual el tercero pretende que se declare su dominio sobre el bien que es objeto del proceso principal, pidiendo se deje sin efecto el embargo trabado sobre el mismo, cualquiera sea éste: inmueble, mue¬ble, derechos intelectuales o industriales, etc.
La promoción de la tercería de dominio no tiene carác¬ter obligatorio para el titular del dominio. Este, por el hecho de haberse transferido el bien en el juicio principal, no pierde la facultad legal que posee de reivindicarlo frente al tercer adquirente, si se cumplen las condiciones legales para el efec¬to.
5.2.2. Tercería de mejor derecho: Es aquella en la cual el tercero no pretende el dominio del bien en litigio, sino un dere¬cho preferente de pago frente al que aducen los litigantes. Su pretensión está dirigida a que con el producido de la venta del bien subastado se le pague antes que al embargante.
Las tercerías, si bien es cierto que tienen un mayor ám¬bito de aplicación en los procesos de ejecución, pueden reducirse en toda clase de juicios en los que el tercero se vea afectado en sus derechos, siempre que se produzcan las con¬diciones requeridas por la ley, v.g.: juicio ejecutivo, juicio de quiebra donde se ordenó la venta del bien de un tercero, etc.
La tercería, cualquiera de ellas, debe sustanciarse por el trámite establecido para los incidentes, en pieza separada con el embargante y el embargado.
Por motivos excepcionales que requieran un mayor de¬bate y prueba el juez puede disponer que se sustancie la terce¬ría por el trámite del proceso de conocimiento ordinario.
Las tercerías pueden deducirse hasta tanto no se haya efectuado la subasta de los bienes, o no se haya hecho pago al acreedor, según sea de dominio o de mejor derecho (Art. 81 CPC).
Las dos tercerías, de dominio y de mejor derecho, pue¬den ser ejercidas conjuntamente en forma subsidiaria, en ra¬zón de que las mismas no se excluyen.
DIFERENCIA ENTRE TERCERIA E INTERVENCION DE TERCEROS
Deben distinguirse, por sus importantes efectos, los ins¬titutos procesales de la tercería y la intervención de terceros.
En la tercería, el tercero promueve un juicio contra el actor y el demandado, que son partes en un proceso sustancia¬do entre ellos, y la sentencia que se dicte en el mismo no le va a afectar, salvo el embargo trabado. Consecuentemente, el tercerista permanece indiferente al resultado de la litis prin¬cipal.
En la intervención de terceros, el tercero generalmente asume la calidad de parte en el proceso y queda vinculado a la sentencia que vaya a dictarse en él.
SUMARIO: l. Tercero. Concepto.- 2. Intervención del tercero.- 3. Presupuestos de la intervención.- 4. Clases de intervención. 4.1. Intervención voluntaria. 4.1.1. Intervención coadyuvante. 4.1.1.1. Intervención adherente simple o accesoria. 4.1.1.2. Intervención adherente autónoma o litisconsorcial. 4.1.2. Intervención exclu¬yente o principal. 4.2. Intervención forzosa. 4.3. Intervención ne¬cesaria.- 5. Tercerías. 5.1. Concepto. 5.2. Clases. 5.2.1. Tercería de dominio. 5.2.2. Tercería de mejor derecho.- 6. Diferencia entre tercería o intervención de terceros.
1. TERCERO. CONCEPTO
Nuestro proceso, de acuerdo con su origen romano, es singular, en el sentido que, de ordinario, se tramita entre dos partes: el actor y el demandado, y sólo a ellos se refiere y afecta la sentencia.
No obstante, la complejidad de las relaciones jurídicas hace que la litis pueda afectar también a otras personas (terce¬ros), en cuyo caso éstas pueden tener un interés legítimo en el modo como dicha litis será decidida.
Según CARNELUTTI, debe entenderse por litis un conflicto actual de intereses. Entre proceso y litis existe la misma relación que se da entre continente y contenido. De allí que un proceso puede contener una o más litis.
Se denomina tercero, en sentido general, a quien no es parte en el proceso y, en consecuencia, no puede resultar afectado por sus efectos.
También se denomina tercero a aquel que sin ser ac¬tor o demandado, adquiere la calidad de parte en un proceso ya iniciado pretendiendo una sentencia favorable a su inte¬rés.
La pretensión que deduce el tercero en el proceso pue¬de ser coincidente con la de uno de los litigantes (coadyuvan¬te) o contraria a las pretensiones de las partes originarias (ex¬cluyente).
