CAPITULO XII
ACCION. PRETENSION.
DEMANDA. CONTESTACION
SUMARIO: PRIMERA SECCION. l. Prohibición de la autodefensa. Origen. Evolución.- 2. Autonomía de la acción.- 3. Orientaciones modernas. 3.1. La acción como derecho concreto de obrar. 3.2. La acción como derecho abstracto de obrar. 3.3. La acción como derecho potestativo. 3.4. La acción como función pro¬cesal. 3.5. La acción como poder jurídico. 3.6. La acción como derecho público subjetivo. 3.7. Conclusión - 4. Acción: significa¬dos. Concepto. - 5. Acción. Pretensión. Demanda. 5.1. Acción. 5.2. Pretensión. 5.3. Demanda.- 6. Condiciones para el ejercicio de la pretensión. 6.1. Posibilidad jurídica. 6.2. Interés. 6.2.1. Di-recto. 6.2.2. Legítimo. 6.2.3. Actual. 6.3. Legitimación.- 7. Ele¬mentos de la pretensión. 7.1. Sujetos. 7.2. Objeto. 7.3. Causa.- 8. Acumulación de pretensiones. 8.1. Acumulación objetiva. 8.1.1. Requisitos. 8 .1.1.1. No contradicción de las pretensiones. 8.1.1.1.1. Acumulación sucesiva. 8.1.1.1.2. Acumulación eventual. 8. 1. 1.1.3. Acumulación alternativa. 8.1.1.2. Unidad de competen¬cia. 8.1.1.3. Unidad de trámites. 8.2. Acumulación subjetiva. 8.2.1. Activa. 8.2.2. Pasiva. 8.2.3. Mixta.- 9. Clasificación de las pre¬tensiones. 9.1. Por la clase de pronunciamiento que persiguen. 9.2. Por el derecho que protegen. 9.3. Por la finalidad pretendida.-
SEGUNDA SECCION. l. Demanda. Concepto.- 2. Requisitos. ¬2.1. Redacción por escrito. 2.2. Idioma castellano. 2.3. Mecanografiada o manuscrita. 2.4. Prueba documental. 2.4.1. Excepcio¬nes. 2.4.1.1. Documentos no tenidos a disposición. 2.4.1.2. Docu¬mentos posteriores o desconocidos. 2.4.1.3. Documentos anterio¬res. 2.4.1.4. Hechos no considerados en la demanda. 2.5. Firma. 2.6. Copias. 2.7. Tasa judicial.- 3. Contenido. 3.1. Nombres y do¬micilios. 3.2. Cosa demandada. 3.3. Exposición de los hechos. 3.4. Fundamento jurídico. 3.5. Petición. 3.6. Determinación del mon¬to.- 4. Efectos. 4.1. Efectos de la presentación. 4.1.1. Procesales. 4.2. Efectos de la admisión. 4.2.1. Procesales. 4.2.2. Sustancia¬les. 4.3. Efectos de la notificación. 4.3.1. Procesales. 4.3.2. Sus¬tanciales.- 5. Importancia.- 6. Contestación de la demanda. 6.1. Con¬cepto. 6.2. Importancia. 6.3. Carga procesal. 6.4. Si1encio. Res¬puestas evasivas. Negativa general de los hechos. Efectos. 6.4.1. Hechos. 6.4.2. Documentos. 6.4.3. Cartas, telegramas e instrumen¬tos.- 7. Requisitos. 7.1. Requisitos extrínsecos (forma). 7.2. Re¬quisitos intrínsecos (contenido). 7.2.1. Hechos expuestos en la de¬manda. 7.2.1.1. Expresa o tácita. 7.2.1.2. Simple o calificada. 7.2.2. Autenticidad de documentos. 7.2.3. Recepción de cartas, telegra¬mas e instrumentos.- 8. Hechos alegados como fundamento de la defensa.- 9. Documentos presentados por el demandado.
PRIMERA SECCION
PROHIBICION DE LA AUTODEFENSA. ORIGEN.
EVOLUCION
La acción surge como una necesaria consecuencia de la prohibición que tienen las personas de ejercer la autodefensa de sus derechos, lo cual constituye uno de los basamento del Estado moderno. Se halla consagrada en la Constitución, que expresa: "Nadie podrá hacerse justicia por sí mismo ni reclamar sus derechos con violencia, pero se garantiza la le¬gítima defensa" (Art. 15 CN).
Enseña CALAMANDREI: "En compensación de la pro¬hibición impuesta al individuo de hacerse justicia por sí mis¬mo, le está reconocida la facultad de dirigirse al Estado para obtener justicia contra el obligado: al faltar el voluntario cum¬plimiento del obligado, el titular del derecho se dirige al Estado a fin de que, como garante de la observancia del de¬recho, convierta la obligación en sujeción. Esta facultad de invocar en beneficio propio frente al Estado la prometida ga¬rantía de la observancia del derecho es, en un cierto sentido, la acción".
En una sociedad primitiva, en la que no existía por en¬cima de los individuos una autoridad superior capaz de decidir y de imponer su decisión, sólo podían haber dos maneras de resolver el conflicto surgido entre sus miembros: el acuerdo voluntario o el empleo de la fuerza.
El empleo de la fuerza privada, como medio de defensa del derecho, constituye la negación de todo derecho y de toda pacífica convivencia social. Dejar en manos de los interesados la posibilidad de resolver los conflictos significa excluir la po-sibilidad de una decisión imparcial, en razón de que nadie pue¬de ser juez en causa propia, y también, la victoria del más fuerte sobre la razón de la justicia, porque, a no dudarlo, en estas condiciones, se impondrá la razón de la fuerza sobre la fuerza de la razón.
La prohibición del empleo de la fuerza privada como modo de justicia, en forma general y con excepción en el caso de la legítima defensa, se encuentra por primera vez en el De¬recho Romano, hallándose consagrada en el célebre "Decretum Divi Marci" del emperador Marco Aurelio, que considera como delito castigado con la pérdida del derecho, el caso del acreedor que, sin recurrir al juez, intenta por medio de la violencia hacerse pagar la deuda. En un rescripto posterior de los emperadores Ventiniano, Teodosio y Arcadio, se hizo extensiva la prohibición respecto de los derechos reales.
La prohibición de la autodefensa, establecida en forma general por el Derecho Romano, desaparece posteriormente en la Edad Media, situación que se prolonga hasta la primera parte de la Edad Moderna, como consecuencia de las bárbaras concepciones de origen germano vigentes por varios siglos, que utilizaban el duelo y la venganza como forma de solución de los conflictos.
Sólo después, a través del influjo del Derecho Canóni¬co, la prohibición vuelve en forma general y absoluta, como una de las premisas fundamentales sobre las cuales se funda¬mentan el ordenamiento de la Justicia y el Estado de Derecho.
La prohibición hecha a los individuos de recurrir a la fuerza para resolver sus conflictos y hacer valer sus derechos, significa concomitantemente la facultad de poder recurrir a la fuerza pública del Estado.
La acción es así, dice CALAMANDREI, la respuesta jurídica a la prohibición de la autodefensa.
La acción nace en el momento que el Estado prohíbe la autodefensa y asume la tutela jurisdiccional.
El Estado es el que tiene a su cargo la función juris¬diccional de resolver los conflictos de intereses por medio del proceso. Pero, para que el Estado actúe, es necesario que el individuo lo pida, mediante el ejercicio de la acción. El proceso civil funciona a iniciativa de parte.
Precisamente, el poder o derecho subjetivo de recla¬mar la tutela jurisdiccional del Estado se denomina acción. La acción consiste en el poder o derecho subjetivo (abstracto) de reclamar determinado derecho (concreto) ante la jurisdic¬ción (Poder Judicial). Ese poder, a su vez, determina el deber del órgano jurisdiccional de atenderlo, de poner en marcha el proceso. Con lo cual, en definitiva, quien ejercita la acción tendrá una respuesta: la sentencia.
El acceso a la Justicia es tener la posibilidad cierta, real, de ser escuchado, que se tramite un proceso para resolver la cuestión planteada. Lo cual no significa que la sentencia que se vaya a dictar necesariamente tenga que ser favorable. Esto estará supeditado al contenido de la acción, que es lo que se denomina la pretensión.
La acción se promueve en juicio por medio de la demanda.
En el proceso penal mediante la acusación.
Mediante el instrumento de la demanda en uso de su poder de acción, el actor ejercita su pretensión reclamando al tribunal un "bien de la vida".
2. AUTONOMIA DE LA ACCION
La doctrina inicialmente identificó a la acción y al Derecho material. Se decía que la acción era el derecho en movimiento o el derecho con casco y armado para la guerra ("armée et casquée en guerre").
Una célebre polémica surgida entre dos conocidos juristas respecto del contenido de la "actio" romana y de la «anspruch» germana, culminó con el reconocimiento de que la acción y el dere¬cho no eran la misma cosa.
Windscheid, en su obra "La acción en el derecho civil ro¬mano desde el punto de vista moderno" (1856), expuso ciertas ideas que constituyeron el punto de arranque de las nuevas doctrinas pro¬cesales al distinguir la acción del derecho.
Esta separación histórica del derecho y de la acción constituyó, según Couture, "un fenóme¬no análogo a lo que representó para la física la división del átomo". La "anspruch" a la que se refirió Windscheid ha sido traducida como "pretensión jurídica"
Otro jurista, Muther, publicó "La teoría de la acción roma¬na y el derecho moderno de obrar"(1857), en el que sostuvo que la acción tiene por presupuestos la existencia de un derecho privado y su violación, pero admitiendo que, aunque condicionada por el de¬recho subjetivo, es independiente de éste y su regulación corres¬ponde al Derecho público.
Con ambas obras y las posteriores de Degenkolb "La ac¬ción en el contradictorio y naturaleza de la norma contenida en la sentencia" (1878), y Wach "Manual de Derecho Procesal" (1885) y "La acción de declaración" (1888), quedaron sentadas las bases que otorgaron definitivamente el carácter autónomo a la acción procesal frente al Derecho material.
Esta notable distinción determinó la autonomía de toda una rama del derecho: el Derecho procesal. A partir de allí adquirió personalidad propia, desprendiéndose del viejo tronco del Derecho civil.
3. ORIENTACIONES MODERNAS
La acción es considerada por la moderna doctrina procesal de diversos modos; algunos de éstos son:
3.1. La acción como derecho concreto de obrar
Esta concepción, propuesta por WACH, sostiene que la ac¬ción sólo compete a los que tienen razón. La acción dice, no es el Derecho, pero no hay acción sin Derecho.
3.2. La acción como derecho abstracto de obrar
La acción, según DEGENKOLB, hace abstracción del fun¬damento de la demanda; en consecuencia, está dada para el que tiene razón y aun para el que no la tiene o está equivocado. Esta es la teoría dominante entre los procesalistas.
3.3. La acción como derecho potestativo
Desarrollada por CHIOVENDA, quien sostiene que la ac¬ción es «el poder jurídico de dar vida a la condición para la actua¬ción de la voluntad de la ley». Considera a la acción dentro de los derechos potestativos, entendiéndose por éstos, los que tienden a la modificación del estado jurídico existente con la sola manifes¬tación de voluntad de su titular y, por tanto, sin necesidad del con¬curso de la voluntad de otro, v. g.: el derecho del mandante de revocar el mandato.
3.4. La acción como función procesal
Inspirada por CARNELUTTI, dice que la acción tiene por objeto provocar la actividad jurisdiccional y es independiente del derecho material, pero no es un derecho potestativo, sino derecho a una pretensión determinada: la actividad jurisdiccional. La ac¬ción sería así un derecho a la jurisdicción.
3.5. La acción como poder jurídico
Expuesta por COUTURE, quien define la acción como el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión. Sostiene que la acción como poder jurídico de acudir a la jurisdicción, existe siempre, con derecho material o sin él; con pretensión o sin ella, pues todo individuo tiene ese poder jurídico, aun antes de que nazca su pretensión concreta.
El poder de accionar es un poder jurídico de todo indivi¬duo en cuanto tal; existe aun cuando no se ejerza efectivamente. La acción es una forma del derecho de petición, y no debe confundirse el derecho a pedir con la justicia de lo pedido. La acción civil no difiere en su esencia del derecho de petición ante la autoridad. Este es el género, aquélla es una especie.
3.6. La acción como derecho público subjetivo
Para ALSINA la acción es un derecho público subjetivo mediante el cual se requiere la intervención del órgano jurisdic¬cional para la protección de una pretensión jurídica.
3.7. Conclusión
De acuerdo con la evolución doctrinaria se puede concluir que existen tres definiciones fundamentales sobre el moderno con¬cepto de la acción, que se resumen en:
3.7.1. La acción es un derecho autónomo. En consecuencia, es independiente del derecho que se reclama en el juicio.
3.7.2. La acción es un derecho abstracto no concreto. Consiste solamente en el poder que tiene toda persona de poner en activi¬dad la función jurisdiccional mediante el proceso.
3.7.3. La acción, como derecho público, se ejerce frente al órga¬no jurisdiccional contra el demandado.
La acción tiene fundamento constitucional en nuestro país, en virtud de lo preceptuado en el Art. 40 1ª. p. de la Consti¬tución, que legisla el derecho de peticionar a las autoridades.
4. ACCION: SIGNIFICADOS. CONCEPTO
Etimológicamente acción significa obrar, actuar.
El tér¬mino viene del vocablo latino "actio" y éste de "agere", en razón de que en el origen del Derecho el actor debía actuar, reproducir mímicamente ante el tribunal el hecho fundamen¬tal de su reclamación.
De esa noción de actividad, el vocablo evolucionó al concepto del derecho a ejercer esa actividad. Es célebre el texto de CELSO, que sirvió por siglos como definición de la acción: "Nihil aliud est actio quam ius persequendi in iudicio quod sibi debetur", que traducida significa: la acción es el derecho de perseguir en juicio lo que se nos debe.
En el Derecho procesal el vocablo acción tiene varios significados: acción como sinónimo de derecho, acción como sinónimo de pretensión, acción como sinónimo de provocar la actividad jurisdiccional, acción como sinónimo de vía procesal mediante la cual se debate un asunto sometido a la jurisdicción y acción como sinónimo de demanda.
Para ALLEN, la acción es el derecho subjetivo de peticionar a la jurisdicción con un contenido pretensional. Y agrega, la acción puede existir sin derecho material, pero nun¬ca sin pretensión. Para ejercitar válidamente una acción la misma debe tener un contenido pretensional y cumplirse las formalidades exigidas en la ley.
La acción es el derecho subjetivo (o poder) abstracto de reclamar ante el órgano jurisdiccional un determinado de¬recho.
5. ACCION. PRETENSION. DEMANDA
Los conceptos de acción, pretensión y demanda son co¬rrelativos y se apoyan en forma recíproca para determinar el fenómeno procesal.
No obstante, suelen ser confundidos, por lo que es preciso distinguidos.
5.1. Acción
Como se señaló precedentemente, la acción es el dere¬cho subjetivo (poder) de reclamar ante el órgano jurisdic¬cional un derecho determinado.
5.2. Pretensión
La pretensión es lo que se exige de otro. Como ex¬presa CARNELUTTI: "Exigencia de la subordinación de un interés ajeno al interés propio".
La pretensión, dice GUASP, es una declaración de vo¬luntad, no una declaración de ciencia ni de sentimientos, por¬que en ella se expone lo que un sujeto quiere y no lo que sabe o siente.
La pretensión es lo que el actor desea obtener, vale decir, lo que quiere y, en consecuencia, pide. Se formula contra el demandado por medio del juez.
La pretensión para ALLEN, siguiendo a COUTURE consiste en la autoatribución de un derecho material con la alegación de que ha sido violado, desconocido, impedido, y la correspondiente manifestación de voluntad requiriendo una concreta tutela jurídica.
La presentación de la pretensión al proceso se realiza mediante el ejercicio del derecho de acción, que se efectúa a través de la presentación de la demanda.
La pretensión debe contener la atribución de un dere¬cho o una consecuencia jurídica derivada de determinada si¬tuación de hecho, sin importar que el derecho coincida o no con el ordenamiento jurídico vigente. De allí que la preten¬sión pueda ser fundada o infundada.
La pretensión es admisible cuando reúne los requisitos necesarios para iniciar el proceso y el tribunal pueda pronun¬ciarse sobre el fondo del asunto.
La pretensión es fundada cuando resulta apropiada para obtener un pronunciamiento favorable a quien la ha promovi¬do.
El examen del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad es necesariamente anterior, porque de no hallar¬se reunidos no podría emitirse una sentencia sobre el mérito de la pretensión.
5.3. Demanda
La demanda es el acto procesal de iniciación del proce¬so. Mediante ella se ejercita la acción y se deduce la preten¬sión.
Concedido por el Estado el poder de acceder a la Justicia (acción), la persona puede reclamar a otro sujeto un bien de la vida (pretensión), iniciando un proceso mediante la de¬manda. Es decir, la acción se ejerce ante los órganos juris¬diccionales mediante la demanda, con el fin de obtener un pronunciamiento sobre una pretensión.
6. CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA PRE¬TENSION
Se dice que tres son las condiciones, generalmente admi¬tidas, para poder ejercer la acción: la posibilidad jurídica, el interés y la legitimación.
Sin embargo, estas condiciones se refieren a la preten¬sión, esto es a la reclamación concreta que se realiza ante el juez y contra el adversario, porque, como se vio, para ejer¬cer la acción basta sólo con peticionar a la autoridad con un contenido pretensional y con las formalidades establecidas en la ley.
6.1. Posibilidad jurídica
Consiste en que la pretensión esté regulada por el de¬recho objetivo. Es decir, que se encuentre tutelada por el mis¬mo y no exista una prohibición legal que impida que pueda ser planteada ante el Poder Judicial para su consideración y resolución.
La ausencia de posibilidad jurídica determina el rechazo "in limine" de la demanda, situación que la doctrina denomina "defecto absoluto en la facultad de juzgar" o "improponibilidad objetiva de la acción"
6.2. Interés
Se trata del motivo, la razón, el móvil que tiene la parte para ejercer la acción; por ello se dice que sin interés no hay acción.
El interés es la medida de la acción. Consiste en el hecho de que el actor sufrirá un perjuicio sin la intervención del órgano jurisdiccional.
El interés puede ser, y de ordinario lo es, patrimonial y, generalmente con un contenido económico, v.g.: el pago de una deuda.
Pero, a veces, también puede ser moral o de otra índo¬le, es decir, sin un contenido patrimonial propiamente dicho, V.g.: la acción del cónyuge para que el otro deje de usar su apellido, la destrucción de una obra, etc.
El interés invocado por el accionante debe ser directo, legítimo y actual. .
6.2.1. Directo: quiere decir particular, propio de quien lo ejer¬ce.
Sólo por excepción admitida por la ley, se permite que alguien ejercite un interés que no sea propio, v.g.: subroga¬ción.
6.1.2.2. Legítimo: significa en este caso lícito, no contrario en Derecho. Debe existir un interés jurídicamente protegido, suele decir legítimo.
6.1.2.3. Actual: es decir no eventual o futuro. Si una obligación está sujeta a un plazo no vencido o a una condición, no se la puede reclamar judicialmente.
Excepcionalmente, el Código Procesal Civil admite la con¬dena de futuro, en cuya virtud se puede anticipadamente solicitar un desalojo, aunque todavía no haya vencido el plazo del arrenda¬miento, para hacerlo efectivo recién cuando venza (Art. 634 CPC).
6.3. Legitimación
Es la condición jurídica en que se halla una persona con relación al concreto derecho que invoca en el proceso, en razón de su titularidad o de otra circunstancia que justifique su pretensión, V.g.: el que pretende el cobro de una suma de dinero debe ser el acreedor y la demanda debe estar dirigida precisamente contra el deudor.
La ausencia de legitimación en la causa autoriza la oposi¬ción de una excepción previa, denominada en nuestro derecho fal¬ta de acción (Art. 224 inc. c) CPC).
7. ELEMENTOS DE LA PRETENSION
Un tema trascendente del Derecho procesal consiste en lo que la moderna doctrina procesal denomina identifica¬ción de las pretensiones, antes llamada impropiamente iden¬tificación de las acciones. En efecto, se trata de identificar, individualizar, a través de los elementos de la pretensión el objeto del proceso.
De la manera como se presenten los elementos: suje¬tos, objeto y causa, cada proceso tendrá una individualidad, el litigio se planteará entre determinadas partes(sujetos), con referencia a determinada cosa (objeto) y de acuerdo a un cierto fundamento fáctico (causa).
Por diversas razones será necesario que los elementos subjetivos y objetivos de la pretensión sean identificados, a fin de conocer cuándo estamos ante un proceso idéntico a otro proceso y cuándo no.
Adviértase que al concluirse el procedimiento se habrá de dictar una sentencia que tendrá autoridad de cosa juzgada, es decir será inmutable e inmodificable, y se constituirá en la verdad legal. Pero habrá de saberse precisamente, por sus consecuencias, cuáles son los límites de la cosa juzgada, qué es lo que no podrá discutirse más, qué es lo que no podrá volver a ser objeto de un nuevo proceso. Para conocer estas cuestiones habrá que recurrir a la clásica regla de las tres identidades: de los sujetos, del objeto y de la causa.
Esto mismo acontecerá con otros fenómenos procesa¬les como la litispendencia, la acumulación de procesos, el cambio de demanda, etc.
7.1. Sujetos
Los sujetos constituyen el elemento subjetivo de la pre¬tensión. Son las partes del proceso. El actor, que es la per¬sona (física o jurídica) que formula la pretensión y el de¬mandado que es aquel contra quien se la deduce.
Generalmente, las partes procesales son también los sujetos de la relación jurídica material que se debate en el pro¬ceso, v.g.: el acreedor y el deudor, el arrendador y el arrenda¬tario, etc. Pero ello no es siempre así ni es imprescindible que lo sea.
Si la persona que ejerce la acción deduciendo la pretensión no es el titular del derecho (en el ejemplo: no es el acree¬dor, ni el arrendador), lo mismo habrá proceso. De igual modo, si la persona contra quien se dirige la demanda no es realmente el sujeto pasivo de la relación jurídica (no es el deudor o no es el inquilino), él igualmente será parte en el proceso, el sujeto pasivo de éste.
Los sujetos de la pretensión y del proceso son los que actúan en él, aunque no sean los que hubieran debido actuar (legitimados) para que se juzgue eficazmente determinada si¬tuación jurídica.
Las partes serán siempre dos, aunque una de ellas pue¬da ser plural como se da en el fenómeno del litisconsorcio. También, en el proceso pueden intervenir terceros, pero en ese caso habrá, generalmente, una nueva o diferente preten¬sión de la original; una nueva litis, como dice CARNELUTTI.
No tiene el carácter de sujeto de la pretensión el órgano jurisdiccional ante quien ella se deduce. Pero sí es sujeto del proceso.
7.2. Objeto:
El elemento objetivo de la pretensión es el "bien de la vida" que se pretende como dice CHIOVENDA, y por lo tanto solicita el actor.
El "petitum" que contiene la demanda. Lo que quiere el actor que la sentencia le conceda, v.g.: el pago de una suma de dinero, la entrega de una cosa, la prestación de un servicio, etc.
Según GUASP, puede consistir en una cosa o en una conducta ajena. Es la pretensión del actor, el contenido de ella.
7.3. Causa:
La causa invocada en la demanda, es decir la "causa petendi", consiste en la razón, el motivo, el interés material o moral de la pretensión deducida en el juicio.
Se trata del hecho jurídico que el actor invoca como fundamento de su pretensión, v.g.: en el juicio de reivindica¬ción la causa es el dominio que invoca el actor.
Generalmente, se distinguen el hecho y sus consecuen¬cias jurídicas, al existir una razón de hecho y una razón de derecho, v.g.: le presté a Diego una suma de dinero que se niega a devolvérmela (hecho) por lo que en virtud de mi calidad de acreedor, tengo derecho a cobrarle (afirmación jurl¬dica).
También se menciona como causa el título en cuya vir¬tud se actúa, que consiste en el hecho constitutivo del dere¬cho, v.g.: si el actor reclama una cosa a título de locador, el juez no puede entregársela a título de dueño.
La causa constituye un elemento de la cosa juzgada, conjuntamente con los sujetos y el objeto.
8. ACUMULACION DE PRETENSIONES
Por razones de economía procesal y para evitar proba¬bles pronunciamientos contradictorios, se permite en un mis¬mo proceso la acumulación de varias pretensiones.
La acumulación de pretensiones puede ser objetiva o subjetiva. Se denomina objetiva a la acumulación entre las mis¬mas partes procesales de pretensiones con diversos objetos. Por su parte la acumulación subjetiva, consiste en la acu¬mulación de los sujetos (activos o pasivos) del proceso.
No debe confundirse la acumulación de pretensiones con la acumulación de procesos, que consiste en la reunión de varios procesos iniciados, en los cuales se han deducido pre¬tensiones conexas. La acumulación de procesos tiene por fi-nalidad permitir la sustanciación de varios procesos ante un mismo juez y su resolución en una misma sentencia o de acuerdo con un solo criterio.
La acumulación de procesos trata de evitar el escándalo jurídico que producirá el hecho de que una misma cues¬tión sea resuelta de distinta manera en los diversos procesos.
8.1. Acumulación objetiva
La acumulación objetiva tiene lugar cuando el actor reúne en una misma demanda, en las condiciones estableci¬das por la ley, varias pretensiones contra el demandado.
La norma procesal utiliza, de manera impropia, el vo¬cablo acción como sinónimo de pretensión (Art. 100 CPC).
El demandante puede reunir en su demanda todas las pretensiones que tenga contra el demandado para que se tra¬miten en un mismo proceso y se resuelvan en una sola sen¬tencia.
Del mismo modo, es admisible que el demandado en la reconvención ejerza todas las pretensiones que tenga contra el actor, que será el demandado en la reconvención (Art. 237 CPC).
La acumulación objetiva de pretensiones configura el caso de un proceso con pluralidad de objetos. Es facultativa para el actor.
8.1.1. Requisitos
8.1.1.1. No contradicción de las pretensiones: Es preciso que las pretensiones no sean contrarias entre sí, de modo que por la elección de una quede excluida la otra, salvo el caso en que se promueva una pretensión como subsidiaria de la otra.
Lo que la ley prohíbe, en realidad, es la acumulación de las pretensiones en carácter de principales, pero nada impi¬de, como la misma norma lo indica, que sean deducidas en forma subsidiaria (Art. 100 inc. a) CPC).
Siendo así, pueden distinguirse los siguientes modos de acumulación:
8.1.1.1.1. Acumulación sucesiva: Cuando una de las pretensiones es propuesta con la condición de que antes sea acogida la otra de la que tomará vida, de modo que desestimada aquella, ésta queda de hecho excluida.
8.1.1.1.2. Acumulación eventual: Cuando la pretensión sólo será considerada por el juez cuando la otra pretensión fuere desestimada.
8.1.1.1.3 Acumulación alternativa: Cuando varias pretensiones son propuestas para que una u otra sea estimada.
8.1.1.2 Unidad de competencia: Las pretensiones deben co¬rresponder a la competencia de un mismo juez. Se debe consi¬derar a cada pretensión tomada aisladamente, para lo cual han de tenerse en cuenta las reglas que regulan la competencia.
Se considera que no procede la acumulación si toma¬das las pretensiones aisladamente corresponden por su valor a distintos jueces, v.g.: 1ª Instancia y Justicia letrada, salvo que emanen de un mismo título o relación jurídica en cuyo caso habrá conexidad.
8.1.1.3. Unidad de trámites: Las pretensiones deben poder sustanciarse por los mismos trámites, v.g.: es improcedente la acumulación de una acción ejecutiva a una ordinaria, o de ésta a otra que se sustancie por un procedimiento especial, a menos que el actor renuncie al proceso ejecutivo o especial y opte por el proceso ordinario.
