Resoluciones Judiciales. 1.- Concepto:
La Resolución Judicial es el acto procesal emanado de los órganos de la jurisdicción mediante el cual se decide la causa o cuestión sometida a su conocimiento.
2.- Clases:
La norma contempla 3 tipos de resoluciones judiciales que se diferencian entre si por su forma, su objeto y su naturaleza:
Providencias: Resuelven cuestiones de simple impulso procesal.
Autos interlocutorios: Resuelven cuestiones incidentales que surgen en el desarrollo del proceso.
Sentencia definitiva: Ponen fin al juicio.
3.- Formalidades:
En relación a la forma, todas las resoluciones judiciales se deben ajustar a los requisitos siguientes.
Redacción por escrito: En idioma castellano, incluso las qué se dicten durante una audiencia.
Indicación del lugar y fecha en que se dicten: Deben pronunciarse en día hábil, dentro del plazo legal en la sede donde funciona el órgano competente, aunque excepcionalmente puedan dictarse fuera de dicho recinto.
Firma del Juez y secretario: Cuando se trate de órganos unipersonales, o de los miembros del órgano colegiado o del presidente del mismo, en su caso.
Las resoluciones judiciales, en nuestro derecho procesal, deben ir autorizadas por el secretario.
El COJ establece a este respecto que los secretarios tienen la obligación de refrendar las actuaciones, providencias, resoluciones y sentencias expedidas por los Jueces y tribunales.
Número de ejemplares: por Acordada se dispuso que las sentencias definitivas e interlocutorias expedidas por los jueces y tribunales deberán ser redactadas en 3 ejemplares de un mismo tenor.
4.- Providencia.
Art.157: “Los providencias solo tienden al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución y no requieren formalidades especiales ni sustanciación previa".
5.- Concepto:
Es la resolución judicial que tiene el objeto de lograr el impulso procesal necesario para que el proceso continúe su marcha. Se dictan sin substanciación, es decir sin que exista causa controvertida previa y sin fundamentar.
La palabra “providencia” viene de proveer, suministrar, conceder; el juez al dictarla lo que hace es acceder a una petición que le formula la parte o actuar de oficio, cuando corresponde.
6- Clases:
Pueden ser de 2 clases: las Simples; y las que causan gravamen irreparable. Se entiende por gravamen irreparable el perjuicio o agravio que produce una resolución judicial que no es susceptible de reparación por alguno de los medios de impugnación, en el curso posterior del proceso o en la sentencia definitiva.
Providencia.
7- Plazo:
Para dictarlas es dentro de los 3 días de presentadas las peticiones por las partes, o inmediatamente si deben ser dictadas en una audiencia o revisten carácter urgente.
8.- Efecto:
Solo tienen efecto preclusivo, haciendo imposible el regreso a etapas ya concluidas.
9.- Recursos:
Son susceptibles del recurso de reposición. Son apelables sólo cuando causen gravamen Irreparable.--
10.- Autos interlocutorios.
Los autos interlocutorios resuelven cuestiones que requieren substanciación, planteadas durante el curso del proceso. Además de los requisitos enunciados en el artículo 156, deberán contener:
a) los fundamentos;
b) la decisión expresa, positiva y precisa respecto de las cuestiones planteadas; y
c) el pronunciamiento sobre costas. Art. 158.
11.- Concepto:
Son las resoluciones que resuelven cuestiones que requieren sustanciación, planteadas durante el curso del proceso.
Deciden los incidentes surgidos durante el juicio.
12.- A.I.: Clases:
pueden ser de 3 clases:
I.- Simples
II.- Que causan gravamen irreparable
III-. Con fuerza de definitiva: si bien no constituyen una sentencia definitiva en sentido formal, producen sus efectos en la medida que atacan la pretensión, impidiendo que se pueda volver a plantear en otro proceso (Por ej.: los que hacen lugar a las excepciones de falta de acción, cosa juzgada, etc.) .
13.- Formalidades de los A.I.´s:
Además de los requisitos formales y comunes a todas las resoluciones judiciales, deben reunir las que están expresados en la norma:
a) los fundamentos
b) decisión expresa, positiva y precisa respecto de las cuestiones planteadas; y
c) el pronunciamiento sobre costas.
14.- Plazo;
Salvo disposición contraria deben dictarse dentro de los 10 o 15 días de quedar el expediente en estado de resolución, según se trate de Juez o tribunal respectivamente.
15.- Efectos:
Hacen cosa juzgada material y sólo producen efectos preclusivos.
16.- SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMER INSTANCIA
"La sentencia definitiva de primera instancia, destinada a poner fin al litigio, deberá contener, además:
a) las consignaciones de las partes;
b) la relación sucinta de las cuestiones de hecho y de derecho que constituyen el objeto del juicio;
c) la consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior.
El juez deberá decidir todas las pretensiones deducidas y sólo sobre ellas. No está obligado a analizar las argumentaciones que no sean conducentes para decidir el litigio;
d)los fundamentos de hecho y de derecho;
e) la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por la ley, declarando el derecho de los litigantes y, en consecuencia, condenando o absolviendo de la demanda o reconvención, en su caso, en todo o en parte
f)el plazo que se otorgue para su cumplimiento, si ella fuere susceptible de ejecución; y
g)el pronunciamiento sobre costas", 159.
SENTENCIA DEFINITIVA: 1.- Concepto:
La sentencia definitiva es aquella que, decide sobre el mérito de la causa y mediante la cual se pone fin al proceso.
Las mismas por lo general deciden "el fondo de la controversia".
2.- Formalidades (S.D.): son las siguientes:
I.- La designación de las partes:
Deberá constar en forma expresa, con sus nombres y apellidos completos, porque la decisión final sólo puede referirse a las partes en litigio, estableciendo los límites subjetivos de la cosa juzgada.
Si las partes actúan a través de representantes se hará constar esta circunstancia.
Si la representación es convencional se puede sólo mencionar que lo hace por apoderado.
II.- La relación sucinta de las cuestiones de hecho y de derecho: Constituyen el objeto del juicio.
El Juez debe realizar un resumen de los hechos expuestos en la demanda y contestación y reconvención, en su caso.
No es necesario referirse a todos detalladamente sino a los que tengan relación con el objeto del juicio.
El objeto de la demanda constituye uno de los elementos de la cosa juzgada, es "un bien de la Vida que puede ser una cosa material o inmaterial, un hecho, una abstención o simplemente una declaración.
Se resume en la "pretensión jurídica" del actor.
III.- La consideración por separado de las cuestiones de hecho y derecho:
Atendiendo a la circunstancias de que el actor pudo haber acumulado varias demandas, o que la demanda promovida suscite varias cuestiones, o haya habido reconvención.
El juez deberá decidir todas las pretensiones deducidas y pronunciarse sólo sobre ellas.
La sentencia sólo puede tomar en cuenta los hechos alegados por las partes y sólo puede referirse a la prueba rendida en autos, bajo pena de nulidad.
Los hechos ajenos a la relación procesal y a las partes no deben ser considerados
Los elementos de prueba que deben ser tenidos en cuenta por el juez en la sentencia deben ser los esenciales, los decisivos, no es necesario el examen de absolutamente todas las pruebas.
IV.- Los fundamentos de hecho y de derecho:
Esto es, la motivación de la sentencia.
La Constitución impone que toda sentencia judicial debe estar fundada en ella y en la ley; deber del Juez cuya observancia está conminada bajo pena de nulidad la misma debe ser fundada en el sentido de que no debe ser arbitraria.
El juez debe convencer de que es justo.
V.- La decisión expresa, positiva y precisa de conformidad a las pretensiones deducidas en juicio, calificada según la correspondiente ley.
La decisión del juez debe ser expresa, que no deje lugar a dudas.
No puede dejar de fallar por oscuridad o insuficiencia de la ley, pues si la cuestión no puede resolverse, se tendrán en cuenta las disposiciones que regulan casos o materias análogas y en su defecto, se acudirá a los principios generales del derecho.
Tampoco los jueces pueden resolver en forma condicional o de un modo parcial.
VI.- El plazo que se otorgue para su cumplimiento, si fuera susceptible de ejecución:
La norma preceptúa que la sentencia definitiva contenga el plazo dentro del cual el vencido debe cumplir la prestación, a su cargo.
El plazo que contiene la resolución se halla supeditado al prudente arbitrio judicial.
De ordinario les jueces fijan un plazo de 10 días para el cumplimiento de lo resuelto.
VII.- El pronunciamiento sobre costas:
Comprende las costas propiamente dichas, que son los gastos causídicos en general, derivados de la tramitación de la causa (tasas, etc.); y los costos que son los honorarios de los profesionales que intervienen en el juicio.
Las costas constituyen la condena que, de ordinario, se impone a la parte vencida en el juicio.
En todos los procesos, el juez, de oficio, regulará los honorarios al dictar resolución definitiva.
No obstante, la omisión de regular honorarios no es motivo de nulidad de la sentencia, dado que puede practicarse ulteriormente cuando sea requerida.
3.- Principio de Congruencia
La sentencia debe ser congruente consigo misma (congruencia interna) y con la litis (externa).
Congruente: significa la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, mas la oposición u oposiciones en cuanto delimitan ese objetivo.
3.- Principio de Congruencia
El principio da congruencia exige, bajo pena de nulidad, que la sentencia guarde una rigurosa adecuación a los sujetos, el objeto y la causa de la pretensión y de la oposición, por consiguiente;
I- La sentencia sólo puede y debe referirse a las partes en el juicio, los sujetos de la relación procesal.
II- La sentencia debe reconocer sobre el objeto reclamado en la demanda comprendiendo la cuestión principal y los accesorios. Su omisión produce la nulidad de la resolución cuando no pueda ser reparada por vía de apelación.
III- La sentencia debe pronunciarse con arreglo a la causa invocada en la demanda, es decir, la "causa pretendi;”, que consiste en el fundamento, la razón, el motivo, el interés material o moral de la pretensión deducida en el juicio.
La causa constituye un elemento de la cosa juzgada, conjuntamente con los sujetos y el objeto (la triple identidad).
4.- Principio “lura Novit Curiae”
Esto significa que el Juez tiene suficiente libertad para calificar la pretensión y determinar la norma que corresponde aplicar, con independencia del criterio de las partes.
En virtud de éste principio se otorga al órgano judicial la facultad de calificar la relación jurídica sin atenerse a la particular apreciación de las partes y elegir la norma que resulte adecuada para decidir la cuestión planteada.
5.– Declaración del Derecho:
La sentencia debe declarar el derecho de los litigantes.
Todas las sentencias contienen una declaración del derecho como antecedente lógico de la decisión.
El juez al sentenciar debe situarse en el día de la promoción de la demanda como si la misma fuera pronunciada en dicho momento, ese es el motivo, la razón del carácter retroactivo de la sentencia que siempre es declarativa de derechos.
6.- CLASES DE SENTENCIA:
Sentencias declarativas:
Son aquellas que reconocen derecho, expresando en forma precisa su existencia e inexistencia. (Ej.: las que declaran la falsedad de un documento, la inexistencia de una obligación o la absolutoria que desestima la demanda).
Sentencias de condena:
Son todas las que imponen el cumplimiento de una prestación a cargo de una de las partes en el proceso, que puede ser de dar, de hacer o de no hacer. (Ej.: condena de pago de indemnización por daños y perjuicios)
Sentencias constructivas o constitutivas:
Son las que constituyen o crean un estado jurídico nuevo, no existente antes o modifican o extinguen el estado preexistente. (Ej.: las sentencias de divorcio, filiación, interdicción, separación de bienes, etc.).
Sentencia determinativa:
Por cuya virtud se integra la relación jurídica; se hace cesar el estado de indeterminación sustituyendo por otro determinado y especifico, regulando la forma concreta de su ejercicio (Ej.: sentencia de partición o división de condominio).
Sentencia cautelar:
Es la que sin pronunciarse sobre el merito de la causa ordena una medida de seguridad o cautela tendiente a garantizar, a asegurar, por anticipado el resultado del litigio (Sentencias anticipadas, medidas innovativas).
Caso de sentencia cautelar:
Un ejemplo típico de sentencia anticipada o despacho interino de fondo, es la dictada sobre el mismo objeto versará la sentencia de mérito, sólo que por razones de mantener la paz social, se adelanta total o parcialmente el contenido de la sentencia definitiva, o se adelantan los efectos de la sentencia, para luego iniciar el proceso de conocimiento en que al final se confirmará o revocará la sentencia acordada de manera interina al inicio del procedimiento.
Las sentencias anticipadas constituyen una especie de la tutela diferenciada, en las que en base a una cognición sumaria y siempre que se cumplan los requisitos de procedencia, satisface de forma total o parcial el derecho del solicitante.
Ej.: Cuando en una acción por daños y perjuicios el accionante solicita una sentencia anticipada al juez para que la parte demandada le provea una pierna ortopédica necesaria según dictamen de especialistas con carácter de urgente, de tal modo que el aplazamiento de su provisión para la sentencia que pueda recaer al final del juicio pudiera resultar con grave daño a la salud del accidentado.
Esta sentencia se dicta atendiendo a los presupuestos de las medidas cautelares (verosimilitud el derecho, peligro en la demora y el Juez puede exigir contra cautela suficiente).
Otro caso de sentencia cautelar anticipada es el caso de la exclusión del hogar de uno de los cónyuges en el marco de la ley 1600 s/ violencia familiar. Con posterioridad las partes pueden debatir en el juicio respectivo el mejor derecho de los cónyuges para permanecer en el hogar.
7.- Absolución de la instancia:
La sentencia debe estimar la demanda o reconvención en todo o en parte, porque en nuestro derecho no se admite la absolución de la instancia.
Se absuelve la instancia cuando la sentencia no condena ni absuelve al demandado por insuficiencia o por falta de prueba, y deja a salvo el derecho del actor para hacerlo valer en otro juicio sobre la misma cuestión, lo en nuestro sentencia devendría en la nulidad de la sentencia.
8- Estructura de la sentencia:
La sentencia de primera instancia se compone de 3 partes que se relacionan con los requisitos intrínsecos que son:
Resultando:
Constituyen una exposición referente a los sujetos activo y pasivo de la pretensión y a las cuestiones planteadas por éstos. Establece el limite subjetivo y objetivo dentro del cual debe pronunciarse al Juez, puede contener también una breve relación de los trámites llevados a cabo.
Considerando:
Aquí el Juez debe exponer los motivos o fundamentos que lo llevan a aplicar la norma adecuada para resolver la cuestión controvertida en el juicio.
Fallo o parte dispositiva:
En el que el Juez resuelve estimar o desestimar las pretensiones.
9- Presupuestos de una sentencia favorable:
Así se denomina aquellos que son necesarios para que la pretensión sea admitida en la sentencia y son:
Derecho:
La situación concreta que la demanda plantea debe estar amparada en una norma legal.
Calidad
Es la condición jurídica en que se halla una persona con relación al derecho que invoca en el proceso en razón de su titularidad o de otra circunstancia que justifica su pretensión. No basta que se considere existente el derecho, es necesario que éste corresponda precisamente a aquél que lo hace valer y contra aquél contra quien es hecho valer.
Interés: Sin interés no hay acción.
El interés es la medida de la acción. Debe existir un interés jurídicamente protegido, vale decir un interés legítimo. Consiste en el hecho de que el actor sufrirá un perjuicio sin la intervención del órgano judicial. Puede ser patrimonial o moral.
Condenaciones accesorias
Monto de la condena al pago de frutos, Intereses, daños y perjuicios:
“Cuando la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios, fijará su importe en cantidad liquida o establecerá por lo menos las bases sobre las que haya de hacerse la liquidación.
Cuando no fuere posible lo uno ni lo otro, por no haber hecho las partes estimación de los frutos, intereses o daños y perjuicios, éstos podrán ser fijados en otro proceso, siempre que se hubiere hecho la reserva correspondiente". Art. 161 cpc.
Condenaciones accesorias
Concepto:
la condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios constituyen condenaciones accesorias sobre las que el Juez debe emitir pronunciamiento siempre que haya habido el correspondiente petitorio.
Procedencia: son requisitos para que procedan las condenaciones accesoria.
I- Petición: la solicitud debe estar hecha en la demanda. El juez no puede condenar al pago de los mismos si no fueron objeto de petición en la demanda.