La intervención de terceros puede darse en toda clase de procesos y no está limitada al proceso de conocimiento ordinario.
El tercero, cuando su intervención es procedente, pasa a actuar directamente en el proceso que siguen el actor y el demandado, sin promover otro proceso nuevo o distinto y la sentencia que se vaya a dictar en ese único proceso decidirá también la suerte de las pretensiones del tercero.
2. INTERVENCION DEL TERCERO
La intervención de terceros tiene lugar cuando durante el desarrollo del proceso, sea en forma espontáneo o pro¬vocada, se incorporan a él personas distintas a las partes ori¬ginarias, con el propósito de hacer valer derechos o intereses propios, pero vinculados con la causa o el objeto do la pretensión.
La intervención de terceros en un proceso se admite por razones de seguridad jurídica y economía procesal, y por la conveniencia que significa extender los efectos de la cosa juzgada a todas las personas interesadas en una determinada relación jurídica o situación jurídica.
Si bien es verdad, dice CARLOS, que la sentencia que se dicta en un proceso sólo produce sus efectos entre las par¬tes que en él han litigado (res inter iudicata tertius non nocet), se presentarán a menudo casos en que pueden tales efectos, aunque excepcionalmente, extenderse a quienes fueron extra¬ños a esa controversia.
Declarada admisible la intervención del tercero, éste asu¬me la calidad de parte, con sus derechos, facultades, deberes, cargas y obligaciones, porque el propósito de la institución con¬siste, precisamente, en brindar a aquélla posibilidad de obte¬ner la protección judicial de un derecho o interés propio.
Procesalmente acontece que como consecuencia de la intervención del tercero en el proceso original, se produce una acumulación de pretensiones.
La determinación del carácter procesal de la interven¬ción del tercero en el proceso resultará, generalmente, de la ley sustancial.
3. PRESUPUESTOS DE LA INTERVENCION
El tercero podrá intervenir en un proceso siempre que se cumplan determinados presupuestos. Ellos son:
3.1. Que exista un proceso pendiente sustanciándose ante el órgano jurisdiccional.
3.2. Que el interviniente sea efectivamente un tercero en la relación procesal, es decir que no sea parte originaria en el proceso.
3.3. Que el tercero demuestre tener un interés jurídico en la cuestión debatida en el proceso.
3.4. Que la pretensión del tercero sea conexa con el objeto, la causa, o ambos elementos, o exista afinidad, con el objeto de que pueda ser sustanciada y resuelta conjuntamente con las pretensiones de las partes originales.
4. CLASES DE INTERVENCION
De acuerdo con la forma en que se produce, la inter¬vención del tercero puede ser: Voluntaria, que puede ser coadyu¬vante, y ésta adherente simple o accesoria o adherente autóno¬ma o litisconsorcial o excluyente; Forzosa u obligatoria; y Necesaria.
4.1. Intervención voluntaria
Se origina por la voluntad libre y espontánea del propio tercero. A su vez, puede ser coadyuvante o excluyente.
4.1.1. Intervención coadyuvante: La intervención CN coadyuvante cuando tiene por objeto apoyar la pretensión do una de las partes originarias (actor o demandado).
La intervención coadyuvante - de acuerdo con la doctrina y la legislación comparada - puede asumir dos modalida¬des:
4.1.1.1. Intervención adherente simple o accesoria: En la cual el tercero pretende hacer valer un derecho conexo con el debatido entre el actor y el demandado, apoyando a uno de ellos pero sin autonomía de actuación, vale decir, su actuación procesal se halla subordinada a la parte principal a la cual coadyuva.
Puede intervenir en esta calidad el tercero para quien constituye condición favorable a su derecho la sentencia que se dicte en favor de la parte a la que coadyuva, v.g.: el fiador que interviene en la demanda que se le promueve al deudor por él afianzado; el acreedor, que interviene en la demanda que promueve su deudor (Art. 94, in fine CPC).
El tercero tiene una condición accesoria y subordinada a la actuación de la parte principal a la que coadyuva, al no poder alegar ni probar lo que a ella le estuviera prohibido.
Puede, sin embargo, ejercitar todos los actos procesa¬les que se traduzcan en asistir a la parte que él coadyuva, siempre que ésta no se oponga a ello.