La acumulación de pretensiones es procedente aun cuando las mismas tengan diverso origen. Siendo así, pue¬den emerger de un derecho original como adquirido por ce¬sión. Pero no será admisible acumular una demanda de di¬vorcio, en que es competente el juez en lo civil y una de¬manda por régimen de relacionamiento de menores en la que será competente el juez de la niñez.
La acumulación objetiva de pretensiones será admisible formalmente también en los procesos sumarios, de ejecución y de menor cuantía siempre que se cumplan las condiciones re¬queridas por la ley para su procedencia.
Cuando se hayan acumulado pretensiones en violación de las previsiones de la ley procesal (Art. 100 CPC) el demandado podrá oponer la excepción de defecto legal en la forma de deducir la demanda (Art. 224, inc. e) CPC) o la de incom¬petencia, en su caso (Art. 224, inc. a) CPC).
El actor podrá formalizar la acumulación hasta antes de la notificación de la demanda.
8.2. Acumulación subjetiva
La acumulación subjetiva de pretensiones se produce cuando varias personas en un mismo proceso actúan unidas como actores o demandados.
Lo que caracteriza a este tipo de acumulación es la exis¬tencia de varios sujetos en una misma posición procesal. Es decir, existe un proceso con partes múltiples.
Tiene lugar siempre que, entre más de un actor o de¬mandado (acumulación activa y pasiva, respectivamente), o entre más de un actor y más de un demandado (acumulación mixta) se sustancien, en un mismo proceso, pretensiones conexas por la causa o por el objeto y por ambos elementos a la vez. Es decir, respectivamente, cuando se invoque como fundamento de ellas una misma relación jurídica o una misma situación de hecho o cuando medie coincidencia respecto de la clase de pronunciamiento que se pide (objeto inmediato) y la cosa, hecho o relación jurídica sobre el que dicho pronuncia¬miento debe versar (objeto mediato).
Cabe advertir que el fenómeno del proceso con partes múltiples no es igual al fenómeno del litisconsorcio. La acu¬mulación subjetiva puede o no dar lugar a la formación de un litisconsorcio. Este tendrá lugar cuando exista conexidad causal o conexidad objetiva - causal. La acumulación subjetiva es el género y el litisconsorcio la especie.
En el supuesto de que la conexidad sólo sea objetiva, no se formará un litisconsorcio, sólo habrá compartes, es decir sujetos procesales que ocupan una misma posición pro¬cesal, pero que no corren la misma suerte. Sus pretensiones serán tramitadas conjuntamente y serán resueltas en una sola sentencia, pero separadamente, a fin de evitar decisiones con¬tradictorias sobre el mismo objeto del proceso.
En la acumulación subjetiva la relación procesal se desenvuelve con la presencia de varios sujetos. Puede ser:
8.2.1. Activa: Cuando existe pluralidad de actores.
8.2.2. Pasiva: Cuando hay pluralidad de demandados.
8.2.3. Mixta: Cuando existe pluralidad de actores y deman¬dados.
La figura procesal analizada se funda en el Principio de economía procesal y sobre todo en razones de política proce¬sal a fin de evitar el pronunciamiento de sentencias contradic¬torias, lo que produciría lo que se da en llamar un "escándalo jurídico", es decir, cuando un juez dice una cosa y otro juez otra cosa distinta.
Además del requisito explícito de la norma procesal, en el sentido de que las pretensiones sean conexas por el título, por el objeto, o por ambos elementos a la vez (Art. 101 CPC), corresponde para su admisibilidad procesal que puedan sustanciarse por el mismo trámite (unidad de trámite) y que la competencia corresponda al mismo juez (unidad de compe¬tencia).
Las pretensiones pueden ser conexas por el título (cau¬sa), v.g.: cuando varios contribuyentes demandan por repeti¬ción de un impuesto, cuando varios damnificados por un acto ilícito o por un accidente demandan al causante del hecho, etc.
Las pretensiones son conexas por el objeto, v.g., en los casos de solidaridad de la obligación o copropiedad.
Las pretensiones son conexas por el título (causa) y el objeto, v.g.: cuando se demanda por reivindicación contra varios poseedores de un mismo inmueble, cuando el propie¬tario promueve el desalojo del inmueble ocupado por varios inquilinos, etc.
9. CLASIFICACION DE LAS PRETENSIONES
Los criterios de clasificación expuestos por la doctrina son diversos y, además, todos relativos. A su vez carecen de interés práctico.
Utilizaré aquí como sinónimos (aunque no lo son), al solo efecto académico, los vocablos acción y pretensión, ad¬virtiendo que el concepto de acción es uno solo.
En efecto, la acción es una, es un fenómeno unitario, por lo que no puede clasificarse.
Lo que sí puede ser objeto de clasificación son las pretensiones, no la acción.
9.1. Por la clase de pronunciamiento que persiguen
Se dividen en de conocimiento, de ejecución y precautorias. Son las que dan origen, respectivamente, a los procesos del mismo nombre.
La acción de conocimiento persigue la declaración de certeza del derecho.
La de ejecución tiene por objeto obtener el cumplimiento forzado de una sentencia de conocimiento (de conde¬na) o de un título ejecutivo, mediante la ejecución.
La acción precautoria previene el peligro de la demo¬ra del proceso y del dictado de la sentencia. Es siempre una pretensión accesoria de otra principal.
Las acciones de conocimiento se subdividen, a su vez, en pretensiones de condena, constitutivas y declarativas, dan¬do lugar a las sentencias del mismo nombre.
La pretensión de condena es la más común. Por ella se pretende una resolución que condene al demandado a una de¬terminada prestación que puede ser de dar, de hacer o de no hacer.
La pretensión constitutiva persigue una sentencia en la que se declare el derecho modificando o creando una situa¬ción jurídica nueva, v.g.: divorcio, filiación, etc.
La pretensión declarativa persigue una sentencia de pura declaración sobre una relación o situación jurídica como consecuencia de la incertidumbre que existe sobre su existen¬cia o extensión.
9.2. Por el derecho que protegen
Pueden ser acciones reales y personales.
Es la clasifi¬cación más importante desde el punto de vista práctico, por¬que el Código de Organización Judicial regula la competencia, entre otros criterios, por éste.
El Código Civil divide también las acciones en reales y personales. Las acciones personales derivan de los derechos personales, que son los que autorizan a exigir de una persona determinada el cumplimiento de una obligación de dar, de hacer o de no hacer.
Las acciones reales son las que pretenden permitir usar, gozar o disponer de una cosa propia o ajena. Derivan de los derechos reales establecidos en el derecho sustancial.
Las acciones reales y personales son patrimoniales y se diferencian de las acciones que protegen los derechos personalísimos (estado, nombre, etc.) que por tener dicho carácter se rigen por principios especiales (intransmisibilidad).
9.3. Por la finalidad pretendida
Las acciones se dividen en civiles y penales.
La acción penal pretende, en su concepción tradicio¬nal, la imposición de la pena.
La acción civil en cambio usualmente persigue una finalidad patrimonial.
SEGUNDA SECCION
l. DEMANDA. CONCEPTO
La demanda es el acto por cuya presentación al tribu¬nal queda explícito el ejercicio de la acción que tiene como contenido necesario la pretensión.
Para ejercer la acción no es imprescindible que en la realidad de los hechos exista o no un conflicto de intereses, sólo es preciso que se manifieste su existencia afirmándolo en la demanda, porque de no ser así ésta será abstracta y el caso no sería justiciable.
En la demanda el actor hace una manifestación de vo¬luntad, solicitando que el tribunal dicte una sentencia que le sea favorable.
Mediante la demanda, como resultado de la prohibición de la autotutela (Art. 15 CN), se somete un conflicto a la deci¬sión del Estado para que éste, por el órgano jurisdiccional (Po¬der Judicial) decida, mediante un debido proceso, en forma definitiva la controversia.
Son incontables las definiciones que sobre la demanda han dado los autores de Derecho procesal; algunas de ellas expresan:
En sentido general, demanda, dice ALSINA, es toda petición formulada por las partes al juez en cuanto traduce una manifestación de voluntad encaminada a satisfacer un interés.
En sentido procesal, según COUTURE, la demanda es el acto procesal introductivo de instancia, por virtud del cual el actor somete su pretensión al juez, con las formas requeridas por la ley, pidiendo una sentencia favorable a su interés
Es, sostiene CARNELUTTI, el acto procesal por el cual se pretende el otorgamiento de la tutela jurídica a través de la sentencia.
Es el instrumento mediante el cual se expone ante el juez la pretensión, expresa SENTIS MELENDO.
Mediante la demanda se ejerce la acción procesal, que contiene una pretensión y que tiene por objeto lograr la for¬mación de un proceso.
De este modo se advierte que la acción tiene por objeto constituir un proceso; la demanda tiene por objeto ini¬ciar un procedimiento; y la pretensión tiene por objeto lo¬grar una sentencia favorable.
Es conveniente señalar que el término demanda no de¬berá utilizarse extensivamente para designar cualquier otro acto que sólo signifique una petición, queja, reclamo, etc. Porque aquélla siempre contiene una pretensión y se la plantea para iniciar un procedimiento que concluya en una sentencia.
2. REQUISITOS
Los requisitos de la demanda son, en general, los que corresponden a todo acto procesal escrito:
2.1. Redacción por escrito
El escrito de demanda no requiere fórmulas sacramentales; basta con que sus términos sean claros y pre¬cisos (Art. 215, 1er. p. la. p. CPC).
2.2. Idioma castellano
Las actuaciones judiciales deben ser redactadas en idio¬ma castellano. Esta es la denominación correcta, no español, como dice el Código Procesal Civil (Art. 105, 1 a p. CPC). La Constitución establece: "El Paraguay es un país pluricultural y bilingüe. Son idiomas oficiales el castellano y el guaraní. La ley establecerá las modalidades de utilización de uno y otro. Las lenguas indígenas, y las de otras minorías forman parte del patrimonio cultural de la Nación". (Art. 140 CN)
2.3. Mecanografiada o manuscrita
El escrito de demanda debe redactarse con tinta oscura e indeleble (Art. 106, la p. CPC). Puede también imprimirse por cualquier medio mecánico o tecnológico.
2.4. Prueba documental
Se debe distinguir el documento del instrumento. El documento es toda representación objetiva de una idea, la que puede ser material o literal, v.g.: un monumento.
El instrumento es el documento literal, escrito, destina¬do a constatar una relación jurídica o una manifestación de voluntad susceptible de producir efectos jurídicos. Siendo así, el documento es el género y el instrumento la especie.
La norma procesal prescribe, como regla general, que el actor al promover la demanda debe acompañar la prueba documental que tuviere en su poder (Art. 219, 1 a p. CPC).
La misma carga procesal tiene el demandado, que ha de cumplirla cuando contesta la demanda (Art. 236 CPC) y cuando, en su caso, reconviene (Art. 237, 1 a p. CPC).
Igual carga tiene quien deduce una excepción previa (Art. 227 CPC) o un incidente (Art. 183 CPC). También en el proceso de conocimiento sumario (Art. 683, inc. c) (CPC) Y en el juicio ejecutivo cuando se oponen excepciones (Art. 460, 3er. p. CPC).
La prueba documental que deberá acompañarse va más allá de los instrumentos públicos o privados del C. Civil si extiende a todo objeto en el que los hechos se encuentren regis¬trados o testimoniados pudiendo ser de distintas clases y tipos.
La exigencia de adjuntar al escrito de demanda – y a los escritos de contestación, reconvención, excepción e incidente ¬toda la prueba documental que se tuviere, está fundada en el Principio de moralidad y buena fe que debe regir el proceso, en cuya virtud el mismo debe substanciarse con lealtad y no puede constituirse en una trampa donde pueda sucumbir la verdad.
2.4.1. Excepciones: Las partes tienen la carga de presentar to¬dos los documentos que tengan en su poder o a su disposición. Las excepciones a esta regla general están establecidas en la ley. Son las siguientes:
2.4.1.1. Documentos no tenidos a deposición: Deberán ser individualizados, indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina pública o persona en cuyo poder se encuentren (Art. 219,20 p. CPC).
2.4.1.2. Documentos posteriores o desconocidos: En este supuesto se deben seguir las reglas establecidas en la norma procesal, que dispone: "Después de contestada la demanda no se admitirán al actor sino documentos de fecha posterior, o anteriores bajo juramento de no haber antes tenido conocimiento de éstos. En estos casos se dará vista a la otra parte, quien deberá cumplir la carga impuesta en el Art. 235, inc a) (Art. 221 CPC).
2.4.1.3. Documentos anteriores: Se agregarán bajo juramento de no haber antes tenido conocimiento de ellos y se seguirán las pautas del Art. 221 del CPC transcripto en el apartado anterior.
2.4.1.4. Hechos no considerados en la demanda: Cuando en la con¬testación a la demanda o a la reconvención, en su caso, se alegan hechos no considerados en el escrito de demanda o reconvención, el actor podrá agregar documentos dentro de los cinco días de notifica¬da la providencia respectiva, sin substanciación (Art. 220 CPC).
La consecuencia del incumplimiento de la carga de acompa¬ñar los documentos, en la oportunidad procesal que la ley establece, es que no deben ser admitidos posteriormente y si lo fueren debe solicitarse su desglose de los autos, oponiéndose a su agregación.
Todo instrumento que no se halle redactado en idioma caste¬llano debe traducirse por traductor matriculado para que sea viable su agregación a los autos (Art. 105, in fine CPC).
2.5. Firma
Un requisito de fundamental importancia es la firma. El C. Civil declara - refiriéndose a los instrumentos privados que será indispensable para su validez, sin que pueda ser sustituida por signos, ni por iníciales de los nombres o apellidos" (Art. 399 CC).
La firma se define como el trazado gráfico que contiene habitual¬mente el nombre, apellido y rúbrica de una persona, con el cual se suscriben los documentos para darles autoría y obligarse a lo que en ellos se dice.
Los escritos judiciales deben estar firmados por las personas que en ellos intervienen (Art. 106, la p. in fine CPC). Siendo así, el escrito carente de firma será un acto jurídicamente inexistente y aje¬no, como tal, a cualquier posibilidad de convalidación posterior. Véase el apartado. 7 del Capitulo XV.
2.6. Copias
La copia es la reproducción fiel de un documento original.
La norma procesal dispone que de todo escrito de que deba darse traslado, de sus contestaciones y de los documentos con ellos agre¬gados, deberán acompañarse tantas copias firmadas como partes in¬tervengan (Art. 107, 1ª p. CPC). Véase el apartado 8.3 del Capítulo XV
2.7. Tasa judicial
El pago de la tasa judicial es un requisito fiscal de cum¬plimiento necesario como condición de admisibilidad. Se halla legislada en la Ley 284/71 y su modificación Ley 1165/85 y en la Ley 669/95 que modifica los gravámenes específicos establecidos en la Ley 284/71 de Tasas Judiciales.
3. CONTENIDO
La demanda, dice la norma procesal, será deducida por escrito y contendrá (Art. 215 CPC):
3.1. Nombres y domicilios
3.1.1. Del demandante o actor: Individualización del deman¬dante con sus nombres y apellidos, denuncia del domicilio real y constitución del procesal (ad litem) a los efectos del proceso.
3.1.2. Del demandado: Individualización del mismo con sus nombres y apellidos y denuncia del domicilio real, legal o es¬pecial, según el caso.
3.2. Cosa demandada
Determinación precisa de lo que se demanda. El objeto de la pretensión. Lo que se desea que se resuelva favorable¬mente en la sentencia.
El "bien de la vida" que se pretende, como dice CHIOVENDA.
3.3. Exposición de los hechos
Los hechos en que se funda la demanda explicados claramente. Los hechos son el fundamento y sustento fáctico do la pretensión.
El Código sigue básicamente la teoría de la substanciación sintetizada en el aforismo «Da mihi factum, dabo tibi jus» (dame los hechos, yo te daré el derecho), diferente a la teoría de la individualización que se apoya más que en los hechos en la determinación de la relación jurídica. Ambas tienden a conseguir la individualización del objeto del litigio. La de la substan¬ciación a través de los hechos, la de la individualización a través del derecho. La demanda, dice FAIREN GUILLEN, debe ser prácticamente substanciada y jurídicamente individualizada.
La exposición de los hechos tiene capital importancia por¬que:
- El demandado tiene la carga de reconocer o negar categórica¬mente cada uno de los hechos expuestos en la demanda (Art. 235, inc. a) CPC).
- Sobre los hechos alegados por el actor, y en su caso por el demandado, deberá versar la prueba (Art. 247, 1er. p. CPC).
- La sentencia sólo podrá hacer mérito de los hechos alegados por las partes (Art. 159, incs. b) y c) CPC).
- Autoriza la excepción de defecto legal, cuando no sean clara y precisamente expuestos (Art. 224, inc. e) CPC).
3.4. Fundamento jurídico
El derecho debe ser expuesto sucintamente. Se debe in¬vocar y pedir la aplicación de las normas legales que avalan la pretensión.
3.5. Petición
La petición en términos claros y positivos, formulada con precisión en la petitoria. Contribuye a determinar el objeta del litigio. Puede ser:
Principal: Referente a la que se reclama al demandada.
Accesoria: cama las dañas y perjuicios, las intereses, las cas¬tas.
3.6. Determinación del monto
La demanda deberá precisar el monto reclamado.
Coma regla general la estimación debe ser exacta y obligatoria, salvo que al acto no le fuera pasible determinarla, al promover la demanda:
a) para las circunstancias del caso;
b) si la estimación dependiere de elementos aún no definiti¬vamente fijados y la promoción de la demanda fuere impres¬cindible para evitar la prescripción de la acción. En cual¬quiera de los casos de excepción mencionadas no procederá la excepción de defecto legal.
Siendo así, la falta de determinación sólo puede ser admitida de manera excepcional cuando para establecerla se necesite actividad probatoria a cuando su determinación de¬rive de elementos aún no fijados y la promoción de la de¬manda sea imprescindible a fin de evitar que la acción pres¬criba.
Par su parte el Art. 15, inc. g) del COJ establece que cuando el valor de la cosa objeto de la demanda no pueda ser determinado, el actor deberá manifestarla bajo juramento sin perjuicio del derecho del demandado a declinar la jurisdicción.
A su vez, el C. Civil dispone: "Cuando, se hubiese jus¬tificado la existencia del perjuicio, pera no fuese pasible deter¬minar su manto, la indemnización será fijada por el juez" (Art. 452 CC).
4. EFECTOS
Cada demanda produce, en general, diversas efectos jurídicos sustanciales y procesales, sea por la presentación al tribunal, su admisión por éste a por la notificación al deman¬dado.
4.1. Efectos de la presentación
Desde el momento en que el actor presenta la deman¬da al tribunal surgen las siguientes:
4.1.1. Procesales:
4.1.1.1. Queda abierta la instancia y el actor tiene la carga de proseguirla.
4.1.1.2. Queda fijada la competencia del juez can relación al actor.
4.1.1.3. Caduca la facultad del actor de recusar sin expresión de causa.
4. l .1.4. El juez asume el deber de:
4.1.1.4.1. Conocer la demanda o rechazada de oficio.
4.1.1.4.2. Pronunciarse sobre su competencia.
4.2. Efectos de la admisión
La demanda cuando es admitida por el juez produce los si¬guientes:
4.2.1. Procesales
4.2.1.1. Nace el estado de litispendencia.
4.2.1.2. El juez debe:
4.2.1.2.1. Juzgar en la sentencia la pretensión deducida.
4.2.1.2.2. Atenerse a los términos de la demanda al dictar sentencia bajo pena de nulidad, por el efecto retroactivo que tiene la sentencia que debe ser pronunciada como si hubiese sido el momento mismo de la promoción de la de¬manda.
4.2.2. Sustanciales
4.2.2.1. Determina que los magistrados, fiscales, defenso¬res de incapaces y ausentes y otros funcionarios, abogados, procuradores, escribanos, peritos que intervengan o hayan intervenido en el proceso, no puedan adquirir los bienes comprometidos en el juicio en compraventa, aunque sea en remate, por sí o por interpósita persona (Art. 739, inc. f) CC).
4.3. Efectos de la notificación
La demanda notificada produce los siguientes:
4.3.1. Procesales:
4.3.1.1. Extingue el derecho del actor de modificar la de¬manda y ampliar o restringir sus pretensiones (Art. 217 CPC). 4.3.1.2. Extingue el derecho del actor de desistir unilateralmente de la instancia (Art. 167, in fine CPC).
4.3.2. Sustanciales
4.3.2.1. Interrumpe el curso de la prescripción (adquisitiva y liberatoria), aunque el tribunal ante quien se promovió sea in¬competente (Art. 647, inc. a) CC).
4.3.2.2. Constituye en mora al demandado respecto de obli¬gaciones que carecen de plazo expresamente convenido pero resultare de la naturaleza y circunstancias de la obligación (Art. 424, 1er p. 23 p. CC).
4.3.2.3. Determina que el poseedor que haya sido condenado a restituir la cosa o a pagar su precio abone los frutos percibidos, aunque no hubieren sido solicitados (Art. 2428 CC).
4.3.2.4. Determina la prestación debida en las obligaciones alternativas, cuando la elección corresponde al actor (Art. 487, 1er P. CC).
5. IMPORTANCIA
La demanda es el acto central del proceso y el prime¬ro, salvo las diligencias preparatorias si las hubo.
De los efectos señalados precedentemente, surge la fun¬damental importancia que la misma posee, dada su profunda influencia en la constitución y posterior desarrollo del pro¬ceso y en la sentencia.
Por ello, su redacción y formulación requieren sumo cuidado y atención ya que constituye la base del juicio y de ella depende, en gran medida, el éxito o el fracaso de la pre¬tensión deducida.
6. CONTESTACION DE LA DEMANDA
6.1. Concepto
La contestación de la demanda es la respuesta que da el demandado a la pretensión del actor contenida en la deman¬da. La contestación significa para el demandado la facultad de pedir la protección jurídica del Estado y el ejercicio de una acción. La contestación es la forma civilizada que asume la defensa.
6.2. Importancia
La contestación tiene para el demandado similar importancia que la demanda la tiene para el actor.
Con la contestación se integra la relación procesal, se fijan los hechos sobre los que versará la prueba y se especifica la carga de ella, se centran los términos de la litis y se establecen los límites de la sentencia. Por todo esto, surge la importancia que asume la demanda en la constitución y en el desarrollo del proceso.
6.3. Carga procesal
Lo que distingue y caracteriza al contenido de la con¬testación de la demanda es la carga procesal que tiene el de¬mandado y que consiste en reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda.
Consecuencia lógica de lo anterior es también la car¬ga que pesa sobre el demandado en el sentido de tener que reconocer o negar, en la misma forma, la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyen y la recep¬ción- no el contenido- de las cartas, telegramas e instrumen¬tos a él dirigidos cuyas copias se hubiesen acompañado.
La negación debe ser categórica y concreta. Deben distinguirse los hechos personales y los que tiene el deber de conocer, de los que no lo son o son hechos de terceros. En estos últimos casos puede el demandado simplemente decir que no le constan.
Las excepciones a la regla mencionada, son:
El defensor en ejercicio de una función pública.
El demandado que interviene en el proceso como sucesor a título universal de quien participó en los hechos o suscribió o recibió los documentos. Porque puede carecer de la infor¬mación necesaria para asumir una determinada conducta. No obstante, una vez producida la prueba debe dar su respuesta definitiva, a cuyo efecto el juez dictará una providencia intimándole a dar una respuesta categórica, bajo apercibi¬miento de tener por admitidos los hechos o por auténticos o por recibidos los documentos.
6.4. Silencio. Respuestas evasivas. Negativa general de los hechos. Efectos
El efecto del incumplimiento de la carga impuesta como imperativo legal es que el silencio, las respuestas evasivas o la negativa meramente general, podrán estimarse por el juez o tribunal como reconocimiento de la verdad de los hechos per¬tinentes y lícitos. En cuanto a los documentos se los tendrán por reconocidos o recibidos, en su caso. Lo mencionado con¬cuerda con el C. Civil, que dice: "El silencio será juzgado como asentimiento a un acto o a una pregunta, cuando exista deber legal de explicarse, o bien a causa de la relación entre el silen¬cio actual y la conducta anterior del agente. La manifesta¬ción de voluntad sólo se presume en los casos previstos ex¬presamente por la ley" (Art. 282, 2° p. CC).
6.4.1. Hechos: se produce el reconocimiento, mejor la admi¬sión (tácita) de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos alegados por el actor.
6.l.4.2.Documentos: que le son atribuidos, se los tienen por reconocidos.
6.l.4.3.Cartas, telegramas e instrumentos: dirigidos al demorado, se tendrán por recibidos.
El Código Procesal Civil autoriza que durante el proce¬so podrá decretarse embargo preventivo siempre que de la con¬fesión expresa o ficta resultare la verosimilitud del derecho, o ello surgiere de la contestación de la demanda o reconvención (Art. 709, inc. b) CPC).
7. REQUISITOS:
Los requisitos de la contestación de la demanda pueden ser extrínsecos, referidos a la forma; e intrínsecos, relativos al contenido.
7.1. Requisitos extrínsecos (forma)
La norma procesal establece para la contestación los mis¬mos requisitos de forma que debe contener la demanda y que se encuentran legislados en el Art. 215 del CPC. Así como tam¬bién la carga de la agregación de la prueba documental.
A su vez, el demandado debe justificar la personería, caso contrario autoriza la deducción de la excepción de falta de personería, en este supuesto mediante el recurso de reposición que puede deducir el actor (Art. 224, inc. b) in fine CPC)
7.2. Requisitos intrínsecos (contenido)
El demandado tiene la carga procesal de reconocer o ne¬gar categóricamente:
7.2.1. Hechos expuestos en la demanda: El reconocimiento, o más precisamente la admisión de los hechos, puede ser:
7.2.1.1. Expresa o tácita: esta última se producirá en caso de silencio o respuestas evasivas o negativa general (Art. 208, 2° p. CC).
7.2.1.2. Simple o calificada: cuando es simple no determina tiempo, lugar o circunstancia, V.g.: se niega deber la suma de dinero reclamada. En este caso el demandado no debe probar porque es suficiente la negación. Sin embargo, el actor tiene la carga de la prueba porque los hechos no se presumen.
Será calificada cuando se admite el hecho pero se le otor¬ga una distinta significación jurídica, v.g.: se admite haber reci¬bido dinero, pero en calidad de donación y no de préstamo, o cuando importa una afirmación del demandado, v.g.: no se ad¬mite haber contraído la obligación voluntariamente. Lo cual im¬porta afirmar implícitamente un hecho (error, dolo, violencia, etc.) cuya prueba corresponderá al demandado, porque impor¬ta un hecho impeditivo, modificativo o extintivo de la obliga¬ción.
7.2.2. Autenticidad de documentos: Los documentos deben atribuirse al demandado. Por el contrario, el demandado no tiene la carga de reconocer o negar los documentos emanados de terceros. En este supuesto habrá que ofrecer a dichos terceros como testigos para obtener el reconocimiento que se pretende.
7.2.3. Recepción de cartas, telegramas e instrumentos: Deben estar dirigidos al demandado. Esta carga pesa sobre él, siempre que se acompañen las respectivas copias que el actor debe agregar.
8. HECHOS ALEGADOS COMOFUNDAMENTO DE LA DEFENSA
El demandado puede, a su vez, alegar hechos constituti¬vos, impeditivos o extintivos como fundamento de su defensa, los cuales debe especificar con claridad (Art. 235, inc. b) CPC), v.g.: compensación, nulidad de acto jurídico, pago, prescrip¬ción, etc.
En relación a la compensación, también podrá deducirse como demanda reconvencional, en cuyo caso si el crédito del reconviniente es mayor al del actor podrá percibirlo. De lo contrario sólo podrá obtener su absolución en la misma medida del crédito del actor, pero no podrá obtener condena contra él por la diferencia a su favor.
9. DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL DEMANDADO
El demandado podrá también presentar documentos en respaldo de sus afirmaciones (Art. 236 CPC). Es más, tiene la carga procesal de hacerlo del mismo modo que el actor al promover la demanda.