II. Estimación: es la a prestación o valuación de los mismos.
Existe cantidad líquida cuando la sentencia condena a abonar una suma determinada de dinero o cuando el monto de la liquidación, aunque no esté fijado numéricamente, sea susceptible de determinarse por una simple operación aritmética.
Si no fuere posible establecer la cantidad liquida ni las bases para la liquidación, en razón de que las partes no realizaron la correspondiente estimación, la disposición acuerda el derecho a promover otro proceso a dicho efecto, pero supeditado al requisito de admisibilidad consistente en haber hecho la reserva del derecho correspondiente.
III- Justificación: mediante la prueba pertinente. Dice el CC: cuando se hubiese justificado la existencia del perjuicio pero no fuera posible determinar su monto, la indemnización será fijada por el Juez
10.- EFECTOS JURIDICOS DE LA SENTENCIA
1) Mediante la sentencia el juez crea una norma individual (lex specialis) que constituye una nueva fuente reguladora de la situación jurídica controvertida en el proceso , cuya característica es su obligatoriedad e imperatividad, pues si así no fuese es obvio que ella carecería de objeto y de razón de ser.
2) Junto a este efecto natural existen los efectos particulares que resultan del contenido de la sentencia: quedará así eliminada la incertidumbre sobre la existencia, eficacia, modalidad o interpretación de una relación o estado jurídico . (Por ej.: nacerá un título ejecutivo a favor del vencedor en el supuesto de que el sujeto pasivo de una sentencia de condena no se avenga a cumplir la prestación que aquella le impuso)
3) Algunos autores consideran que también constituye un efecto de la sentencia la extinción de la competencia del juez con respecto al objeto del proceso.
4) Aparte de los mencionados, la sentencia produce efectos secundarios o indirectos, tales por ejemplo: la facultad de pedir el embargo preventivo (o cualquier otra medida cautelar), en el caso de obtenerse una sentencia favorable y la imposición de las costas al vencido.
5) la cosa juzgada de la decisión judicial. (en cuanto inmutabilidad)
11. PLAZOS PARA DICTAR LAS RESOLUCIONES.
Las providencias:
Dentro de los 3 días de presentadas las peticiones por las partes, o inmediatamente, si debieran ser dictadas en una audiencia o revistiesen carácter urgente.
Las interlocutorias:
Salvo disposición en contrario, dentro de los 10 (diez) o 15 (quince) días de quedar el expediente en estado de resolución, según se trate de juez o tribunal.
Las sentencias definitivas:
Salvo disposición en contrario, dentro de los 40 o 60 días, según se trate de juez o tribunal.
El plazo se computará desde que el llamamiento de autos para sentencia quede firme.
En el proceso de conocimiento sumario es de 20 o 30 días (los A.I. en 5 o 10 días) según sea Juez o Tribunal.
En el juicio ejecutivo es de 10 días para el juez, 15 para el tribunal.
Juicios de menor cuantía: si la cuestión es declarada de puro derecho el pazo es de 10 días, y de 15 cuando se abrió la causa a prueba.
Interdictos: 10 días desde la realización de la audiencia para el Juez 15 para el Tribunal.
11. PLAZOS PARA DICTAR LAS RESOLUCIONES. Sanción en caso de incumplimiento
Los jueces tienen deber de dictar las resoluciones que corresponda dentro de los plazos legales y a pesar de que estos no son perentorios e improrrogables para los mismos, su falta de cumplimiento hará que la CSJ los emplace para hacerlo dentro de un plazo perentorio bajo apercibimiento de ser suspendidos por 15 días sin goce de sueldo, siendo la reincidencia en el curso del mismo causa de enjuiciamiento, de acuerdo al COJ.
12.- ACTUACIÓN DEL JUEZ POSTERIOR A LA SENTENCIA
Pronunciada a sentencia concluirá la competencia del juez respecto del objeto del juicio y no podrá sustituirla o modificarla.
Podrá, sin embargo:
ejercer la facultad que le otorgue el artículo 387:
ordenar, a pedido de parte, las medidas precautorias que fueren pertinentes:
disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonios;
resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y rectificar la forma de su concesión, de oficio o a petición de parte;
regular honorarios profesionales: y
ejecutar oportunamente la sentencia". Art. 163.
Conclusión de la competencia del Juez:
Pronunciada la sentencia concluirá la competencia del juez respecto del objeto del juicio y no podrá sustituirla o modificarla.
Queda en sentido estricto, suspendida la competencia del juez respecto del objeto del juicio, la que es recuperada por el mismo a los efectos de su eventual ejecución cuando se encuentre firme.
El requisito de la notificación no hace a la validez de la sentencia, sino a su eficacia.
La sentencia vale por si misma, con prescindencia de su notificación.
Variación de la decisión:
Una vez dictada la sentencia no puede variar o modificar su decisión.
13.- PODERES DEL JUEZ DESPUÉS DE DICTAR SENTENCIA:
El juez conserva ciertos poderes que hacen el perfeccionamiento o integración de la sentencia, ellos son:
I- Recurso de aclaratoria; El juez puede ejercer la facultad que le otorga el C.P.C. para aclarar, corregir o subsanar omisiones de la sentencia, alterar lo substancial de la ejecución. Podrá aclarar sus resoluciones aunque hubiesen sido notificadas. El error material podrá ser subsanado por el juez aun en la etapa de ejecución de sentencia.
II- Medidas precautorias: El juez podrá ordenar, a pedido de parte, las que fuesen pertinentes (embargo preventivo, secuestro, intervención judicial, etc.,).
III- Anotaciones y entrega de testimonios,
IV.- Recursos: El juez podrá conceder recursos, determinando sus modalidades, resuelve acerca de la admisibilidad de los mismos y rectifica la forma de la concesión de los recursos.
V- Ejecutar honorarios profesionales: De oficio en todos los procesos al dictar resolución definitiva.
VI- Ejecutar las sentencias: el vencido en tiene la obligación de cumplir las condenaciones que la sentencia le imponga. Cabe además señalar que la sentencia debe ser notificada de oficio dentro del tercer día.
14- PUBLICIDAD DE LA SENTENCIA:
Las sentencias de cualquier instancia pueden ser dadas a publicidad.
Mediante la publicidad se somete al control de la opinión publica de los jueces.
Las sentencias judiciales deben ser ampliamente divulgadas al efecto de que la sociedad pueda formarse un exacto concepto de la actuación de los jueces, no obstante, en cuanto a las cuestiones íntimas, las que afectan a los menores o aquellas en que el decoro exija prudencia, o que pueden perjudicar el buen nombre de los litigantes o encausados, deben mantenerse en reserva y no deben ser publicadas.
SENTENCIA DEFINITIVA DE SEGUNDA Y TERCERA INSTANCIA
1.- Requisitos:
Las sentencias definitivas dictadas en segunda o tercera instancia, se hallan sujetas a los requisitos comunes a todas las resoluciones judiciales conforme al Art. 156.-
Forma de las resoluciones judiciales. Los jueces y tribunales dictarán sus resoluciones en forma de providencias autos interlocutorios y sentencias definitivas.
Son requisitos esenciales de toda resolución la indicación del lugar y fecha en que se dicte y la firma del juez y secretario.
2.- Estructura:
Las sentencias definitivas, las dictarán el tribunal y contendrán necesariamente la opinión fundada de cada una de sus integrantes o su adhesión a la opinión de otro juez.
Se requiere el voto individual de cada juez que integra el tribunal, quien debe emitir su opinión fundada acerca de las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión.
La votación empieza por el miembro que haya resultado sorteado primero.
Los demás jueces pueden efectuar el voto de adhesión, remitiéndose a los fundamentos expuestos por el pre-opinante sin producirlos.
En caso de disidencia, vale decir, cuando un juez tiene una opinión distinta, la misma debe constar en la resolución.
Costas:
La parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiere solicitado.
1.- Concepto
Se denomina costas a los gastos en los que las partes incurren como consecuencia de la substanciación de un proceso.
2.- Regla general:
Las costas son a cargo del vencido, por el hecho de la derrota debe pagar todos los gastos del juicio. El vencimiento constituye el principio y el fundamento de la imposición de las costas.
3.- Imposición de oficio:
La otra regla, acorde con la doctrina procesal, es que se imponen de oficio por el juez o tribunal, aunque no haya mediado solicitud de parte. El pronunciamiento sobre las costas debe integrar la sentencia.
Costas: 4- Carácter:
Las costas, en principio tienen por objeto el resarcimiento de los gastos.
No obstante adquieren dicho carácter cuando el Juez los impone en los casos de mala fe o abuso del derecho, cuando existe plus-petitio, cuando el testigo no comparece a declarar, cuando en la subasta el postor sea remiso
5.- ¿Quién debe pagarlas?:
Se aplican a la parte vencida; es decir, a la que obtuvo un pronunciamiento judicial adverso con prescindencia de la calidad con que estuvo investida en el proceso.
No están eximidos del pago de las costas el Estado, las Municipalidades, los incapaces, etc. Sin embargo, no se las aplica a los representantes legales, procuradores, apoderados, patrocinantes, funcionarios judiciales, salvo los casos de excepción previstos en la ley.
6.- Exención.
"El juez podrá eximir total o parcialmente de las costas al litigante vencido, siempre que encontrare razones para ello, expresándolas en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad. Se tendrá en cuenta, además lo dispuesto por el artículo 56". 193.
7- Costas: Facultad del Juez:
Se le concede la facultad de apreciar las causas de eximición y eximir de las costas al vencido, en todo o en parte, cuando exista merito para ello.
La disposición importa una atenuación a la regla que sólo tiene en consideración el hecho objetivo de la derrota para aplicar las costas.
El arbitrio del Juez para establecer la exención, sobre la base de que existan circunstancias que manifiestamente tomen injusta la imposición de costas, deberá expresarse en su pronunciamiento los motivos o razones que tuvo en cuenta para exonerar las costas, bajo pena de nulidad.
8- Causales de Exoneración:
La doctrina y la jurisprudencia consideran como causales de exoneración de costas las siguientes:
I- Razón fundada para litigar: Tiene como fundamento la circunstancia de que la parte actuó con razonable convicción acerca del derecho que le asistía para plantear; es decir, de buena fe.
II- Ley nueva o modificada: Las costas en este caso deben imponerse, no obstante, si la solución es legalmente clara.
III- Controversias o cuestiones dudosas de derecho siempre que existan divergencias notables de doctrina y jurisprudencia.
IV.- Obligación jurídica de someter la cuestión a la decisión judicial.
Costas:
9- Incidentes.
En los incidentes regirá lo establecido en el artículo 192, pudiendo eximirse de las costas únicamente cuando se tratare de cuestiones dudosas de derecho. 194.
Rige la regla general en materia de imposición de costas, salvo que la cuestión sea dudosas de derecho.
Para que se produzca un incidente debe haber habido oposición, siendo así, no pueden imponerse las costas al litigante que se allana a una pretensión del contrario, siempre que no haya dado motivo a la substanciación del incidente.
Las costas impuestas en los incidentes, que comprenden los honorarios, pueden ser exigidas sin esperar la decisión final de la causa.
10- Vencimiento Parcial y Mutuo
Si el resultado del pleito o incidente fuere parcialmente favorable a ambos litigantes, las costas se compensaran, o se distribuirán por el juez, en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos". 195.
11- Costas por su orden:
Cuando en el juicio principal o en el incidente no hubiere vencedor ni vencido, las costas se deberán imponer por su orden.
Esto significa que cada parte asume el pago de los gastos y honorarios en que incurrió con motivo del pleito o incidente.
Siendo así existe compensación cuando se imponen las costas en el orden causado, consecuencia recíproca de la victoria o derrota de las partes (y las comunes se dividen por partes).
12- Costas Proporcionales:
Si el actor o reconviniente no triunfa totalmente en sus pretensiones, o si solo prospera una de las defensas opuestas por el demandado, o reconvenido las costas deberá distribuirse en proporción al éxito obtenido por cada parte.
13- Pluspetición:
“El litigante que incurriera en pluspetición inexcusable será condenado en costas. Si ambas partes incurrieren en pluspetición, regirá lo dispuesto en el artículo anterior. No se entenderá que hay pluspetición, cuando el valor de la condena dependiere legalmente del arbitrio judicial lo de rendición de cuentas, o cuando las pretensiones no fueren reducidas en la sentencia en forma considerable” .196.
La Pluspetitio consiste en el exceso en la petición y cuando ella fuere inexcusable, determina la imposición de las costas a quien ocurrió en dicho supuesto.
La simple falta de coincidencia entre lo reclamado y lo otorgado en la sentencia, la mera desproporción no configura pluspetitio a los efectos de la aplicación de las costas.
14.- Casos en que no existe Pluspetición.
I- Cuando el valor de la condena dependiera legalmente del arbitrio judicial. (monto de la indemnización de los daños y perjuicios, o de la rendición de cuentas
II- Cuando las pretensiones no fueran reducidas en la sentencia en forma considerable, lo cual queda librado al prudente arbitro judicial.
15- Costas en el Desistimiento. Distinción.
“Cuando el desistimiento fuere de la acción, las costas del proceso correrán a cargo del actor. Cuando lo fuere de la instancia, el que desistiere correrá con las ocasionadas en la misma” 197.
16- Costas en el Allanamiento.
No se impondrán costas al vencido:
a) Cuando hubiere reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones del adversario, allanándose a satisfacerlas, a menos que hubiere incurrido en mora, o que por su culpa hubiere dado lugar a la reclamación: y
b) cuando se allanare dentro de quinto día de tener conocimiento de les títulos e instrumentos tardíamente presentados. Para que proceda la exención de costas, el allanamiento debe ser incondicionado, oportuno, total y efectivo". 198.
17- Exención
En el allanamiento la parte reconoce y se somete a las pretensiones del adversario, expresando su propósito de no litigar, ello por consiguiente constituye el fundamento de la eximición de las costas.
18- Oportunidad:
La primera condición que debe cumplirse para la exención de las costas es que el allanamiento haya sido oportuno.
Pero, aun cuando el allanamiento haya sido oportuno la exoneración NO procederá en el caso de que el demandado ya se hallare en mora al momento de iniciar la demanda o que por su culpa hubiera sido necesaria la promoción de la misma o la articulación de la defensa, en su caso.
Además de oportuno, el allanamiento debe ser incondicionado, total y efectivo, de tal suerte que produzca efectivamente la terminación del proceso.
19- Costas en la Transacción y Conciliación.
“Si el juicio terminare por transacción o conciliación, las costas serán impuestas en el orden causado, salvo lo que convinieren las partes”. 199.
Esto significa que cada parte debe afrontar el pago de las costas que haya producido su actuación procesal y las comunes de dividen en partes iguales.
20- Costas en la Caducidad de Instancia.
Si la caducidad se hubiere operado en primera instancia, las costas serán a cargo del actor, si se hubiere producido en segunda o tercera instancia, serán a cargo del recurrente. 200.
21- Litisconsorcio.
En los casos de litisconsorcio las costas se distribuirán entre los litisconsortes, salvo que por la naturaleza de la obligación correspondiere la condena solidaria.
Cuando el interés que cada uno de ellos representare en el juicio, ofreciere considerables diferencias, deberá el juez distribuir las costas en proporción a ese interés. 201.
22- Imposición:
El importe de las costas debe dividirse en partes iguales por el número de litisconsortes, siendo cada uno responsable del pago de su parte. Esta regla tiene 2 excepciones:
I.- No se aplica cuando la responsabilidad solidaria de los litisconsortes deriva de la naturaleza de la obligación controvertida en el juicio obligados solidarios de una obligación cambiaría: (pagaré o cheque a la orden).
II.- Tampoco corresponde su aplicación si el interés que cada uno de los litisconsortes representa en el juicio fuere considerablemente diferente, debiendo el juez distribuir las costas en proporción a dicho interés.
Litisconsorcio Facultativo: si el litisconsorcio es facultativo el contenido de la sentencia puede ser diferente para cada uno de los litisconsortes. Siendo así las costas se aplicarán a los vencidos, de acuerdo a la regla general, salvo las causas de exoneración.
Litisconsorcio Necesario: en este supuesto la sentencia deberá tener el mismo contenido y alcance para todos, en cuyo caso se procederá en principio de acuerdo a la regla general salvo que existan causales de eximición.