CARNELUTTI califica al tercero coadyuvante como parte accesoria, atendiendo al hecho de que "a diferencia de lo que ocurre en los casos de intervención excluyente o litisconsorcial, en los cuales el tercero interviene para hacer valer un derecho propio, en esta forma de intervención el tercero lo hace para sostener las razones de un derecho aje¬no".
La actuación procesal del tercero coadyuvante se en¬cuentra limitada por la conducta del litigante principal, por¬que si bien se halla autorizado para realizar toda clase de actos procesales, éstos sólo son eficaces en la medida en que no sean incompatibles o perjudiquen el interés de aquél.
El interviniente coadyuvante simple carece de legimación procesal para litigar contra el adversario de la parte a la que adhiere.
4.1.1.2. Intervención adherente autónoma o Litisconsorcial:
Se produce cuando el tercero invoca un derecho pro¬pio frente a alguna de las partes originarias: actor o deman¬dado. El tercero actúa como litisconsorte de li parte a quien adhiere, con la consiguiente autonomía de gestión procesal.
El tercero que interviene de este modo pudo haber sido parte principal en el proceso en que actúa como tercero, y la sentencia que se vaya a dictar en dicho proceso, haya tomado o no intervención como tercero, le afectará directamente, V.g.: demanda de nulidad de una asamblea de accionistas promo¬vida por un accionista; citación de evicción (Art. 90 CJC).
El tercero que interviene en este carácter habría teni¬do legitimación procesal para poder demandar o ser demandado originariamente en el proceso en el cual interviene como tercero.
El interviniente autónomo o litisconsorcial hace va¬ler un derecho propio en el proceso contra una de las partes originarias (no contra ambas), asumiendo la misma posición procesal de la otra, aunque no necesariamente coincida con el interés de ésta.
4.1.2. Intervención excluyente o principal: La intervención voluntaria se denomina excluyente, principal o agresiva, cuando el tercero pretende un derecho frente a las partes ori¬ginarias. Su pretensión se contrapone a la de los litigantes originarios: actor y demandado, V.g.: las partes principales discuten acerca de la propiedad de un bien y el tercero inter¬viene en el proceso alegando ser el propietario de dicho bien.
La calidad con que el tercero interviene en el proceso es distinta a la de los otros contendientes. Es una tercera par¬te.
La intervención excluyente tiene carácter exclusivo e independiente, y está dada por la incompatibilidad del derecho del tercero con el que se ventila en el proceso.
CHIOVENDA dice que es una simple facultad del ter¬cero concedida con el fin de prevenir el daño que', de hecho, podría recibir por la victoria de una de las partes del pleito principal, y también con el fin de evitar una duplicidad inútil de juicios y la contradicción de las sentencias.
La demanda que promueve el tercero excluyente se dirige contra las otras partes del proceso en trámite, pretendiendo en todo o en parte el bien que constituye el objeto de la litis.
El tercero excluyente o agresivo promueve una de¬manda independiente contra el actor y el demandado, pasan¬do las partes originarias a ser litisconsortes.
La intervención puede sustanciarse en un mismo ex¬pediente con el proceso principal o por separado, pero siem¬pre las partes originarias y el tercero interviniente tienen el carácter de partes autónomas entre sí.
Este tipo de intervención, dependiendo de la instancia en la que se encuentra sustanciándose el proceso, produce los siguientes efectos en el procedimiento, según nuestra ley pro¬cesal:
a) Si se halla en primera instancia: Se suspenderá su curso, hasta que la nueva litis y la original queden en el mismo esta¬do, para continuarse conjuntamente a fin de dictarse una sola sentencia.
b) Si el proceso se encuentra en segunda instancia: La nueva litis se tramitará en pieza separada con ambos litigantes, sin suspenderse el curso de la litis principal, pero se suspenderá el dictado de la sentencia para poder resolverse juntas.
La sentencia que se dicte será una sola y deberá resol¬ver sobre todas las pretensiones, la originaria y la del tercero. Su eficacia se extenderá a todos los sujetos (partes y tercero) que hayan intervenido en el proceso.