De estos documentos se dará traslado al actor por seis días, con copias, debiendo notificársele por cédula (Art. 133, inc. a) in fine CPC).
15.5.09
Trabajo a distancia [ 1 pto.]: (P/el Portafolios)
3. TERCEROS. INTERVENCION.
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
El doctor Russomanno dijo;
I. Contra la sentencia de fs. 368/371, apelaron la actora -quien expresa agravios a fs. 386/388-, el demandado y los terceros citados, Adar SA y Patrigan SA -quienes se agravian en conjunto a fs. 389/391-, y Líder Compañía Argentina de Seguros SA citada en garantía por Patrigan SA, que no ha expresado agravios.
II. La actora se queja de que la sentencia de primera instancia haya excluido de la condena a los terceros citados, señalando que, de tal modo, se disminuye el patrimonio llamado a afrontar las indemnizaciones. La señalada cuestión es también motivo de agravios del demandado Roberto Fischman y de los terceros citados Adar SA y Patrigan SA; en cambio, la aseguradora de esta última solicita que se desestimen tales quejas.
III. El a quo ha considerado que los terceros, citados en autos en virtud de lo establecido en el art. 94 del Cód. Procesal, no adquirieron el carácter de sujetos pasivos de la pretensión formulada en la demanda y, por lo tanto, no podían ser condenados. Desde ya, anticipo que discrepo con el criterio expuesto por el juez de la instancia anterior. En primer lugar, debe advertirse que la citación coactiva de terceros (art. 94, Cód. Procesal) procede no sólo cuando exista o pueda existir una acción de regreso contra el citado (p.ej., en el caso del art. 1123, Cód. Civil), sino en muchos otros supuestos, como cuando la relación jurídica hecha valer en el juicio es conexa o común con un tercero -caso del coautor del cuasidelito en que funda sus pretensiones el actor-, o cuando el deudor demandado entienda que el tercero es cotitular del crédito reclamado, o cuando, demandado el poseedor inmediato, éste declara quién es el portador mediato -hominatio auctoris- (conf. Fassi, Santiago C, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, anotado y concordado, t. 1, p. 190, § 387). Por lo tanto, la posición procesal del citado depende de diversas circunstancias que deben valorarse en cada caso, sin que sea posible establecer una regla fija e invariable al respecto.
Es verdad que generalmente se efectúa la citación obligada de tercero como medio de habilitar una acción regresiva en su contra -como lo señala el a quo, con cita de Lino E. Palacio-, pero ello es así sólo "en términos generales" como dice ese mismo autor (Derecho procesal civil, t. III, p. 249), ya que escapan a esa regla casos como los que mencioné precedentemente (conf. Palacio, op. cit., t. III, p. 250).
En principio, la citación obligada del tercero para que pueda hacerse parte en el proceso solamente puede pedirla el actor, y sólo excepcionalmente puede solicitarla el demandado, porque el accionante no puede ser obligado a litigar contra otro que el demandado originario; pero es generalmente admitido que "el juez puede desestimar la oposición del actor en los supuestos en que, por razones de economía procesal, resulte manifiestamente conveniente la citación del tercero" (Palacio, op. cil., t. III, p. 250 y 251).
Ahora bien, si el tercero citado coactivamente por decisión fundada del juez, como ocurre en el sub lite, comparece al juicio, contesta la demanda oponiéndose a las pretensiones del actor y solicitando su rechazo, y a su vez reclama se cite en garantía a su asegurador, todo lo cual es proveído de conformidad y teniéndoselo por parte; o si contesta la demanda, pide su rechazo con costas, ofrece prueba y opone excepciones; ¿en que posición queda en el proceso?; ¿es parte demandada o no lo es?; ¿puede ser condenado o no?
Tales cuestiones han merecido respuestas disímiles, tanto en doctrina como en la jurisprudencia. Sólo a título de ejemplo, señalo que la tesis negativa a la última pregunta es defendida, entre otros, por Fenochietto y Arazi (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado y concordado, Bs. As., 1983, t. 1, p. 344) y por la jurisprudencia mayoritaria del fuero (ver la obra precitada, loc. cit., nota 2); en pro del criterio opuesto, es decir en defensa de la tesis positiva, cabe citar a Yáñez Álvarez (La intervención de terceros en el proceso civil, JA, doctrina 1970, p. 27 y 31), Fassi (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, anotado y concordado, Bs. As., 1971, t. 1, p. 192), y Colombo (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación anotado y comentado, 4ª. ed., Bs. As., 1975, t. I, p. 208). En cuanto a la jurisprudencia que admite que el citado, en supuestos análogos a los expuestos aquí, pueda ser condenado, cabe citar CNEspCiv Com, Sala V, 31/8/83, JA, 1984-III-593; id., id., 7/4/83, JA, 1984- III-557; SCBA, 7/8/84, LL, 1985-A-594.
Para casos como el presente, en que los citados actúan en el proceso en defensa de intereses propios y controvierten las pretensiones del actor, considero que son partes demandadas en la causa, por lo que no pueden ser omitidos en la sentencia, la cual sin duda debe afectarlos como a los litigantes principales (art. 96, Cód. Procesal). Es verdad que si el citado no propone demandas, ni lo hacen las partes contra él, no se convierte en parte aunque "permanece en la situación de tercero sometido a la resolución, con todos los derechos y deberes inherentes a tal calidad" (Chiovenda, Giuseppe, Instituciones de derecho procesal civil, trad. de la 2ª. ed. italiana, 1* ed., Madrid, 1940, vol. II, p. 276); pero una vez ingresado al litigio, puede permanecer como espectador pasivo o bien adoptar diversas posiciones, como hacerse litisconsorte del actor o del primer demandado, coadyuvar con una parte, proponer demandas o reconvenir, y las partes a su vez puedan proponer contra él demandas, excepciones y reconvenciones (Chiovenda, op. cit., vol. II, p. 277).
Puesto que, como lo enseña el precitado tratadista italiano, "es parte aquel que pide en propio nombre (o en cuyo nombre se pide) la actuación de una voluntad de la ley, y aquél frente al cual
es pedida" (op. cit., vol. II, p. 265), cabe aseverar que, cuando el citado como tercero en virtud de una orden del juez del proceso comparece y se opone, en nombre propio, a las pretensiones del
accionante y reclama su rechazo -todo con anuencia del actor- se convierte a su vez en demandado, y en tal caso cabe que se lo incluya en la sentencia. Como dice Colombo, "la sentencia gravita porque el tercero se ha convertido en parte, siempre y cuando se le haya acordado la posibilidad de intervenir en la oportunidad debida" (op. cit., t. I, p. 208). Se trata, en tal caso, del citado coactivamente que asume una intervención litisconsorcial o autónoma, por lo cual está, como legitimado sustancial, en la misma posición procesal que una de las partes principales como litisconsorte; en consecuencia, la sentencia dictada después de su intervención "lo afecta como a los litigantes principales (art. 96, ap. P, Cód. Procesal), precisamente porque ése es el motivo de la intervención" (Yáñez Alvarez, op. cit., p. 27).
Por último, señalo que en mi opinión la inclusión del tercero, con intervención litisconsorcial o autónoma, en la sentencia y su ulterior ejecutabilidad contra él, no vulnera el principio de congruencia al condenar a quien originariamente no fue demandado, porque la sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del juicio, como lo establece el art. 163, inc. 6", del Cód. Procesal (conf. SCBA, 7/8/84, voto del doctor Negri, LL, 1985- A-594).
Llego así a la conclusión de que el interventor litisconsorcial o autónomo que con anuencia o sin oposición del actor, actúa con autonomía en el juicio como litisconsorte del demandado, es parte
y debe ser incluido en la sentencia. Tal posición litisconsorcial es innegable, a mi entender, con respecto a las firmas "Adar SA, Comercial, Industrial y Financiera" y "Edifé SA" quienes fueron sucesivas propietarias del inmueble en que se efectuaron las obras de las que provinieron daños a la finca del actor teniendo en cuenta que la demanda fue originariamente dirigida contra el demandado principal “y quien resulta propietario del inmueble calle Santa Fe 4922/32". No obsta a esta conclusión la circunstancia que señala la sentencia apelada, de haber desistido el actor de su demanda contra quien, a fs. 15, indicara como presunto propietario de dicho inmueble, porque tal desistimiento lo efectuó el accionante "en atención a la documentación acompañada por 'Edifé SA' y lo manifestado por ésta en su escrito de contestación de demanda de fs. 106/109, lo cual implica
evidentemente que, habiéndose demostrado que los propietarios de dicho bien fueron sucesivamente Adar SA y Edifé SA, la acción continuaba contra ellas y no contra quien había actuado en la compra como mandatario de la última.
En cuanto a "Patrigan SA", también considero que su intervención fue litisconsorcial del demandado principal; adviértase que éste fue demandado en su condición de arquitecto a cargo de la construcción de la obra vecina a la finca del actor, señalándose que "el desmoramiento del muro se debió indudablemente a que los responsables de la construcción... procedieron con evidente negligencia..." y que el accionado Fischman, al contestar la demanda admite haber sido el director de obra y pide que se cite a Patrigan SA por haber sido la firma que lo contrató para la construcción "pues era la encargada de la misma". De lo expuesto resulta, con claridad, que la pretensión del accionante en la demanda se dirigió contra el propietario del inmueble del que sostuvo que derivaron daños a su propiedad, y contra los responsables de la construcción a los que atribuyó culpa o negligencia. La calidad de empresa constructora de dicha obra atribuida a Patrigan SA no fue desconocida por ésta al contestar la demanda y fue expresamente reconocida por su representante legal al absolver posiciones.
Por lo tanto, juzgo que la sentencia debió incluir como codemandados, además de Fischman, a las firmas "Adar SA", "Edifé SA" y "Patrigan SA", las dos primeras como sucesivas propietarias de la obra de la que provinieron los daños que reclama el actor y la última como empresa constructora de tal obra. Ello debe ser subsanado en este pronunciamiento, atendiendo el agravio expresado al respecto por el actor y en conjunto por Fischman, Adar SA y Patrigan SA y, por ello, estos tres codemandados deben ser condenados; en cambio, no ocurre lo mismo con Edifé SA, que no apeló la sentencia y no hubo agravios de las partes a su respecto.
IV. Los demandados se agravian de que la sentencia, como fundamento de la condena, hiciera fe de las conclusiones de la pericia de ingeniero de fs. 283/287. Aducen que el perito no contestó en forma concluyente, sino dejando sentadas opiniones sólo basadas en presunciones, posibilidades o probabilidades.
En primer lugar, cabe tener presente que en sus dictámenes los peritos exponen opiniones, fundadas en sus conocimientos y experiencia. Además, la pericia de fs. 283/287 no fue observada ni impugnada por ninguna de las partes, y tampoco se solicitaron explicaciones al experto. Esta Sala tiene resuelto que "una pericia sólo puede impugnarse mediante la demostración cabal de la incompetencia técnica y corresponde a las partes, en ejercicio del control de la litis, manifestar con oportunidad la disconformidad del resultado o pedir explicaciones aclaratorias". "Omitido todo esto y a falta de otros elementos de juicio que contradigan la opinión del perito, ese dictamen valdrá como elemento decisivo para la resolución del juicio" (26/6/80, "Perel, Alberto O. c/Juan, Guillermo", ED,15-759, sum. 10).
Por lo tanto, considero que debe desestimarse el agravio.
V. La actora se queja, además, de que la sentencia apelada no contemple la actualización del monto de la condena hasta la oportunidad de su efectivo pago. Considero que el agravio debe ser admitido ya que la indexación debe ser llevada hasta la fecha el pago de la deuda, en pro de la integridad del resarcimiento, asegurando así al acreedor el cumplimiento en moneda constante de lo que le es debido (conf. CNCiv, Sala F, 2/10/79, ED, 14-650, sum 348).
VI. La condena deberá extenderse a la citada en garantía "Líder Compañía Argentina de Seguros, SA" (ver fotocopia de póliza de fs, 72/78 y escrito de fs. 141) y en la medida del seguro (art. 118, ley 17.418) que, dada la posible existencia de pagos con relación al mismo siniestro que invoca la aseguradora y lo expresado por la perito contadora a fs. 344, deberá determinarse por vía de ejecución de sentencia.
VII. Por todo lo expuesto, disposiciones legales, doctrina y jurisprudencia citadas, propongo que se confirme la sentencia apelada con la salvedad de que el monto de la condena se actualizará desde la fecha de dicha sentencia hasta la fecha de su efectivo pago según las variaciones de los índices de precios al por mayor, nivel general, que publica el Indec y que se condena a su pago, con los intereses que indica dicho pronunciamiento, a los demandados Roberto Fischman, "Adar SA Comercial, Industrial y Financiera" y "Patrigan SA" en forma solidaria y a "Líder Compañía Argentina de Seguros SA" -esta última como aseguradora de "Patrigan SA" y en la medida del seguro, que se determinará por vía de ejecución de sentencia-, y con costas a cargo de los demandados en ambas instancias.
Los doctores Bueres y Ambrosioni, por razones análogas a las aducidas por el doctor Russomanno, votaron en el mismo sentido. Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada con la salvedad de que el monto de la condena se actualizará desde la fecha de dicho pronunciamiento hasta la fecha de su efectivo pago según las variaciones de los índices de precios al por mayor, nivel general, que publica el Indec y que se condena a su pago, con los intereses que indica, la sentencia confirmada, a los demandados Fischman, "Adar SA Comercial, Industrial y Financiera" y "Patrigan SA" en forma solidaría y a "Líder Compañía Argentina de Seguros SA" -esta última como aseguradora de "Patrigan SA" y en la medida del seguro, que se determinará por vía de ejecución de sentencia-, y con costas a cargo de los demandados en ambas instancias.
Carlos E. Ambrosioni - Alberto J. Bueres - Mario C.
Russomanno (Secr.: Antonio R. M. Coghian) *.
PROPOSICIONES
1 ) ¿En qué carácter intervienen en el proceso las firmas "Adar SA", "Edifé SA" y "Patrigan SA"?
2) ¿Qué efectos tiene una sentencia con respecto a aquellos que intervinieron en carácter de terceros.
3) ¿Considera usted que un tercero puede ser condenado en un proceso? Funde su respuesta.
4) ¿Qué resolvió la Cámara al respecto?
5) ¿Qué diferencia hay entre un litisconsorte y un tercero?
6) ¿Por qué el tribunal entiende que las firmas antes mencionadas asumen una posición litisconsorcial?
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
El doctor Russomanno dijo;
I. Contra la sentencia de fs. 368/371, apelaron la actora -quien expresa agravios a fs. 386/388-, el demandado y los terceros citados, Adar SA y Patrigan SA -quienes se agravian en conjunto a fs. 389/391-, y Líder Compañía Argentina de Seguros SA citada en garantía por Patrigan SA, que no ha expresado agravios.
II. La actora se queja de que la sentencia de primera instancia haya excluido de la condena a los terceros citados, señalando que, de tal modo, se disminuye el patrimonio llamado a afrontar las indemnizaciones. La señalada cuestión es también motivo de agravios del demandado Roberto Fischman y de los terceros citados Adar SA y Patrigan SA; en cambio, la aseguradora de esta última solicita que se desestimen tales quejas.
III. El a quo ha considerado que los terceros, citados en autos en virtud de lo establecido en el art. 94 del Cód. Procesal, no adquirieron el carácter de sujetos pasivos de la pretensión formulada en la demanda y, por lo tanto, no podían ser condenados. Desde ya, anticipo que discrepo con el criterio expuesto por el juez de la instancia anterior. En primer lugar, debe advertirse que la citación coactiva de terceros (art. 94, Cód. Procesal) procede no sólo cuando exista o pueda existir una acción de regreso contra el citado (p.ej., en el caso del art. 1123, Cód. Civil), sino en muchos otros supuestos, como cuando la relación jurídica hecha valer en el juicio es conexa o común con un tercero -caso del coautor del cuasidelito en que funda sus pretensiones el actor-, o cuando el deudor demandado entienda que el tercero es cotitular del crédito reclamado, o cuando, demandado el poseedor inmediato, éste declara quién es el portador mediato -hominatio auctoris- (conf. Fassi, Santiago C, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, anotado y concordado, t. 1, p. 190, § 387). Por lo tanto, la posición procesal del citado depende de diversas circunstancias que deben valorarse en cada caso, sin que sea posible establecer una regla fija e invariable al respecto.
Es verdad que generalmente se efectúa la citación obligada de tercero como medio de habilitar una acción regresiva en su contra -como lo señala el a quo, con cita de Lino E. Palacio-, pero ello es así sólo "en términos generales" como dice ese mismo autor (Derecho procesal civil, t. III, p. 249), ya que escapan a esa regla casos como los que mencioné precedentemente (conf. Palacio, op. cit., t. III, p. 250).
En principio, la citación obligada del tercero para que pueda hacerse parte en el proceso solamente puede pedirla el actor, y sólo excepcionalmente puede solicitarla el demandado, porque el accionante no puede ser obligado a litigar contra otro que el demandado originario; pero es generalmente admitido que "el juez puede desestimar la oposición del actor en los supuestos en que, por razones de economía procesal, resulte manifiestamente conveniente la citación del tercero" (Palacio, op. cil., t. III, p. 250 y 251).
Ahora bien, si el tercero citado coactivamente por decisión fundada del juez, como ocurre en el sub lite, comparece al juicio, contesta la demanda oponiéndose a las pretensiones del actor y solicitando su rechazo, y a su vez reclama se cite en garantía a su asegurador, todo lo cual es proveído de conformidad y teniéndoselo por parte; o si contesta la demanda, pide su rechazo con costas, ofrece prueba y opone excepciones; ¿en que posición queda en el proceso?; ¿es parte demandada o no lo es?; ¿puede ser condenado o no?
Tales cuestiones han merecido respuestas disímiles, tanto en doctrina como en la jurisprudencia. Sólo a título de ejemplo, señalo que la tesis negativa a la última pregunta es defendida, entre otros, por Fenochietto y Arazi (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado y concordado, Bs. As., 1983, t. 1, p. 344) y por la jurisprudencia mayoritaria del fuero (ver la obra precitada, loc. cit., nota 2); en pro del criterio opuesto, es decir en defensa de la tesis positiva, cabe citar a Yáñez Álvarez (La intervención de terceros en el proceso civil, JA, doctrina 1970, p. 27 y 31), Fassi (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, anotado y concordado, Bs. As., 1971, t. 1, p. 192), y Colombo (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación anotado y comentado, 4ª. ed., Bs. As., 1975, t. I, p. 208). En cuanto a la jurisprudencia que admite que el citado, en supuestos análogos a los expuestos aquí, pueda ser condenado, cabe citar CNEspCiv Com, Sala V, 31/8/83, JA, 1984-III-593; id., id., 7/4/83, JA, 1984- III-557; SCBA, 7/8/84, LL, 1985-A-594.
Para casos como el presente, en que los citados actúan en el proceso en defensa de intereses propios y controvierten las pretensiones del actor, considero que son partes demandadas en la causa, por lo que no pueden ser omitidos en la sentencia, la cual sin duda debe afectarlos como a los litigantes principales (art. 96, Cód. Procesal). Es verdad que si el citado no propone demandas, ni lo hacen las partes contra él, no se convierte en parte aunque "permanece en la situación de tercero sometido a la resolución, con todos los derechos y deberes inherentes a tal calidad" (Chiovenda, Giuseppe, Instituciones de derecho procesal civil, trad. de la 2ª. ed. italiana, 1* ed., Madrid, 1940, vol. II, p. 276); pero una vez ingresado al litigio, puede permanecer como espectador pasivo o bien adoptar diversas posiciones, como hacerse litisconsorte del actor o del primer demandado, coadyuvar con una parte, proponer demandas o reconvenir, y las partes a su vez puedan proponer contra él demandas, excepciones y reconvenciones (Chiovenda, op. cit., vol. II, p. 277).
Puesto que, como lo enseña el precitado tratadista italiano, "es parte aquel que pide en propio nombre (o en cuyo nombre se pide) la actuación de una voluntad de la ley, y aquél frente al cual
es pedida" (op. cit., vol. II, p. 265), cabe aseverar que, cuando el citado como tercero en virtud de una orden del juez del proceso comparece y se opone, en nombre propio, a las pretensiones del
accionante y reclama su rechazo -todo con anuencia del actor- se convierte a su vez en demandado, y en tal caso cabe que se lo incluya en la sentencia. Como dice Colombo, "la sentencia gravita porque el tercero se ha convertido en parte, siempre y cuando se le haya acordado la posibilidad de intervenir en la oportunidad debida" (op. cit., t. I, p. 208). Se trata, en tal caso, del citado coactivamente que asume una intervención litisconsorcial o autónoma, por lo cual está, como legitimado sustancial, en la misma posición procesal que una de las partes principales como litisconsorte; en consecuencia, la sentencia dictada después de su intervención "lo afecta como a los litigantes principales (art. 96, ap. P, Cód. Procesal), precisamente porque ése es el motivo de la intervención" (Yáñez Alvarez, op. cit., p. 27).
Por último, señalo que en mi opinión la inclusión del tercero, con intervención litisconsorcial o autónoma, en la sentencia y su ulterior ejecutabilidad contra él, no vulnera el principio de congruencia al condenar a quien originariamente no fue demandado, porque la sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del juicio, como lo establece el art. 163, inc. 6", del Cód. Procesal (conf. SCBA, 7/8/84, voto del doctor Negri, LL, 1985- A-594).
Llego así a la conclusión de que el interventor litisconsorcial o autónomo que con anuencia o sin oposición del actor, actúa con autonomía en el juicio como litisconsorte del demandado, es parte
y debe ser incluido en la sentencia. Tal posición litisconsorcial es innegable, a mi entender, con respecto a las firmas "Adar SA, Comercial, Industrial y Financiera" y "Edifé SA" quienes fueron sucesivas propietarias del inmueble en que se efectuaron las obras de las que provinieron daños a la finca del actor teniendo en cuenta que la demanda fue originariamente dirigida contra el demandado principal “y quien resulta propietario del inmueble calle Santa Fe 4922/32". No obsta a esta conclusión la circunstancia que señala la sentencia apelada, de haber desistido el actor de su demanda contra quien, a fs. 15, indicara como presunto propietario de dicho inmueble, porque tal desistimiento lo efectuó el accionante "en atención a la documentación acompañada por 'Edifé SA' y lo manifestado por ésta en su escrito de contestación de demanda de fs. 106/109, lo cual implica
evidentemente que, habiéndose demostrado que los propietarios de dicho bien fueron sucesivamente Adar SA y Edifé SA, la acción continuaba contra ellas y no contra quien había actuado en la compra como mandatario de la última.
En cuanto a "Patrigan SA", también considero que su intervención fue litisconsorcial del demandado principal; adviértase que éste fue demandado en su condición de arquitecto a cargo de la construcción de la obra vecina a la finca del actor, señalándose que "el desmoramiento del muro se debió indudablemente a que los responsables de la construcción... procedieron con evidente negligencia..." y que el accionado Fischman, al contestar la demanda admite haber sido el director de obra y pide que se cite a Patrigan SA por haber sido la firma que lo contrató para la construcción "pues era la encargada de la misma". De lo expuesto resulta, con claridad, que la pretensión del accionante en la demanda se dirigió contra el propietario del inmueble del que sostuvo que derivaron daños a su propiedad, y contra los responsables de la construcción a los que atribuyó culpa o negligencia. La calidad de empresa constructora de dicha obra atribuida a Patrigan SA no fue desconocida por ésta al contestar la demanda y fue expresamente reconocida por su representante legal al absolver posiciones.
Por lo tanto, juzgo que la sentencia debió incluir como codemandados, además de Fischman, a las firmas "Adar SA", "Edifé SA" y "Patrigan SA", las dos primeras como sucesivas propietarias de la obra de la que provinieron los daños que reclama el actor y la última como empresa constructora de tal obra. Ello debe ser subsanado en este pronunciamiento, atendiendo el agravio expresado al respecto por el actor y en conjunto por Fischman, Adar SA y Patrigan SA y, por ello, estos tres codemandados deben ser condenados; en cambio, no ocurre lo mismo con Edifé SA, que no apeló la sentencia y no hubo agravios de las partes a su respecto.
IV. Los demandados se agravian de que la sentencia, como fundamento de la condena, hiciera fe de las conclusiones de la pericia de ingeniero de fs. 283/287. Aducen que el perito no contestó en forma concluyente, sino dejando sentadas opiniones sólo basadas en presunciones, posibilidades o probabilidades.
En primer lugar, cabe tener presente que en sus dictámenes los peritos exponen opiniones, fundadas en sus conocimientos y experiencia. Además, la pericia de fs. 283/287 no fue observada ni impugnada por ninguna de las partes, y tampoco se solicitaron explicaciones al experto. Esta Sala tiene resuelto que "una pericia sólo puede impugnarse mediante la demostración cabal de la incompetencia técnica y corresponde a las partes, en ejercicio del control de la litis, manifestar con oportunidad la disconformidad del resultado o pedir explicaciones aclaratorias". "Omitido todo esto y a falta de otros elementos de juicio que contradigan la opinión del perito, ese dictamen valdrá como elemento decisivo para la resolución del juicio" (26/6/80, "Perel, Alberto O. c/Juan, Guillermo", ED,15-759, sum. 10).
Por lo tanto, considero que debe desestimarse el agravio.
V. La actora se queja, además, de que la sentencia apelada no contemple la actualización del monto de la condena hasta la oportunidad de su efectivo pago. Considero que el agravio debe ser admitido ya que la indexación debe ser llevada hasta la fecha el pago de la deuda, en pro de la integridad del resarcimiento, asegurando así al acreedor el cumplimiento en moneda constante de lo que le es debido (conf. CNCiv, Sala F, 2/10/79, ED, 14-650, sum 348).
VI. La condena deberá extenderse a la citada en garantía "Líder Compañía Argentina de Seguros, SA" (ver fotocopia de póliza de fs, 72/78 y escrito de fs. 141) y en la medida del seguro (art. 118, ley 17.418) que, dada la posible existencia de pagos con relación al mismo siniestro que invoca la aseguradora y lo expresado por la perito contadora a fs. 344, deberá determinarse por vía de ejecución de sentencia.
VII. Por todo lo expuesto, disposiciones legales, doctrina y jurisprudencia citadas, propongo que se confirme la sentencia apelada con la salvedad de que el monto de la condena se actualizará desde la fecha de dicha sentencia hasta la fecha de su efectivo pago según las variaciones de los índices de precios al por mayor, nivel general, que publica el Indec y que se condena a su pago, con los intereses que indica dicho pronunciamiento, a los demandados Roberto Fischman, "Adar SA Comercial, Industrial y Financiera" y "Patrigan SA" en forma solidaria y a "Líder Compañía Argentina de Seguros SA" -esta última como aseguradora de "Patrigan SA" y en la medida del seguro, que se determinará por vía de ejecución de sentencia-, y con costas a cargo de los demandados en ambas instancias.
Los doctores Bueres y Ambrosioni, por razones análogas a las aducidas por el doctor Russomanno, votaron en el mismo sentido. Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada con la salvedad de que el monto de la condena se actualizará desde la fecha de dicho pronunciamiento hasta la fecha de su efectivo pago según las variaciones de los índices de precios al por mayor, nivel general, que publica el Indec y que se condena a su pago, con los intereses que indica, la sentencia confirmada, a los demandados Fischman, "Adar SA Comercial, Industrial y Financiera" y "Patrigan SA" en forma solidaría y a "Líder Compañía Argentina de Seguros SA" -esta última como aseguradora de "Patrigan SA" y en la medida del seguro, que se determinará por vía de ejecución de sentencia-, y con costas a cargo de los demandados en ambas instancias.
Carlos E. Ambrosioni - Alberto J. Bueres - Mario C.
Russomanno (Secr.: Antonio R. M. Coghian) *.