23- Costas al Vencedor
Cuando los antecedentes del proceso resultare que el demandado no ha dado motivo a la interposición de la demanda y se allanare dentro del plazo para contestarla, el actor será condenado en costas.
El vencedor será asimismo condenado en costas en los casos previstos en los artículo 52 y 53 (litigante de mala fe y ejercicio abusivo de los derechos).
Las costas del juicio serán a cargo del vencedor cuando, a pesar de que la demanda haya sido estimada, la promoción de la misma no habría sido necesaria para el reconocimiento del derecho del actor, por haber podido éste lograr igual resultado, sin necesidad de recurrir al órgano jurisdiccional, (por ejemplo: pago por consignación cuando el demandado se allana y niega que se hubiese opuesto al pago y el actor no prueba dicha circunstancia)". 202.
24-. Abuso del derecho:
La condena en costas la vencedor configura una sanción al ejercicio abusivo del derecho por parte del actor:
"Ejerce abusivamente sus derechos la parte que en el mismo proceso formule pretensiones o alegue defensas que, juzgadas, resulten manifiestamente desprovistas de fundamento o innecesarias para la declaración o defensa del derecho" 53.
"Aunque la parte culpable de mala fe o ejercicio abusivo del derecho resulte vencedora en el principal, serán a su cargo las costas del proceso. Los jueces y tribunales, el regular honorarios de los letrados de la contraria, los aumentarán hasta el 50 %, según la gravedad de los hechos". 56.
25-Costas al actor:
Serán a cargo del vencedor cuando, a pesar de que la demanda haya sido estimada, la promoción de la misma no habría sido necesaria para el reconocimiento del derecho del actor, por haber podido este lograr igual resultado, sin necesidad de recurrir al órgano jurisdiccional.
El reconocimiento oportuno, dentro del plazo para contestar la demanda, además de ser incondicionado, total y efectivo, son los demás extremos con que debe contar el allanamiento para que se produzca la inversión de la regla general y las costas puedan imponerse al actor.
26- Costas en Segunda Instancia:
Para la aplicación de las costas en segunda instancia se observarán las siguiente reglas:
a) si la sentencia fuere confirmatoria de la primera instancia en todas sus partes, las costas del recurso serán a cargo del apelante
b) si la apelación prosperare totalmente, el vencido serán condenado a pagar todas las costas del juicio,
c) si el recurso prospera parcialmente, las costas se abonarán en forma proporcional;
d) si ambos litigantes hubiesen recurrido y ninguno de los recursos prosperare, las costas se abonarán en forma proporcional, y
e) si se declarase desierto el recurso y hubiere lugar a la imposición de costas, éstas serán a cargo del apelante. Sin embargo el Tribunal podrá eximir las costas al vencido en la forma prevista en la segunda parte del artículo 201". 203.
27- Regla General:
La circunstancias de que el recurso haya prosperado o no, determinará la calidad de vencedor o vencido de la parte en 2º o 3º instancia. Se observarán las siguientes reglas:
28.- Recurso desestimado:
Cuando el recurso es desestimado en todas sus partes, la sentencia de instancia pasa en autoridad de cosa juzgada, debiendo el vencido pagar todas las costas del juicio, en razón de que la sentencia del superior ha reconocido la justicia del fallo.
29.- Recurso que prospera totalmente.
Cuando el recurso prospera totalmente, el vencido en 2ª. instancia debe cargar con todas las costas del juicio, tanto las de 1ª. como de 2ª. Instancia, ya que técnicamente no existen dos resoluciones, porque la sentencia de primera instancia se considera como no pronunciada.
30- Recurso que prospera parcialmente:
Si el recurso prospera parcialmente se aplican las reglas del vencimiento mutuo y las costas se compensarán aplicándose en el orden causado o se distribuirán en proporción al éxito obtenido por cada parte.
31- Vencimiento mutuo:
Si ambos litigantes han recurrido y ninguno de los recursos prospera, existen vencimiento mutuo en 2º instancia y las costas de dicha instancia se abonan en el orden causado.
32- Recurso declarado desierto:
Cuando se declara desierto el recurso y hubiere lugar a la imposición de estas, las mismas se imponen al recurrente (apelante).
33- Eximición:
El tribunal puede eximir de costas al vencido, de acuerdo a las reglas del CPC.
34- Apelación de las Costas:
Cuando la apelación de la sentencia lo fuere solamente respecto de las costas, el recurso será concedido en relación y sin efecto suspensivo en cuanto al principal. 204
35- Forma y efecto de la concesión del recurso:
De acuerdo con la norma cuando se recurre de la sentencia sólo en parte que se refiere a las costas, el recurso debe ser concedido en relación (no pueden alegarse hechos nuevos, ni agregarse documentos, ni abrirse a prueba, teniendo en cuenta exclusiva y únicamente las actuaciones producidas en la instancia anterior) y sin efecto suspensivo (esto significa que no obstante la interposición del recurso, la resolución impugnada produce sus efectos normales, mientras se resuelve la cuestión por el superior) en cuanto al principal.
36- Costas en Tercera Instancia.
Conforme a los principios enunciados precedentemente, la Corte Suprema de Justicia aplicará las costas de la instancia o del pleito, según sea el caso. 205.
37- Alcance de la condena en costas.
La condena en costas comprenderá todos los gastos ocasionados por la substanciación del proceso. 206.
38- Obligación de pagar las costas:
La condena en costas origina una relación de crédito por la cual la parte vencedora resulta acreedora de la parte vencida por todos los gastos ocasionados para la substanciación del proceso, incluso los honorarios de su abogado y procurador.
La obligación de pagar los gastos del juicio que pesa sobre el vencido deberá, no obstante, circunscribirse a aquellos en que necesariamente debió incurrir para obtener una decisión favorable a su pretensión u oposición.
39- Contenido de las costas:
Las costas comprenden los gastos que necesariamente ha debido efectuar el litigante para hacer triunfar su derecho:
Poder especial, no el general (porque este poder vale para otros asuntos en general).
Tasas judiciales.
Fotocopias.
Publicación de edictos.
Diligenciamiento de exhortos y oficios.
Gastos del embargo y otras medidas cautelares.
Publicación de avisos de remate, comisión del rematador y viático de secretaria.
Honorarios de Ab0gados, procuradores, peritos, depositarios, interventores, oficiales de justicia, traductores, intérpretes, etc.
En general todos lo que guarde relación con el juicio y de los que no se pudo prescindir sin poner en peligro el éxito del pleito.
Cosa Juzgada 1.-Concepto.
La cosa juzgada es la autoridad y eficacia que adquiere la sentencia judicial, cuando no proceden contra ella recursos ni otros medios de impugnación y no puede ser revisada en otro proceso
2.- Clases: Cosa juzgada material y cosa juzgada formal:
En virtud de la cual la sentencia es irrecurrible e inmutable.
Los caracteres de la Cosa juzgada material son: la inmutabilidad y la coercibilidad, además otorgan a las parte la defensa de cosa juzgada: “excepto rei judicata”
Cosa Juzgada formal. Por la que la sentencia se vuelve impugnable (irrecurrible) en virtud de haberse agotado los recursos o porque ella se halle consentida por ejemplo: la sentencia dictada en un juicio ejecutivo hace solo cosa juzgada formal, permitiendo su ejecución pero carece de cosa juzgada material, porque en el proceso de conocimiento ordinario posterior que puede promover el ejecutado, puede modificarse la sentencia.
3.- Decisiones que hacen cosa juzgada:
Son las pronunciadas en juicio contradictorio.
Las dictadas en procedimiento voluntario, de alimentos, las sentencias cautelares, etc, no hacen cosa juzgada.
4.- Parte de la sentencia que hace cosa juzgada:
Si la parte dispositiva de la sentencia contiene todos los elementos necesarios para establecer los limites objetivos y subjetivos de la cosa juzgada será autosuficiente y solo ella hará cosa juzgada.
En cambio, si la parte dispositiva carece de algún elemento habrá que recurrir a los motivos de la sentencia, porque se considera que el juez se remite a sus fundamentos.
5. Impugnación de la cosa juzgada por terceros:
La posibilidad que tienen los terceros para impugnar la cosa juzgada surge cuando la sentencia fue obtenida fraudulentamente.
En caso de fraude procesal (dolo, fraude, colusión) corresponde ejercer la acción autónoma de nulidad por los terceros perjudicados a fin de obtener la invalidez de los actos ilícitos cubiertos de formas procesales. (art. 409 CPC)
6. Diferencia con la preclusión:
La preclusión impide que en el mismo juicio se vuelva a reabrir una etapa superada, a discutir algo superado.
La cosa juzgada impide que en otro proceso se vuelva a decidir la cuestión ya resuelta (non bis in ídem).
Fin
30.9.09
La sentencia definitiva en el Derecho Procesal Civil argentino
1.- Procedimientos preliminares
(Alsina, Tratado III, página 701, Colombo, Código III página 632, De La Colina, Derecho y legislación procesal, II página 31, Fernández Código página
277, Rodríguez, Comentarios I página 318, Serantes Clavell, Código página 205).
Conclusión de la causa para sentencia:
A)Proceso ordinario:
a) Los requisitos que preceden al pronunciamiento de la sentencia definitiva en el juicio ordinario, dependen de las actitudes que adopte el
demandado en oportunidad de contestar la demanda. Cuando media allanamiento corresponde que el juez falle la causa sin más trámite, y asimismo
cuando el demandado admite los hechos en que se funda la demanda, pero les asigna un sentido jurídico distinto al pretendido por el actor, procede
declarar la causa como de puro derecho, en cuyo caso con carácter previo al llamamiento de autos y al pronunciamiento del fallo final, debe correrse
a las partes un nuevo traslado por su orden (arts. 359 y 481 del C.P.N.)
b) Pero cuando por existir hechos controvertidos, se ha dispuesto la apertura de la causa a prueba, y ésta se ha producido, es aplicable el
procedimiento descripto por el art. 482 del C.P.N. que dice: “si se hubiese producido prueba el juez sin necesidad de gestión alguna de los
interesados, o sin sustanciarla si se hiciere, ordenará en una sola providencia que se agregue al expediente, con el certificado del secretario sobre las
que se hayan producido. Cumplidos estos trámites el secretario entregará el expediente a los letrados por su orden y en el plazo de seis días a cada
uno, sin necesidad de petición escrita, y bajo su responsabilidad para que presenten, si lo creyeren conveniente, un escrito alegando sobre el mérito
de la prueba. Se considerará como una sola parte a quienes actúen bajo representación común. Transcurrido el plazo sin que el expediente haya sido
devuelto, la parte que lo retuviere perderá el derecho de alegar, sin que se requiera intimación. El plazo para presentar el alegato es común.
c) El juez debe limitarse a ordenar la agregación de las pruebas al expediente principal y la expedición, por el secretario, de un certificado sobre las
pruebas que se hayan producido. Los plazos para retirar el expediente y para presentar el alegato corren a partir del día siguiente al primer día
martes o viernes posterior a la expedición de dicho certificado, en el que además se debe dejar constancia de que el expediente se encuentra a
disposición de las partes.
d) El alegado es el acto mediante el cual cada una de las partes expone al juez por escrito las conclusiones que les sugieren las pruebas producidas
en el proceso. No procede pues, que en él los litigantes introduzcan cuestiones o defensas que no fueron propuestas en oportunidad de la demanda,
contestación o reconvención, debiendo limitarse a destacar el mérito o poder de convicción de los elementos probatorios, siempre en función de los
hechos que fueron objeto de la litis, los cuales quedan definitivamente fijados en aquellas oportunidades.
e) El plazo para presentar el alegato reviste carácter común, es decir que vence para todas las partes el mismo día. De allí que el actor pueda diferir
su presentación hasta que venza el plazo acordado al demandado . Pero es menester distinguir entre el plazo para presentar el alegado y el plazo
durante el cual cada una de las partes tiene el derecho de retener el expediente en su poder para consultarlo. Este último corre individualmente para
cada una de las partes, y si vencido el plazo, el expediente no es devuelto, la parte que lo haya retenido perderá el derecho de alegar sobre la
prueba, sin necesidad de intimación previa. La demora en que puede incurrir el actor en devolver el expediente afectará naturalmente y aún podrá
absolver, el plazo que la ley acuerda al demandado para tenerlo a su vez en su poder. Por ello se ha decidido que en tal caso, el demandado debe
solicitar la suspensión del plazo para alegar hasta tanto el expediente sea devuelto debiendo correrle el plazo respectivo desde que se le notifica que
el expediente se encuentra en secretaría a su disposición. En casos de litisconsorcio finalmente deben computarse tanto plazos de seis días cuantos
sean los litisconsortes salvo que haya mediado unificación de personería, en cuyo caso los litisconsortes se consideran como una sola parte.
f) Transcurrido el plazo para la presentación de los alegatos, el secretario sin petición de parte, debe poner el expediente a despacho y alegar los
alegatos que se hubiesen presentado. Acto continuo, el juez debe dictar la providencia llamando autos para sentencia (art. 483 C.P.N.). Una vez
dictada la providencia queda cerrada toda discusión y no procede la presentación de nuevos escritos ni la producción de más prueba, salvo aquellas
que el juez dispusiere diligenciar de acuerdo con la facultad que le acuerda el art. 36 inciso segundo. Sin embargo estas pruebas deben ser
ordenadas en un solo acto (art. 484 C.P.N) El juez debe pronunciar sentencia dentro del plazo legal, contado desde que queda firme la providencia
de autos o desde el vencimiento del plazo ampliatorio que se le haya concedido de acuerdo con lo dispuesto por el art. 167 del C.P.N. En el caso de
ordenarse prueba de oficio, no cabe computar los días que requiera el diligenciamiento de dicha prueba. Por consiguiente se trata de un supuesto de
suspensión de plazo.
B)Proceso sumario y sumarísimo:
La conclusión de la causa se halla sujeta en esta clase de procesos, a trámites más simples de los que rigen en el proceso ordinario. Si la cuestión es
de puro derecho, una vez ejecutoriada la resolución que así lo declara comienza a correr el plazo para dictar sentencia (art. 489 del C.P.N.) En el
caso de existir hechos controvertidos, dicho plazo corre a partir de la realización de la audiencia de prueba a que se refiere la norma citada. En la
práctica sin embargo también en esta clase de procesos se dicta la providencia de autos.
2.- Forma y contenido de la sentencia:
(Alsina, Tratado IV página 406, Ibáñez Frocham, Tratado de los recursos en el proceso civil, 3era. Edición, páginas 212 y 300, Podetti, Tratado de los
actos procesales, página 436).