4.2. Intervención forzosa
La institución procesal de la intervención forzosa u obligatoria tiene lugar cuando el juez, a pedido de parte o de oficio, ordena la citación de un tercero, a fin de que la sentencia que vaya a dictarse produzca sobre éste el efecto de In cosa juzgada. Son casos de intervención forzosa:
4.2.1. La litis denuntiatio": Se produce cuando la parte en caso de ser vencida podría tener una acción contra el terce¬ro, v.g.: evicción (Art. 1759 CC y Arts. 87 y sgtes. CPC). La evicción es un caso de intervención forzosa que se produ¬ce por el llamamiento (litis denuntiatio) que hace el deman¬dado al enajenante del bien objeto de la litis, a los efectos de ser defendido en el proceso y, subsidiariamente, dejar expe¬dita la acción regresiva de conformidad al Art. 1770, inc. a) del C. Civil.
En consecuencia, la denuncia de la litis constituye una carga procesal que pesa sobre el adquirente y cuyo incumpli¬miento lo expone al riesgo de ser derrotado en la correspon¬diente pretensión regresiva frente al enajenante.
4.2.2. La "laudatio auctoris": Acontece cuando el posee¬dor demandado denuncia el nombre de aquel por quien po¬see (Art. 2419 CC).
Se produce cuando promovida una demanda contra el que tiene temporariamente la posesión de una cosa ajena (in¬quilino, prestatario, depositario) , el demandado denuncia el nombre y domicilio del poseedor o propietario, a fin de que el juicio continúe con éste.
El actor, una vez conocida la denuncia formulada por el demandado, debe dirigir la demanda contra el poseedor o propietario, permitiendo la extromisión del demandado ori¬ginal, porque si así no lo hiciere su demanda podrá ser re¬chazada por falta de acción (falta de legitimación pasiva).
4.2.3. El llamamiento del tercero pretendiente: Ocurre cuando el demandado por la entrega de una cosa o el pago de una deuda cita al tercero, que también pretende ser propieta¬rio o acreedor, con el objeto de que quede esclarecida la ver¬dadera situación jurídica (Art. 584, inc. d) CC).
4.2.4. La llamada en garantía: Se da cuando el llamante se encuentra en el juicio por una obligación del llamado, cómo el fiador respecto del deudor (Art. 1456 CC).
El tercero citado al proceso asume la calidad de parte, ejerciendo plenamente sus derechos procesales de la misma forma que hubiera podido hacerlo en otro proceso indepen¬diente.
Corresponde señalar que la comparecencia del tercero, en los casos señalados, no implica un deber, sino una facultad jurídica cuya falta de ejercicio lo expone al riesgo de ser alcan¬zado por los efectos de la sentencia que se vaya a dictar en el proceso en que fue citado y que, pudiendo haberlo hecho, no compareció.
4.3. Intervención necesaria
La intervención necesaria se produce cuando en un pro¬ceso pendiente no actúan como partes originarias todos los su¬jetos que deben demandar o ser demandados, en relación a In legitimación que de manera imprescindible debe tenerse para que la sentencia que vaya a dictarse sea útil. Es decir, que no obstante ser partes del conflicto, no son partes del litigio.
El litisconsorcio necesario, consecuencia de la inter¬vención necesaria, se configura cuando entre varios sujetos existe una relación jurídica sustancial única e inescindible que, como tal, sólo puede ser decidida con la intervención de todos los interesados, porque de lo contrario la sentencia que se dicte será de cumplimiento imposible.
Este supuesto de intervención se diferencia claramente de la voluntaria y de la provocada, porque el pleito que se refiere a una relación jurídica inescindible no puede ser sus¬tanciado ni resuelto sin la citación del tercero que, debiendo haber sido actor o demandado originario, no lo fue.
La citación del tercero, en este caso, deviene forzosa y el juez debe efectuarla, incluso de oficio, a fin de lograr una correcta integración de la relación procesal. El tercero, antes de su intervención, es parte del conflicto, pero no del litigio, por ello debe integrarse, también, como parte de él.
Configuran casos de litisconsorcio necesario:
a) Exigido por la ley: la demanda de filiación, que debe intentarse contra el padre y la madre (Art. 25 CM).
b) Proveniente de la naturaleza de la relación controverti¬da: la demanda por simulación de un acto jurídico, que debe promoverse contra todas las partes que lo realizaron; la de¬manda de nulidad de un acto jurídico, que debe intentarse con¬tra todos sus otorgantes; la demanda de división de condomi¬nio; etc.
El proceso en estos casos, conviene reiterar, debe in¬tegrarse, de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes mediante la deducción de la "exceptio plurium litisconsortium" con todos los sujetos que correspondan en razón del vínculo de derecho material que los une, porque si la sentencia fuera pronunciada sólo con respecto a alguno de ellos, no resulta¬ría útil o no sería posible obtener su ejecución.