PROPOSICIONES
1 ) ¿En qué carácter intervienen en el proceso las firmas "Adar SA", "Edifé SA" y "Patrigan SA"?
2) ¿Qué efectos tiene una sentencia con respecto a aquellos que intervinieron en carácter de terceros.
3) ¿Considera usted que un tercero puede ser condenado en un proceso? Funde su respuesta.
4) ¿Qué resolvió la Cámara al respecto?
5) ¿Qué diferencia hay entre un litisconsorte y un tercero?
6) ¿Por qué el tribunal entiende que las firmas antes mencionadas asumen una posición litisconsorcial?
ANALISIS DE CASOS: Practico en clase (p/el Portafolios)
5. TERCEROS. INTERVENCIÓN. OBLIGATORIEDAD
RESOLUCION:
Es principio generalmente adoptado en doctrina y jurisprudencia, que la intervención coactiva de tercero debe ser interpretada con criterio restrictivo cuando es requerida por la parte demandada, ya que compele al actor litigar contra quien no ha accionado.
Si bien la ley no exige que el demandado demuestre cuál es la relación jurídica que lo une con el tercero como requisito para dar curso a su petición ésta debe revestir seriedad suficiente para justificar la excepcional alteración que habrá de producirse en la composición originaria del pleito (conf. esta Sala in re, "Lirosa, SA c/Maremar SRL s/inc. de Apelación", 17/9/86).
En el caso se alega, con sustento en prueba documental agregada en autos, que el tercero habría percibido, en nombre del actor, las sumas que ésta reclama en el pleito. Esa circunstancia aparece suficientemente respaldatoria de la factibilidad de incorporar al tercero a la litis contra el cual -eventualmente- podría intentarse una acción del regreso.
A mérito de lo expuesto, se revoca el decisorio apelado, y encomiéndase al magistrado de la causa el proveimiento de la citación pedida, conforme con lo normado por los arts. 94 y 95 del Cód. Procesal. Las costas se imponen, en ambas instancias a la actora vencida.
Helios A. Guerrero - Juan M. Garzón Vieyra - Rodolfo A. Ramírez (Secr.: Adriana F. Gómez) (*).
PROPOSICIONES:
1) ¿En qué carácter se admite la citación del tercero de acuerdo con los artículos del Código Procesal que se citan?
2) ¿Quién pide la citación del tercero?
3) ¿Por qué la pide?
4) ¿Qué efectos tendrá la sentencia que se dicte después de la intervención del tercero?
5) ¿La sentencia será ejecutable contra el tercero?
(*) CNCom, Sala E, "Lotierzo, M. A. c/Faeco, SRL", 7/10/87, £D, 129-
335.
RESOLUCION:
Es principio generalmente adoptado en doctrina y jurisprudencia, que la intervención coactiva de tercero debe ser interpretada con criterio restrictivo cuando es requerida por la parte demandada, ya que compele al actor litigar contra quien no ha accionado.
Si bien la ley no exige que el demandado demuestre cuál es la relación jurídica que lo une con el tercero como requisito para dar curso a su petición ésta debe revestir seriedad suficiente para justificar la excepcional alteración que habrá de producirse en la composición originaria del pleito (conf. esta Sala in re, "Lirosa, SA c/Maremar SRL s/inc. de Apelación", 17/9/86).
En el caso se alega, con sustento en prueba documental agregada en autos, que el tercero habría percibido, en nombre del actor, las sumas que ésta reclama en el pleito. Esa circunstancia aparece suficientemente respaldatoria de la factibilidad de incorporar al tercero a la litis contra el cual -eventualmente- podría intentarse una acción del regreso.
A mérito de lo expuesto, se revoca el decisorio apelado, y encomiéndase al magistrado de la causa el proveimiento de la citación pedida, conforme con lo normado por los arts. 94 y 95 del Cód. Procesal. Las costas se imponen, en ambas instancias a la actora vencida.
Helios A. Guerrero - Juan M. Garzón Vieyra - Rodolfo A. Ramírez (Secr.: Adriana F. Gómez) (*).
PROPOSICIONES:
1) ¿En qué carácter se admite la citación del tercero de acuerdo con los artículos del Código Procesal que se citan?
2) ¿Quién pide la citación del tercero?
3) ¿Por qué la pide?
4) ¿Qué efectos tendrá la sentencia que se dicte después de la intervención del tercero?
5) ¿La sentencia será ejecutable contra el tercero?
(*) CNCom, Sala E, "Lotierzo, M. A. c/Faeco, SRL", 7/10/87, £D, 129-
335.
CAPITULO XI - INTERVENCION DE TERCEROS
INTERVENCION DE TERCEROS EN EL PROCESO TERCERIAS
SUMARIO: l. Tercero. Concepto.- 2. Intervención del tercero.- 3. Presupuestos de la intervención.- 4. Clases de intervención. 4.1. Intervención voluntaria. 4.1.1. Intervención coadyuvante. 4.1.1.1. Intervención adherente simple o accesoria. 4.1.1.2. Intervención adherente autónoma o litisconsorcial. 4.1.2. Intervención exclu¬yente o principal. 4.2. Intervención forzosa. 4.3. Intervención ne¬cesaria.- 5. Tercerías. 5.1. Concepto. 5.2. Clases. 5.2.1. Tercería de dominio. 5.2.2. Tercería de mejor derecho.- 6. Diferencia entre tercería o intervención de terceros.
1. TERCERO. CONCEPTO
Nuestro proceso, de acuerdo con su origen romano, es singular, en el sentido que, de ordinario, se tramita entre dos partes: el actor y el demandado, y sólo a ellos se refiere y afecta la sentencia.
No obstante, la complejidad de las relaciones jurídicas hace que la litis pueda afectar también a otras personas (terce¬ros), en cuyo caso éstas pueden tener un interés legítimo en el modo como dicha litis será decidida.
Según CARNELUTTI, debe entenderse por litis un conflicto actual de intereses. Entre proceso y litis existe la misma relación que se da entre continente y contenido. De allí que un proceso puede contener una o más litis.
Se denomina tercero, en sentido general, a quien no es parte en el proceso y, en consecuencia, no puede resultar afectado por sus efectos.
También se denomina tercero a aquel que sin ser ac¬tor o demandado, adquiere la calidad de parte en un proceso ya iniciado pretendiendo una sentencia favorable a su inte¬rés.
La pretensión que deduce el tercero en el proceso pue¬de ser coincidente con la de uno de los litigantes (coadyuvan¬te) o contraria a las pretensiones de las partes originarias (ex¬cluyente).
La intervención de terceros puede darse en toda clase de procesos y no está limitada al proceso de conocimiento ordinario.
El tercero, cuando su intervención es procedente, pasa a actuar directamente en el proceso que siguen el actor y el demandado, sin promover otro proceso nuevo o distinto y la sentencia que se vaya a dictar en ese único proceso decidirá también la suerte de las pretensiones del tercero.
2. INTERVENCION DEL TERCERO
La intervención de terceros tiene lugar cuando durante el desarrollo del proceso, sea en forma espontáneo o pro¬vocada, se incorporan a él personas distintas a las partes ori¬ginarias, con el propósito de hacer valer derechos o intereses propios, pero vinculados con la causa o el objeto do la pretensión.
La intervención de terceros en un proceso se admite por razones de seguridad jurídica y economía procesal, y por la conveniencia que significa extender los efectos de la cosa juzgada a todas las personas interesadas en una determinada relación jurídica o situación jurídica.
Si bien es verdad, dice CARLOS, que la sentencia que se dicta en un proceso sólo produce sus efectos entre las par¬tes que en él han litigado (res inter iudicata tertius non nocet), se presentarán a menudo casos en que pueden tales efectos, aunque excepcionalmente, extenderse a quienes fueron extra¬ños a esa controversia.
Declarada admisible la intervención del tercero, éste asu¬me la calidad de parte, con sus derechos, facultades, deberes, cargas y obligaciones, porque el propósito de la institución con¬siste, precisamente, en brindar a aquélla posibilidad de obte¬ner la protección judicial de un derecho o interés propio.
Procesalmente acontece que como consecuencia de la intervención del tercero en el proceso original, se produce una acumulación de pretensiones.
La determinación del carácter procesal de la interven¬ción del tercero en el proceso resultará, generalmente, de la ley sustancial.
3. PRESUPUESTOS DE LA INTERVENCION
El tercero podrá intervenir en un proceso siempre que se cumplan determinados presupuestos. Ellos son:
3.1. Que exista un proceso pendiente sustanciándose ante el órgano jurisdiccional.
3.2. Que el interviniente sea efectivamente un tercero en la relación procesal, es decir que no sea parte originaria en el proceso.
3.3. Que el tercero demuestre tener un interés jurídico en la cuestión debatida en el proceso.
3.4. Que la pretensión del tercero sea conexa con el objeto, la causa, o ambos elementos, o exista afinidad, con el objeto de que pueda ser sustanciada y resuelta conjuntamente con las pretensiones de las partes originales.
4. CLASES DE INTERVENCION
De acuerdo con la forma en que se produce, la inter¬vención del tercero puede ser: Voluntaria, que puede ser coadyu¬vante, y ésta adherente simple o accesoria o adherente autóno¬ma o litisconsorcial o excluyente; Forzosa u obligatoria; y Necesaria.
4.1. Intervención voluntaria
Se origina por la voluntad libre y espontánea del propio tercero. A su vez, puede ser coadyuvante o excluyente.
4.1.1. Intervención coadyuvante: La intervención CN coadyuvante cuando tiene por objeto apoyar la pretensión do una de las partes originarias (actor o demandado).
La intervención coadyuvante - de acuerdo con la doctrina y la legislación comparada - puede asumir dos modalida¬des:
4.1.1.1. Intervención adherente simple o accesoria: En la cual el tercero pretende hacer valer un derecho conexo con el debatido entre el actor y el demandado, apoyando a uno de ellos pero sin autonomía de actuación, vale decir, su actuación procesal se halla subordinada a la parte principal a la cual coadyuva.
Puede intervenir en esta calidad el tercero para quien constituye condición favorable a su derecho la sentencia que se dicte en favor de la parte a la que coadyuva, v.g.: el fiador que interviene en la demanda que se le promueve al deudor por él afianzado; el acreedor, que interviene en la demanda que promueve su deudor (Art. 94, in fine CPC).
El tercero tiene una condición accesoria y subordinada a la actuación de la parte principal a la que coadyuva, al no poder alegar ni probar lo que a ella le estuviera prohibido.
Puede, sin embargo, ejercitar todos los actos procesa¬les que se traduzcan en asistir a la parte que él coadyuva, siempre que ésta no se oponga a ello.
CARNELUTTI califica al tercero coadyuvante como parte accesoria, atendiendo al hecho de que "a diferencia de lo que ocurre en los casos de intervención excluyente o litisconsorcial, en los cuales el tercero interviene para hacer valer un derecho propio, en esta forma de intervención el tercero lo hace para sostener las razones de un derecho aje¬no".
La actuación procesal del tercero coadyuvante se en¬cuentra limitada por la conducta del litigante principal, por¬que si bien se halla autorizado para realizar toda clase de actos procesales, éstos sólo son eficaces en la medida en que no sean incompatibles o perjudiquen el interés de aquél.
El interviniente coadyuvante simple carece de legimación procesal para litigar contra el adversario de la parte a la que adhiere.
4.1.1.2. Intervención adherente autónoma o Litisconsorcial:
Se produce cuando el tercero invoca un derecho pro¬pio frente a alguna de las partes originarias: actor o deman¬dado. El tercero actúa como litisconsorte de li parte a quien adhiere, con la consiguiente autonomía de gestión procesal.
El tercero que interviene de este modo pudo haber sido parte principal en el proceso en que actúa como tercero, y la sentencia que se vaya a dictar en dicho proceso, haya tomado o no intervención como tercero, le afectará directamente, V.g.: demanda de nulidad de una asamblea de accionistas promo¬vida por un accionista; citación de evicción (Art. 90 CJC).
El tercero que interviene en este carácter habría teni¬do legitimación procesal para poder demandar o ser demandado originariamente en el proceso en el cual interviene como tercero.
El interviniente autónomo o litisconsorcial hace va¬ler un derecho propio en el proceso contra una de las partes originarias (no contra ambas), asumiendo la misma posición procesal de la otra, aunque no necesariamente coincida con el interés de ésta.
4.1.2. Intervención excluyente o principal: La intervención voluntaria se denomina excluyente, principal o agresiva, cuando el tercero pretende un derecho frente a las partes ori¬ginarias. Su pretensión se contrapone a la de los litigantes originarios: actor y demandado, V.g.: las partes principales discuten acerca de la propiedad de un bien y el tercero inter¬viene en el proceso alegando ser el propietario de dicho bien.
La calidad con que el tercero interviene en el proceso es distinta a la de los otros contendientes. Es una tercera par¬te.
La intervención excluyente tiene carácter exclusivo e independiente, y está dada por la incompatibilidad del derecho del tercero con el que se ventila en el proceso.
CHIOVENDA dice que es una simple facultad del ter¬cero concedida con el fin de prevenir el daño que', de hecho, podría recibir por la victoria de una de las partes del pleito principal, y también con el fin de evitar una duplicidad inútil de juicios y la contradicción de las sentencias.
La demanda que promueve el tercero excluyente se dirige contra las otras partes del proceso en trámite, pretendiendo en todo o en parte el bien que constituye el objeto de la litis.
El tercero excluyente o agresivo promueve una de¬manda independiente contra el actor y el demandado, pasan¬do las partes originarias a ser litisconsortes.
La intervención puede sustanciarse en un mismo ex¬pediente con el proceso principal o por separado, pero siem¬pre las partes originarias y el tercero interviniente tienen el carácter de partes autónomas entre sí.
Este tipo de intervención, dependiendo de la instancia en la que se encuentra sustanciándose el proceso, produce los siguientes efectos en el procedimiento, según nuestra ley pro¬cesal:
a) Si se halla en primera instancia: Se suspenderá su curso, hasta que la nueva litis y la original queden en el mismo esta¬do, para continuarse conjuntamente a fin de dictarse una sola sentencia.
b) Si el proceso se encuentra en segunda instancia: La nueva litis se tramitará en pieza separada con ambos litigantes, sin suspenderse el curso de la litis principal, pero se suspenderá el dictado de la sentencia para poder resolverse juntas.
La sentencia que se dicte será una sola y deberá resol¬ver sobre todas las pretensiones, la originaria y la del tercero. Su eficacia se extenderá a todos los sujetos (partes y tercero) que hayan intervenido en el proceso.
4.2. Intervención forzosa
La institución procesal de la intervención forzosa u obligatoria tiene lugar cuando el juez, a pedido de parte o de oficio, ordena la citación de un tercero, a fin de que la sentencia que vaya a dictarse produzca sobre éste el efecto de In cosa juzgada. Son casos de intervención forzosa:
4.2.1. La litis denuntiatio": Se produce cuando la parte en caso de ser vencida podría tener una acción contra el terce¬ro, v.g.: evicción (Art. 1759 CC y Arts. 87 y sgtes. CPC). La evicción es un caso de intervención forzosa que se produ¬ce por el llamamiento (litis denuntiatio) que hace el deman¬dado al enajenante del bien objeto de la litis, a los efectos de ser defendido en el proceso y, subsidiariamente, dejar expe¬dita la acción regresiva de conformidad al Art. 1770, inc. a) del C. Civil.
En consecuencia, la denuncia de la litis constituye una carga procesal que pesa sobre el adquirente y cuyo incumpli¬miento lo expone al riesgo de ser derrotado en la correspon¬diente pretensión regresiva frente al enajenante.
4.2.2. La "laudatio auctoris": Acontece cuando el posee¬dor demandado denuncia el nombre de aquel por quien po¬see (Art. 2419 CC).
Se produce cuando promovida una demanda contra el que tiene temporariamente la posesión de una cosa ajena (in¬quilino, prestatario, depositario) , el demandado denuncia el nombre y domicilio del poseedor o propietario, a fin de que el juicio continúe con éste.
El actor, una vez conocida la denuncia formulada por el demandado, debe dirigir la demanda contra el poseedor o propietario, permitiendo la extromisión del demandado ori¬ginal, porque si así no lo hiciere su demanda podrá ser re¬chazada por falta de acción (falta de legitimación pasiva).
4.2.3. El llamamiento del tercero pretendiente: Ocurre cuando el demandado por la entrega de una cosa o el pago de una deuda cita al tercero, que también pretende ser propieta¬rio o acreedor, con el objeto de que quede esclarecida la ver¬dadera situación jurídica (Art. 584, inc. d) CC).
4.2.4. La llamada en garantía: Se da cuando el llamante se encuentra en el juicio por una obligación del llamado, cómo el fiador respecto del deudor (Art. 1456 CC).
El tercero citado al proceso asume la calidad de parte, ejerciendo plenamente sus derechos procesales de la misma forma que hubiera podido hacerlo en otro proceso indepen¬diente.
Corresponde señalar que la comparecencia del tercero, en los casos señalados, no implica un deber, sino una facultad jurídica cuya falta de ejercicio lo expone al riesgo de ser alcan¬zado por los efectos de la sentencia que se vaya a dictar en el proceso en que fue citado y que, pudiendo haberlo hecho, no compareció.
4.3. Intervención necesaria
La intervención necesaria se produce cuando en un pro¬ceso pendiente no actúan como partes originarias todos los su¬jetos que deben demandar o ser demandados, en relación a In legitimación que de manera imprescindible debe tenerse para que la sentencia que vaya a dictarse sea útil. Es decir, que no obstante ser partes del conflicto, no son partes del litigio.
El litisconsorcio necesario, consecuencia de la inter¬vención necesaria, se configura cuando entre varios sujetos existe una relación jurídica sustancial única e inescindible que, como tal, sólo puede ser decidida con la intervención de todos los interesados, porque de lo contrario la sentencia que se dicte será de cumplimiento imposible.
Este supuesto de intervención se diferencia claramente de la voluntaria y de la provocada, porque el pleito que se refiere a una relación jurídica inescindible no puede ser sus¬tanciado ni resuelto sin la citación del tercero que, debiendo haber sido actor o demandado originario, no lo fue.
La citación del tercero, en este caso, deviene forzosa y el juez debe efectuarla, incluso de oficio, a fin de lograr una correcta integración de la relación procesal. El tercero, antes de su intervención, es parte del conflicto, pero no del litigio, por ello debe integrarse, también, como parte de él.
Configuran casos de litisconsorcio necesario:
a) Exigido por la ley: la demanda de filiación, que debe intentarse contra el padre y la madre (Art. 25 CM).
b) Proveniente de la naturaleza de la relación controverti¬da: la demanda por simulación de un acto jurídico, que debe promoverse contra todas las partes que lo realizaron; la de¬manda de nulidad de un acto jurídico, que debe intentarse con¬tra todos sus otorgantes; la demanda de división de condomi¬nio; etc.
El proceso en estos casos, conviene reiterar, debe in¬tegrarse, de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes mediante la deducción de la "exceptio plurium litisconsortium" con todos los sujetos que correspondan en razón del vínculo de derecho material que los une, porque si la sentencia fuera pronunciada sólo con respecto a alguno de ellos, no resulta¬ría útil o no sería posible obtener su ejecución.
Véase el Capítulo IX apartado 8.4.
5. TERCERIAS
5.1. Concepto
Recibe el nombre de tercería la pretensión deducida por un tercero en el proceso, en cuya virtud reclama el levan¬tamiento de un embargo trabado sobre un bien de su propie¬dad, o el pago preferencial de su crédito con el producido de la venta del bien embargado.
La admisibilidad de la tercería, cualquiera sea su cla¬se, se halla supeditada a la existencia de un embargo efecti¬vamente trabado, no es suficiente que se lo haya decretado. En caso contrario no existiría interés jurídico, porque de no existir la afectación del bien del tercero que el embargo su¬pone la sentencia que se dicte no le sería oponible, carecien¬do de virtualidad para despojarlo de ese bien.
En la tercería el actor es el tercerista y los demanda¬dos son todas las partes del juicio principal (actor y deman¬dado) que pasan a tener el carácter de litisconsortes.
Son asimilables al embargo las medidas judiciales que sean equivalentes al mismo en sus efectos, V.g.: secuestro de bienes.
N o corresponde deducir tercería contra la inhibición de bienes o la anotación de la litis. En la inhibición debe demos¬trarse que el inhibido no es el deudor, lo que requiere un trámi¬te más simple. En la anotación de litis, el objeto es c1istinto, ya que en ésta se pretende que el adquirente del bien afecta¬do por la anotación de la litis no pueda ampararse en su buena fe, para tratar de evitar los efectos de la sentencia.
5.2. Clases
Las clases de tercería se configuran de acuerdo con el fundamento de la pretensión: tercería de dominio y tercería de mejor derecho.
5.2.1. Tercería de dominio: Es aquella en la cual el tercero pretende que se declare su dominio sobre el bien que es objeto del proceso principal, pidiendo se deje sin efecto el embargo trabado sobre el mismo, cualquiera sea éste: inmueble, mue¬ble, derechos intelectuales o industriales, etc.
La promoción de la tercería de dominio no tiene carác¬ter obligatorio para el titular del dominio. Este, por el hecho de haberse transferido el bien en el juicio principal, no pierde la facultad legal que posee de reivindicarlo frente al tercer adquirente, si se cumplen las condiciones legales para el efec¬to.
5.2.2. Tercería de mejor derecho: Es aquella en la cual el tercero no pretende el dominio del bien en litigio, sino un dere¬cho preferente de pago frente al que aducen los litigantes. Su pretensión está dirigida a que con el producido de la venta del bien subastado se le pague antes que al embargante.
Las tercerías, si bien es cierto que tienen un mayor ám¬bito de aplicación en los procesos de ejecución, pueden reducirse en toda clase de juicios en los que el tercero se vea afectado en sus derechos, siempre que se produzcan las con¬diciones requeridas por la ley, v.g.: juicio ejecutivo, juicio de quiebra donde se ordenó la venta del bien de un tercero, etc.
La tercería, cualquiera de ellas, debe sustanciarse por el trámite establecido para los incidentes, en pieza separada con el embargante y el embargado.
Por motivos excepcionales que requieran un mayor de¬bate y prueba el juez puede disponer que se sustancie la terce¬ría por el trámite del proceso de conocimiento ordinario.
Las tercerías pueden deducirse hasta tanto no se haya efectuado la subasta de los bienes, o no se haya hecho pago al acreedor, según sea de dominio o de mejor derecho (Art. 81 CPC).
Las dos tercerías, de dominio y de mejor derecho, pue¬den ser ejercidas conjuntamente en forma subsidiaria, en ra¬zón de que las mismas no se excluyen.
DIFERENCIA ENTRE TERCERIA E INTERVENCION DE TERCEROS
Deben distinguirse, por sus importantes efectos, los ins¬titutos procesales de la tercería y la intervención de terceros.
En la tercería, el tercero promueve un juicio contra el actor y el demandado, que son partes en un proceso sustancia¬do entre ellos, y la sentencia que se dicte en el mismo no le va a afectar, salvo el embargo trabado. Consecuentemente, el tercerista permanece indiferente al resultado de la litis prin¬cipal.
En la intervención de terceros, el tercero generalmente asume la calidad de parte en el proceso y queda vinculado a la sentencia que vaya a dictarse en él.
SUMARIO: l. Tercero. Concepto.- 2. Intervención del tercero.- 3. Presupuestos de la intervención.- 4. Clases de intervención. 4.1. Intervención voluntaria. 4.1.1. Intervención coadyuvante. 4.1.1.1. Intervención adherente simple o accesoria. 4.1.1.2. Intervención adherente autónoma o litisconsorcial. 4.1.2. Intervención exclu¬yente o principal. 4.2. Intervención forzosa. 4.3. Intervención ne¬cesaria.- 5. Tercerías. 5.1. Concepto. 5.2. Clases. 5.2.1. Tercería de dominio. 5.2.2. Tercería de mejor derecho.- 6. Diferencia entre tercería o intervención de terceros.
1. TERCERO. CONCEPTO
Nuestro proceso, de acuerdo con su origen romano, es singular, en el sentido que, de ordinario, se tramita entre dos partes: el actor y el demandado, y sólo a ellos se refiere y afecta la sentencia.
No obstante, la complejidad de las relaciones jurídicas hace que la litis pueda afectar también a otras personas (terce¬ros), en cuyo caso éstas pueden tener un interés legítimo en el modo como dicha litis será decidida.
Según CARNELUTTI, debe entenderse por litis un conflicto actual de intereses. Entre proceso y litis existe la misma relación que se da entre continente y contenido. De allí que un proceso puede contener una o más litis.
Se denomina tercero, en sentido general, a quien no es parte en el proceso y, en consecuencia, no puede resultar afectado por sus efectos.
También se denomina tercero a aquel que sin ser ac¬tor o demandado, adquiere la calidad de parte en un proceso ya iniciado pretendiendo una sentencia favorable a su inte¬rés.
La pretensión que deduce el tercero en el proceso pue¬de ser coincidente con la de uno de los litigantes (coadyuvan¬te) o contraria a las pretensiones de las partes originarias (ex¬cluyente).
La intervención de terceros puede darse en toda clase de procesos y no está limitada al proceso de conocimiento ordinario.
El tercero, cuando su intervención es procedente, pasa a actuar directamente en el proceso que siguen el actor y el demandado, sin promover otro proceso nuevo o distinto y la sentencia que se vaya a dictar en ese único proceso decidirá también la suerte de las pretensiones del tercero.
2. INTERVENCION DEL TERCERO
La intervención de terceros tiene lugar cuando durante el desarrollo del proceso, sea en forma espontáneo o pro¬vocada, se incorporan a él personas distintas a las partes ori¬ginarias, con el propósito de hacer valer derechos o intereses propios, pero vinculados con la causa o el objeto do la pretensión.
La intervención de terceros en un proceso se admite por razones de seguridad jurídica y economía procesal, y por la conveniencia que significa extender los efectos de la cosa juzgada a todas las personas interesadas en una determinada relación jurídica o situación jurídica.
Si bien es verdad, dice CARLOS, que la sentencia que se dicta en un proceso sólo produce sus efectos entre las par¬tes que en él han litigado (res inter iudicata tertius non nocet), se presentarán a menudo casos en que pueden tales efectos, aunque excepcionalmente, extenderse a quienes fueron extra¬ños a esa controversia.
Declarada admisible la intervención del tercero, éste asu¬me la calidad de parte, con sus derechos, facultades, deberes, cargas y obligaciones, porque el propósito de la institución con¬siste, precisamente, en brindar a aquélla posibilidad de obte¬ner la protección judicial de un derecho o interés propio.
Procesalmente acontece que como consecuencia de la intervención del tercero en el proceso original, se produce una acumulación de pretensiones.
La determinación del carácter procesal de la interven¬ción del tercero en el proceso resultará, generalmente, de la ley sustancial.
3. PRESUPUESTOS DE LA INTERVENCION
El tercero podrá intervenir en un proceso siempre que se cumplan determinados presupuestos. Ellos son:
3.1. Que exista un proceso pendiente sustanciándose ante el órgano jurisdiccional.
3.2. Que el interviniente sea efectivamente un tercero en la relación procesal, es decir que no sea parte originaria en el proceso.
3.3. Que el tercero demuestre tener un interés jurídico en la cuestión debatida en el proceso.
3.4. Que la pretensión del tercero sea conexa con el objeto, la causa, o ambos elementos, o exista afinidad, con el objeto de que pueda ser sustanciada y resuelta conjuntamente con las pretensiones de las partes originales.
4. CLASES DE INTERVENCION
De acuerdo con la forma en que se produce, la inter¬vención del tercero puede ser: Voluntaria, que puede ser coadyu¬vante, y ésta adherente simple o accesoria o adherente autóno¬ma o litisconsorcial o excluyente; Forzosa u obligatoria; y Necesaria.
4.1. Intervención voluntaria
Se origina por la voluntad libre y espontánea del propio tercero. A su vez, puede ser coadyuvante o excluyente.