Sentencia de primera instancia.
a) El art. 163 del C.P.N. enuncia dos requisitos comunes a todas las resoluciones judiciales: la mención del lugar y fecha del pronunciamiento y la
firma del juez. A tales requisitos se agregan otros que se agrupan en las partes en que se divide el contenido de las sentencias definitivas: los
resultandos (nombre y apellido de las partes, y la relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio, es decir la mención de los
hechos alegados por las partes en sus escritos de demanda, contestación, reconvención, y contestación de ésta, así como del objeto y de la causa
de la pretensión o pretensiones deducidas. Es costumbre además que entre los resultados se incluya una breve relación de los trámites substanciales
cumplidos en el expediente) , los considerandos (las cuestiones litigiosas y los fundamentos y la aplicación de la ley, pues las presunciones no
establecidas por ley constituyen prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia,
produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica. Constituyen la parte más importante de la
sentencia, pues en ella el juez debe exponer los motivos o fundamentos que lo determinan a adoptar una u otra solución para resolver la causa. En
este tramo del pronunciamiento el juez debe remitirse a los hechos invocados por las partes, confrotarlos con la prueba que se haya producido,
apreciar el valor de ésta y aplicar finalmente la norma o normas jurídicas mediante las cuales considera que debe resolver el pleito. No está obligado
sin embargo a hacerse cargo de todas las pruebas producidas ni a analizar todas las cuestiones propuestas por las partes, pudiendo desechar
aquellas que considere innecesarios o inconducentes. El juez debe atenerse exclusivamente a su conocimiento del orden jurídico vigente, hallándose
por lo tanto facultado para prescindir de las argumentaciones de orden legal formuladas por las partes. No es requisito indispensable la mención
explícita de la norma que rige el caso. La omisión de citas legales en efecto resulta excusable cuando la solución acordada al pleito encuentra apoyo
en doctrina jurisprudencial o en principios de derecho, se encuentra implícitamente referida a determinados preceptos o lo discutido en el pleito tiene
predominante carácter fáctico) y la parte dispositiva o fallo propiamente dicho (es la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las
pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de
la demanda y reconvención en su caso, en todo o en parte. La ley exige una estricta correspondencia entre el contenido de la sentencia y las
cuestiones oportunamente planteadas por las partes, lo que supone como es obvio, la adecuación del pronunciamiento a los elementos de la
pretensión deducida en el juicio (sujetos, objeto y causa). Se trata de una aplicación del denominado principio de congruencia, que constituye una de
las manifestaciones del principio dispositivo, y que reconoce incluso fundamento constitucional pues comportan agravio a la garantía de defensa en
juicio (art. 18 de la constitución nacional) tanto las sentencias que omiten el examen de cuestiones oportunamente propuestas por las partes, que
sean conducentes para la decisión del pleito, como aquellas que se pronuncian sobre pretensiones od efensas no articuladas en el proceso. En este
última supuesto la sentencia incurre en el vicio llamado de extrapetita. También puede darse el caso de que el juez emita pronunciamiento ultra
petita, el cual tiene lugar cuando no obstante mantenerse la sentencia en el ámbito de la cuestión o cuestiones pertinentes, va más allá del límite
cuantitativo fijado por las partes. Tal sucede cuando por ejemplo la sentencia condena al pago de una suma que excede la pedida por el actor en el
escrito de la demanda. La sentencia por consiguiente debe guardar estricta correlación con lo pretendido en la demanda. Lo cual no obsta a que si
durante el curso del proceso ocurren hechos que extingan o consoliden el derecho de las partes –pago, cumplimiento de la obligación o extinción del
plazo—el juez puede hacer mérito de esos hechos sobrevinientes para rechazar o admitir la demanda. Completan la parte dispositiva la fijación del
plazo que se otorgase para el cumplimiento de la sentencia, si fuese susceptible de ejecución y el pronunciamiento sobre costas y la regulación de
honorarios, así como en su caso la declaración de temeridad o malicia en los términos del art. 34 del C.P.N.
b) Cuando la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios fijará su importe en cantidad líquida o establecerá por lo
menos las bases sobre las que haya de hacerse la liquidación. Esto supone que la parte interesada haya practicado la estimación de esos rubros, y
que exista prueba tanto sobre la existencia de los mismos como de su monto.
c) Pronunciada la sentencia concluirá la competencia del juez respecto del objeto del juicio y no podrá sustituirla o modificarla. Sin embargo le
corresponderá: a) ejercer de oficio antes de su notificación el poder que le otorga el art. 36 inciso 3ero. Los errores numéricos podrán ser corregidos
aún durante el trámite de ejecución de sentencia. b) corregir a pedido de parte, formulado dentro de los tres días de la notificación y sin sustanciación,
cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre
alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. c) ordenar, a pedido de parte, las medidas precautorias que fueren pertinentes. D)
disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonios. E) proseguir la sustanciación y decidir los incidentes que tramiten por
separado. F) resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y sustanciar los que se condedan en relación y en su caso decidir los pedidos de
rectificación. G) ejecutar oportunamente la sentencia.
d) La sentencia debe ser notificada de oficio, dentro del tercer día transcribiéndose en la cédula la parte dispositiva. Al litigante que lo pida, debe
entregársele una copia simple de la sentencia, firmada por el secretario o por el oficial primero.
Sentencia de segunda o ulterior instancia.
a) las sentencias definitivas dictadas en segunda instancia, o en las instancias extraordinarias se hallan sujetas a los requisitos comunes de todas las
resoluciones judiciales (redacción por escrito, idioma, fecha y firma) y deben contener las enunciaciones y requisitos establecidos con respecto a las
de primera instancia
b) si se trata de sentencias de segunda instancia a dictarse con motivo de un recurso concedido libremente, aquellas deben contener el voto
individual de los jueces que integran el tribunal respectivo. Con carácter de previo se procede al sorteo de los expedientes entre los miembros de la
Cámara quienes deben instruirse personalmente de ellos antes de celebrar los acuerdos para pronunciar sentencia.
c) las sentencias de las Cámaras se pronuncian previa celebración de los llamados acuerdos que deben tener lugar los días que el presidente o el
tribunal señale y que constituyen las reuniones destinadas a la determinación de las cuestiones a resolver y a la discusión verbal de los asuntos.
d) La exigencia del voto individual rige únicamente si se trata de sentencias definitivas dictadas en procesos ordinarios y sumarios. Las sentencias
interlocutorias de la Cámara así como las recaídas con motivo de recursos concedidos en relación deben ser redactadas en forma impersonal.
e) Las decisiones de las Cámaras Nacionales de Apelaciones o de sus Salas, se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los jueces que las
integran, siempre que éstos concordaran en la solución del caso. Si hubiese desacuerdo se requerirán los votos necesarios para obtener mayoría de
opiniones. Cuando no se logre esa mayoría las Cámaras se integrarán por sorteo entre los demás miembros de aquellas, luego del mismo modo con
los jueces de las restantes Cámaras (Federal, Contencioso-administrativo, Civil, Comercial, Criminal y Correccional, Trabajo, de Paz, Penal
Económico) y por último siempre por sorteo con los jueces de primera instancia que dependan de la Cámara que deba integrarse.
f) Concluido el acuerdo debe ser redactada en el libre correspondiente, suscripto los jueces del tribunal y autorizado por el secretario, e
inmediatamente se pronunciará la sentencia en el expediente, precedida de copia íntegra del acuerdo, autorizado también por dicho funcionario.
g) Las sentencias de la Corte Suprema, finalmente deben redactarse en forma impersonal, sin perjuicio de que los jueces disidentes con la opinión de
la mayoría emitan su voto por separado. El original de la sentencia se agrega al expediente y una copia de ella, autorizada por el secretario es
incorporada al libro respectivo.
3.- Clasificacion de las sentencias:
(Chiovenda, Acción de declaración de mera certeza, en Ensayos Tomo I página 175, Goldschmidt, Derecho Procesal Civil, pág. 100, Liebman,
Manuele Tomo I pág. 61, Mercader, La sentencia constitutiva en RDP 1947-I-434, Podetti, Tratado de los actos procesales, página 429, Rosenberg,
Las sentencias constitutivas, en RDP 1947-I-556).
Generalidades: La sentencia definitiva, como acto decisorio que pone fin a las cuestiones de fondo planteadas en el proceso, puede ser
caracterizada desde distintos puntos de vista. Se habla así, de sentencias de primera y de segunda o ulterior instancia, atendiendo al órgano del cual
emanan y a las formalidades específicas que las rodean, de sentencias estimatorias o desestimatorias de la demanda, de sentencias que adquieren
fuerza de cosa juzgada en sentido material o en sentido formal (como ocurre por ejemplo en los procesos ejecutivos) etc. Pero la clasificación que
mayor difusión ha alcanzado en la doctrina es aquella que atendiendo al contenido específico de las sentencias, las divide en declarativas, de
condena y determinativas.
Sentencias declarativas:
a) Llámese sentencias declarativas o de mera declaración, a aquellas que eliminan la falta de certeza acerca de la existencia, eficacia, modalidad
o interpretación de una relación o estado jurídico. La declaración contenida en este tipo de sentencias puede ser positiva o negativa. Es positiva
cuando afirma la existencia de determinado efecto jurídico a favor del actor, es negativa cuando afirma ya sea a favor del actor o del demandado, la
inexistencia de un determinado efecto jurídico contra ellos pretendido por la contraparte.
b) En realidad toda sentencia contiene una declaración de certeza como premisa necesaria de la decisión principal, pues tanto para pronunciar una
condena cuanto para determinar las condiciones o modalidades de la relación jurídica, es necesario que el juez declara la existencia, en el caso
particular, de las circunstancias que conducen a tales consecuencias. De allí que la característica fundamental de esta clase de sentencias a las
cuales remite el art. 322 del C.P.C.C. reside en que la actividad del juez se agota en la declaración de certeza. Como ejemplos de sentencias
declarativas se puede mencionar aquellas que declaran la nulidad o la simulación de un acto jurídico, la falsedad de un documento, el alcance de una
cláusula contractual, la adquisición de la propiedad por prescripción, etc.
c) Una modalidad de las sentencias declarativas se encuentra configurada por las llamadas sentencias constitutivas, a las que cabe definir como
aquellas que insustituiblemente producen los efectos precedentemente mencionados (declaración de incapacidad, adopción, de divorcio, de nulidad
de matrimonio, etc.) Algún sector de la doctrina, tratando de diferenciar a las sentencias constitutivas de las meramente declarativas, observa que
mientras éstas últimas se limitan a reconocer o hacer explícita una situación jurídica existente con anterioridad, las primeras establecen un estado
jurídico nuevo (inexistente con anterioridad al pronunciamiento de la sentencia). Pero también se ha observado que toda sentencia como norma
jurídica individual, constituye siempre la fuente de una nueva situación jurídica, en tanto sólo a través de ella existe la concreta realidad de sus
efectos. Otros autores, entienden que únicamente puede hablarse de sentencia constitutiva, toda vez que el ordenamiento jurídico condicione la
existencia legal de una situación determinada a la previa declaración por un órgano judicial, pues en tales casos –como señala Couture- los
interesados no podrán lograr por acto privado, ni aún de absoluto acuerdo, los efectos jurídicos deseados. En este orden de ideas, la distinción entre
las sentencias constitutivas y las declarativas no debe buscarse en un plano esencial, sino que debe remitirse a lo que en cada caso haya dispuesto
el legislador. Es decir, que cabrá hablar de sentencia constitutiva siempre que la ley condicione insustituiblemente a una declaración judicial la
eliminación de una incertidumbre respecto de la existencia, validez, etc. de una declaración o estado jurídico. Por lo mismo, tampoco es admisible
destacar, como nota distintiva de este tipo de sentencias, la circunstancia de que sólo produzcan efectos a partir del momento en que pasan en
autoridad de cosa juzgada, pues existen muchas sentencias constitutivas (como la que declara la nulidad de un matrimonio contraído de mala fe) que
retrotraen sus efectos hacia el pasado.
Sentencias de condena:
a) Son sentencias de condena aquellas que imponen el cumplimiento de una prestación (de dar, hacer o no hacer). Es el tipo de sentencia más
frecuente, y en ella fijaron primordialmente su atención quienes, en el siglo pasado, al concebir a la acción como un elemento o función del derecho
subjetivo, consideraban que aquella no existía si no mediaba la efectiva lesión a un derecho.
b) Además de declarar la existencia del derecho a una prestación y el incumplimiento de ésta por parte del obligado, las sentencias de condena
aplican la sanción que la ley imputa a ese incumplimiento, y crean por ello, a favor del titular del derecho, la acción tendiente a obtener su ejecución
coactiva. No siempre –dice Calamandrei- la obligación de prestación que la sentencia de condena impone al demandado se cumple voluntariamente,
por solo obsequio al mandato contenido en la condena por el obligado, y en todos aquellos casos en que la sentencia de condena no tiene la virtud
de inducir al condenado a la ejecución voluntaria, la fase de cognición asegura al vencedor, en lugar de la satisfacción inmediata y final de su
derecho, solamente un medio para pasar a una fase procesal ulterior, en la que se sustituya a la ejecución voluntaria, por obra del Estado, la
ejecución coactiva.
c) Las leyes procesales modernas admiten la posibilidad de que se dicten sentencias de condena sin que medie la lesión actual de un derecho, con la
finalidad de asegurar al actor el goce de un beneficio en una época determinada o de prevenir la eventual insolvencia del mandato. Se trata de las
denominadas sentencias de condena a una prestación futura sobre cuyos presupuestos ilustran elocuentemente los siguientes casos enumerados
por el anteproyecto mexicano de Código de Procedimientos civiles para el Distrito y Territorios Federales redactado en el año 1948: 1.- cuando se
pida la entrega de una cosa o cantidad de dinero o el desalojamiento de un fundo, casa o local, pactadas para un día determinado... siempre que se
solicita que la sentencia no pueda ejecutarse sino al vencimiento de la prestación. 2.- cuando la acción verse sobre prestaciones peródicas y se
hubiere faltado al cumplimiento de alguna de ellas, para el efecto de que la sentencia se ejecute a sus respectivos vencimientos. 3.- cuando se trate
de obligación condicional y el obligado impida voluntariamente el cumplimiento de la condición, cuando después de contraída la obligación resulta el
deudor insolvente, salvo que garantice la deuda, cuando no otorgue al acreedor las garantías a que estuviere comprometido o cuando por acto propio
hubieran disminuido aquellas garantías después de establecidas, o cuando por caso fortuito desaparecieren, a menos que sean inmediatamente
sustituidas por otras igualmente seguras y en general, cuando se trate de impedir un fraude. En algunos códigos argentinos, como los de Córdoba
(art. 366) La Rioja (art. 437) Mendoza (art. 399) y Santa Fe (art. 518), se admite asimismo la interposición de la demanda de desalojo aun cuando no
hubiera vencido el plazo legal o convencional. En la misma línea se halla ubicado el CPN cuyo art. 680 dispone que la demanda de desalojo podrá
interponerse antes del vencimiento del plazo convenido para la restitución del bien, en cuyo caso la sentencia que ordena la desocupación deberá
cumplirse una vez vencido aquél. Las costas serán a cargo del actor cuando el demandado, además de allanarse a la demanda, cumpla con su
obligación de desocupar el bien o devolverlo en la forma convenida.
Sentencias determinativas o especificativas:
Son aquellas mediante las cuales el juez fija los requisitos o condiciones a que deberá quedar subordinado el ejercicio de un derecho. Complementan
o integran, pues ciertas relaciones jurídicas cuyos elementos o modalidades no se encuentran determinados por completo. Ejemplos de este tipo de
sentencias son las que fijan el plazo de cumplimiento de una obligación en los términos de los arts. 618 y 751 del Código civil (en los que se
establece que si no estuviere determinado en el acto por el que ha constituido la obligación, el día en que debe hacerse la entrega del dinero, el juez
señalará el tiempo en que el deudor debe hacerlo, si no estuviere designado el lugar en que se ha de cumplir la obligación, ella debe cumplirse en el
lugar en que se ha contraído, en cualquier otro caso la entrega de la suma de dinero debe hacerse en el lugar del domicilio del deudor al tiempo del
vencimiento de la obligación), la que establece la forma en que deben dividirse bienes comunes (art. 676 apartado 2do. del C.P.N.), etc.
4.- Efectos jurídicos de la sentencia.
(Alsina Tratado Tomo IV página 110, Couture Fundamentos, página 327, Guasp Derecho Procesal Civi, página 563, Lascano, Jurisdicción y
competencia página 190, Lierman, Corso di diritto processuale civile página 233, Podetti, Tratado de los actos procesales página 456).
Generalidades:
a) Mediante la sentencia el juez crea una norma individual (lex specialis) que constituye una nueva fuente reguladora de la situación jurídica
controvertida en el proceso y que, como manifestación trascendente que es del ejercicio de la función jurisdiccional, debe ser acatada por las partes y
respetada por los terceros. El efecto natural de toda sentencia consiste por consiguiente en su obligatoriedad e imperatividad, pues si así no fuese
es obvio que ella carecería de objeto y de razón de ser.
b) Junto a este efecto natural existen los efectos particulares que resultan del contenido de la sentencia: quedará así eliminada la incertidumbre
sobre la existencia, eficacia, modalidad o interpretación de una relación o estado jurídico si se trata de una sentencia meramente declarativa
(incluyendo su modalidad constitutiva), nacerá un título ejecutivo a favor del vencedor en el supuesto de que el sujeto pasivo de una sentencia de
condena no se avenga a cumplir la prestación que aquella le impuso y quedará integrada la correspondiente relación jurídica si se trata de una
sentencia determinativa.
c) Algunos autores consideran que también constituye un efecto de la sentencia la extinción de la competencia del juez con respecto al objeto del
proceso. Se trata sin embargo, de un efecto relativo, pues el juez que dictó la sentencia tiene atribuciones para conocer del recurso de aclaratoria,
decretar medidas cautelares, decidir los incidentes que tramitan por separado, etc. (art. 166 del C.P.C.C.) En rigor como observa Podetti, más que
una extinción de la competencia se trata de una suspensión parcial y transitoria de ella, que es reasumida por el juez, a los fines de la ejecución, una
vez ejecutoriada la sentencia (art. 166 inciso 7).
d) Aparte de los mencionados, la sentencia produce efectos secundarios o indirectos, a los cuales caracteriza el hecho de ser consecuencia
directa de algún efecto principal o del simple pronunciamiento del fallo. Tales son por ejemplo la facultad de pedir el embargo preventivo (o cualquier
otra medida cautelar), en el caso de obtenerse una sentencia favorable (art. 212 inciso 3er. Del C.P.C.C.) y la imposición de las costas al vencido
(art. 68 del C.P.C.C.).