Véase el Capítulo IX apartado 8.4.
5. TERCERIAS
5.1. Concepto
Recibe el nombre de tercería la pretensión deducida por un tercero en el proceso, en cuya virtud reclama el levan¬tamiento de un embargo trabado sobre un bien de su propie¬dad, o el pago preferencial de su crédito con el producido de la venta del bien embargado.
La admisibilidad de la tercería, cualquiera sea su cla¬se, se halla supeditada a la existencia de un embargo efecti¬vamente trabado, no es suficiente que se lo haya decretado. En caso contrario no existiría interés jurídico, porque de no existir la afectación del bien del tercero que el embargo su¬pone la sentencia que se dicte no le sería oponible, carecien¬do de virtualidad para despojarlo de ese bien.
En la tercería el actor es el tercerista y los demanda¬dos son todas las partes del juicio principal (actor y deman¬dado) que pasan a tener el carácter de litisconsortes.
Son asimilables al embargo las medidas judiciales que sean equivalentes al mismo en sus efectos, V.g.: secuestro de bienes.
N o corresponde deducir tercería contra la inhibición de bienes o la anotación de la litis. En la inhibición debe demos¬trarse que el inhibido no es el deudor, lo que requiere un trámi¬te más simple. En la anotación de litis, el objeto es c1istinto, ya que en ésta se pretende que el adquirente del bien afecta¬do por la anotación de la litis no pueda ampararse en su buena fe, para tratar de evitar los efectos de la sentencia.
5.2. Clases
Las clases de tercería se configuran de acuerdo con el fundamento de la pretensión: tercería de dominio y tercería de mejor derecho.
5.2.1. Tercería de dominio: Es aquella en la cual el tercero pretende que se declare su dominio sobre el bien que es objeto del proceso principal, pidiendo se deje sin efecto el embargo trabado sobre el mismo, cualquiera sea éste: inmueble, mue¬ble, derechos intelectuales o industriales, etc.
La promoción de la tercería de dominio no tiene carác¬ter obligatorio para el titular del dominio. Este, por el hecho de haberse transferido el bien en el juicio principal, no pierde la facultad legal que posee de reivindicarlo frente al tercer adquirente, si se cumplen las condiciones legales para el efec¬to.
5.2.2. Tercería de mejor derecho: Es aquella en la cual el tercero no pretende el dominio del bien en litigio, sino un dere¬cho preferente de pago frente al que aducen los litigantes. Su pretensión está dirigida a que con el producido de la venta del bien subastado se le pague antes que al embargante.
Las tercerías, si bien es cierto que tienen un mayor ám¬bito de aplicación en los procesos de ejecución, pueden reducirse en toda clase de juicios en los que el tercero se vea afectado en sus derechos, siempre que se produzcan las con¬diciones requeridas por la ley, v.g.: juicio ejecutivo, juicio de quiebra donde se ordenó la venta del bien de un tercero, etc.
La tercería, cualquiera de ellas, debe sustanciarse por el trámite establecido para los incidentes, en pieza separada con el embargante y el embargado.
Por motivos excepcionales que requieran un mayor de¬bate y prueba el juez puede disponer que se sustancie la terce¬ría por el trámite del proceso de conocimiento ordinario.
Las tercerías pueden deducirse hasta tanto no se haya efectuado la subasta de los bienes, o no se haya hecho pago al acreedor, según sea de dominio o de mejor derecho (Art. 81 CPC).
Las dos tercerías, de dominio y de mejor derecho, pue¬den ser ejercidas conjuntamente en forma subsidiaria, en ra¬zón de que las mismas no se excluyen.
DIFERENCIA ENTRE TERCERIA E INTERVENCION DE TERCEROS
Deben distinguirse, por sus importantes efectos, los ins¬titutos procesales de la tercería y la intervención de terceros.
En la tercería, el tercero promueve un juicio contra el actor y el demandado, que son partes en un proceso sustancia¬do entre ellos, y la sentencia que se dicte en el mismo no le va a afectar, salvo el embargo trabado. Consecuentemente, el tercerista permanece indiferente al resultado de la litis prin¬cipal.
En la intervención de terceros, el tercero generalmente asume la calidad de parte en el proceso y queda vinculado a la sentencia que vaya a dictarse en él.
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