4.1.1. Intervención coadyuvante: La intervención CN coadyuvante cuando tiene por objeto apoyar la pretensión do una de las partes originarias (actor o demandado).
La intervención coadyuvante - de acuerdo con la doctrina y la legislación comparada - puede asumir dos modalida¬des:
4.1.1.1. Intervención adherente simple o accesoria: En la cual el tercero pretende hacer valer un derecho conexo con el debatido entre el actor y el demandado, apoyando a uno de ellos pero sin autonomía de actuación, vale decir, su actuación procesal se halla subordinada a la parte principal a la cual coadyuva.
Puede intervenir en esta calidad el tercero para quien constituye condición favorable a su derecho la sentencia que se dicte en favor de la parte a la que coadyuva, v.g.: el fiador que interviene en la demanda que se le promueve al deudor por él afianzado; el acreedor, que interviene en la demanda que promueve su deudor (Art. 94, in fine CPC).
El tercero tiene una condición accesoria y subordinada a la actuación de la parte principal a la que coadyuva, al no poder alegar ni probar lo que a ella le estuviera prohibido.
Puede, sin embargo, ejercitar todos los actos procesa¬les que se traduzcan en asistir a la parte que él coadyuva, siempre que ésta no se oponga a ello.
CARNELUTTI califica al tercero coadyuvante como parte accesoria, atendiendo al hecho de que "a diferencia de lo que ocurre en los casos de intervención excluyente o litisconsorcial, en los cuales el tercero interviene para hacer valer un derecho propio, en esta forma de intervención el tercero lo hace para sostener las razones de un derecho aje¬no".
La actuación procesal del tercero coadyuvante se en¬cuentra limitada por la conducta del litigante principal, por¬que si bien se halla autorizado para realizar toda clase de actos procesales, éstos sólo son eficaces en la medida en que no sean incompatibles o perjudiquen el interés de aquél.
El interviniente coadyuvante simple carece de legimación procesal para litigar contra el adversario de la parte a la que adhiere.
4.1.1.2. Intervención adherente autónoma o Litisconsorcial:
Se produce cuando el tercero invoca un derecho pro¬pio frente a alguna de las partes originarias: actor o deman¬dado. El tercero actúa como litisconsorte de li parte a quien adhiere, con la consiguiente autonomía de gestión procesal.
El tercero que interviene de este modo pudo haber sido parte principal en el proceso en que actúa como tercero, y la sentencia que se vaya a dictar en dicho proceso, haya tomado o no intervención como tercero, le afectará directamente, V.g.: demanda de nulidad de una asamblea de accionistas promo¬vida por un accionista; citación de evicción (Art. 90 CJC).
El tercero que interviene en este carácter habría teni¬do legitimación procesal para poder demandar o ser demandado originariamente en el proceso en el cual interviene como tercero.
El interviniente autónomo o litisconsorcial hace va¬ler un derecho propio en el proceso contra una de las partes originarias (no contra ambas), asumiendo la misma posición procesal de la otra, aunque no necesariamente coincida con el interés de ésta.
4.1.2. Intervención excluyente o principal: La intervención voluntaria se denomina excluyente, principal o agresiva, cuando el tercero pretende un derecho frente a las partes ori¬ginarias. Su pretensión se contrapone a la de los litigantes originarios: actor y demandado, V.g.: las partes principales discuten acerca de la propiedad de un bien y el tercero inter¬viene en el proceso alegando ser el propietario de dicho bien.
La calidad con que el tercero interviene en el proceso es distinta a la de los otros contendientes. Es una tercera par¬te.
La intervención excluyente tiene carácter exclusivo e independiente, y está dada por la incompatibilidad del derecho del tercero con el que se ventila en el proceso.
CHIOVENDA dice que es una simple facultad del ter¬cero concedida con el fin de prevenir el daño que', de hecho, podría recibir por la victoria de una de las partes del pleito principal, y también con el fin de evitar una duplicidad inútil de juicios y la contradicción de las sentencias.
La demanda que promueve el tercero excluyente se dirige contra las otras partes del proceso en trámite, pretendiendo en todo o en parte el bien que constituye el objeto de la litis.
El tercero excluyente o agresivo promueve una de¬manda independiente contra el actor y el demandado, pasan¬do las partes originarias a ser litisconsortes.
La intervención puede sustanciarse en un mismo ex¬pediente con el proceso principal o por separado, pero siem¬pre las partes originarias y el tercero interviniente tienen el carácter de partes autónomas entre sí.
Este tipo de intervención, dependiendo de la instancia en la que se encuentra sustanciándose el proceso, produce los siguientes efectos en el procedimiento, según nuestra ley pro¬cesal:
a) Si se halla en primera instancia: Se suspenderá su curso, hasta que la nueva litis y la original queden en el mismo esta¬do, para continuarse conjuntamente a fin de dictarse una sola sentencia.
b) Si el proceso se encuentra en segunda instancia: La nueva litis se tramitará en pieza separada con ambos litigantes, sin suspenderse el curso de la litis principal, pero se suspenderá el dictado de la sentencia para poder resolverse juntas.
La sentencia que se dicte será una sola y deberá resol¬ver sobre todas las pretensiones, la originaria y la del tercero. Su eficacia se extenderá a todos los sujetos (partes y tercero) que hayan intervenido en el proceso.
4.2. Intervención forzosa
La institución procesal de la intervención forzosa u obligatoria tiene lugar cuando el juez, a pedido de parte o de oficio, ordena la citación de un tercero, a fin de que la sentencia que vaya a dictarse produzca sobre éste el efecto de In cosa juzgada. Son casos de intervención forzosa:
4.2.1. La litis denuntiatio": Se produce cuando la parte en caso de ser vencida podría tener una acción contra el terce¬ro, v.g.: evicción (Art. 1759 CC y Arts. 87 y sgtes. CPC). La evicción es un caso de intervención forzosa que se produ¬ce por el llamamiento (litis denuntiatio) que hace el deman¬dado al enajenante del bien objeto de la litis, a los efectos de ser defendido en el proceso y, subsidiariamente, dejar expe¬dita la acción regresiva de conformidad al Art. 1770, inc. a) del C. Civil.
En consecuencia, la denuncia de la litis constituye una carga procesal que pesa sobre el adquirente y cuyo incumpli¬miento lo expone al riesgo de ser derrotado en la correspon¬diente pretensión regresiva frente al enajenante.
4.2.2. La "laudatio auctoris": Acontece cuando el posee¬dor demandado denuncia el nombre de aquel por quien po¬see (Art. 2419 CC).
Se produce cuando promovida una demanda contra el que tiene temporariamente la posesión de una cosa ajena (in¬quilino, prestatario, depositario) , el demandado denuncia el nombre y domicilio del poseedor o propietario, a fin de que el juicio continúe con éste.
El actor, una vez conocida la denuncia formulada por el demandado, debe dirigir la demanda contra el poseedor o propietario, permitiendo la extromisión del demandado ori¬ginal, porque si así no lo hiciere su demanda podrá ser re¬chazada por falta de acción (falta de legitimación pasiva).
4.2.3. El llamamiento del tercero pretendiente: Ocurre cuando el demandado por la entrega de una cosa o el pago de una deuda cita al tercero, que también pretende ser propieta¬rio o acreedor, con el objeto de que quede esclarecida la ver¬dadera situación jurídica (Art. 584, inc. d) CC).
4.2.4. La llamada en garantía: Se da cuando el llamante se encuentra en el juicio por una obligación del llamado, cómo el fiador respecto del deudor (Art. 1456 CC).
El tercero citado al proceso asume la calidad de parte, ejerciendo plenamente sus derechos procesales de la misma forma que hubiera podido hacerlo en otro proceso indepen¬diente.
Corresponde señalar que la comparecencia del tercero, en los casos señalados, no implica un deber, sino una facultad jurídica cuya falta de ejercicio lo expone al riesgo de ser alcan¬zado por los efectos de la sentencia que se vaya a dictar en el proceso en que fue citado y que, pudiendo haberlo hecho, no compareció.
4.3. Intervención necesaria
La intervención necesaria se produce cuando en un pro¬ceso pendiente no actúan como partes originarias todos los su¬jetos que deben demandar o ser demandados, en relación a In legitimación que de manera imprescindible debe tenerse para que la sentencia que vaya a dictarse sea útil. Es decir, que no obstante ser partes del conflicto, no son partes del litigio.
El litisconsorcio necesario, consecuencia de la inter¬vención necesaria, se configura cuando entre varios sujetos existe una relación jurídica sustancial única e inescindible que, como tal, sólo puede ser decidida con la intervención de todos los interesados, porque de lo contrario la sentencia que se dicte será de cumplimiento imposible.
Este supuesto de intervención se diferencia claramente de la voluntaria y de la provocada, porque el pleito que se refiere a una relación jurídica inescindible no puede ser sus¬tanciado ni resuelto sin la citación del tercero que, debiendo haber sido actor o demandado originario, no lo fue.
La citación del tercero, en este caso, deviene forzosa y el juez debe efectuarla, incluso de oficio, a fin de lograr una correcta integración de la relación procesal. El tercero, antes de su intervención, es parte del conflicto, pero no del litigio, por ello debe integrarse, también, como parte de él.
Configuran casos de litisconsorcio necesario:
a) Exigido por la ley: la demanda de filiación, que debe intentarse contra el padre y la madre (Art. 25 CM).
b) Proveniente de la naturaleza de la relación controverti¬da: la demanda por simulación de un acto jurídico, que debe promoverse contra todas las partes que lo realizaron; la de¬manda de nulidad de un acto jurídico, que debe intentarse con¬tra todos sus otorgantes; la demanda de división de condomi¬nio; etc.
El proceso en estos casos, conviene reiterar, debe in¬tegrarse, de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes mediante la deducción de la "exceptio plurium litisconsortium" con todos los sujetos que correspondan en razón del vínculo de derecho material que los une, porque si la sentencia fuera pronunciada sólo con respecto a alguno de ellos, no resulta¬ría útil o no sería posible obtener su ejecución.
Véase el Capítulo IX apartado 8.4.
5. TERCERIAS
5.1. Concepto
Recibe el nombre de tercería la pretensión deducida por un tercero en el proceso, en cuya virtud reclama el levan¬tamiento de un embargo trabado sobre un bien de su propie¬dad, o el pago preferencial de su crédito con el producido de la venta del bien embargado.
La admisibilidad de la tercería, cualquiera sea su cla¬se, se halla supeditada a la existencia de un embargo efecti¬vamente trabado, no es suficiente que se lo haya decretado. En caso contrario no existiría interés jurídico, porque de no existir la afectación del bien del tercero que el embargo su¬pone la sentencia que se dicte no le sería oponible, carecien¬do de virtualidad para despojarlo de ese bien.
En la tercería el actor es el tercerista y los demanda¬dos son todas las partes del juicio principal (actor y deman¬dado) que pasan a tener el carácter de litisconsortes.
Son asimilables al embargo las medidas judiciales que sean equivalentes al mismo en sus efectos, V.g.: secuestro de bienes.
N o corresponde deducir tercería contra la inhibición de bienes o la anotación de la litis. En la inhibición debe demos¬trarse que el inhibido no es el deudor, lo que requiere un trámi¬te más simple. En la anotación de litis, el objeto es c1istinto, ya que en ésta se pretende que el adquirente del bien afecta¬do por la anotación de la litis no pueda ampararse en su buena fe, para tratar de evitar los efectos de la sentencia.
5.2. Clases
Las clases de tercería se configuran de acuerdo con el fundamento de la pretensión: tercería de dominio y tercería de mejor derecho.
5.2.1. Tercería de dominio: Es aquella en la cual el tercero pretende que se declare su dominio sobre el bien que es objeto del proceso principal, pidiendo se deje sin efecto el embargo trabado sobre el mismo, cualquiera sea éste: inmueble, mue¬ble, derechos intelectuales o industriales, etc.
La promoción de la tercería de dominio no tiene carác¬ter obligatorio para el titular del dominio. Este, por el hecho de haberse transferido el bien en el juicio principal, no pierde la facultad legal que posee de reivindicarlo frente al tercer adquirente, si se cumplen las condiciones legales para el efec¬to.
5.2.2. Tercería de mejor derecho: Es aquella en la cual el tercero no pretende el dominio del bien en litigio, sino un dere¬cho preferente de pago frente al que aducen los litigantes. Su pretensión está dirigida a que con el producido de la venta del bien subastado se le pague antes que al embargante.
Las tercerías, si bien es cierto que tienen un mayor ám¬bito de aplicación en los procesos de ejecución, pueden reducirse en toda clase de juicios en los que el tercero se vea afectado en sus derechos, siempre que se produzcan las con¬diciones requeridas por la ley, v.g.: juicio ejecutivo, juicio de quiebra donde se ordenó la venta del bien de un tercero, etc.
La tercería, cualquiera de ellas, debe sustanciarse por el trámite establecido para los incidentes, en pieza separada con el embargante y el embargado.
Por motivos excepcionales que requieran un mayor de¬bate y prueba el juez puede disponer que se sustancie la terce¬ría por el trámite del proceso de conocimiento ordinario.
Las tercerías pueden deducirse hasta tanto no se haya efectuado la subasta de los bienes, o no se haya hecho pago al acreedor, según sea de dominio o de mejor derecho (Art. 81 CPC).
Las dos tercerías, de dominio y de mejor derecho, pue¬den ser ejercidas conjuntamente en forma subsidiaria, en ra¬zón de que las mismas no se excluyen.
DIFERENCIA ENTRE TERCERIA E INTERVENCION DE TERCEROS
Deben distinguirse, por sus importantes efectos, los ins¬titutos procesales de la tercería y la intervención de terceros.
En la tercería, el tercero promueve un juicio contra el actor y el demandado, que son partes en un proceso sustancia¬do entre ellos, y la sentencia que se dicte en el mismo no le va a afectar, salvo el embargo trabado. Consecuentemente, el tercerista permanece indiferente al resultado de la litis prin¬cipal.
En la intervención de terceros, el tercero generalmente asume la calidad de parte en el proceso y queda vinculado a la sentencia que vaya a dictarse en él.
3.5.09
ANTEPROYECTO: ASESORÍA JURIDICA GRATUITA
I-TITULO: “ASESORÍA JURIDICA GRATUITA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICA – U.N.I”
II-FUNDAMENTACIÓN:
La Universidad Nacional de Itapúa U.N.I es una institución de Derecho Público de Educación Superior, regida por la Constitución Nacional, por la Ley 136/93 y por su propio Estatuto. En ese contexto ha creado Unidades Académicas, llamadas Facultades entre ellas la Facultad de Ciencias Jurídicas que inició su labor académica en el año 2004.
Entre los fines principales, de acuerdo a lo establecido en el art. 79 de la C.N. (de las Universidades e Institutos Superiores), en el Art. 2 de la Ley 136/93, (de Universidades) y en su Estatuto; se encuentra la “Extensión Universitaria”.
Con el fin de brindar servicios legales a la ciudadanía de la Ciudad de Encarnación que no cuenten con los recursos para pagar atención especializada, la Universidad Nacional de Itapúa, por medio de un grupo de ex alumnos egresados de la carrera de Derecho de dicha casa de altos estudio creó un bufete jurídico, que ofrece asesoría gratuita.
La intención es apoyar a la gente de escasos recursos, mediante la atención de problemas de carácter legal, ya que hemos detectado esa necesidad en la población. El bufete jurídico, será atendido por profesores de la carrera de derecho o por Abogados del fuero egresados de dicha casa de estudio, estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídica significando esto una pasantía para los alumnos que se encargarán de realizar la asistencia social una vez que comprueben si los que solicitan el asesoramiento son realmente personas vulnerables económicamente.
El Bufete Jurídico Gratuito de la Universidad Nacional de Itapúa, Facultad de Ciencias Jurídicas, tiene como fin lograr la vinculación con la sociedad en la que se encuentra inserta, se dedicará a dar atención jurídica gratuita profesionalmente a través de sus asesores legales y de sus estudiantes en condiciones de prestar un Servicio Social Universitario a personas y familias de escasos recursos económicos.
Los casos sobre los cuales se va a prestar asesoramiento en dicho Bufete atendiendo a su condición de gratuidad están acotadas al ámbito de los Derechos: Civil, Familiar, Penal, Laboral, y de otra índole.
El Bufete Jurídico Gratuito, es uno de los espacios educativos que pretende ofrecerle a los estudiantes en formación el contexto y ambiente de aprendizaje que le permitirá poner en práctica los conocimientos teóricos obtenidos en el aula, el mismo que reproducirá con la habilidad que se precisa en su desarrollo como profesional egresado en el futuro. Se visualiza no solo como un área de enseñanza-aprendizaje, es el medio idóneo para el impulso de la investigación jurídica que contribuya con aportaciones universitarias como el diagnóstico y propuestas de alternativas de solución a problemas jurídico-sociales afincadas en la Ciencia del Derecho.
El área físico dónde funcionará el bufete será en un salón apropiado y acondicionado dentro del campus universitario, o fuera de este, a ser determinado en su momento, la oficina contará con una sala de espera para los usuarios, donde se ubica el área de información y registro de usuarios, seguido de un área común donde se ubican cinco o más estudiantes-auxiliares de oficina para la trascripción de los diferentes documentos jurídicos.
Se ramifican de la siguiente manera:
Una oficina para el Director/a del Bufete Jurídico.
Cubículos para cada uno de los docentes-profesionales asesores de los alumnos.
Cubículos para los trabajadores Sociales (es una alternativa en el caso de trabajar con los alumnos de otras áreas sociales como ser asistente social, psicólogos etc.).
Un área cerrada para archivo de los asuntos que en el bufete se tramitan y expedientes de seguimiento de los alumnos adscriptos.
Áreas comunes de atención para seguimientos de los asuntos de los usuarios por los alumnos.
III-OBJETIVO GENERAL:
“Crear un Bufete Jurídico Gratuito como espacio educativo orientado a satisfacer necesidades de aprendizaje para los alumnos de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Itapúa-Facultad de Ciencias Jurídicas que curricularmente han transitado por las diferentes teorías de aula siendo necesario ahora llevarla a la práctica en el campo Jurídico-Legal”
IV-OBJETIVO ESPECÍFICO:
Dar asesoría jurídica a la población de escasos recursos que así lo demande, así como tramitar sus asuntos judiciales, cuando hubieren acreditado su calidad de usuario.
Ofrecer a los estudiantes del último curso de la carrera de Derecho una opción para la realización del Servicio Social Voluntario
Vincular los conocimientos teóricos adquiridos en las aulas con las situaciones que se presentan en la realidad cotidiana.
Fortalecer en el alumno su espíritu de solidaridad social y dotarlo de condiciones para el fortalecimiento de sus habilidades y capacidades para la solución de problemas concretos.
Introducir al estudiante en el campo de la Investigación Jurídica a través de la recopilación de información y la elaboración de conceptos y teorías que les permitan tener una actitud proactiva ante los cambios que se ve sometida la disciplina jurídica.
Colaborar en el análisis, tratamiento de las cuestiones jurídicas, asesorando sobre las posibles soluciones del conflicto y en su caso en las promociones de los procesos bajo la dirección de un profesional Abogado matriculado y realizar su seguimiento ante los juzgados y tribunales locales en caso de tomar la causa.
Controlar el vencimiento de los términos en los juicios asignados, realizar las presentaciones respectivas en tiempo y forma, y en fin desarrollar la actividad forense con responsabilidad, prudencia respetando el secreto profesional al que acceda en razón de la función desempeñada.
Al finalizar su Servicio Social, cada alumno voluntario presentará un informe documentado a los Guías Académicos del Bufete Jurídico Universitario.
V-METODOLOGÍA:
El trabajo de investigación-acción se circunscribe en la metodología cualitativa, como lo indica Pérez Serrano ( 1994:83) “…la investigación cualitativa consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. Además incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como son expresados por ellos mismos” .
VI- JUSTIFICACIÓN:
Son los alumnos de la universidad los primeros en beneficiarse con este proyecto, dado que el mismo significa un espacio educativo que tiene como finalidad generar un intercambio de intereses con la comunidad de escasos recursos económicos, para que el asesoramiento jurídico no sea solo para aquellos que cuentan con un buen pasar económico y se pueda prescindir del dicho “ la justicia es sólo para los que tienen plata”, y para los alumnos sería una oportunidad valiosísima el poder tomar intervención en situaciones jurídicas reales en las que se requiere de asesoría, o la necesidad de la intervención en problemas que deban plantearse ante las diversas instancias jurisdiccionales, esto los coloca en una interacción condicionada a que los primeros obtendrán aprendizajes y experiencias profesionales a partir de los conocimientos impartidos en las aulas de la Facultad de Derecho, pero, ahora a partir de planteamientos reales, concretos mediante dos actividades:
1. La realización de las materias de Prácticas Profesionales y
2. La prestación de un Servicio Social,
Y por otra parte, la comunidad susceptible de ser atendida en el Bufete Jurídico de manera Gratuita por no contar con los recursos económicos suficientes para solventar servicios jurídicos particulares, es decir, personas de escasos recursos económicos a quienes se les denominará usuarios.
Prestar el Servicio Social en beneficio de la comunidad a la que pertenece es una actividad obligatoria de los estudiantes de la educación superior, pretende identificarlos y sensibilizarlos hacia las problemáticas sociales induciéndolos a crear formas de resolverlas, contribuir a su integración como individuo social.
Se les requiere haber cursado hasta el 4to curso en su totalidad y estar cursando el último año de la Facultad de Derecho, porque solo así van a contar con los conocimientos y las habilidades procesales suficientes para desarrollar este ejercicio en las dos vertientes de proyectos registrados que son:
A) Atención en sus instalaciones y
B) Atención por medio de un equipo de alumnos que realizarán los trabajos de campos más bien conocido como Procuración que se realiza dentro de los Tribunales.
El equipo de alumnos estará dividido en dos grupos en constante rotación entre ambos, para así todos podrán tener un amplio conocimiento en todas las áreas, es pertinente acotar la responsabilidad tutelar sobre los alumnos de los docentes asesores adscriptos a esta Unidad Receptora, en todo momento.
Para los estudiantes la asistencia a éste espacio académico universitario les posibilita visión y expectativas relacionadas con su futuro desarrollo profesional, pues se ponen en contacto con las diversas instituciones de particular interés disciplinar como ser: Juzgados de Primera instancia y de alzada, tanto de fuero Civil como el Penal, Niñez y Adolescencia, Laboral, como Ministerios Públicos, etc.
VI-PRESUPUESTO DEL PROYECTO:
Sin perjuicio de lo que se establezca en el Reglamento Interno del Bufete Jurídico Universitario, para ser usuario de sus Servicios se requiere que el solicitante no perciba un ingreso superior a un salario mínimo mensual, quien deberá asumir los gastos que implique las gestiones solicitadas y aceptadas por el Bufete Jurídico Universitario.
En caso de que el bufete tome la causa planteada se deberá establecer que los gastos serán a cargo del usuario/solicitante de los servicios, es decir, los gastos de gestión como ser tasas judiciales, administrativas, oficial de justicia, Ujier, etc.,
El Bufete Jurídico Universitario no asume la obligación de aceptar los casos que le fueran planteados por los interesados, dado el carácter voluntario de la prestación del servicio a la comunidad.
En caso de contar con el apoyo económico de la Facultad o de alguna otra institución se podrá establecer una remuneración a los asesores titulares del bufete para de esta manera mantener el interés y así cumplir con más entusiasmo y dedicación el cometido.-
Tenemos la esperanza de que éste proyecto en un futuro no muy lejano sea incorporada en la malla curricular de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Itapúa U.N.I a fin de que de esta manera los alumnos no sólo reciban teoría en aula sino que puedan llevarla a la practica en su propio beneficio y por ende de toda la comunidad.-
VIII-BIBLIOGRAFÍA:
CONSTITUCIÓN NACIONAL DE LA REP. DEL PARAGUAY (1992), Edición Diario Noticias. Asunción Paraguay.-
ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA.
LEY 136/93 (1993), Ministerio de Educación y Cultura (MEC)
PÉREZ SERRANO, Gloria (1994). “Investigación Cualitativa”. Editorial la Muralla. S.A. España.
www.monografías.com.py
www.ucol.mx
II-FUNDAMENTACIÓN:
La Universidad Nacional de Itapúa U.N.I es una institución de Derecho Público de Educación Superior, regida por la Constitución Nacional, por la Ley 136/93 y por su propio Estatuto. En ese contexto ha creado Unidades Académicas, llamadas Facultades entre ellas la Facultad de Ciencias Jurídicas que inició su labor académica en el año 2004.
Entre los fines principales, de acuerdo a lo establecido en el art. 79 de la C.N. (de las Universidades e Institutos Superiores), en el Art. 2 de la Ley 136/93, (de Universidades) y en su Estatuto; se encuentra la “Extensión Universitaria”.
Con el fin de brindar servicios legales a la ciudadanía de la Ciudad de Encarnación que no cuenten con los recursos para pagar atención especializada, la Universidad Nacional de Itapúa, por medio de un grupo de ex alumnos egresados de la carrera de Derecho de dicha casa de altos estudio creó un bufete jurídico, que ofrece asesoría gratuita.
La intención es apoyar a la gente de escasos recursos, mediante la atención de problemas de carácter legal, ya que hemos detectado esa necesidad en la población. El bufete jurídico, será atendido por profesores de la carrera de derecho o por Abogados del fuero egresados de dicha casa de estudio, estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídica significando esto una pasantía para los alumnos que se encargarán de realizar la asistencia social una vez que comprueben si los que solicitan el asesoramiento son realmente personas vulnerables económicamente.
El Bufete Jurídico Gratuito de la Universidad Nacional de Itapúa, Facultad de Ciencias Jurídicas, tiene como fin lograr la vinculación con la sociedad en la que se encuentra inserta, se dedicará a dar atención jurídica gratuita profesionalmente a través de sus asesores legales y de sus estudiantes en condiciones de prestar un Servicio Social Universitario a personas y familias de escasos recursos económicos.
Los casos sobre los cuales se va a prestar asesoramiento en dicho Bufete atendiendo a su condición de gratuidad están acotadas al ámbito de los Derechos: Civil, Familiar, Penal, Laboral, y de otra índole.
El Bufete Jurídico Gratuito, es uno de los espacios educativos que pretende ofrecerle a los estudiantes en formación el contexto y ambiente de aprendizaje que le permitirá poner en práctica los conocimientos teóricos obtenidos en el aula, el mismo que reproducirá con la habilidad que se precisa en su desarrollo como profesional egresado en el futuro. Se visualiza no solo como un área de enseñanza-aprendizaje, es el medio idóneo para el impulso de la investigación jurídica que contribuya con aportaciones universitarias como el diagnóstico y propuestas de alternativas de solución a problemas jurídico-sociales afincadas en la Ciencia del Derecho.
El área físico dónde funcionará el bufete será en un salón apropiado y acondicionado dentro del campus universitario, o fuera de este, a ser determinado en su momento, la oficina contará con una sala de espera para los usuarios, donde se ubica el área de información y registro de usuarios, seguido de un área común donde se ubican cinco o más estudiantes-auxiliares de oficina para la trascripción de los diferentes documentos jurídicos.
Se ramifican de la siguiente manera:
Una oficina para el Director/a del Bufete Jurídico.
Cubículos para cada uno de los docentes-profesionales asesores de los alumnos.
Cubículos para los trabajadores Sociales (es una alternativa en el caso de trabajar con los alumnos de otras áreas sociales como ser asistente social, psicólogos etc.).
Un área cerrada para archivo de los asuntos que en el bufete se tramitan y expedientes de seguimiento de los alumnos adscriptos.
Áreas comunes de atención para seguimientos de los asuntos de los usuarios por los alumnos.