Efectos temporales:
a) la clase de sentencia de que se trate determina el alcance temporal de sus efectos. Las sentencias declarativas, como principio, proyectan sus
efectos hacia el momento en que tuvieron lugar los hechos sobre los cuales versa la declaración de certeza: declarada, por ejemplo, la nulidad
absoluta de un acto jurídico, la declaración judicial se retrotrae a la fecha en que aquél se celebró (art. 1038 y 1047 del Código Civil). Las sentencias
constitutivas sólo producen efecto como principio hacia el futuro (ex nunc). Pero la regla como antes lo advertimos no es absoluta, y en cada caso por
consiguiente, será necesario atenerse a lo que dispongan las pertinentes prescripciones legales.
b) Si se trata de una sentencia de condena, el tema de los efectos temporales reviste importancia a los fines de determinar la fecha desde la cual
corresponde abonar los intereses y frutos. En lo que atañe a los intereses, que deben ser necesariamente reclamados en la demanda (CNCiv F. ED
6-286, CNPaz V, JA 1963-III-95) cabe distinguir según se trate de obligaciones derivadas de contratos o de hechos ilícitos. En el primer caso, si las
obligaciones son a plazo los intereses se devengan desde el vencimiento de aquél, pues la mora se produce de pleno derecho, y si en cambio, el
plazo no estuviere expresamente convenido pero resultare tácitamente de la naturaleza y circunstancias de la obligación, los intereses corren desde
que se formuló la interpelación extrajudicial (para la cual como es sabido no son exigibles formas determinadas) o en su defecto, desde la notificación
de la demanda (interpelación judicial – art. 509 apartados 1º y 2º del código civil modificado por la ley 17711). En el segundo caso, los intereses
deben liquidarse desde la fecha en que se produjeron los perjuicios sobre que versa la reparación (LL 99-3, LL 98-719, ED 5-191, LL 98-687) Con
respecto a los frutos el art. 2433 del código civil, prescribe que ellos deben restituirse desde la fecha de notificación de la demanda. Finalmente,
importa señalar que la mayor parte de los precedentes judiciales se orientan actualmente, en el sentido de que es procedente la aplicación de
intereses aunque la suma reclamada fuere ilíquida en cuyo caso aquellos deben correr desde la fecha de notificación de la demanda (LL 89-474, LL
92-76, LL 103-744, ED 3-992).
c) Las sentencias determinativas sólo producen efectos hacia el futuro, ya que la integración de la respectiva relación jurídica se opera con motivo del
fallo. Tal es el supuesto contemplado en el art. 509 inciso 2do. del código civil, con relación a las obligaciones sin plazo. Éste en efecto debe ser
fijado por el juez en procedimiento sumario, a menos que el acreedor opte por acumular las pretensiones de fijación de plazo y cumplimiento , en
cuyo caso el deudor quedará constituido en mora en la fecha indicada en la sentencia para el cumplimiento de la obligación.
Cosa Juzgada:
(Alsina Tratado IV, pág. 122, Allard Etude sur la chese jugué Marchal Billard y Cie París 1875, Arlas Extensión de la cosa juzgada en el proceso civil,
en RDP año IX pág. 95, Colombo Código II.80, Costa Manuele página 214, Couture Fundamentos pág. 399, Chiovenda Sobre la cosa juzgada en
Ensayos III página 193, Díaz de Guijarro La cosa juzgada en materia de estado. Su efecto erga omnes en JA 1942-II-612, Gelsi Bidart Bases
positivas para la noción de cosa juzgada en Estudios Jurídicos en memoria de Eduardo Couture, Montevideo, 1957 pág. 339, Guasp Derecho
Procesal Civil página 563, Imaz La esencia de la cosa juzgada y otros ensayos, Arayú Buenos Aires, Liebman Eficacia ed autoriíta della sentenza,
Guiffré Milán 1935, Límites de la cosa juzgada en las cuestiones de estado en LL 19-I-sección doctrina, Podetti, Tratado de los actos procesales
página 459, Rocco Derecho Procesal Civil página 271, Rosenberg Derecho Procesal Civil II pág. 441, _Savigny Sistema del derecho romanop actual
V página 160, Vellani Naturaleza de la cosa juzgada (Trat. Sentís Melendo, Ejea Buenos Aires).
a) La cosa juzgada significa en general la irrevocabilidad que adquieren los efectos de la sentencia cuando contra ella no procede ningún recurso
que permita modificarla. No constituye pues un efectos de la sentencia sino una cualidad que se agrega a ella para aumentar su estabilidad y que
igualmente vale para todos los posibles efectos que produzca (Liebman).
b) De lo dicho se sigue que la cosa juzgada supone fundamentalmente la ininpugnabilidad de la sentencia, o lo que es lo mismo la preclusión de los
recursos que procedan contra ella. Al operarse la preclusión que obsta al ataque directo de la sentencia, se dice que ésta adquiere autoridad de cosa
juzgada en sentido formal. Cuando en cambio la sentencia aparte de ser insusceptible de ese ataque directo mediante la interposición de un recurso,
también lo es de ataque indirecto a través de la apertura de un nuevoproceso que verse la misma materia, se dice que aquella goza de autoridad de
cosa juzgada en sentido material.
c) Hay cosa juzgada en sentido formal cuando no obstante ser ininpugnable la sentencia dentro del proceso en el cual se dictó existe la posibilidad
de reveer lo resuelto por ella en un proceso posterior. Tal lo que ocurre en el juicio ejecutivo, en el cual cualquiera haya sido el contenido de la
sentencia queda a salvo al vencido el derecho de promover un proceso de conocimiento tendiente a obtener su modificación.
d) Hay cosa juzgada en sentido material cuando a la irrecurribilidad de la sentencia se agrega la imposibilidad de que en cualquier circunstancia y
en cualquier otro proceso se juzgue de un modo contrario a lo decidido por aquella. Rosenberg señala que la cosa juzgada en sentido material
comporta la normatividad del contenido de la sentencia, es decir la afirmación de la existencia o inexistencia de la consecuencia jurídica pretendida
por una de las partes y expresada por el fallo, para todo procedimiento en que se cuestione la misma consecuencia jurídica. A fin de asegurar la
inmodificabilidad que es propia de la cosa juzgada en sentido material la ley acuerda la llamada excepción de cosa juzgada.
e) Existen diversas teorías acerca del fundamento o justificación racional al principio de inmutabilidad de los pronunciamientos jurisdiccionales
definitivos: SAVIGNY sostuvo que toda sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada queda a cubierto de eventuales impugnaciones por cuanto
representa una ficción de verdad creada frente a la conveniencia de promover la estabilidad de las relaciones jurídicas (el fundamento es político:
trata de legitimar el error posible de la sentencia). POTHIER sostuvo que la autoridad de la cosa juzgada responde a la presunción absoluta de
verdad de la sentencia. Esta concepción fue recogida por el código napoleónico y el código civil italiano de 1856 ubicando a la cosa juzgada entre
las presunciones legales. (el fundamento es una presunción: la sentencia se funda en la probabilidad de una presunción iuris et de iure). ROCCO
entiende que la cosa juzgada deriva de la necesidad de la certeza judicial, que equivale en el orden humano, a la verdad objetiva.
PAGENSTECHER sostiene que la cosa juzgada equivale a los efectos del contrato de declaración, mediante el cual dos personas obtienen la certeza
jurídica con respecto a un derecho subjetivo, aún cuando en ello mediase un error. CARNELUTTI considera que en virtud del comando
complementaria que el juez ejerce, y cuya titularidad es la misma que la de la ley general (lex generalis) la sentencia comporta una lex specialis
provista de una eficacia semejante a la de aquella.
f) La cosa juzgada no constituye un atributo esencial y necesario de la sentencia sino una simple creación del ordenamiento jurídico que puede o no
acordar tal autoridad a los pronunciamientos judiciales definitivos, sin que con ello quede afectado principio lógico u ontológico alguno. Dice Imaz que
la cosa juzgada no es más que la duración de la vigencia de las sentencias judiciales originada en la prohibición impuesta normativamente a los
órganos de la colectividad de derogarlas por medio de otras normas jurídicas posteriores. De ahí la inutilidad de cualquier teoría que pretenda
justificar la institución de la cosa juzgada fuera de un criterio estrictamente axiológico.
5.- Otras formas de terminación del proceso:
Frente a la sentencia definitiva que constituye el modo normal de terminación de todo proceso existen diversos actos y situaciones que producen el
mismo resultado, aunque alguno de ellos no afectan al derecho sustancial que puede asistir a las partes y posibilitan por lo tanto la reproducción de la
pretensión en un proceso posterior.
Cuatro de esos modos anormales de terminación de los procesos constituyen manifestaciones expresas de voluntad de las partes. Son ellos:
· El allanamiento
· El desestimiento
· La transacción
· La conciliación
· La caducidad de instancia (no reviste como los anteriores el carácter de acto procesal, y se funda en la voluntad presunta de abonando del proceso
por parte del litigante a quien incumbe la carga de impulsar la marcha de la instancia, sea ésta principal o incidental).
El allanamiento no excluye la necesidad de una sentencia, y los restantes requieren para perfeccionarse jurídicamente una resolución
homologatoria. El desestimientopuede ser de la pretensión o del derecho. El primero es el acto mediante el cual el actor manifiesta su voluntad de
poner fin al proceso sin que se dicte una sentencia de fondo respecto del derecho material invocado como fundamento de aquella. El segundo es el
acto en cuya virtud el actor abdica del derecho material invocado como fundamento de la pretensión. Es un acto paralelo al allanamiento pues
consiste en la declaración formulada por el acto de que su pretensión es infundada.
La transacción constituye uno de los modos de extinción de las obligaciones siendo un acto jurídico bilateral, por el cual las partes, haciéndose
concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas.
La conciliación según Alsina no importa una transacción aunque ésta pueda ser a veces consecuencia de ella. Podetti expresa que no se refiere al
derecho que ampara la pretensión o la resistencia sino al aspecto del hecho de ambas posiciones. El que concilia no renuncia a un derecho subjetivo,
acepta o reconoce que los hechos en los cuales se funda la pretensión eran equivocados o exagerados haciendo posible un reajuste de la
pretendido.
La caducidad o perención de instancia constituye un modo de extinción del proceso que tiene lugar cuando en él no se cumple acto de impulso
alguno durante el tiempo establecido por la ley. Su fundamento estriba en la presunción de renuncia de la instancia que comporta el hecho de la
inactividad procesal prolongada, y en la consiguiente conveniencia de que en tales circunstancias el órgano judicial se desligue de los deberes que la
subsistencia de la instancia le impone. Sus presupuestos son:
· La existencia de una instancia principal o incidental
· La inactividad procesal
· El transcurso de un plazo
· Una resolución judicial que la declare operada
Sentencias
Jurisprudencia condensada:
a)Principio de congruencia:
· Una de las principales consecuencias del principio de congruencia, de raíz constitucional puesto que tiende a asegurar la inviolabilidad de la
defensa en juicio, reside en constreñir al magistrado a circunscribir su decisión a lo que se le peticiona acorde con lo preceptuado por los arts. 34 inc.
4, 161 inc. 2, 163 inc. 6 y 164 del código procesal no siéndole dable apartarse de la relación jurídico- procesal trabada, cuyo ejercicio queda en
manos de los litigantes (CNCom. Sala A, febrero 26 – 1981, Banco de la Pcia. de Buenos Aires c/De Luca Alberto J. Y otra).
· Una de las garantías del debido proceso consiste en el límite que tiene la judicatura de no introducir alegaciones o cuestiones de hecho
sorpresivamente de manera que las partes no hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa. De ahí que la conformidad entre la sentencia y la
demanda en cuanto a las personas, el objeto y la causa es ineludible exigencia de cumplimiento de principios sustanciales del juicio relativos a la
igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal, toda vez que la litis fija los límites de los poderes del juez. Es cuando se supera este marco de
operatividad que se produce el quebrantamiento del principio de congruencia (SC Buenos Aires, febrero 5 de 1980, Fiscalía del Estado c/López
Cabana Ricardo, Ac. 28513).
· Con arreglo al principio dispositivo, que constituye una de las bases de nuestro ordenamiento jurídico procesal, a las partes incumbe fijar el alcance
y el contenido de la tutela jurídica, e incurre en incongruencia el juez que al fallar, se aparta de las cuestiones incluídas en la pretensión del actor y en
la oposición del accionado (CN Especial Civil y Comercial, Sala IV, Setiembre 28 de 1979, Marcopulos, Mario M c/ Stekloff Rafael y otra).
· Si bien es cierto que la teoría moderna destaca la extraordinaria importancia de la labor individualizadora del juez sea en atención de las
circunstancias del caso, a la concreta aplicación de las normas jurídicas, imbricadas en una teoría que muestra material y formalmente el arbitrio
judicial estructurado dentro del ordenamiento jurídico, no lo es menos que tales facultades no pueden exceder ni modificar lo reclamado en la
demandado so pena de lesionar las garantías constitucionales de la defensa en juicio (CNEspecial Civil y Comercial, Sala IV, setiembre 28 de 1979,
Marcopulos Mario M c/Stekloff Rafael y Otra).-
· La sentencia debe ajustarse a los términos de la demanda y su contestación en cuanto a las formas, el objeto y la causa, no estando permitido a los
jueces apartarse de la relación jurídico procesal tratada, ya que es regla fundamental del proceso que la sentencia debe contener decisión expresa,
positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio como único modo de respetar el principio de congruencia (CNEspecial
Civil y Comercial, Sala IV, Setiembre 28 de 1979, Marcopulos Mario M. C/Stekloff Rafael y De Incola, María A. Y otros c/Vakoncic Benito O).
· Si la sentencia excede cualitativa o cuantitativamente el objeto de la pretensión o se pronuncia sobre cuestiones no incluídas en la oposición del
demandando, menoscaba el derecho de defensa en juicio de esta parte a quien a raíz de ese proceder, se viene a privar de toda oportunidad útil de
alegar y probar acerca de temas que no fueron, por ende, objeto de la debida controversia (CNCiv. Sala D, octubre 21 de 1980, Vázquez González
Manuel y otros c/El Bortal S.R.L. y otros).
· La sentencia no puede exceder las pretensiones oportunamente planteadas. Al introducir de oficio un elemento ajeno a las pretensiones deducidas
en el juicio se excede los términos de la relación procesal, alterando de ese modo la igualdad de los litigantes pues la parte afectada está impedida
de producir las pruebas necesarias para desvirtuar la tardía articulación (CNEspecial Civil y Comercial, Sala VI, setiembre 17 de 1980, Betania
Cooperativa Limitada de Seguros Generales c/Rodríguez Santos M).
· Si la deficiente mención de los elementos que componen el monto reclamado –volumen y superficie de la pared medianera- requerido en base a un
plano de medianería acompañado con la demanda, fue rectificada por la pericia que puso de relieve la medición correcta, no falló ultra petita la
sentencia que tomó en consideración la medición pericial para fijar el importe de la condena (CNCivil Sala G febrero 17 de 1981, Consorcio de
Propietarios Cerrito 1212 c/Bojanovich de Gelbstein María J fallo nº 34.685).
· La sentencia no incurre en el vicio ultra petita en la fijación de una suma mayor a la pedida en la demanda, si en ésta se dejó establecido que se
estaba a lo que en más o en menos resultase de la prueba a producirse durante el juicio (CNCivil Sala G, febrero 17 de 1981, Consorcio de
Propietarios Cerrito 1212 c/Bojanovich de Gelbstein María J. Fallo 34685).
· Si el tribunal fijó el monto indemnizatorio directamente a la fecha de la sentencia, en uso de facultades conferidas por el art. 165 del código
procesal, no se violó el principio de congruencia porque la condena supere lo reclamado en la demanda, si se omitió indicar las pautas de
actualización utilizadas (SC Buenos Aires, agosto 19 de 1980, Gómez Gregorio c/Pcia. de Buenos aires, Ac. 28309).
· Viola el principio de congruencia la sentencia que hizo lugar a la ejecución actualizando la suma reclamada sin que la actualización monetaria
acogida fuera pedida y no se pronuncia respecto de los intereses solicitados (CNCom. Sala A febrero 26 de 1981, Banco de la Pcia. de Buenos Aires,
c/De Luca Alberto J y otra).
· Afecta el principio de congruencia la sentencia que condenó al deudor a pagar una suma de moneda argentina, reajustable por depreciación
monetaria, desentendiéndose de la circunstancia de ejecutarse moneda extranjera cuya conversión se pidió (CNCom. Sala D, diciembre 26 de 1980,
Dogi S.A. c/Gavitez S.A. y otros).
· Resulta incorrecta la condena al pago de la cláusula penal sobre la que se formuló una simple reserva en la demanda sin que se produjera una
petición concreta en el momento oportuno (CNEspecial Civil y Comercial Sala IV, marzo 20 de 1981, Sadoc, Nino y otro suc. C/Micheli Jan y otro).
b)Sentencia definitiva:
· No es dable atribuir naturaleza de definitiva a las resoluciones que aun cuando concluyen una determinada controversia acerca de un tema
específico, no están vinculadas al asunto principal en litigio y por lo tanto, no le ponen fin (SC Buenos Aires, noviembre 25 de 1980, Corbata de
Pasciaroni B c/Corbata Carlos A. Ac. 29611).
· No puede otorgársele definitividad a aquella sentencia que deja expeditas otras vías para plantear la pretensión accionada (SC Buenos Aires,
noviembre 25 de 1980, Corvatta de Pasciaroni B c/Corvatta Carlos A. Ac. 29611).
· La decisión de la Cámara que dispuso que los fondos depositados en un banco originados en la venta del inmueble objeto del condominio, del que
eran titulares las partes del juicio, fueran invertidos en títulos rentables de modo de compensar el deterioro monetario, constituye una cuestión ajena
al motivo principal de la litis –división de condominio- que no pone fin al juicio ni imposibilita su continuación (SC Buenos Aires, noviembre 25 de
1980, Corvatta de Pasciaroni B c/Corvatta Carlos Ac. 29611).
c)Sentencia extranjera:
· En nuestro sistema normativo la aplicación del derecho extranjero está subordinada al respeto o adecuación del mismo a los principios de orden
público internacional que refiere el art. 14 del código civil. En la particularización de esta directiva general, el art. 517 del código procesal determina a
su vez las condiciones de ejecutoriedad de los pronunciamientos emanados de los órganos jurisdiccionales extranjeros (CNCivil Sala G octubre 14 de
1980, Ortega Bebía F c/De Acosta Reca T.)
· El inciso 2do. Del art. 517 del código procesal pretende asegurar la garantía elemental del debido proceso con sustento en el principio
constitucional de la defensa en juicio. La extraterritorialidad de la sentencia sólo podrá ser admitida cuando ha sido dictada respetando rigurosamente
ese derecho, privándola de efectos en caso concreto (CNCivil Sala G, octubre 14 de 1980, Ortegra Bebía F c/De Acosta Reca)
· No constituye el objeto de un juicio de exequátur la revisión de la relación sustancial controvertida en aquel proceso en que se dictó el
pronunciamiento, sino el de ejercer por esta vía el control jurisdiccional respecto de la sentencia como tal, a fin de verificar su idoneidad para ser
ejecutada en nuestro país. De modo que si la actuación de las partes debe limitarse a destacar y probar la violación o el cumplimiento de tales
presupuestos, deben desecharse todas las cuestiones que hacen a la litis y no a la ejecutoriedad de la sentencia (CNCivil Sala G octubre 14 de 1980,
Ortega Bebía F c/De Acosta Reca).
· Con el juicio de exequátur no se trata de desconocer las facultades del tribunal que dictó la sentencia extranjera o el derecho que aplicó, sino
simplemente de seguir el trámite necesario para que pueda cumplirse en el ámbito de nuestro territorio sin menoscabo de la propia soberanía y de los
principios en que descansa la organización del Estado. Está reservado para los jueces nacionales la potestad de ordenar su ejecución (CNCivil Sala
G octubre 14 de 1980, Ortega Bebía F c/De Acosta Reca)
· El juicio acerca del cumplimiento de la exigencia de hecho impuesta por nuestra ley para admitir la extraterritoriedad de una sentencia – la citación
personal del condenado domiciliado en la República- ha de fundarse en las constancias o elementos que en el curso del trámite del exequátur las
partes arrimen al juez nacional y que fundamentalmente serán los testimonios que se presenten complementados por informes consulares o
diplomáticos acerca del procedimiento que se siguió (CNCivil Sala G octubre 14 de 1980, Ortega Bebia F c/De Acosta Reca).
· La autoridad de cosa juzgada de la sentencia extranjera debe juzgarse conforme con la legislación del tribunal que la dictó, en tanto en ese proceso
no se demuestre lo contrario (CNCivil Sala G octubre 14 de 1980 Ortega Bebía F c/De Acosta Reca T).
d)Nulidad:
· Si vencido el plazo legal para dictar sentencia la parte interesada consiente que el expediente permanezca a sentencia, no corresponde se suscite
con posterioridad el planteo de nulidad del fallo a raíz de que éste resulte contradictorio a las pretensiones en debate (CNCom. Sala D, agosto 26 de
1980, Saltzman Alberto C/Sanatorio Metropolitano).
· La nulidad de la sentencia o resolución sólo es viable cuando se ha dictado sin guardar las formas o solemnidades prescriptas por la ley. De modo
que si los agravios son susceptibles de ser reparados a través del recurso de apelación no procede considerar el planteo (CNCivil Sala G, febrero 6
de 1981, Degreef de Van Hatten María c/Irigoin Dora).
· Debe ser descalificada como acto judicial, la sentencia que prescinde de considerar elementos de juicio conducentes para la correcta solución de la
causa o que omite pronunciarse sobre cuestiones decisivas oportunamente propuestas, no satisfaciéndose dicha exigencia con el relato contenido en
los resultandos, en los que no se abre juicio alguno sobre las cuestiones sometidas a decisión (CNCont.adm.Fed. Sala I, setiembre 26 de 1980, La
Pampa Argentina Soc.Colectiva c/YPF).
· Si el a quo confundió lo que en rigor constituyen letras de cambio de cooperativas con cheques, aplicando la preceptiva correspondiente a estos
últimos, el decreto ley 4776/63, cabe declarar la nulidad de la sentencia por adolecer de un vicio manifiesto (CNCom. Sala D, marzo 4 de 1981,
Serafín Sergio c/Mysen S.A.).
· La circunstancia de que el incidente haya sido articulado después del quinto día contado a partir de la última publicación de edictos, autoriza a
considerar configurado en la especie un supuesto de subsanación por consentimiento tácito de cualquier vicio de que pudiera adolecer la sentencia
de quiebra (CNCom. Sala B noviembre 10 de 1980, Lukacher Jorge).
· Cabe declarar la nulidad de la sentencia que resuelve en los pedidos de concurso al margen de la medida que da al tribunal al concesión del
recurso y el memorial de agravios (CS Tucumán octubre 14 de 1980 Feler y Nicosia conc).
· Es nula la sentencia del tribunal de alzada que reforma la de primera instancia en perjuicio de una de las partes sobre una cuestión que había
quedado consentida por el fallo del inferior (CS Tucumán deiciembre 29 de 1980, Vera Rosa c/Asociación de Obras Sociales Tucumán).
e)Nulidad por morosidad judicial:
Según la reforma del código procesal no resulta admisible el planteo de nulidad de la sentencia definitiva por haber sido dictada una vez vencido el
plazolegal o el eventualmente señalado a pedido del juez por el Tribunal Superior. La morosidad judicial ya no se sanciona con la pérdida automática
de la competencia para el caso particular, sino con la imposición de una multa sobre las remuneraciones del juzgador, sin perjuicio de su
responsabilidad penal o de la sujeción en su caso al Tribunal de Enjuiciamiento. De esta manera se deja sin efecto una norma resistida y criticada,
especialmente porque sin solucionarse problemas básicos relativos a la ampliación del número de tribunales para que las causas se distribuyan en
forma más holgada, se exigía a los jueces una actividad muy intensa, para cumplir los términos, siempre presionados por la amenaza de la pérdida
de competencia y la consiguiente nulidad del pronunciamiento. Con el fin de posibilitar el efectivo cumplimiento de los plazos fijados para dictar
sentencia la ley procesal recurre al arbitrio de reorganizar las tareas judiciales atribuyendo al secretario la realización de ciertos actos que antes eran
de la incumbencia del magistrado, pretendiendo de esta manera aumentar su tiempo útil. Pero cuando no puede evitar la demora, conserva la
facultad de pedir prórroga que le será otorgada si las circunstancias lo justifican, sin que sea procedente una sanción tan rigurosa como la nulidad
invocada algunas veces por los litigantes con no muy buena fe.
Bibliografía
Manual de Derecho Procesal Civil. Lino Enrique Palacio. Tomo II. Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires 1973.
Código Procesal Civil y Comercial, Comentado, anotado y concordado por Santiago Fassi. Editorial Astrea. Buenos Aires. 1975.
Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo VI. Editorial Bibliográfica Argentina. Buenos Aires 1968.
JURISPRUDENCIA CONDENSADA. El derecho.
(Alsina, Tratado III, página 701, Colombo, Código III página 632, De La Colina, Derecho y legislación procesal, II página 31, Fernández Código página
277, Rodríguez, Comentarios I página 318, Serantes Clavell, Código página 205).
Conclusión de la causa para sentencia:
A)Proceso ordinario:
a) Los requisitos que preceden al pronunciamiento de la sentencia definitiva en el juicio ordinario, dependen de las actitudes que adopte el
demandado en oportunidad de contestar la demanda. Cuando media allanamiento corresponde que el juez falle la causa sin más trámite, y asimismo
cuando el demandado admite los hechos en que se funda la demanda, pero les asigna un sentido jurídico distinto al pretendido por el actor, procede
declarar la causa como de puro derecho, en cuyo caso con carácter previo al llamamiento de autos y al pronunciamiento del fallo final, debe correrse
a las partes un nuevo traslado por su orden (arts. 359 y 481 del C.P.N.)
b) Pero cuando por existir hechos controvertidos, se ha dispuesto la apertura de la causa a prueba, y ésta se ha producido, es aplicable el
procedimiento descripto por el art. 482 del C.P.N. que dice: “si se hubiese producido prueba el juez sin necesidad de gestión alguna de los
interesados, o sin sustanciarla si se hiciere, ordenará en una sola providencia que se agregue al expediente, con el certificado del secretario sobre las
que se hayan producido. Cumplidos estos trámites el secretario entregará el expediente a los letrados por su orden y en el plazo de seis días a cada
uno, sin necesidad de petición escrita, y bajo su responsabilidad para que presenten, si lo creyeren conveniente, un escrito alegando sobre el mérito
de la prueba. Se considerará como una sola parte a quienes actúen bajo representación común. Transcurrido el plazo sin que el expediente haya sido
devuelto, la parte que lo retuviere perderá el derecho de alegar, sin que se requiera intimación. El plazo para presentar el alegato es común.
c) El juez debe limitarse a ordenar la agregación de las pruebas al expediente principal y la expedición, por el secretario, de un certificado sobre las
pruebas que se hayan producido. Los plazos para retirar el expediente y para presentar el alegato corren a partir del día siguiente al primer día
martes o viernes posterior a la expedición de dicho certificado, en el que además se debe dejar constancia de que el expediente se encuentra a
disposición de las partes.
d) El alegado es el acto mediante el cual cada una de las partes expone al juez por escrito las conclusiones que les sugieren las pruebas producidas
en el proceso. No procede pues, que en él los litigantes introduzcan cuestiones o defensas que no fueron propuestas en oportunidad de la demanda,
contestación o reconvención, debiendo limitarse a destacar el mérito o poder de convicción de los elementos probatorios, siempre en función de los
hechos que fueron objeto de la litis, los cuales quedan definitivamente fijados en aquellas oportunidades.
e) El plazo para presentar el alegato reviste carácter común, es decir que vence para todas las partes el mismo día. De allí que el actor pueda diferir
su presentación hasta que venza el plazo acordado al demandado . Pero es menester distinguir entre el plazo para presentar el alegado y el plazo
durante el cual cada una de las partes tiene el derecho de retener el expediente en su poder para consultarlo. Este último corre individualmente para
cada una de las partes, y si vencido el plazo, el expediente no es devuelto, la parte que lo haya retenido perderá el derecho de alegar sobre la
prueba, sin necesidad de intimación previa. La demora en que puede incurrir el actor en devolver el expediente afectará naturalmente y aún podrá
absolver, el plazo que la ley acuerda al demandado para tenerlo a su vez en su poder. Por ello se ha decidido que en tal caso, el demandado debe
solicitar la suspensión del plazo para alegar hasta tanto el expediente sea devuelto debiendo correrle el plazo respectivo desde que se le notifica que
el expediente se encuentra en secretaría a su disposición. En casos de litisconsorcio finalmente deben computarse tanto plazos de seis días cuantos
sean los litisconsortes salvo que haya mediado unificación de personería, en cuyo caso los litisconsortes se consideran como una sola parte.
f) Transcurrido el plazo para la presentación de los alegatos, el secretario sin petición de parte, debe poner el expediente a despacho y alegar los
alegatos que se hubiesen presentado. Acto continuo, el juez debe dictar la providencia llamando autos para sentencia (art. 483 C.P.N.). Una vez
dictada la providencia queda cerrada toda discusión y no procede la presentación de nuevos escritos ni la producción de más prueba, salvo aquellas
que el juez dispusiere diligenciar de acuerdo con la facultad que le acuerda el art. 36 inciso segundo. Sin embargo estas pruebas deben ser
ordenadas en un solo acto (art. 484 C.P.N) El juez debe pronunciar sentencia dentro del plazo legal, contado desde que queda firme la providencia
de autos o desde el vencimiento del plazo ampliatorio que se le haya concedido de acuerdo con lo dispuesto por el art. 167 del C.P.N. En el caso de
ordenarse prueba de oficio, no cabe computar los días que requiera el diligenciamiento de dicha prueba. Por consiguiente se trata de un supuesto de
suspensión de plazo.
B)Proceso sumario y sumarísimo:
La conclusión de la causa se halla sujeta en esta clase de procesos, a trámites más simples de los que rigen en el proceso ordinario. Si la cuestión es
de puro derecho, una vez ejecutoriada la resolución que así lo declara comienza a correr el plazo para dictar sentencia (art. 489 del C.P.N.) En el
caso de existir hechos controvertidos, dicho plazo corre a partir de la realización de la audiencia de prueba a que se refiere la norma citada. En la
práctica sin embargo también en esta clase de procesos se dicta la providencia de autos.
2.- Forma y contenido de la sentencia:
(Alsina, Tratado IV página 406, Ibáñez Frocham, Tratado de los recursos en el proceso civil, 3era. Edición, páginas 212 y 300, Podetti, Tratado de los
actos procesales, página 436).