III-OBJETIVO GENERAL:
“Crear un Bufete Jurídico Gratuito como espacio educativo orientado a satisfacer necesidades de aprendizaje para los alumnos de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Itapúa-Facultad de Ciencias Jurídicas que curricularmente han transitado por las diferentes teorías de aula siendo necesario ahora llevarla a la práctica en el campo Jurídico-Legal”
IV-OBJETIVO ESPECÍFICO:
Dar asesoría jurídica a la población de escasos recursos que así lo demande, así como tramitar sus asuntos judiciales, cuando hubieren acreditado su calidad de usuario.
Ofrecer a los estudiantes del último curso de la carrera de Derecho una opción para la realización del Servicio Social Voluntario
Vincular los conocimientos teóricos adquiridos en las aulas con las situaciones que se presentan en la realidad cotidiana.
Fortalecer en el alumno su espíritu de solidaridad social y dotarlo de condiciones para el fortalecimiento de sus habilidades y capacidades para la solución de problemas concretos.
Introducir al estudiante en el campo de la Investigación Jurídica a través de la recopilación de información y la elaboración de conceptos y teorías que les permitan tener una actitud proactiva ante los cambios que se ve sometida la disciplina jurídica.
Colaborar en el análisis, tratamiento de las cuestiones jurídicas, asesorando sobre las posibles soluciones del conflicto y en su caso en las promociones de los procesos bajo la dirección de un profesional Abogado matriculado y realizar su seguimiento ante los juzgados y tribunales locales en caso de tomar la causa.
Controlar el vencimiento de los términos en los juicios asignados, realizar las presentaciones respectivas en tiempo y forma, y en fin desarrollar la actividad forense con responsabilidad, prudencia respetando el secreto profesional al que acceda en razón de la función desempeñada.
Al finalizar su Servicio Social, cada alumno voluntario presentará un informe documentado a los Guías Académicos del Bufete Jurídico Universitario.
V-METODOLOGÍA:
El trabajo de investigación-acción se circunscribe en la metodología cualitativa, como lo indica Pérez Serrano ( 1994:83) “…la investigación cualitativa consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. Además incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como son expresados por ellos mismos” .
VI- JUSTIFICACIÓN:
Son los alumnos de la universidad los primeros en beneficiarse con este proyecto, dado que el mismo significa un espacio educativo que tiene como finalidad generar un intercambio de intereses con la comunidad de escasos recursos económicos, para que el asesoramiento jurídico no sea solo para aquellos que cuentan con un buen pasar económico y se pueda prescindir del dicho “ la justicia es sólo para los que tienen plata”, y para los alumnos sería una oportunidad valiosísima el poder tomar intervención en situaciones jurídicas reales en las que se requiere de asesoría, o la necesidad de la intervención en problemas que deban plantearse ante las diversas instancias jurisdiccionales, esto los coloca en una interacción condicionada a que los primeros obtendrán aprendizajes y experiencias profesionales a partir de los conocimientos impartidos en las aulas de la Facultad de Derecho, pero, ahora a partir de planteamientos reales, concretos mediante dos actividades:
1. La realización de las materias de Prácticas Profesionales y
2. La prestación de un Servicio Social,
Y por otra parte, la comunidad susceptible de ser atendida en el Bufete Jurídico de manera Gratuita por no contar con los recursos económicos suficientes para solventar servicios jurídicos particulares, es decir, personas de escasos recursos económicos a quienes se les denominará usuarios.
Prestar el Servicio Social en beneficio de la comunidad a la que pertenece es una actividad obligatoria de los estudiantes de la educación superior, pretende identificarlos y sensibilizarlos hacia las problemáticas sociales induciéndolos a crear formas de resolverlas, contribuir a su integración como individuo social.
Se les requiere haber cursado hasta el 4to curso en su totalidad y estar cursando el último año de la Facultad de Derecho, porque solo así van a contar con los conocimientos y las habilidades procesales suficientes para desarrollar este ejercicio en las dos vertientes de proyectos registrados que son:
A) Atención en sus instalaciones y
B) Atención por medio de un equipo de alumnos que realizarán los trabajos de campos más bien conocido como Procuración que se realiza dentro de los Tribunales.
El equipo de alumnos estará dividido en dos grupos en constante rotación entre ambos, para así todos podrán tener un amplio conocimiento en todas las áreas, es pertinente acotar la responsabilidad tutelar sobre los alumnos de los docentes asesores adscriptos a esta Unidad Receptora, en todo momento.
Para los estudiantes la asistencia a éste espacio académico universitario les posibilita visión y expectativas relacionadas con su futuro desarrollo profesional, pues se ponen en contacto con las diversas instituciones de particular interés disciplinar como ser: Juzgados de Primera instancia y de alzada, tanto de fuero Civil como el Penal, Niñez y Adolescencia, Laboral, como Ministerios Públicos, etc.
VI-PRESUPUESTO DEL PROYECTO:
Sin perjuicio de lo que se establezca en el Reglamento Interno del Bufete Jurídico Universitario, para ser usuario de sus Servicios se requiere que el solicitante no perciba un ingreso superior a un salario mínimo mensual, quien deberá asumir los gastos que implique las gestiones solicitadas y aceptadas por el Bufete Jurídico Universitario.
En caso de que el bufete tome la causa planteada se deberá establecer que los gastos serán a cargo del usuario/solicitante de los servicios, es decir, los gastos de gestión como ser tasas judiciales, administrativas, oficial de justicia, Ujier, etc.,
El Bufete Jurídico Universitario no asume la obligación de aceptar los casos que le fueran planteados por los interesados, dado el carácter voluntario de la prestación del servicio a la comunidad.
En caso de contar con el apoyo económico de la Facultad o de alguna otra institución se podrá establecer una remuneración a los asesores titulares del bufete para de esta manera mantener el interés y así cumplir con más entusiasmo y dedicación el cometido.-
Tenemos la esperanza de que éste proyecto en un futuro no muy lejano sea incorporada en la malla curricular de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Itapúa U.N.I a fin de que de esta manera los alumnos no sólo reciban teoría en aula sino que puedan llevarla a la practica en su propio beneficio y por ende de toda la comunidad.-
VIII-BIBLIOGRAFÍA:
CONSTITUCIÓN NACIONAL DE LA REP. DEL PARAGUAY (1992), Edición Diario Noticias. Asunción Paraguay.-
ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA.
LEY 136/93 (1993), Ministerio de Educación y Cultura (MEC)
PÉREZ SERRANO, Gloria (1994). “Investigación Cualitativa”. Editorial la Muralla. S.A. España.
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CAPITULO X - Representación Procesal
REPRESENTACION PROCESAL
SUMARIO: 1. Concepto.- 2. Representación convencional. 2.1. Pa¬trocinio obligatorio. 2.1.1. Excepciones a la regla.- 3. Cesación de la representación convencional. 3.1. Revocación. 3.2. Renuncia. 3.3. Cesación de la personalidad. 3.4. Conclusión de la causa. 3.5. Muerte o incapacidad del poderdante. 3.6. Muerte o inhabilidad del apode¬rado.- 4. Representación legal. 4.1. Personas jurídicas.- 5. Repre¬sentación sin mandato. 5.1. Concepto. 5.2. Requisitos. 5.2.1. Ur¬gencia. 5.2.2. Caución. 5.2.3. Plazo.- 6. Unificación de la represen¬tación. 6.1. Concepto. 6.2. Requisitos. 6.2.1. Pluralidad de litigantes. 6.2.2. Interés común. 6.2.3. Compatibilidad. 6.2.4. Igualdad. 6.3. Forma. 6.4. Revocación.- 7. Personería.- 8. Abogado- 9. Requisi¬tos.- 10. Derechos. 10.1. Ejercer la profesión. 10.2. Percibir honora¬rios. 10.3. Secreto profesional.- 11. Deberes. 11.1. Guardar el prin¬cipio de moralidad. 11.2. Proseguir el proceso. 11.3. Deberes con su cliente. 11.4. Deberes con el órgano jurisdiccional. 11.5. Deberes con la parte contraria.- 12. Responsabilidad. 12.1. Responsabilidad civil. 12.2. Responsabilidad disciplinaria. 12.3. Responsabilidad pe¬nal. 12.4. Responsabilidad especial.- 13. Incompatibilidades.- 14. Inhabi1idades.- 15. Dignidad del abogado.- 16. Procurador. 16.1. Concepto. 16.2. Requisitos.
1. CONCEPTO
Representar significa actuar en nombre o por cuenta de otra persona.
El representante realiza actos en nombre de otra persona, de¬nominada representado, sobre la cual recaen los efectos jurídicos producidos por la gestión.
El C. Civil establece que podrán celebrarse por medio de repre¬sentantes los actos jurídicos producidos por la gestión.
El C. Civil establece que podrán celebrarse por medio de repre¬sentantes los actos jurídicos entre vivos (Art. 343, la p. CC).
La Constitución y los Códigos Procesal Civil y de Organiza¬ción Judicial sustentan el Principio de la libertad en materia de repre¬sentación. Siendo así, las personas capaces pueden hacerse o no re¬presentar enjuicio.
Cuando la persona física actúa por si en ejercicio de su propio derecho, el patrocinio de abogado es obligatorio para todo asunto judicial o administrativo y "ni los jueces o tribunales, ni las autorida¬des administrativas, darán curso a presentación alguna que no se ajuste a lo dispuesto en este artículo", expresa el Art. 65 de la Ley 1376 de Arancel de Abogados y Procuradores concordante con el Art. 88 del COC, que exceptúa dicho patrocinio obligatorio a "las actuaciones ante la Justicia de Paz y las del recurso de Habeas Corpus y de Amparo y otros casos establecidos por leyes especiales".
Toda persona tiene la facultad de comparecer personalmente en juicio, siempre que tenga capacidad procesal. Pero aun en esta hipótesis puede delegar esa intervención en un tercero. Si no tuviese capacidad procesal la ley impone la intervención de otra persona para integrar su capacidad. En el primer caso, tenemos la representación convencional, y en el segundo la representación legal.
2. REPRESENTACION CONVENCIONAL
La representación convencional queda configurada cunado la parte opta por hacerse representar por otra persona en el proceso, lo cual es jurídicamente posible en virtud de lo dispuesto en el C. Civil, que expresa: "Podrán celebrarse por medio de representantes los actos jurídicos entre vivos" (Art. 343, 1er p. CC).
En el proceso civil se exige que la parte que comparezca en juicio deba estar representada por procurador (mandatario) o asistida por un abogado, o cumpliendo ambos requisitos a la vez.
La representación judicial comprende dos funciones: la de representar a las partes en los actos procesales, y la de dirigir la defensa ante el tribunal. La primera la cumple el procurador; la segunda, el abogado. En la mayoría de los países europeos se debe comparecer por medio de procurador y contar además con la asistencia del abogado. En el nuestro no.
La representación convencional supone el contrato de mandato o el poder, en cuya virtud se acredita la representa¬ción que se ejerce.
El poder es una declaración unilateral de voluntad o man¬dato jurídico, otorgado a una persona para que pueda actuar en su nombre y representación, dentro de los límites estableci¬dos en él.
El representante judicial obra siempre en nombre ajeno (la parte es quien actúa en nombre propio). No obstante, por razones estrictamente de orden procesal, excepcionalmente en algunos supuestos en que ha cesado el mandato, la repre-sentación continúa un cierto tiempo, v.g.:, cuando se produce la muerte del mandante o su incapacidad. (Art. 64, inc. e) CPC).
El patrocinio letrado, que supone un conocimiento téc¬nico, se halla dado para la mejor defensa de los derechos y para tener una correcta y ordenada tramitación del proceso, lo cual redundará en beneficio de los litigantes para, de este modo, obtener un mejor servicio de la justicia. Señala REDENTI: "El procedimiento, sabido es, está fatalmente erizado de formas y de términos, de nulidades, inadmisibilidades, preclusiones, extinciones; el juez no pue¬de decidir ultra petita; el fallo absorbe lo deducido y lo de¬ducible; está el espectro de la carga de la prueba, está la di¬ficultad de reducir a términos jurídicos los hechos vulgares de la vida: la verdad y el buen derecho están siempre en pe¬ligro en ese piélago del "modus", y no cabe pensar que el juez pueda socorrer a las par¬tes sino en medida reducidísima, o remediar sus errores de táctica o de formas, ya que ello podría perturbar su impar¬cialidad y hacer que se le atribuyera responsabilidades en daño de su prestigio. De aquí la necesidad de prescribir, aun en interés mismo de la Justicia, que las partes encomienden a técnicos del Derecho".
La representación en juicio en forma exclusiva deberá ser ejercida por abogado o procurador matriculado, de acuer¬do con los Arts. 6 de la Ley 1376/88 y 87, 2° p. del COJ Este último preceptúa: "Fuera de estos casos (se refiere al supuesto de la persona física que bajo patrocinio de abogado realiza la gestión personal de sus derechos, o de sus hijos cuya representación tenga) quien quiera comparecer ante los juzgados y tribunales de la República deberá hacerse repre¬sentar por procuradores o abogados matriculados".
La representación convencional se halla regulada por las disposiciones que atañen al mandato en los Arts. 880 y sgtes. del C. Civil. El poder debe ser formalizado en escri¬tura pública, de conformidad al Art. 700, inc. f) la. p. del C. Civil, salvo que la ley autorice otra forma de instrumenta¬ción para determinados asuntos, v.g.: juicios laborales, con¬vocatorias de acreedores y quiebras, etc. N o es necesario el otorgamiento de poder cuando se trate de deducir la garantia constitucional del Habeas Corpus, de conformidad al Art. 133 de la Constitución.
2.1. Patrocinio obligatorio
De acuerdo al carácter público que ostenta el proceso, la ley procesal (Arts. 58 CPC y 87 y 88 COJ) consagra, como regla, la obligatoriedad de la defensa letrada, lo cual resulta necesario y conveniente para coadyuvar al normal y eficiente desarrollo de las actuaciones procesales.
La Ley de Arancel de Honorarios de Abogados y Pro¬curadores dispone: "Es obligatorio él patrocinio de abogado en todo asunto propio judicial o administrativo, la represen¬tación por mandato será ejercida por abogado o procurador matriculado. Ni los jueces o tribunales, ni las autoridades administrativas, darán curso a presentación alguna que no se ajuste a lo dispuesto en este artículo" (Art. 6 Ley 1376/88).
Expresa COUTURE que un buen abogado ahorra al juez la más enojosa de todas sus fatigas: la de desentrañar del fá¬rrago de cuestiones torpemente propuestas por el litigante, que no sabe cómo defenderse, aquellos puntos que son esenciales en la decisión. Por eso -continúa- el mejor abogado es, sin duda, aquél capaz de hacer de sus escritos lo que un autor llama "el proyecto de sentencia" que su parte espera.
El Código Procesal Civil establece la sanción aplicable a la falta de cumplimiento del patrocinio obligatorio requerido por la ley procesal. Dispone que sin más trámite ni recurso se devuelva y se tenga por no presentado todo escrito que se presente en juicio sin firma de letrado (Art. 59 CPC).
Su presentación en la forma apuntada, consecuentemen¬te, no producirá ningún efecto procesal, v.g.: suspensión o in¬terrupción de los plazos.
La regla se aplica cuando la parte actúa personalmente y cuando lo hace mediante mandatario no abogado.
2.1.1. Excepciones a la regla
Se establecen, sin embargo, casos de excepción a la re¬gla del patrocinio obligatorio. Ellos son:
2.1.1.1. Para la recepción de órdenes de pago, indebidamente denominados en nuestro medio "cheques judiciales".
2.1.1.2. Para solicitar declaratoria de pobreza, lo que se justifi¬ca por motivos obvios (Art. 58 CPC).
2.1.1.3. Las actuaciones ante la Justicia de Paz y las del recurso de Habeas Corpus y de Amparo y otros casos establecidos por leyes especiales (Art. 88, 2a p. COJ).
CESACION DE LA REPRESENTACION CONVENCIONAL
La representación convencional ejercida por los apode¬rados, puede terminar en los siguientes casos:
3.1. Revocación
La revocación se produce cuando por la voluntad unila¬teral del poderdante se priva de eficacia al mandato otorgado.
La revocación debe ser expresa e inequívoca y debe dar¬se en el proceso. No es aplicable a la revocación judicial la revocación tácita del mandato, prevista en el Art. 914 del C. Civil.
Producida la revocación el poderdante tiene el deber de comparecer personalmente o designar nuevo apoderado. Si así no lo hiciere, el juicio proseguirá en rebeldía, aplacándose las disposiciones de los Arts. 68 y sgtes. el CPC.
Cuando el poder es otorgado a varios apoderados en for¬ma conjunta, separada, alternativa o indistinta la presentación de uno de ellos en eljuicio no importa la revocación del poder del otro.
3.2. Renuncia
Renunciar significa abandonar o dejar voluntariamente una cosa o derecho que se tiene.
No obstante la renuncia, que debe notificarse por cédula en el domicilio real del mandante, el apoderado, bajo pena de daños y perjuicios, debe continuar los trámites del proceso hasta que hubiera vencido el plazo judicial fijado bajo apercibimien¬to para que el mandante reemplace al mandatario o comparez¬ca personalmente. Si así no lo hiciere el proceso continuará en rebeldía, de acuerdo con los Arts. 68 y sgtes. del CPC.
3.3. Cesación de la personalidad
La personalidad procesal es la capacidad civil de la parte para estar en juicio. La personalidad puede estar referida a las personas físicas o a las jurídicas.
De la ley sustancial resulta quiénes tienen y quiénes ca¬recen de la cualidad necesaria para poder actuar en un proce¬so.
3.4. Conclusión de la causa
La causa -sinónimo de proceso, juicio, pleito, litis con¬cluye normalmente con el dictado de la sentencia. También puede terminar por otros modos distintos: allanamiento, desistimiento, caducidad de la instancia, etc .. la norma se refiere al poder otorgado para actuar en un de terminado juicio.
3.5. Muerte o incapacidad del poderdante
La muerte o incapacidad sobreviniente del poderdante pro¬duce la suspensión del proceso; la que debe estar comproba¬da en autos.
La norma establece el deber a cargo del mandatario de haber saber al juez o tribunal de la causa el hecho producido dentro del plazo de diez días de haber tenido conocimiento del mismo. Del mismo modo, debe denunciar -si conoce- el nom¬bre y el domicilio de los herederos o del representante legal del fallecido o incapacitado.
La omisión de los deberes enunciados precedentemente hará perder el derecho de cobrar los honorarios que se devengaren con posterioridad.
3.6. Muerte o inhabilidad del apoderado
La muerte o inhabilidad del apoderado es otro de los casos de suspensión del proceso. La cesación del mandato se produce "ipso facto" en razón de haber perdido capacidad pro¬cesada persona con quien debe entenderse la sustanciación de la causa.
La suspensión de los plazos se produce desde el momen¬to en que acaeció la muerte o inhabilidad. En tales casos, se suspenderá la tramitación del juicio y el juez fijará al mandan te un plazo para que comparezca por sí o por nuevo apoderado. Si así no lo hiciera, se seguirá el juicio en rebeldía.
4. REPRESENTACION LEGAL
La representación legal se produce cuando existen per¬sonas físicas procesalmente incapaces por estar sometidas a una incapacidad de hecho.
Estas personas deben actuar en juicio a través de los representantes necesarios que la ley les otorga: padres, tutores o curadores. Se encuentran, a su vez, promiscuamente repre¬sentados por los funcionarios del Ministerio Público Pupilar: agentes fiscales de Menores y la Dirección General de Protec¬ción de Menores, de acuerdo con el Código del Menor (Ley 903, Arts. 223, 225 y 318, inc. b). Estos pueden, a su vez, designar representantes conven¬cionales.
4.1. Personas jurídicas
Las personas jurídicas y otras entidades colectivas, aun¬que tienen capacidad procesal, necesariamente deben ser re¬presentadas cuando deban actuar enjuicio (Art. 87, 2a. p. COI) por procuradores o abogados matriculados, los que deben hallares debidamente apoderados por los órganos de gestión ins¬tituidos en sus leyes o estatutos. El Código Procesal Civil dis¬pone: Las personas jurídicas sólo podrán intervenir mediante mandatario profesional matriculado (Art. 46, 23 p. CPC).
5. REPRESENTACION SIN MANDATO
5.1. Concepto
La representación sin mandato se produce cuando una persona, denominada gestor ("falsus procurator" o gestor ofi¬cioso), sin tener mandato o siendo éste insuficiente, interviene en un proceso o realiza actos procesales en representación de otro.
La institución tiene su antecedente en el Derecho romano en donde se la conocía con el nombre de "cautio de rato et grato" (de aprobación y agradecimiento). De allí pasó a la an¬tigua legislación española de las Partidas y actualmente es ad¬mitida en nuestro Derecho procesal, si bien ya antes la Consti¬tución de 1963 la había recepcionado en los Arts. 77 y 78 para los casos de Habeas Corpus y Amparo, lo cual se mantie¬ne en la actual Constitución en los Arts. 133 y 134.
La representación sin mandato puede darse en cualquier clase de proceso y es aplicable a cualquier tipo de representa¬ción sea ella voluntaria o necesaria. Rige tanto para la inicia¬ción del proceso como para cualquier otro acto procesal en un proceso en marcha.
5.2. Requisitos
Los requisitos necesarios para que se produzca son:
5.2.1. Urgencia: Sólo puede ser admitida la representación
Sin mandato en los casos urgentes. La urgencia debe tener carácter objetivo. Debe surgir manifiesta sin que sea necesario producir prueba al respecto. La interpretación, por tratarse de una norma de excepción, debe ser restrictiva.
5.2.2. Caución: Es requisito inexcusable el ofrecimiento de una garantía o caución suficiente, la cual será calificada por el juez quien, a su vez, fijará el plazo dentro del cual deberá efectivizarse.
5.2.3. Plazo: En nuestro Código se establece un plazo, de trein¬ta días, para la presentación de los documentos que acrediten la personalidad y la ratificación de la gestión realizada.
6. UNIFICACION DE LA REPRESENTACION
6. l. Concepto
La unificación de la representación se produce cuando varios actores o varios demandados vinculados por un interés común, designan un apoderado único para que éste asuma la representación de todos los que se encuentren en igual posición procesal.
El fundamento del instituto procesal radica en obtener ce¬leridad, economía y unidad de dirección en el proceso a fin de evitar la profusión de trámites y el desorden y confusión proce¬sal.
En cualquier momento del juicio, después de contestada la demanda, el juez, de oficio o a petición de parte, instará u la unificación de la representación.
Producida la unificación de la representación, el repre¬sentante común tendrá respecto de sus mandantes todas las fa¬cultades y obligaciones inherentes al mandato (Arts. 61 y 62 CPC).
6.2. Requisitos
6.2.1. Pluralidad de litigantes: Se requiere que en el proceso existan varios litigantes.
6.2.2. Interés común: Es una condición esencial que debe exis¬tir para que sea admisible. Consiguientemente, no corresponde la unificación de la representación de los litigante s por el solo hecho de encontrarse en una misma posición procesal (com¬partes), sino que es necesario haber deducido pretensiones o defensas comunes (litisconsortes).
6.2.3. Compatibilidad: Debe haber compatibilidad entre quie¬nes invocan el interés común, vale decir, armonía. En caso con¬trario, el juez, debe tener el arbitrio de denegar la unificación.
6.2.4. Igualdad: Deben ser iguales el derecho invocado o el fun¬damento de la demanda o las defensas opuestas.
La unificación se dejará sin efecto, cuando desaparecieren los requisitos en que ella se fundó (Art. 66, 2° p. CPC).
6.3. Forma
A los efectos de la unificación de la representación el juez fijará una audiencia dentro de los diez días, a la que convocará a las partes.
Si los interesados no concurrieren, la inasistencia se ten¬drá como negativa a la unificación, continuándose la tramita¬ción de la causa como se venía haciendo.
Si en la audiencia no existe unanimidad, el juez podrá disponer la unificación sólo en relación a las partes que hayan manifestado su conformidad.
No es necesario el otorgamiento de nuevo poder por cuan¬to la representación emana directamente de un precepto legal.
6.4. Revocación
Efectuado el nombramiento común, podrá revocárselo por acuerdo de las mismas partes o por el juez, a petición de alguna de ellas, siempre que en este último caso hubiere motivo que lo justificare. La revocación no producirá efectos mientras no tome intervención el nuevo mandatario (Art. 66 10 p. CPC).
7. PERSONERIA
En materia procesal se denomina personería (voz deriva¬da de "personero" que significa representante) al derecho que tiene una persona de realizar, en nombre propio o en nombre de un tercero, actos procesales válidos en un proceso.
Cuando una persona se presenta en un juicio por un derecho ajeno, sea que ejerza una representación legal o con vocacional, debe acompañar con su primer escrito lo documento que acrediten el carácter que invoca, a los efectos de intervenir en representación de la parte en el proceso.
La presentación inicial de los documentos puede ser su¬plida con la mención del lugar en el que se encuentren y el pe¬dido de que se recaben copias autenticadas, que deberán ser adjuntadas al proceso.
8. ABOGADO
El abogado es el profesional del derecho que se halla ha¬bilitado para dar consejo y asesoramiento en materia jurídica, así como el patrocinio en los procesos judiciales y procedimien¬tos administrativos.
El patrocinio consiste en la dirección, asistencia y aseso¬ramiento en juicio a las personas que realiza el abogado. En Roma, el "pater familias" acompañaba al foro a las personas que se hallaban bajo su potestad, con el objeto de asistirlas y representarlas.
La voz abogado proviene del latín "advocatus" que signi¬fica el que asiste a un litigante con su consejo o su presencia.
Además de la labor de patrocinio o asistencia en juicio, cada vez es más generalizada la función preventiva y de aseso¬ramiento general que cumple el abogado en la sociedad, en relación a las personas físicas y jurídicas, como así también a otros colegas mediante la consulta profesional.
El abogado tiene como tarea aconsejar, asesorar, orientar, asistir técnicamente a su cliente así como también acompañar y brindar apoyo en el plano humano.
La abogacía siempre ha sido considerada una profesión liberal, aunque participe de una función pública dentro del pro¬ceso. Por esta última razón se la reglamenta y es, de alguna manera, controlada por el Estado, en especial por el Poder Ju¬dicial o a través de corporaciones (Ordenes o Colegios de Abo¬gados que persiguen ese fin.)
El sistema de colegiación obligatoria ha tomado empuje últimamente en Latinoamérica, y es así que en diversos congre¬sos de la especialidad han recomendado su implantación. Es¬pecialmente con el fin de realizar un control del cumplimiento de los deberes, cargas y responsabilidades de la profesión de abogado. Incluso la autorización para ejercer la profesión es otorgada por el Colegio u Orden, como así también el retiro de dicha autorización cuando hubiese causa para ello.
Sin embargo, la colegiación obligatoria como requisito para ejercer la abogacía y para aplicar sanciones, ha sido resis¬tida por no pocos abogados, quienes invocan como fundamen¬to la más amplia libertad de asociación, inspirados en la Decla-ración Universal de Derechos Humanos, que estatuye que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación (Art. 20).
En Paraguay, el ejercicio de la profesión es libre, obteni¬do el título y prestado juramento ante la Corte Suprema de Jus¬ticia.
9. REQUISITOS
Para ejercer la profesión de abogado se deben reunir, de ordinario, las siguientes condiciones:
9.1. Capacidad civil
Ser mayor de edad y no hallarse incapacitado de acuerdo con las leyes sustantivas.
9.2. Moralidad
Se refiere a la conducta ética del individuo, a su buena re¬putación .y honorabilidad.
9.3. Título
Es el título profesional expedido por una Universidad, de acuerdo con las exigencias legales.
9.4. Matrícula
La inscripción en la matrícula administrativa, a cargo de la Corte Suprema de Justicia.
9.5. Juramento
Que debe prestarse ante el presidente o un ministro de la Corte Suprema de Justicia.
Como he señalado precedentemente, en nuestro país no se exige la colegiación obligatoria como requisito para el ejerci¬cio de la profesión.