Sentencia de primera instancia.
a) El art. 163 del C.P.N. enuncia dos requisitos comunes a todas las resoluciones judiciales: la mención del lugar y fecha del pronunciamiento y la
firma del juez. A tales requisitos se agregan otros que se agrupan en las partes en que se divide el contenido de las sentencias definitivas: los
resultandos (nombre y apellido de las partes, y la relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio, es decir la mención de los
hechos alegados por las partes en sus escritos de demanda, contestación, reconvención, y contestación de ésta, así como del objeto y de la causa
de la pretensión o pretensiones deducidas. Es costumbre además que entre los resultados se incluya una breve relación de los trámites substanciales
cumplidos en el expediente) , los considerandos (las cuestiones litigiosas y los fundamentos y la aplicación de la ley, pues las presunciones no
establecidas por ley constituyen prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia,
produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica. Constituyen la parte más importante de la
sentencia, pues en ella el juez debe exponer los motivos o fundamentos que lo determinan a adoptar una u otra solución para resolver la causa. En
este tramo del pronunciamiento el juez debe remitirse a los hechos invocados por las partes, confrotarlos con la prueba que se haya producido,
apreciar el valor de ésta y aplicar finalmente la norma o normas jurídicas mediante las cuales considera que debe resolver el pleito. No está obligado
sin embargo a hacerse cargo de todas las pruebas producidas ni a analizar todas las cuestiones propuestas por las partes, pudiendo desechar
aquellas que considere innecesarios o inconducentes. El juez debe atenerse exclusivamente a su conocimiento del orden jurídico vigente, hallándose
por lo tanto facultado para prescindir de las argumentaciones de orden legal formuladas por las partes. No es requisito indispensable la mención
explícita de la norma que rige el caso. La omisión de citas legales en efecto resulta excusable cuando la solución acordada al pleito encuentra apoyo
en doctrina jurisprudencial o en principios de derecho, se encuentra implícitamente referida a determinados preceptos o lo discutido en el pleito tiene
predominante carácter fáctico) y la parte dispositiva o fallo propiamente dicho (es la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las
pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de
la demanda y reconvención en su caso, en todo o en parte. La ley exige una estricta correspondencia entre el contenido de la sentencia y las
cuestiones oportunamente planteadas por las partes, lo que supone como es obvio, la adecuación del pronunciamiento a los elementos de la
pretensión deducida en el juicio (sujetos, objeto y causa). Se trata de una aplicación del denominado principio de congruencia, que constituye una de
las manifestaciones del principio dispositivo, y que reconoce incluso fundamento constitucional pues comportan agravio a la garantía de defensa en
juicio (art. 18 de la constitución nacional) tanto las sentencias que omiten el examen de cuestiones oportunamente propuestas por las partes, que
sean conducentes para la decisión del pleito, como aquellas que se pronuncian sobre pretensiones od efensas no articuladas en el proceso. En este
última supuesto la sentencia incurre en el vicio llamado de extrapetita. También puede darse el caso de que el juez emita pronunciamiento ultra
petita, el cual tiene lugar cuando no obstante mantenerse la sentencia en el ámbito de la cuestión o cuestiones pertinentes, va más allá del límite
cuantitativo fijado por las partes. Tal sucede cuando por ejemplo la sentencia condena al pago de una suma que excede la pedida por el actor en el
escrito de la demanda. La sentencia por consiguiente debe guardar estricta correlación con lo pretendido en la demanda. Lo cual no obsta a que si
durante el curso del proceso ocurren hechos que extingan o consoliden el derecho de las partes –pago, cumplimiento de la obligación o extinción del
plazo—el juez puede hacer mérito de esos hechos sobrevinientes para rechazar o admitir la demanda. Completan la parte dispositiva la fijación del
plazo que se otorgase para el cumplimiento de la sentencia, si fuese susceptible de ejecución y el pronunciamiento sobre costas y la regulación de
honorarios, así como en su caso la declaración de temeridad o malicia en los términos del art. 34 del C.P.N.
b) Cuando la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios fijará su importe en cantidad líquida o establecerá por lo
menos las bases sobre las que haya de hacerse la liquidación. Esto supone que la parte interesada haya practicado la estimación de esos rubros, y
que exista prueba tanto sobre la existencia de los mismos como de su monto.
c) Pronunciada la sentencia concluirá la competencia del juez respecto del objeto del juicio y no podrá sustituirla o modificarla. Sin embargo le
corresponderá: a) ejercer de oficio antes de su notificación el poder que le otorga el art. 36 inciso 3ero. Los errores numéricos podrán ser corregidos
aún durante el trámite de ejecución de sentencia. b) corregir a pedido de parte, formulado dentro de los tres días de la notificación y sin sustanciación,
cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre
alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. c) ordenar, a pedido de parte, las medidas precautorias que fueren pertinentes. D)
disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonios. E) proseguir la sustanciación y decidir los incidentes que tramiten por
separado. F) resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y sustanciar los que se condedan en relación y en su caso decidir los pedidos de
rectificación. G) ejecutar oportunamente la sentencia.
d) La sentencia debe ser notificada de oficio, dentro del tercer día transcribiéndose en la cédula la parte dispositiva. Al litigante que lo pida, debe
entregársele una copia simple de la sentencia, firmada por el secretario o por el oficial primero.
Sentencia de segunda o ulterior instancia.
a) las sentencias definitivas dictadas en segunda instancia, o en las instancias extraordinarias se hallan sujetas a los requisitos comunes de todas las
resoluciones judiciales (redacción por escrito, idioma, fecha y firma) y deben contener las enunciaciones y requisitos establecidos con respecto a las
de primera instancia
b) si se trata de sentencias de segunda instancia a dictarse con motivo de un recurso concedido libremente, aquellas deben contener el voto
individual de los jueces que integran el tribunal respectivo. Con carácter de previo se procede al sorteo de los expedientes entre los miembros de la
Cámara quienes deben instruirse personalmente de ellos antes de celebrar los acuerdos para pronunciar sentencia.
c) las sentencias de las Cámaras se pronuncian previa celebración de los llamados acuerdos que deben tener lugar los días que el presidente o el
tribunal señale y que constituyen las reuniones destinadas a la determinación de las cuestiones a resolver y a la discusión verbal de los asuntos.
d) La exigencia del voto individual rige únicamente si se trata de sentencias definitivas dictadas en procesos ordinarios y sumarios. Las sentencias
interlocutorias de la Cámara así como las recaídas con motivo de recursos concedidos en relación deben ser redactadas en forma impersonal.
e) Las decisiones de las Cámaras Nacionales de Apelaciones o de sus Salas, se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los jueces que las
integran, siempre que éstos concordaran en la solución del caso. Si hubiese desacuerdo se requerirán los votos necesarios para obtener mayoría de
opiniones. Cuando no se logre esa mayoría las Cámaras se integrarán por sorteo entre los demás miembros de aquellas, luego del mismo modo con
los jueces de las restantes Cámaras (Federal, Contencioso-administrativo, Civil, Comercial, Criminal y Correccional, Trabajo, de Paz, Penal
Económico) y por último siempre por sorteo con los jueces de primera instancia que dependan de la Cámara que deba integrarse.
f) Concluido el acuerdo debe ser redactada en el libre correspondiente, suscripto los jueces del tribunal y autorizado por el secretario, e
inmediatamente se pronunciará la sentencia en el expediente, precedida de copia íntegra del acuerdo, autorizado también por dicho funcionario.
g) Las sentencias de la Corte Suprema, finalmente deben redactarse en forma impersonal, sin perjuicio de que los jueces disidentes con la opinión de
la mayoría emitan su voto por separado. El original de la sentencia se agrega al expediente y una copia de ella, autorizada por el secretario es
incorporada al libro respectivo.
3.- Clasificacion de las sentencias:
(Chiovenda, Acción de declaración de mera certeza, en Ensayos Tomo I página 175, Goldschmidt, Derecho Procesal Civil, pág. 100, Liebman,
Manuele Tomo I pág. 61, Mercader, La sentencia constitutiva en RDP 1947-I-434, Podetti, Tratado de los actos procesales, página 429, Rosenberg,
Las sentencias constitutivas, en RDP 1947-I-556).
Generalidades: La sentencia definitiva, como acto decisorio que pone fin a las cuestiones de fondo planteadas en el proceso, puede ser
caracterizada desde distintos puntos de vista. Se habla así, de sentencias de primera y de segunda o ulterior instancia, atendiendo al órgano del cual
emanan y a las formalidades específicas que las rodean, de sentencias estimatorias o desestimatorias de la demanda, de sentencias que adquieren
fuerza de cosa juzgada en sentido material o en sentido formal (como ocurre por ejemplo en los procesos ejecutivos) etc. Pero la clasificación que
mayor difusión ha alcanzado en la doctrina es aquella que atendiendo al contenido específico de las sentencias, las divide en declarativas, de
condena y determinativas.
Sentencias declarativas:
a) Llámese sentencias declarativas o de mera declaración, a aquellas que eliminan la falta de certeza acerca de la existencia, eficacia, modalidad
o interpretación de una relación o estado jurídico. La declaración contenida en este tipo de sentencias puede ser positiva o negativa. Es positiva
cuando afirma la existencia de determinado efecto jurídico a favor del actor, es negativa cuando afirma ya sea a favor del actor o del demandado, la
inexistencia de un determinado efecto jurídico contra ellos pretendido por la contraparte.
b) En realidad toda sentencia contiene una declaración de certeza como premisa necesaria de la decisión principal, pues tanto para pronunciar una
condena cuanto para determinar las condiciones o modalidades de la relación jurídica, es necesario que el juez declara la existencia, en el caso
particular, de las circunstancias que conducen a tales consecuencias. De allí que la característica fundamental de esta clase de sentencias a las
cuales remite el art. 322 del C.P.C.C. reside en que la actividad del juez se agota en la declaración de certeza. Como ejemplos de sentencias
declarativas se puede mencionar aquellas que declaran la nulidad o la simulación de un acto jurídico, la falsedad de un documento, el alcance de una
cláusula contractual, la adquisición de la propiedad por prescripción, etc.
c) Una modalidad de las sentencias declarativas se encuentra configurada por las llamadas sentencias constitutivas, a las que cabe definir como
aquellas que insustituiblemente producen los efectos precedentemente mencionados (declaración de incapacidad, adopción, de divorcio, de nulidad
de matrimonio, etc.) Algún sector de la doctrina, tratando de diferenciar a las sentencias constitutivas de las meramente declarativas, observa que
mientras éstas últimas se limitan a reconocer o hacer explícita una situación jurídica existente con anterioridad, las primeras establecen un estado
jurídico nuevo (inexistente con anterioridad al pronunciamiento de la sentencia). Pero también se ha observado que toda sentencia como norma
jurídica individual, constituye siempre la fuente de una nueva situación jurídica, en tanto sólo a través de ella existe la concreta realidad de sus
efectos. Otros autores, entienden que únicamente puede hablarse de sentencia constitutiva, toda vez que el ordenamiento jurídico condicione la
existencia legal de una situación determinada a la previa declaración por un órgano judicial, pues en tales casos –como señala Couture- los
interesados no podrán lograr por acto privado, ni aún de absoluto acuerdo, los efectos jurídicos deseados. En este orden de ideas, la distinción entre
las sentencias constitutivas y las declarativas no debe buscarse en un plano esencial, sino que debe remitirse a lo que en cada caso haya dispuesto
el legislador. Es decir, que cabrá hablar de sentencia constitutiva siempre que la ley condicione insustituiblemente a una declaración judicial la
eliminación de una incertidumbre respecto de la existencia, validez, etc. de una declaración o estado jurídico. Por lo mismo, tampoco es admisible
destacar, como nota distintiva de este tipo de sentencias, la circunstancia de que sólo produzcan efectos a partir del momento en que pasan en
autoridad de cosa juzgada, pues existen muchas sentencias constitutivas (como la que declara la nulidad de un matrimonio contraído de mala fe) que
retrotraen sus efectos hacia el pasado.
Sentencias de condena:
a) Son sentencias de condena aquellas que imponen el cumplimiento de una prestación (de dar, hacer o no hacer). Es el tipo de sentencia más
frecuente, y en ella fijaron primordialmente su atención quienes, en el siglo pasado, al concebir a la acción como un elemento o función del derecho
subjetivo, consideraban que aquella no existía si no mediaba la efectiva lesión a un derecho.
b) Además de declarar la existencia del derecho a una prestación y el incumplimiento de ésta por parte del obligado, las sentencias de condena
aplican la sanción que la ley imputa a ese incumplimiento, y crean por ello, a favor del titular del derecho, la acción tendiente a obtener su ejecución
coactiva. No siempre –dice Calamandrei- la obligación de prestación que la sentencia de condena impone al demandado se cumple voluntariamente,
por solo obsequio al mandato contenido en la condena por el obligado, y en todos aquellos casos en que la sentencia de condena no tiene la virtud
de inducir al condenado a la ejecución voluntaria, la fase de cognición asegura al vencedor, en lugar de la satisfacción inmediata y final de su
derecho, solamente un medio para pasar a una fase procesal ulterior, en la que se sustituya a la ejecución voluntaria, por obra del Estado, la
ejecución coactiva.
c) Las leyes procesales modernas admiten la posibilidad de que se dicten sentencias de condena sin que medie la lesión actual de un derecho, con la
finalidad de asegurar al actor el goce de un beneficio en una época determinada o de prevenir la eventual insolvencia del mandato. Se trata de las
denominadas sentencias de condena a una prestación futura sobre cuyos presupuestos ilustran elocuentemente los siguientes casos enumerados
por el anteproyecto mexicano de Código de Procedimientos civiles para el Distrito y Territorios Federales redactado en el año 1948: 1.- cuando se
pida la entrega de una cosa o cantidad de dinero o el desalojamiento de un fundo, casa o local, pactadas para un día determinado... siempre que se
solicita que la sentencia no pueda ejecutarse sino al vencimiento de la prestación. 2.- cuando la acción verse sobre prestaciones peródicas y se
hubiere faltado al cumplimiento de alguna de ellas, para el efecto de que la sentencia se ejecute a sus respectivos vencimientos. 3.- cuando se trate
de obligación condicional y el obligado impida voluntariamente el cumplimiento de la condición, cuando después de contraída la obligación resulta el
deudor insolvente, salvo que garantice la deuda, cuando no otorgue al acreedor las garantías a que estuviere comprometido o cuando por acto propio
hubieran disminuido aquellas garantías después de establecidas, o cuando por caso fortuito desaparecieren, a menos que sean inmediatamente
sustituidas por otras igualmente seguras y en general, cuando se trate de impedir un fraude. En algunos códigos argentinos, como los de Córdoba
(art. 366) La Rioja (art. 437) Mendoza (art. 399) y Santa Fe (art. 518), se admite asimismo la interposición de la demanda de desalojo aun cuando no
hubiera vencido el plazo legal o convencional. En la misma línea se halla ubicado el CPN cuyo art. 680 dispone que la demanda de desalojo podrá
interponerse antes del vencimiento del plazo convenido para la restitución del bien, en cuyo caso la sentencia que ordena la desocupación deberá
cumplirse una vez vencido aquél. Las costas serán a cargo del actor cuando el demandado, además de allanarse a la demanda, cumpla con su
obligación de desocupar el bien o devolverlo en la forma convenida.
Sentencias determinativas o especificativas:
Son aquellas mediante las cuales el juez fija los requisitos o condiciones a que deberá quedar subordinado el ejercicio de un derecho. Complementan
o integran, pues ciertas relaciones jurídicas cuyos elementos o modalidades no se encuentran determinados por completo. Ejemplos de este tipo de
sentencias son las que fijan el plazo de cumplimiento de una obligación en los términos de los arts. 618 y 751 del Código civil (en los que se
establece que si no estuviere determinado en el acto por el que ha constituido la obligación, el día en que debe hacerse la entrega del dinero, el juez
señalará el tiempo en que el deudor debe hacerlo, si no estuviere designado el lugar en que se ha de cumplir la obligación, ella debe cumplirse en el
lugar en que se ha contraído, en cualquier otro caso la entrega de la suma de dinero debe hacerse en el lugar del domicilio del deudor al tiempo del
vencimiento de la obligación), la que establece la forma en que deben dividirse bienes comunes (art. 676 apartado 2do. del C.P.N.), etc.
4.- Efectos jurídicos de la sentencia.
(Alsina Tratado Tomo IV página 110, Couture Fundamentos, página 327, Guasp Derecho Procesal Civi, página 563, Lascano, Jurisdicción y
competencia página 190, Lierman, Corso di diritto processuale civile página 233, Podetti, Tratado de los actos procesales página 456).