10. DERECHOS
Tanto el abogado como el procurador tienen los siguientes dere¬chos:
10.1. Ejercer la profesión
El primer derecho del abogado es el de ejercer su profe¬sión, para lo cual estudió y se preparó; lo que constituye una manifestación del derecho constitucional al trabajo.
10.2. Percibir honorarios
El derecho a percibir honorarios es el resultado del ejercicio de una profesión universitaria. Debe serlo conforme a las reglas de la prestación de servicios. El honorario es la justa re¬tribución por su trabajo, el cual se presume oneroso.
10.3. Secreto profesional
El secreto profesional es un derecho, pero por sobre todo constituye un deber del abogado; por ello me referiré a él en el apartado siguiente.
11. DEBERES
El abogado, también el procurador, tiene deberes de or¬den general, que son:
11.1. Guardar el Principio de moralidad
Se halla constituido por la exigencia de observar una de¬terminada conducta, en virtud de la cual el apoderado debe ac¬tuar en juicio de buena fe y no abusar del derecho; vale decir. tiene el deber de cumplir, en el ejercicio de su función, con el Principio de moralidad, el cual está compuesto por los de leal¬tad, probidad y veracidad.
11.2. Proseguir el proceso
El abogado tiene el deber de seguir la tramitación del pro¬ceso mientras subsista su personería. Se refiere, también, al cumplimiento de las cargas procesales como imperativo del pro¬pio interés, v.g.: interponer los recursos pertinentes contra las resoluciones que les sean desfavorables; presentar escritos con su firma; oponer excepciones cuando correspondan y sus con¬testaciones; presentar alegatos; expresar agravios; redactar los pliegos de posiciones e interrogatorios y, en general, cumplir en los plazos y con los requisitos legales los actos procesales a su cargo.
11.3. Deberes con su cliente
Debe orientar y asistir a su cliente, de acuerdo con la técni¬ca jurídica que aconseje la naturaleza de la cuestión. Debe po¬ner toda su capacidad y diligencia en la defensa de los intereses de su representado.
La obligación del abogado con su cliente es de medio.
Consiste en poner toda su ciencia y diligencia en la defensa del derecho de éste. El abogado que asume la dirección de un jui¬cio no compromete una obligación de resultado. No garantiza el resultado del pleito.
El abogado responderá a su mandante por el mal ejerci¬cio de sus funciones profesionales, de acuerdo con los térmi¬nos del Art. 96 del COJ, que dice: "Los abogados y procurado¬res responderán a sus mandantes de los perjuicios que les causaren, por falta, descuido, negligencia o infidelidad en el desempeño de su mandato".
El abogado debe, también, guardar el secreto profesio¬nal, que es consecuencia del deber inherente a la función que ejercen ciertas personas a quienes se impone la omisión de ha¬cer saber a otras las circunstancias relativas a las cuestiones en que intervienen y que por su naturaleza no deben ser difundi¬das. Dice GONZALEZ: "Estos sujetos por el cargo que invisten y las funciones que desempeñan son depositarios forzados de los secretos de los ciudadanos. El abuso de esta confianza por la revelación de los secretos en ellos depositados, es un grave atentado a la personalidad moral del ciudadano y una negra trai¬ción a la sociedad y a sus deberes, que la ley no puede menos que castigar severamente".
La revelación del secreto debe ser sin motivo legítimo, es decir, sin justa causa.
El Código Penal sanciona al que revelare un secreto aje¬no llegado a su conocimiento en su actuación como médico, dentista o farmacéutico; abogado, notario o escribano público, defensor en causas penales, auditor o asesor de Hacienda; o ayu¬dante profesional de los mencionados o personas formándose con ellos en la profesión. También al que viola el secreto de carácter industrial o empresarial.
Como secreto se entenderá - dice el Código Penal - cual¬quier hecho, dato o conocimiento de acceso restringido cuya divulgación a terceros lesionaría, por sus consecuencias noci¬vas, intereses legítimos del interesado, o respecto de los cuales por ley o en base a una ley debe guardar silencio (Art. 147 CP).
11.4. Deberes con el órgano jurisdiccional
El abogado debe observar una conducta coherente con el buen orden del proceso y la autoridad, la dignidad y el decoro debidos al órgano judicial.
11.5. Deberes con la parte contraria
El abogado debe actuar siempre con buena fe, lealtad y probidad y evitar el ejercicio abusivo de los derechos.
12. RESPONSABILIDAD
El abogado puede incurrir en reponsabilidad civil, disci¬plinaria y penal.
12.1. Responsabilidad civil
La responsabilidad civil del abogado resulta, respecto de su cliente, de la existencia de un contrato del cual emanan sus obligaciones y la consiguiente responsabilidad regida por los principios comunes.
El abogado compromete su responsabilidad cuando la pér¬dida del juicio ha obedecido a una actuación negligente o a error inexcusable. De acuerdo con la doctrina el "error inexcusable" se produce por la ignorancia grosera de la ley o el desconoci¬miento manifiesto de una jurisprudencia reiterada y constante.
La responsabilidad frente a la otra parte deriva de su ac¬tuación en el juicio (mala fe, abuso del derecho). En relación a los daños que su actuación pueda producir a terceros la respon¬sabilidad del abogado o procurador tiene carácter extracontractual.
Como señalé precedentemente, el Código Procesal Civil, persiguiendo el loable fin de moralizar la profesión de aboga¬do, establece la responsabilidad conjunta con su representado o patrocinado por las consecuencias de la declaración de la mala fe o el ejercicio abusivo del derecho.
Los abogados deben ser los primeros colaboradores del juez en el juzgamiento de los juicios, para que el proceso pueda efectivamente servir a la tutela de los derechos con el dictado de una sentencia justa. Siendo así, no resultaría admisible la alegación por parte del abogado del desconocimiento de la fal¬sedad o inexistencia de los hechos decisivos para la resolución de la causa.
Todo esto sin detrimento de la misión institucional de1 abogado que es la de defender. Para ello podrá utilizar los atri¬butos de su habilidad y talento, debiendo contar con amplias oportunidades para cumplir su función. Esta es la razón por la que en caso de duda el juez debe optar por abstenerse de aplicar sanciones.
En esta línea de moralización del ejercicio profesional del derecho se inscribe la Ley de Arancel de Honorarios de Aboga¬dos y Procuradores, cuando prescribe: "No procederá la regu¬lación de honorarios en favor del profesional apoderado o patrocinante de la parte que hubiera incurrido en plus petitio manifiesta, declarada en la sentencia. Tampoco procederá la regulación cuando por resolución fundada, el juez o tribunal califique de negligente la conducta observada por el profe¬sional, lo reputase litigante de mala fe o que hubiese ejercita¬do abusivamente los derechos. A los efectos de la regula¬ción no serán considerados los escritos o trabajos notoria¬mente inoficiosos" (Art. 31 Ley 1376/88).
El abogado debe significar con su actuación que es una garantía para el debido ejercicio y cumplimiento de los dere¬chos y no un mero instrumento para lesionar los legítimos de¬rechos de las personas.
La obligación que resulta de la admisión de la mala fe o del ejercicio abusivo del derecho es solidaria, de acuerdo con el Art. 1841 del C. Civil. En consecuencia, los profesio¬nales que han intervenido en el juicio - como apoderados o patrocinantes - responden solidariamente con sus representa¬dos por su pago.
Para que los profesionales puedan quedar eximidos de la obligación son necesarias dos condiciones: a) que no le sea atribuible el motivo que sirvió de fundamen¬to a la imputación, v.g.: el abogado actuó en base a datos o documentos suministrados por su cliente que no resultaron verdaderos o auténticos; y b) que exista declaración judicial expresa que, en atención a lo anterior, así lo establezca.
El que pagó la totalidad tendrá acción de repetición con¬tra los otros responsables, siendo entre éstos la obligación sim¬plemente mancomunada (Arts. 495 y sgtes. del C. Civil).
12.2. Responsabilidad disciplinaria
Esta responsabilidad resulta del deber de colaboración del abogado con la Justicia, sancionándosela en los casos en que falta a dicho deber (Arts. 17 CPC y 236 COJ).
12.3. Responsabilidad penal
La responsabilidad penal surge de la comisión de delitos calificados como tales por el Código Penal, y en especial de algunos de ellos derivados del ejercicio profesional (vio¬lación del secreto profesional, etc.).
12.4. Responsabilidad especial
Una peculiar responsabilidad del abogado en nuestro país se halla establecida en el recurso de queja por retardo de justicia, en el que el Código Procesal Civil elaboró un Sistema, infortunado e inconstitucional, basado en sanciones (multas y suspensiones) aplicables al abogado que, paradójicamente, padece la morosidad judicial. Ello en lugar de sancionarse al único responsable (el juez) imponiéndole a él, y no al ah01t"¬do, las sanciones (multas) por incumplimiento de sus deberes.
13. INCOMPATIBILIDADES
La incompatibilidad es la imposibilidad legal, basada en una prohibición, de desempeñar dos funciones o de hacer dos cosas a un mismo tiempo.
El Código de Organización Judicial establece: "El ejer¬cicio de la profesión de abogado o procurador es incompati¬ble con la calidad de funcionario público dependiente del Poder Ejecutivo o Judicial, o miembro de las Fuerzas Arma¬das y Policiales en servicio activo.
Esta prohibición no rige:
a) Cuando se trate de asuntos propios o de sus padres, espo¬sas, hijos menores de edad, o personas bajo su tutela o curatela; para el ejercicio de la docencia; y para los asesores jurídicos del Poder Ejecutivo y de entida¬des autónomas o autárquicas, y para los abogados incorpora¬dos al servicio de la Justicia militar.
No podrán matricularse como abogados quienes ejercer la profesión de notario y escribano público" (Art. 97 COJ).
"Las incompatibilidades previstas en el Código de Orga¬nización Judicial, que afecten a los abogados y procuradores, podrán ser denunciadas al magistrado de la causa por las par¬tes, quien después de oír al afectado elevará la denuncia a la Corte Suprema de Justicia a los efectos que hubiere lugar" (Art. 98 COJ).
14. INHABILIDADES
Las inhabilidades son las circunstancias que impiden que un persona ejerza un derecho, cargo, oficio, profesión o empleo.
No pueden ejercer la profesión, los abogados y procuradores: 14.1. Que se hallen suspendidos en su ejercicio, por resolu¬ción de carácter disciplinario.
14.2. Que no se hubiesen matriculado o su matrícula se ha¬llase en suspenso por causal de incompatibilidad y hasta tanto subsista la causal.
14.3. Cuya matricula hubiese sido casada o anulada, en virtud de lo dispuesto en el Art. 94, 1ap. C.O.J.
14.4. Que hubiesen sido condenados por sentencia judicial firme, recaída en proceso penal, que importe inhabilitación para el ejercicio de la profesión.
15. DIGNIDAD DEL ABOGADO
El Código Procesal Civil dispone que el abogado en el ejercicio de su profesión debe exigir y se le debe guardar la misma consideración debida al órgano judicial (Art. 67 CPC).
La disposición procesal mencionada no debe entenderse con un alcance meramente protocolar.
Conviene, no obstante, destacar que la dignidad y el res¬peto no provienen del ejercicio del cargo o función. Sólo se accede por el estudio, el trabajo y la recta conducta.
La función del abogado es una de las más nobles que existe. A él se le encarga defender ante los tribunales la vida, la libertad, el honor y el patrimonio de las personas.
La utilidad e importancia de su función en la sociedad están fuera de toda duda, dada la naturaleza y complejidad de las cuestiones jurídicas y la versación especial que su aten¬ción requiere.
No obstante, en la realidad, la norma, hasta hoy, ha te¬nido poca repercusión. La culpa también la tenemos los pro¬pios abogados, pues todo finalmente viene a ser una cuestión de educación, en los unos y en los otros, para que por este medio, se otorguen al abogado el trato, la consideración y el respeto que se merece en su actuación profesional.
Las denuncias acerca de la violación de lo prevenido en la norma protectora de la dignidad profesional por las partes, los funcionarios judiciales o los terceros involucrados en el proceso o actuación en que se produzca, deben ser diri¬gidas al juez o tribunal de la causa o a la Corte Suprema de
.Justicia, en su caso, para que el órgano judicial, en uso de su potestad disciplinaria, disponga las medidas o aplique las sanciones que pudieran corresponder.
16. PROCURADOR
16.1. Concepto
Se denomina procurador a la persona que mediante po¬der actúa en nombre y representación de otra.
Antiguamente se lo llamaba "personero", porque se presentaba en juicio en lugar de su mandante.
En el plano teórico la función del abogado consistiría en pres¬tar asistencia técnica, en planificar y organizar la defensa del dere¬cho de la parte, mientras que el procurador sería el que representa a la parte en el juicio. Sin embargo, en la realidad, habitual y general¬mente, las funciones de ambos la realiza el abogado.
16.2. Requisitos
El Código de Organización Judicial establece los re¬quisitos para ejercer la procuración judicial: "Para ejercer la procuración judicial se requiere título de procurador judicial o notario expedido por una universidad nacional o extranje¬ra, debidamente revalidado, o haber estado matriculado con anterioridad a este Código o haber desempeñado con buena conducta el cargo de secretario de juzgado de primera instancia o de un tribunal, cuando menos por dos años" (Art. 100 COJ).
Además los procuradores deben inscribirse en la matricula y prestar juramento ante la Corte Suprema de Justi¬cia.
A los procuradores judiciales les son aplicables, en gene¬ral, las disposiciones establecidas para los abogados.
SUMARIO: 1. Concepto.- 2. Representación convencional. 2.1. Pa¬trocinio obligatorio. 2.1.1. Excepciones a la regla.- 3. Cesación de la representación convencional. 3.1. Revocación. 3.2. Renuncia. 3.3. Cesación de la personalidad. 3.4. Conclusión de la causa. 3.5. Muerte o incapacidad del poderdante. 3.6. Muerte o inhabilidad del apode¬rado.- 4. Representación legal. 4.1. Personas jurídicas.- 5. Repre¬sentación sin mandato. 5.1. Concepto. 5.2. Requisitos. 5.2.1. Ur¬gencia. 5.2.2. Caución. 5.2.3. Plazo.- 6. Unificación de la represen¬tación. 6.1. Concepto. 6.2. Requisitos. 6.2.1. Pluralidad de litigantes. 6.2.2. Interés común. 6.2.3. Compatibilidad. 6.2.4. Igualdad. 6.3. Forma. 6.4. Revocación.- 7. Personería.- 8. Abogado- 9. Requisi¬tos.- 10. Derechos. 10.1. Ejercer la profesión. 10.2. Percibir honora¬rios. 10.3. Secreto profesional.- 11. Deberes. 11.1. Guardar el prin¬cipio de moralidad. 11.2. Proseguir el proceso. 11.3. Deberes con su cliente. 11.4. Deberes con el órgano jurisdiccional. 11.5. Deberes con la parte contraria.- 12. Responsabilidad. 12.1. Responsabilidad civil. 12.2. Responsabilidad disciplinaria. 12.3. Responsabilidad pe¬nal. 12.4. Responsabilidad especial.- 13. Incompatibilidades.- 14. Inhabi1idades.- 15. Dignidad del abogado.- 16. Procurador. 16.1. Concepto. 16.2. Requisitos.
1. CONCEPTO
Representar significa actuar en nombre o por cuenta de otra persona.
El representante realiza actos en nombre de otra persona, de¬nominada representado, sobre la cual recaen los efectos jurídicos producidos por la gestión.
El C. Civil establece que podrán celebrarse por medio de repre¬sentantes los actos jurídicos producidos por la gestión.
El C. Civil establece que podrán celebrarse por medio de repre¬sentantes los actos jurídicos entre vivos (Art. 343, la p. CC).
La Constitución y los Códigos Procesal Civil y de Organiza¬ción Judicial sustentan el Principio de la libertad en materia de repre¬sentación. Siendo así, las personas capaces pueden hacerse o no re¬presentar enjuicio.
Cuando la persona física actúa por si en ejercicio de su propio derecho, el patrocinio de abogado es obligatorio para todo asunto judicial o administrativo y "ni los jueces o tribunales, ni las autorida¬des administrativas, darán curso a presentación alguna que no se ajuste a lo dispuesto en este artículo", expresa el Art. 65 de la Ley 1376 de Arancel de Abogados y Procuradores concordante con el Art. 88 del COC, que exceptúa dicho patrocinio obligatorio a "las actuaciones ante la Justicia de Paz y las del recurso de Habeas Corpus y de Amparo y otros casos establecidos por leyes especiales".
Toda persona tiene la facultad de comparecer personalmente en juicio, siempre que tenga capacidad procesal. Pero aun en esta hipótesis puede delegar esa intervención en un tercero. Si no tuviese capacidad procesal la ley impone la intervención de otra persona para integrar su capacidad. En el primer caso, tenemos la representación convencional, y en el segundo la representación legal.
2. REPRESENTACION CONVENCIONAL
La representación convencional queda configurada cunado la parte opta por hacerse representar por otra persona en el proceso, lo cual es jurídicamente posible en virtud de lo dispuesto en el C. Civil, que expresa: "Podrán celebrarse por medio de representantes los actos jurídicos entre vivos" (Art. 343, 1er p. CC).
En el proceso civil se exige que la parte que comparezca en juicio deba estar representada por procurador (mandatario) o asistida por un abogado, o cumpliendo ambos requisitos a la vez.
La representación judicial comprende dos funciones: la de representar a las partes en los actos procesales, y la de dirigir la defensa ante el tribunal. La primera la cumple el procurador; la segunda, el abogado. En la mayoría de los países europeos se debe comparecer por medio de procurador y contar además con la asistencia del abogado. En el nuestro no.
La representación convencional supone el contrato de mandato o el poder, en cuya virtud se acredita la representa¬ción que se ejerce.
El poder es una declaración unilateral de voluntad o man¬dato jurídico, otorgado a una persona para que pueda actuar en su nombre y representación, dentro de los límites estableci¬dos en él.
El representante judicial obra siempre en nombre ajeno (la parte es quien actúa en nombre propio). No obstante, por razones estrictamente de orden procesal, excepcionalmente en algunos supuestos en que ha cesado el mandato, la repre-sentación continúa un cierto tiempo, v.g.:, cuando se produce la muerte del mandante o su incapacidad. (Art. 64, inc. e) CPC).
El patrocinio letrado, que supone un conocimiento téc¬nico, se halla dado para la mejor defensa de los derechos y para tener una correcta y ordenada tramitación del proceso, lo cual redundará en beneficio de los litigantes para, de este modo, obtener un mejor servicio de la justicia. Señala REDENTI: "El procedimiento, sabido es, está fatalmente erizado de formas y de términos, de nulidades, inadmisibilidades, preclusiones, extinciones; el juez no pue¬de decidir ultra petita; el fallo absorbe lo deducido y lo de¬ducible; está el espectro de la carga de la prueba, está la di¬ficultad de reducir a términos jurídicos los hechos vulgares de la vida: la verdad y el buen derecho están siempre en pe¬ligro en ese piélago del "modus", y no cabe pensar que el juez pueda socorrer a las par¬tes sino en medida reducidísima, o remediar sus errores de táctica o de formas, ya que ello podría perturbar su impar¬cialidad y hacer que se le atribuyera responsabilidades en daño de su prestigio. De aquí la necesidad de prescribir, aun en interés mismo de la Justicia, que las partes encomienden a técnicos del Derecho".
La representación en juicio en forma exclusiva deberá ser ejercida por abogado o procurador matriculado, de acuer¬do con los Arts. 6 de la Ley 1376/88 y 87, 2° p. del COJ Este último preceptúa: "Fuera de estos casos (se refiere al supuesto de la persona física que bajo patrocinio de abogado realiza la gestión personal de sus derechos, o de sus hijos cuya representación tenga) quien quiera comparecer ante los juzgados y tribunales de la República deberá hacerse repre¬sentar por procuradores o abogados matriculados".
La representación convencional se halla regulada por las disposiciones que atañen al mandato en los Arts. 880 y sgtes. del C. Civil. El poder debe ser formalizado en escri¬tura pública, de conformidad al Art. 700, inc. f) la. p. del C. Civil, salvo que la ley autorice otra forma de instrumenta¬ción para determinados asuntos, v.g.: juicios laborales, con¬vocatorias de acreedores y quiebras, etc. N o es necesario el otorgamiento de poder cuando se trate de deducir la garantia constitucional del Habeas Corpus, de conformidad al Art. 133 de la Constitución.
2.1. Patrocinio obligatorio
De acuerdo al carácter público que ostenta el proceso, la ley procesal (Arts. 58 CPC y 87 y 88 COJ) consagra, como regla, la obligatoriedad de la defensa letrada, lo cual resulta necesario y conveniente para coadyuvar al normal y eficiente desarrollo de las actuaciones procesales.
La Ley de Arancel de Honorarios de Abogados y Pro¬curadores dispone: "Es obligatorio él patrocinio de abogado en todo asunto propio judicial o administrativo, la represen¬tación por mandato será ejercida por abogado o procurador matriculado. Ni los jueces o tribunales, ni las autoridades administrativas, darán curso a presentación alguna que no se ajuste a lo dispuesto en este artículo" (Art. 6 Ley 1376/88).
Expresa COUTURE que un buen abogado ahorra al juez la más enojosa de todas sus fatigas: la de desentrañar del fá¬rrago de cuestiones torpemente propuestas por el litigante, que no sabe cómo defenderse, aquellos puntos que son esenciales en la decisión. Por eso -continúa- el mejor abogado es, sin duda, aquél capaz de hacer de sus escritos lo que un autor llama "el proyecto de sentencia" que su parte espera.
El Código Procesal Civil establece la sanción aplicable a la falta de cumplimiento del patrocinio obligatorio requerido por la ley procesal. Dispone que sin más trámite ni recurso se devuelva y se tenga por no presentado todo escrito que se presente en juicio sin firma de letrado (Art. 59 CPC).
Su presentación en la forma apuntada, consecuentemen¬te, no producirá ningún efecto procesal, v.g.: suspensión o in¬terrupción de los plazos.
La regla se aplica cuando la parte actúa personalmente y cuando lo hace mediante mandatario no abogado.
2.1.1. Excepciones a la regla
Se establecen, sin embargo, casos de excepción a la re¬gla del patrocinio obligatorio. Ellos son:
2.1.1.1. Para la recepción de órdenes de pago, indebidamente denominados en nuestro medio "cheques judiciales".
2.1.1.2. Para solicitar declaratoria de pobreza, lo que se justifi¬ca por motivos obvios (Art. 58 CPC).
2.1.1.3. Las actuaciones ante la Justicia de Paz y las del recurso de Habeas Corpus y de Amparo y otros casos establecidos por leyes especiales (Art. 88, 2a p. COJ).
CESACION DE LA REPRESENTACION CONVENCIONAL
La representación convencional ejercida por los apode¬rados, puede terminar en los siguientes casos:
3.1. Revocación
La revocación se produce cuando por la voluntad unila¬teral del poderdante se priva de eficacia al mandato otorgado.
La revocación debe ser expresa e inequívoca y debe dar¬se en el proceso. No es aplicable a la revocación judicial la revocación tácita del mandato, prevista en el Art. 914 del C. Civil.
Producida la revocación el poderdante tiene el deber de comparecer personalmente o designar nuevo apoderado. Si así no lo hiciere, el juicio proseguirá en rebeldía, aplacándose las disposiciones de los Arts. 68 y sgtes. el CPC.
Cuando el poder es otorgado a varios apoderados en for¬ma conjunta, separada, alternativa o indistinta la presentación de uno de ellos en eljuicio no importa la revocación del poder del otro.
3.2. Renuncia
Renunciar significa abandonar o dejar voluntariamente una cosa o derecho que se tiene.
No obstante la renuncia, que debe notificarse por cédula en el domicilio real del mandante, el apoderado, bajo pena de daños y perjuicios, debe continuar los trámites del proceso hasta que hubiera vencido el plazo judicial fijado bajo apercibimien¬to para que el mandante reemplace al mandatario o comparez¬ca personalmente. Si así no lo hiciere el proceso continuará en rebeldía, de acuerdo con los Arts. 68 y sgtes. del CPC.
3.3. Cesación de la personalidad
La personalidad procesal es la capacidad civil de la parte para estar en juicio. La personalidad puede estar referida a las personas físicas o a las jurídicas.
De la ley sustancial resulta quiénes tienen y quiénes ca¬recen de la cualidad necesaria para poder actuar en un proce¬so.
3.4. Conclusión de la causa
La causa -sinónimo de proceso, juicio, pleito, litis con¬cluye normalmente con el dictado de la sentencia. También puede terminar por otros modos distintos: allanamiento, desistimiento, caducidad de la instancia, etc .. la norma se refiere al poder otorgado para actuar en un de terminado juicio.
3.5. Muerte o incapacidad del poderdante
La muerte o incapacidad sobreviniente del poderdante pro¬duce la suspensión del proceso; la que debe estar comproba¬da en autos.
La norma establece el deber a cargo del mandatario de haber saber al juez o tribunal de la causa el hecho producido dentro del plazo de diez días de haber tenido conocimiento del mismo. Del mismo modo, debe denunciar -si conoce- el nom¬bre y el domicilio de los herederos o del representante legal del fallecido o incapacitado.
La omisión de los deberes enunciados precedentemente hará perder el derecho de cobrar los honorarios que se devengaren con posterioridad.
3.6. Muerte o inhabilidad del apoderado
La muerte o inhabilidad del apoderado es otro de los casos de suspensión del proceso. La cesación del mandato se produce "ipso facto" en razón de haber perdido capacidad pro¬cesada persona con quien debe entenderse la sustanciación de la causa.
La suspensión de los plazos se produce desde el momen¬to en que acaeció la muerte o inhabilidad. En tales casos, se suspenderá la tramitación del juicio y el juez fijará al mandan te un plazo para que comparezca por sí o por nuevo apoderado. Si así no lo hiciera, se seguirá el juicio en rebeldía.
4. REPRESENTACION LEGAL
La representación legal se produce cuando existen per¬sonas físicas procesalmente incapaces por estar sometidas a una incapacidad de hecho.
Estas personas deben actuar en juicio a través de los representantes necesarios que la ley les otorga: padres, tutores o curadores. Se encuentran, a su vez, promiscuamente repre¬sentados por los funcionarios del Ministerio Público Pupilar: agentes fiscales de Menores y la Dirección General de Protec¬ción de Menores, de acuerdo con el Código del Menor (Ley 903, Arts. 223, 225 y 318, inc. b). Estos pueden, a su vez, designar representantes conven¬cionales.
4.1. Personas jurídicas
Las personas jurídicas y otras entidades colectivas, aun¬que tienen capacidad procesal, necesariamente deben ser re¬presentadas cuando deban actuar enjuicio (Art. 87, 2a. p. COI) por procuradores o abogados matriculados, los que deben hallares debidamente apoderados por los órganos de gestión ins¬tituidos en sus leyes o estatutos. El Código Procesal Civil dis¬pone: Las personas jurídicas sólo podrán intervenir mediante mandatario profesional matriculado (Art. 46, 23 p. CPC).
5. REPRESENTACION SIN MANDATO
5.1. Concepto
La representación sin mandato se produce cuando una persona, denominada gestor ("falsus procurator" o gestor ofi¬cioso), sin tener mandato o siendo éste insuficiente, interviene en un proceso o realiza actos procesales en representación de otro.
La institución tiene su antecedente en el Derecho romano en donde se la conocía con el nombre de "cautio de rato et grato" (de aprobación y agradecimiento). De allí pasó a la an¬tigua legislación española de las Partidas y actualmente es ad¬mitida en nuestro Derecho procesal, si bien ya antes la Consti¬tución de 1963 la había recepcionado en los Arts. 77 y 78 para los casos de Habeas Corpus y Amparo, lo cual se mantie¬ne en la actual Constitución en los Arts. 133 y 134.
La representación sin mandato puede darse en cualquier clase de proceso y es aplicable a cualquier tipo de representa¬ción sea ella voluntaria o necesaria. Rige tanto para la inicia¬ción del proceso como para cualquier otro acto procesal en un proceso en marcha.
5.2. Requisitos
Los requisitos necesarios para que se produzca son:
5.2.1. Urgencia: Sólo puede ser admitida la representación
Sin mandato en los casos urgentes. La urgencia debe tener carácter objetivo. Debe surgir manifiesta sin que sea necesario producir prueba al respecto. La interpretación, por tratarse de una norma de excepción, debe ser restrictiva.
5.2.2. Caución: Es requisito inexcusable el ofrecimiento de una garantía o caución suficiente, la cual será calificada por el juez quien, a su vez, fijará el plazo dentro del cual deberá efectivizarse.
5.2.3. Plazo: En nuestro Código se establece un plazo, de trein¬ta días, para la presentación de los documentos que acrediten la personalidad y la ratificación de la gestión realizada.
6. UNIFICACION DE LA REPRESENTACION
6. l. Concepto
La unificación de la representación se produce cuando varios actores o varios demandados vinculados por un interés común, designan un apoderado único para que éste asuma la representación de todos los que se encuentren en igual posición procesal.
El fundamento del instituto procesal radica en obtener ce¬leridad, economía y unidad de dirección en el proceso a fin de evitar la profusión de trámites y el desorden y confusión proce¬sal.
En cualquier momento del juicio, después de contestada la demanda, el juez, de oficio o a petición de parte, instará u la unificación de la representación.
Producida la unificación de la representación, el repre¬sentante común tendrá respecto de sus mandantes todas las fa¬cultades y obligaciones inherentes al mandato (Arts. 61 y 62 CPC).
6.2. Requisitos
6.2.1. Pluralidad de litigantes: Se requiere que en el proceso existan varios litigantes.
6.2.2. Interés común: Es una condición esencial que debe exis¬tir para que sea admisible. Consiguientemente, no corresponde la unificación de la representación de los litigante s por el solo hecho de encontrarse en una misma posición procesal (com¬partes), sino que es necesario haber deducido pretensiones o defensas comunes (litisconsortes).
6.2.3. Compatibilidad: Debe haber compatibilidad entre quie¬nes invocan el interés común, vale decir, armonía. En caso con¬trario, el juez, debe tener el arbitrio de denegar la unificación.
6.2.4. Igualdad: Deben ser iguales el derecho invocado o el fun¬damento de la demanda o las defensas opuestas.
La unificación se dejará sin efecto, cuando desaparecieren los requisitos en que ella se fundó (Art. 66, 2° p. CPC).
6.3. Forma
A los efectos de la unificación de la representación el juez fijará una audiencia dentro de los diez días, a la que convocará a las partes.
Si los interesados no concurrieren, la inasistencia se ten¬drá como negativa a la unificación, continuándose la tramita¬ción de la causa como se venía haciendo.
Si en la audiencia no existe unanimidad, el juez podrá disponer la unificación sólo en relación a las partes que hayan manifestado su conformidad.
No es necesario el otorgamiento de nuevo poder por cuan¬to la representación emana directamente de un precepto legal.
6.4. Revocación
Efectuado el nombramiento común, podrá revocárselo por acuerdo de las mismas partes o por el juez, a petición de alguna de ellas, siempre que en este último caso hubiere motivo que lo justificare. La revocación no producirá efectos mientras no tome intervención el nuevo mandatario (Art. 66 10 p. CPC).
7. PERSONERIA
En materia procesal se denomina personería (voz deriva¬da de "personero" que significa representante) al derecho que tiene una persona de realizar, en nombre propio o en nombre de un tercero, actos procesales válidos en un proceso.
Cuando una persona se presenta en un juicio por un derecho ajeno, sea que ejerza una representación legal o con vocacional, debe acompañar con su primer escrito lo documento que acrediten el carácter que invoca, a los efectos de intervenir en representación de la parte en el proceso.
La presentación inicial de los documentos puede ser su¬plida con la mención del lugar en el que se encuentren y el pe¬dido de que se recaben copias autenticadas, que deberán ser adjuntadas al proceso.
8. ABOGADO
El abogado es el profesional del derecho que se halla ha¬bilitado para dar consejo y asesoramiento en materia jurídica, así como el patrocinio en los procesos judiciales y procedimien¬tos administrativos.
El patrocinio consiste en la dirección, asistencia y aseso¬ramiento en juicio a las personas que realiza el abogado. En Roma, el "pater familias" acompañaba al foro a las personas que se hallaban bajo su potestad, con el objeto de asistirlas y representarlas.
La voz abogado proviene del latín "advocatus" que signi¬fica el que asiste a un litigante con su consejo o su presencia.
Además de la labor de patrocinio o asistencia en juicio, cada vez es más generalizada la función preventiva y de aseso¬ramiento general que cumple el abogado en la sociedad, en relación a las personas físicas y jurídicas, como así también a otros colegas mediante la consulta profesional.
El abogado tiene como tarea aconsejar, asesorar, orientar, asistir técnicamente a su cliente así como también acompañar y brindar apoyo en el plano humano.
La abogacía siempre ha sido considerada una profesión liberal, aunque participe de una función pública dentro del pro¬ceso. Por esta última razón se la reglamenta y es, de alguna manera, controlada por el Estado, en especial por el Poder Ju¬dicial o a través de corporaciones (Ordenes o Colegios de Abo¬gados que persiguen ese fin.)
El sistema de colegiación obligatoria ha tomado empuje últimamente en Latinoamérica, y es así que en diversos congre¬sos de la especialidad han recomendado su implantación. Es¬pecialmente con el fin de realizar un control del cumplimiento de los deberes, cargas y responsabilidades de la profesión de abogado. Incluso la autorización para ejercer la profesión es otorgada por el Colegio u Orden, como así también el retiro de dicha autorización cuando hubiese causa para ello.
Sin embargo, la colegiación obligatoria como requisito para ejercer la abogacía y para aplicar sanciones, ha sido resis¬tida por no pocos abogados, quienes invocan como fundamen¬to la más amplia libertad de asociación, inspirados en la Decla-ración Universal de Derechos Humanos, que estatuye que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación (Art. 20).
En Paraguay, el ejercicio de la profesión es libre, obteni¬do el título y prestado juramento ante la Corte Suprema de Jus¬ticia.
9. REQUISITOS
Para ejercer la profesión de abogado se deben reunir, de ordinario, las siguientes condiciones:
9.1. Capacidad civil
Ser mayor de edad y no hallarse incapacitado de acuerdo con las leyes sustantivas.
9.2. Moralidad
Se refiere a la conducta ética del individuo, a su buena re¬putación .y honorabilidad.
9.3. Título
Es el título profesional expedido por una Universidad, de acuerdo con las exigencias legales.
9.4. Matrícula
La inscripción en la matrícula administrativa, a cargo de la Corte Suprema de Justicia.
9.5. Juramento
Que debe prestarse ante el presidente o un ministro de la Corte Suprema de Justicia.
Como he señalado precedentemente, en nuestro país no se exige la colegiación obligatoria como requisito para el ejerci¬cio de la profesión.
10. DERECHOS
Tanto el abogado como el procurador tienen los siguientes dere¬chos:
10.1. Ejercer la profesión
El primer derecho del abogado es el de ejercer su profe¬sión, para lo cual estudió y se preparó; lo que constituye una manifestación del derecho constitucional al trabajo.
10.2. Percibir honorarios
El derecho a percibir honorarios es el resultado del ejercicio de una profesión universitaria. Debe serlo conforme a las reglas de la prestación de servicios. El honorario es la justa re¬tribución por su trabajo, el cual se presume oneroso.
10.3. Secreto profesional
El secreto profesional es un derecho, pero por sobre todo constituye un deber del abogado; por ello me referiré a él en el apartado siguiente.
11. DEBERES
El abogado, también el procurador, tiene deberes de or¬den general, que son:
11.1. Guardar el Principio de moralidad
Se halla constituido por la exigencia de observar una de¬terminada conducta, en virtud de la cual el apoderado debe ac¬tuar en juicio de buena fe y no abusar del derecho; vale decir. tiene el deber de cumplir, en el ejercicio de su función, con el Principio de moralidad, el cual está compuesto por los de leal¬tad, probidad y veracidad.
11.2. Proseguir el proceso
El abogado tiene el deber de seguir la tramitación del pro¬ceso mientras subsista su personería. Se refiere, también, al cumplimiento de las cargas procesales como imperativo del pro¬pio interés, v.g.: interponer los recursos pertinentes contra las resoluciones que les sean desfavorables; presentar escritos con su firma; oponer excepciones cuando correspondan y sus con¬testaciones; presentar alegatos; expresar agravios; redactar los pliegos de posiciones e interrogatorios y, en general, cumplir en los plazos y con los requisitos legales los actos procesales a su cargo.
11.3. Deberes con su cliente
Debe orientar y asistir a su cliente, de acuerdo con la técni¬ca jurídica que aconseje la naturaleza de la cuestión. Debe po¬ner toda su capacidad y diligencia en la defensa de los intereses de su representado.
La obligación del abogado con su cliente es de medio.
Consiste en poner toda su ciencia y diligencia en la defensa del derecho de éste. El abogado que asume la dirección de un jui¬cio no compromete una obligación de resultado. No garantiza el resultado del pleito.
El abogado responderá a su mandante por el mal ejerci¬cio de sus funciones profesionales, de acuerdo con los térmi¬nos del Art. 96 del COJ, que dice: "Los abogados y procurado¬res responderán a sus mandantes de los perjuicios que les causaren, por falta, descuido, negligencia o infidelidad en el desempeño de su mandato".
El abogado debe, también, guardar el secreto profesio¬nal, que es consecuencia del deber inherente a la función que ejercen ciertas personas a quienes se impone la omisión de ha¬cer saber a otras las circunstancias relativas a las cuestiones en que intervienen y que por su naturaleza no deben ser difundi¬das. Dice GONZALEZ: "Estos sujetos por el cargo que invisten y las funciones que desempeñan son depositarios forzados de los secretos de los ciudadanos. El abuso de esta confianza por la revelación de los secretos en ellos depositados, es un grave atentado a la personalidad moral del ciudadano y una negra trai¬ción a la sociedad y a sus deberes, que la ley no puede menos que castigar severamente".
La revelación del secreto debe ser sin motivo legítimo, es decir, sin justa causa.
El Código Penal sanciona al que revelare un secreto aje¬no llegado a su conocimiento en su actuación como médico, dentista o farmacéutico; abogado, notario o escribano público, defensor en causas penales, auditor o asesor de Hacienda; o ayu¬dante profesional de los mencionados o personas formándose con ellos en la profesión. También al que viola el secreto de carácter industrial o empresarial.
Como secreto se entenderá - dice el Código Penal - cual¬quier hecho, dato o conocimiento de acceso restringido cuya divulgación a terceros lesionaría, por sus consecuencias noci¬vas, intereses legítimos del interesado, o respecto de los cuales por ley o en base a una ley debe guardar silencio (Art. 147 CP).
11.4. Deberes con el órgano jurisdiccional
El abogado debe observar una conducta coherente con el buen orden del proceso y la autoridad, la dignidad y el decoro debidos al órgano judicial.
11.5. Deberes con la parte contraria
El abogado debe actuar siempre con buena fe, lealtad y probidad y evitar el ejercicio abusivo de los derechos.
12. RESPONSABILIDAD
El abogado puede incurrir en reponsabilidad civil, disci¬plinaria y penal.
12.1. Responsabilidad civil
La responsabilidad civil del abogado resulta, respecto de su cliente, de la existencia de un contrato del cual emanan sus obligaciones y la consiguiente responsabilidad regida por los principios comunes.
El abogado compromete su responsabilidad cuando la pér¬dida del juicio ha obedecido a una actuación negligente o a error inexcusable. De acuerdo con la doctrina el "error inexcusable" se produce por la ignorancia grosera de la ley o el desconoci¬miento manifiesto de una jurisprudencia reiterada y constante.
La responsabilidad frente a la otra parte deriva de su ac¬tuación en el juicio (mala fe, abuso del derecho). En relación a los daños que su actuación pueda producir a terceros la respon¬sabilidad del abogado o procurador tiene carácter extracontractual.
Como señalé precedentemente, el Código Procesal Civil, persiguiendo el loable fin de moralizar la profesión de aboga¬do, establece la responsabilidad conjunta con su representado o patrocinado por las consecuencias de la declaración de la mala fe o el ejercicio abusivo del derecho.
Los abogados deben ser los primeros colaboradores del juez en el juzgamiento de los juicios, para que el proceso pueda efectivamente servir a la tutela de los derechos con el dictado de una sentencia justa. Siendo así, no resultaría admisible la alegación por parte del abogado del desconocimiento de la fal¬sedad o inexistencia de los hechos decisivos para la resolución de la causa.
Todo esto sin detrimento de la misión institucional de1 abogado que es la de defender. Para ello podrá utilizar los atri¬butos de su habilidad y talento, debiendo contar con amplias oportunidades para cumplir su función. Esta es la razón por la que en caso de duda el juez debe optar por abstenerse de aplicar sanciones.
En esta línea de moralización del ejercicio profesional del derecho se inscribe la Ley de Arancel de Honorarios de Aboga¬dos y Procuradores, cuando prescribe: "No procederá la regu¬lación de honorarios en favor del profesional apoderado o patrocinante de la parte que hubiera incurrido en plus petitio manifiesta, declarada en la sentencia. Tampoco procederá la regulación cuando por resolución fundada, el juez o tribunal califique de negligente la conducta observada por el profe¬sional, lo reputase litigante de mala fe o que hubiese ejercita¬do abusivamente los derechos. A los efectos de la regula¬ción no serán considerados los escritos o trabajos notoria¬mente inoficiosos" (Art. 31 Ley 1376/88).
El abogado debe significar con su actuación que es una garantía para el debido ejercicio y cumplimiento de los dere¬chos y no un mero instrumento para lesionar los legítimos de¬rechos de las personas.
La obligación que resulta de la admisión de la mala fe o del ejercicio abusivo del derecho es solidaria, de acuerdo con el Art. 1841 del C. Civil. En consecuencia, los profesio¬nales que han intervenido en el juicio - como apoderados o patrocinantes - responden solidariamente con sus representa¬dos por su pago.
Para que los profesionales puedan quedar eximidos de la obligación son necesarias dos condiciones: a) que no le sea atribuible el motivo que sirvió de fundamen¬to a la imputación, v.g.: el abogado actuó en base a datos o documentos suministrados por su cliente que no resultaron verdaderos o auténticos; y b) que exista declaración judicial expresa que, en atención a lo anterior, así lo establezca.
El que pagó la totalidad tendrá acción de repetición con¬tra los otros responsables, siendo entre éstos la obligación sim¬plemente mancomunada (Arts. 495 y sgtes. del C. Civil).
12.2. Responsabilidad disciplinaria
Esta responsabilidad resulta del deber de colaboración del abogado con la Justicia, sancionándosela en los casos en que falta a dicho deber (Arts. 17 CPC y 236 COJ).
12.3. Responsabilidad penal
La responsabilidad penal surge de la comisión de delitos calificados como tales por el Código Penal, y en especial de algunos de ellos derivados del ejercicio profesional (vio¬lación del secreto profesional, etc.).
12.4. Responsabilidad especial
Una peculiar responsabilidad del abogado en nuestro país se halla establecida en el recurso de queja por retardo de justicia, en el que el Código Procesal Civil elaboró un Sistema, infortunado e inconstitucional, basado en sanciones (multas y suspensiones) aplicables al abogado que, paradójicamente, padece la morosidad judicial. Ello en lugar de sancionarse al único responsable (el juez) imponiéndole a él, y no al ah01t"¬do, las sanciones (multas) por incumplimiento de sus deberes.
13. INCOMPATIBILIDADES
La incompatibilidad es la imposibilidad legal, basada en una prohibición, de desempeñar dos funciones o de hacer dos cosas a un mismo tiempo.
El Código de Organización Judicial establece: "El ejer¬cicio de la profesión de abogado o procurador es incompati¬ble con la calidad de funcionario público dependiente del Poder Ejecutivo o Judicial, o miembro de las Fuerzas Arma¬das y Policiales en servicio activo.
Esta prohibición no rige:
a) Cuando se trate de asuntos propios o de sus padres, espo¬sas, hijos menores de edad, o personas bajo su tutela o curatela; para el ejercicio de la docencia; y para los asesores jurídicos del Poder Ejecutivo y de entida¬des autónomas o autárquicas, y para los abogados incorpora¬dos al servicio de la Justicia militar.
No podrán matricularse como abogados quienes ejercer la profesión de notario y escribano público" (Art. 97 COJ).
"Las incompatibilidades previstas en el Código de Orga¬nización Judicial, que afecten a los abogados y procuradores, podrán ser denunciadas al magistrado de la causa por las par¬tes, quien después de oír al afectado elevará la denuncia a la Corte Suprema de Justicia a los efectos que hubiere lugar" (Art. 98 COJ).
14. INHABILIDADES
Las inhabilidades son las circunstancias que impiden que un persona ejerza un derecho, cargo, oficio, profesión o empleo.
No pueden ejercer la profesión, los abogados y procuradores: 14.1. Que se hallen suspendidos en su ejercicio, por resolu¬ción de carácter disciplinario.
14.2. Que no se hubiesen matriculado o su matrícula se ha¬llase en suspenso por causal de incompatibilidad y hasta tanto subsista la causal.
14.3. Cuya matricula hubiese sido casada o anulada, en virtud de lo dispuesto en el Art. 94, 1ap. C.O.J.
14.4. Que hubiesen sido condenados por sentencia judicial firme, recaída en proceso penal, que importe inhabilitación para el ejercicio de la profesión.
15. DIGNIDAD DEL ABOGADO
El Código Procesal Civil dispone que el abogado en el ejercicio de su profesión debe exigir y se le debe guardar la misma consideración debida al órgano judicial (Art. 67 CPC).
La disposición procesal mencionada no debe entenderse con un alcance meramente protocolar.
Conviene, no obstante, destacar que la dignidad y el res¬peto no provienen del ejercicio del cargo o función. Sólo se accede por el estudio, el trabajo y la recta conducta.
La función del abogado es una de las más nobles que existe. A él se le encarga defender ante los tribunales la vida, la libertad, el honor y el patrimonio de las personas.
La utilidad e importancia de su función en la sociedad están fuera de toda duda, dada la naturaleza y complejidad de las cuestiones jurídicas y la versación especial que su aten¬ción requiere.
No obstante, en la realidad, la norma, hasta hoy, ha te¬nido poca repercusión. La culpa también la tenemos los pro¬pios abogados, pues todo finalmente viene a ser una cuestión de educación, en los unos y en los otros, para que por este medio, se otorguen al abogado el trato, la consideración y el respeto que se merece en su actuación profesional.
Las denuncias acerca de la violación de lo prevenido en la norma protectora de la dignidad profesional por las partes, los funcionarios judiciales o los terceros involucrados en el proceso o actuación en que se produzca, deben ser diri¬gidas al juez o tribunal de la causa o a la Corte Suprema de
.Justicia, en su caso, para que el órgano judicial, en uso de su potestad disciplinaria, disponga las medidas o aplique las sanciones que pudieran corresponder.
16. PROCURADOR
16.1. Concepto
Se denomina procurador a la persona que mediante po¬der actúa en nombre y representación de otra.
Antiguamente se lo llamaba "personero", porque se presentaba en juicio en lugar de su mandante.
En el plano teórico la función del abogado consistiría en pres¬tar asistencia técnica, en planificar y organizar la defensa del dere¬cho de la parte, mientras que el procurador sería el que representa a la parte en el juicio. Sin embargo, en la realidad, habitual y general¬mente, las funciones de ambos la realiza el abogado.
16.2. Requisitos
El Código de Organización Judicial establece los re¬quisitos para ejercer la procuración judicial: "Para ejercer la procuración judicial se requiere título de procurador judicial o notario expedido por una universidad nacional o extranje¬ra, debidamente revalidado, o haber estado matriculado con anterioridad a este Código o haber desempeñado con buena conducta el cargo de secretario de juzgado de primera instancia o de un tribunal, cuando menos por dos años" (Art. 100 COJ).
Además los procuradores deben inscribirse en la matricula y prestar juramento ante la Corte Suprema de Justi¬cia.
A los procuradores judiciales les son aplicables, en gene¬ral, las disposiciones establecidas para los abogados.
Lección 9 - Litisconsorcio (material complementario)
EL LISTISCONSORCIO (arts. 101 CPC)
CONCEPTO.- ¿Cuándo hay litisconsorcio? Cuando varias personas, con un mismo interés, conformen la misma parte, sea actora o demandada. Así:
a) varios actores contra un demandado (se llama: litisconsorcio Activo):
Ej: Luis, Pedro y Andrés, despedidos por la misma causa, inician juicio conjuntamente contra su empleador: Montse S.A.
b) un actor contra a varios demandados (litisconsorcio Pasivo). Ej: fui atropellado
por un micro de la línea 60 y demando por daños y perjuicios al chofer del micro, a la Empresa de la línea 60 y a la Cía de Seguros donde está asegurada la empresa.
c) varios actores contra varios demandados (litisconsorcio Mixto).
• CLASES DE LITISCONSORCIO:
1) activo, Pasivo o Mixto.- Son los casos que acabamos de ver.
2) Originario o Sucesivo.-
Es Originario: cuando la pluralidad de litigantes aparece desde el comienzo del proceso (acumulación subjetiva de pretenciones).
Es Sucesivo: cuando la pluralidad de litigantes se produce durante el desarrollo posterior del proceso (Ej: fallece el actor y lo reemplazan sus tres herederos).
3) Facultativo o Necesario.-
Facultativo: cuando se forma libre y espontáneamente por voluntad de las partes y ello es posible porque las acciones son conexas, sea por el título, por el objeto, o por ambos (ver art. 101). Ej: Luis, Pedro y Andrés, despedidos por la misma causa, pueden inician juicio contra su empleador: Montse S.A, ya sea separadamente o conjuntamente, pero deciden hacerlo en conjunto.
Lo importante en el litisconsorcio facultativo, es que los liticonsortes tienen legitimación procesal independiente, es decir: cada uno de ellos es autónomo, independiente uno del otro. Y como consecuencia de esta independencia, por lo general, los actos de uno de ellos no beneficia ni perjudica a los demás .
Efectos del litisconsorcio facultativo.
1) El proceso puede concluir para uno de los liticonsortes (Ejs: porque celebró transacción, desistió del derecho, etc), pero continuar para los otros.
2 ) Los recursos interpuestos por uno de los liticonsortes no benefician a los restantes (salvo que esto lleve a sentencias contradictorias con respecto a un hecho común).
3) La oposición de excepciones y defensas es personal: sólo beneficia o perjudica al que las opone.
4) La sentencia puede ser diferente respecto a cada uno de ellos.
Necesario: cuando lo impone la ley o la naturaleza de la relación jurídica que constituye la causa de la pretensión. ¿Y por qué lo impone? porque la sentencia sólo puede dictarse útilmente frente a todos los partícipes de la relación jurídica substancial discutida en el proceso (conf. art. 101). Y si todos ellos no estuvieren participando en el proceso el juez ordenará integrar la litis, citando al litigante que faltare (art. 101).
Ejemplos:
- Su deudor -para insolventarse y no pagarle- simula vender el departamento donde vive. Ud. deberá iniciar la demanda por simulación contra las dos partes riel contrato simulado.
- Si Ud. demanda la división de un condominio o de una herencia, debe demandar a todos los condóminos o a todos los herederos: etc.
En el litisconsorcio necesario, los liticonsortes no son independientes, sino que se consideran como una unidad, y por ello, en general, los actos que realice uno de ellos beneficia a los demás.
Efectos del litisconsorcio necesario
1) Ciertos actos que ponen fin al proceso que realice uno de los litisconsortes (ej: allanamiento, desistimiento, transacción, etc) no producen sus efectos hasta tanto los demás litigantes hagan lo mismo (Ej: se allanen, desistan, etc).
2) Los recursos deducidos por uno de ellos aprovecha o perjudica a todos.
3) Las defensas opuestas por uno, favorecen a todos los demás.
4) El impulso del procedimiento por uno de ellos favorece a todos los demás.
5) La sentencia debe ser igual para todos.
CONCEPTO.- ¿Cuándo hay litisconsorcio? Cuando varias personas, con un mismo interés, conformen la misma parte, sea actora o demandada. Así:
a) varios actores contra un demandado (se llama: litisconsorcio Activo):
Ej: Luis, Pedro y Andrés, despedidos por la misma causa, inician juicio conjuntamente contra su empleador: Montse S.A.
b) un actor contra a varios demandados (litisconsorcio Pasivo). Ej: fui atropellado
por un micro de la línea 60 y demando por daños y perjuicios al chofer del micro, a la Empresa de la línea 60 y a la Cía de Seguros donde está asegurada la empresa.
c) varios actores contra varios demandados (litisconsorcio Mixto).
• CLASES DE LITISCONSORCIO:
1) activo, Pasivo o Mixto.- Son los casos que acabamos de ver.
2) Originario o Sucesivo.-
Es Originario: cuando la pluralidad de litigantes aparece desde el comienzo del proceso (acumulación subjetiva de pretenciones).
Es Sucesivo: cuando la pluralidad de litigantes se produce durante el desarrollo posterior del proceso (Ej: fallece el actor y lo reemplazan sus tres herederos).
3) Facultativo o Necesario.-
Facultativo: cuando se forma libre y espontáneamente por voluntad de las partes y ello es posible porque las acciones son conexas, sea por el título, por el objeto, o por ambos (ver art. 101). Ej: Luis, Pedro y Andrés, despedidos por la misma causa, pueden inician juicio contra su empleador: Montse S.A, ya sea separadamente o conjuntamente, pero deciden hacerlo en conjunto.
Lo importante en el litisconsorcio facultativo, es que los liticonsortes tienen legitimación procesal independiente, es decir: cada uno de ellos es autónomo, independiente uno del otro. Y como consecuencia de esta independencia, por lo general, los actos de uno de ellos no beneficia ni perjudica a los demás .
Efectos del litisconsorcio facultativo.
1) El proceso puede concluir para uno de los liticonsortes (Ejs: porque celebró transacción, desistió del derecho, etc), pero continuar para los otros.
2 ) Los recursos interpuestos por uno de los liticonsortes no benefician a los restantes (salvo que esto lleve a sentencias contradictorias con respecto a un hecho común).
3) La oposición de excepciones y defensas es personal: sólo beneficia o perjudica al que las opone.
4) La sentencia puede ser diferente respecto a cada uno de ellos.
Necesario: cuando lo impone la ley o la naturaleza de la relación jurídica que constituye la causa de la pretensión. ¿Y por qué lo impone? porque la sentencia sólo puede dictarse útilmente frente a todos los partícipes de la relación jurídica substancial discutida en el proceso (conf. art. 101). Y si todos ellos no estuvieren participando en el proceso el juez ordenará integrar la litis, citando al litigante que faltare (art. 101).
Ejemplos:
- Su deudor -para insolventarse y no pagarle- simula vender el departamento donde vive. Ud. deberá iniciar la demanda por simulación contra las dos partes riel contrato simulado.
- Si Ud. demanda la división de un condominio o de una herencia, debe demandar a todos los condóminos o a todos los herederos: etc.
En el litisconsorcio necesario, los liticonsortes no son independientes, sino que se consideran como una unidad, y por ello, en general, los actos que realice uno de ellos beneficia a los demás.
Efectos del litisconsorcio necesario
1) Ciertos actos que ponen fin al proceso que realice uno de los litisconsortes (ej: allanamiento, desistimiento, transacción, etc) no producen sus efectos hasta tanto los demás litigantes hagan lo mismo (Ej: se allanen, desistan, etc).
2) Los recursos deducidos por uno de ellos aprovecha o perjudica a todos.
3) Las defensas opuestas por uno, favorecen a todos los demás.
4) El impulso del procedimiento por uno de ellos favorece a todos los demás.
5) La sentencia debe ser igual para todos.
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