Generalidades:
a) Mediante la sentencia el juez crea una norma individual (lex specialis) que constituye una nueva fuente reguladora de la situación jurídica
controvertida en el proceso y que, como manifestación trascendente que es del ejercicio de la función jurisdiccional, debe ser acatada por las partes y
respetada por los terceros. El efecto natural de toda sentencia consiste por consiguiente en su obligatoriedad e imperatividad, pues si así no fuese
es obvio que ella carecería de objeto y de razón de ser.
b) Junto a este efecto natural existen los efectos particulares que resultan del contenido de la sentencia: quedará así eliminada la incertidumbre
sobre la existencia, eficacia, modalidad o interpretación de una relación o estado jurídico si se trata de una sentencia meramente declarativa
(incluyendo su modalidad constitutiva), nacerá un título ejecutivo a favor del vencedor en el supuesto de que el sujeto pasivo de una sentencia de
condena no se avenga a cumplir la prestación que aquella le impuso y quedará integrada la correspondiente relación jurídica si se trata de una
sentencia determinativa.
c) Algunos autores consideran que también constituye un efecto de la sentencia la extinción de la competencia del juez con respecto al objeto del
proceso. Se trata sin embargo, de un efecto relativo, pues el juez que dictó la sentencia tiene atribuciones para conocer del recurso de aclaratoria,
decretar medidas cautelares, decidir los incidentes que tramitan por separado, etc. (art. 166 del C.P.C.C.) En rigor como observa Podetti, más que
una extinción de la competencia se trata de una suspensión parcial y transitoria de ella, que es reasumida por el juez, a los fines de la ejecución, una
vez ejecutoriada la sentencia (art. 166 inciso 7).
d) Aparte de los mencionados, la sentencia produce efectos secundarios o indirectos, a los cuales caracteriza el hecho de ser consecuencia
directa de algún efecto principal o del simple pronunciamiento del fallo. Tales son por ejemplo la facultad de pedir el embargo preventivo (o cualquier
otra medida cautelar), en el caso de obtenerse una sentencia favorable (art. 212 inciso 3er. Del C.P.C.C.) y la imposición de las costas al vencido
(art. 68 del C.P.C.C.).
Efectos temporales:
a) la clase de sentencia de que se trate determina el alcance temporal de sus efectos. Las sentencias declarativas, como principio, proyectan sus
efectos hacia el momento en que tuvieron lugar los hechos sobre los cuales versa la declaración de certeza: declarada, por ejemplo, la nulidad
absoluta de un acto jurídico, la declaración judicial se retrotrae a la fecha en que aquél se celebró (art. 1038 y 1047 del Código Civil). Las sentencias
constitutivas sólo producen efecto como principio hacia el futuro (ex nunc). Pero la regla como antes lo advertimos no es absoluta, y en cada caso por
consiguiente, será necesario atenerse a lo que dispongan las pertinentes prescripciones legales.
b) Si se trata de una sentencia de condena, el tema de los efectos temporales reviste importancia a los fines de determinar la fecha desde la cual
corresponde abonar los intereses y frutos. En lo que atañe a los intereses, que deben ser necesariamente reclamados en la demanda (CNCiv F. ED
6-286, CNPaz V, JA 1963-III-95) cabe distinguir según se trate de obligaciones derivadas de contratos o de hechos ilícitos. En el primer caso, si las
obligaciones son a plazo los intereses se devengan desde el vencimiento de aquél, pues la mora se produce de pleno derecho, y si en cambio, el
plazo no estuviere expresamente convenido pero resultare tácitamente de la naturaleza y circunstancias de la obligación, los intereses corren desde
que se formuló la interpelación extrajudicial (para la cual como es sabido no son exigibles formas determinadas) o en su defecto, desde la notificación
de la demanda (interpelación judicial – art. 509 apartados 1º y 2º del código civil modificado por la ley 17711). En el segundo caso, los intereses
deben liquidarse desde la fecha en que se produjeron los perjuicios sobre que versa la reparación (LL 99-3, LL 98-719, ED 5-191, LL 98-687) Con
respecto a los frutos el art. 2433 del código civil, prescribe que ellos deben restituirse desde la fecha de notificación de la demanda. Finalmente,
importa señalar que la mayor parte de los precedentes judiciales se orientan actualmente, en el sentido de que es procedente la aplicación de
intereses aunque la suma reclamada fuere ilíquida en cuyo caso aquellos deben correr desde la fecha de notificación de la demanda (LL 89-474, LL
92-76, LL 103-744, ED 3-992).
c) Las sentencias determinativas sólo producen efectos hacia el futuro, ya que la integración de la respectiva relación jurídica se opera con motivo del
fallo. Tal es el supuesto contemplado en el art. 509 inciso 2do. del código civil, con relación a las obligaciones sin plazo. Éste en efecto debe ser
fijado por el juez en procedimiento sumario, a menos que el acreedor opte por acumular las pretensiones de fijación de plazo y cumplimiento , en
cuyo caso el deudor quedará constituido en mora en la fecha indicada en la sentencia para el cumplimiento de la obligación.
Cosa Juzgada:
(Alsina Tratado IV, pág. 122, Allard Etude sur la chese jugué Marchal Billard y Cie París 1875, Arlas Extensión de la cosa juzgada en el proceso civil,
en RDP año IX pág. 95, Colombo Código II.80, Costa Manuele página 214, Couture Fundamentos pág. 399, Chiovenda Sobre la cosa juzgada en
Ensayos III página 193, Díaz de Guijarro La cosa juzgada en materia de estado. Su efecto erga omnes en JA 1942-II-612, Gelsi Bidart Bases
positivas para la noción de cosa juzgada en Estudios Jurídicos en memoria de Eduardo Couture, Montevideo, 1957 pág. 339, Guasp Derecho
Procesal Civil página 563, Imaz La esencia de la cosa juzgada y otros ensayos, Arayú Buenos Aires, Liebman Eficacia ed autoriíta della sentenza,
Guiffré Milán 1935, Límites de la cosa juzgada en las cuestiones de estado en LL 19-I-sección doctrina, Podetti, Tratado de los actos procesales
página 459, Rocco Derecho Procesal Civil página 271, Rosenberg Derecho Procesal Civil II pág. 441, _Savigny Sistema del derecho romanop actual
V página 160, Vellani Naturaleza de la cosa juzgada (Trat. Sentís Melendo, Ejea Buenos Aires).
a) La cosa juzgada significa en general la irrevocabilidad que adquieren los efectos de la sentencia cuando contra ella no procede ningún recurso
que permita modificarla. No constituye pues un efectos de la sentencia sino una cualidad que se agrega a ella para aumentar su estabilidad y que
igualmente vale para todos los posibles efectos que produzca (Liebman).
b) De lo dicho se sigue que la cosa juzgada supone fundamentalmente la ininpugnabilidad de la sentencia, o lo que es lo mismo la preclusión de los
recursos que procedan contra ella. Al operarse la preclusión que obsta al ataque directo de la sentencia, se dice que ésta adquiere autoridad de cosa
juzgada en sentido formal. Cuando en cambio la sentencia aparte de ser insusceptible de ese ataque directo mediante la interposición de un recurso,
también lo es de ataque indirecto a través de la apertura de un nuevoproceso que verse la misma materia, se dice que aquella goza de autoridad de
cosa juzgada en sentido material.
c) Hay cosa juzgada en sentido formal cuando no obstante ser ininpugnable la sentencia dentro del proceso en el cual se dictó existe la posibilidad
de reveer lo resuelto por ella en un proceso posterior. Tal lo que ocurre en el juicio ejecutivo, en el cual cualquiera haya sido el contenido de la
sentencia queda a salvo al vencido el derecho de promover un proceso de conocimiento tendiente a obtener su modificación.
d) Hay cosa juzgada en sentido material cuando a la irrecurribilidad de la sentencia se agrega la imposibilidad de que en cualquier circunstancia y
en cualquier otro proceso se juzgue de un modo contrario a lo decidido por aquella. Rosenberg señala que la cosa juzgada en sentido material
comporta la normatividad del contenido de la sentencia, es decir la afirmación de la existencia o inexistencia de la consecuencia jurídica pretendida
por una de las partes y expresada por el fallo, para todo procedimiento en que se cuestione la misma consecuencia jurídica. A fin de asegurar la
inmodificabilidad que es propia de la cosa juzgada en sentido material la ley acuerda la llamada excepción de cosa juzgada.
e) Existen diversas teorías acerca del fundamento o justificación racional al principio de inmutabilidad de los pronunciamientos jurisdiccionales
definitivos: SAVIGNY sostuvo que toda sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada queda a cubierto de eventuales impugnaciones por cuanto
representa una ficción de verdad creada frente a la conveniencia de promover la estabilidad de las relaciones jurídicas (el fundamento es político:
trata de legitimar el error posible de la sentencia). POTHIER sostuvo que la autoridad de la cosa juzgada responde a la presunción absoluta de
verdad de la sentencia. Esta concepción fue recogida por el código napoleónico y el código civil italiano de 1856 ubicando a la cosa juzgada entre
las presunciones legales. (el fundamento es una presunción: la sentencia se funda en la probabilidad de una presunción iuris et de iure). ROCCO
entiende que la cosa juzgada deriva de la necesidad de la certeza judicial, que equivale en el orden humano, a la verdad objetiva.
PAGENSTECHER sostiene que la cosa juzgada equivale a los efectos del contrato de declaración, mediante el cual dos personas obtienen la certeza
jurídica con respecto a un derecho subjetivo, aún cuando en ello mediase un error. CARNELUTTI considera que en virtud del comando
complementaria que el juez ejerce, y cuya titularidad es la misma que la de la ley general (lex generalis) la sentencia comporta una lex specialis
provista de una eficacia semejante a la de aquella.
f) La cosa juzgada no constituye un atributo esencial y necesario de la sentencia sino una simple creación del ordenamiento jurídico que puede o no
acordar tal autoridad a los pronunciamientos judiciales definitivos, sin que con ello quede afectado principio lógico u ontológico alguno. Dice Imaz que
la cosa juzgada no es más que la duración de la vigencia de las sentencias judiciales originada en la prohibición impuesta normativamente a los
órganos de la colectividad de derogarlas por medio de otras normas jurídicas posteriores. De ahí la inutilidad de cualquier teoría que pretenda
justificar la institución de la cosa juzgada fuera de un criterio estrictamente axiológico.
5.- Otras formas de terminación del proceso:
Frente a la sentencia definitiva que constituye el modo normal de terminación de todo proceso existen diversos actos y situaciones que producen el
mismo resultado, aunque alguno de ellos no afectan al derecho sustancial que puede asistir a las partes y posibilitan por lo tanto la reproducción de la
pretensión en un proceso posterior.
Cuatro de esos modos anormales de terminación de los procesos constituyen manifestaciones expresas de voluntad de las partes. Son ellos:
· El allanamiento
· El desestimiento
· La transacción
· La conciliación
· La caducidad de instancia (no reviste como los anteriores el carácter de acto procesal, y se funda en la voluntad presunta de abonando del proceso
por parte del litigante a quien incumbe la carga de impulsar la marcha de la instancia, sea ésta principal o incidental).
El allanamiento no excluye la necesidad de una sentencia, y los restantes requieren para perfeccionarse jurídicamente una resolución
homologatoria. El desestimientopuede ser de la pretensión o del derecho. El primero es el acto mediante el cual el actor manifiesta su voluntad de
poner fin al proceso sin que se dicte una sentencia de fondo respecto del derecho material invocado como fundamento de aquella. El segundo es el
acto en cuya virtud el actor abdica del derecho material invocado como fundamento de la pretensión. Es un acto paralelo al allanamiento pues
consiste en la declaración formulada por el acto de que su pretensión es infundada.
La transacción constituye uno de los modos de extinción de las obligaciones siendo un acto jurídico bilateral, por el cual las partes, haciéndose
concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas.
La conciliación según Alsina no importa una transacción aunque ésta pueda ser a veces consecuencia de ella. Podetti expresa que no se refiere al
derecho que ampara la pretensión o la resistencia sino al aspecto del hecho de ambas posiciones. El que concilia no renuncia a un derecho subjetivo,
acepta o reconoce que los hechos en los cuales se funda la pretensión eran equivocados o exagerados haciendo posible un reajuste de la
pretendido.
La caducidad o perención de instancia constituye un modo de extinción del proceso que tiene lugar cuando en él no se cumple acto de impulso
alguno durante el tiempo establecido por la ley. Su fundamento estriba en la presunción de renuncia de la instancia que comporta el hecho de la
inactividad procesal prolongada, y en la consiguiente conveniencia de que en tales circunstancias el órgano judicial se desligue de los deberes que la
subsistencia de la instancia le impone. Sus presupuestos son:
· La existencia de una instancia principal o incidental
· La inactividad procesal
· El transcurso de un plazo
· Una resolución judicial que la declare operada
Sentencias
Jurisprudencia condensada:
a)Principio de congruencia:
· Una de las principales consecuencias del principio de congruencia, de raíz constitucional puesto que tiende a asegurar la inviolabilidad de la
defensa en juicio, reside en constreñir al magistrado a circunscribir su decisión a lo que se le peticiona acorde con lo preceptuado por los arts. 34 inc.
4, 161 inc. 2, 163 inc. 6 y 164 del código procesal no siéndole dable apartarse de la relación jurídico- procesal trabada, cuyo ejercicio queda en
manos de los litigantes (CNCom. Sala A, febrero 26 – 1981, Banco de la Pcia. de Buenos Aires c/De Luca Alberto J. Y otra).
· Una de las garantías del debido proceso consiste en el límite que tiene la judicatura de no introducir alegaciones o cuestiones de hecho
sorpresivamente de manera que las partes no hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa. De ahí que la conformidad entre la sentencia y la
demanda en cuanto a las personas, el objeto y la causa es ineludible exigencia de cumplimiento de principios sustanciales del juicio relativos a la
igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal, toda vez que la litis fija los límites de los poderes del juez. Es cuando se supera este marco de
operatividad que se produce el quebrantamiento del principio de congruencia (SC Buenos Aires, febrero 5 de 1980, Fiscalía del Estado c/López
Cabana Ricardo, Ac. 28513).
· Con arreglo al principio dispositivo, que constituye una de las bases de nuestro ordenamiento jurídico procesal, a las partes incumbe fijar el alcance
y el contenido de la tutela jurídica, e incurre en incongruencia el juez que al fallar, se aparta de las cuestiones incluídas en la pretensión del actor y en
la oposición del accionado (CN Especial Civil y Comercial, Sala IV, Setiembre 28 de 1979, Marcopulos, Mario M c/ Stekloff Rafael y otra).
· Si bien es cierto que la teoría moderna destaca la extraordinaria importancia de la labor individualizadora del juez sea en atención de las
circunstancias del caso, a la concreta aplicación de las normas jurídicas, imbricadas en una teoría que muestra material y formalmente el arbitrio
judicial estructurado dentro del ordenamiento jurídico, no lo es menos que tales facultades no pueden exceder ni modificar lo reclamado en la
demandado so pena de lesionar las garantías constitucionales de la defensa en juicio (CNEspecial Civil y Comercial, Sala IV, setiembre 28 de 1979,
Marcopulos Mario M c/Stekloff Rafael y Otra).-
· La sentencia debe ajustarse a los términos de la demanda y su contestación en cuanto a las formas, el objeto y la causa, no estando permitido a los
jueces apartarse de la relación jurídico procesal tratada, ya que es regla fundamental del proceso que la sentencia debe contener decisión expresa,
positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio como único modo de respetar el principio de congruencia (CNEspecial
Civil y Comercial, Sala IV, Setiembre 28 de 1979, Marcopulos Mario M. C/Stekloff Rafael y De Incola, María A. Y otros c/Vakoncic Benito O).
· Si la sentencia excede cualitativa o cuantitativamente el objeto de la pretensión o se pronuncia sobre cuestiones no incluídas en la oposición del
demandando, menoscaba el derecho de defensa en juicio de esta parte a quien a raíz de ese proceder, se viene a privar de toda oportunidad útil de
alegar y probar acerca de temas que no fueron, por ende, objeto de la debida controversia (CNCiv. Sala D, octubre 21 de 1980, Vázquez González
Manuel y otros c/El Bortal S.R.L. y otros).
· La sentencia no puede exceder las pretensiones oportunamente planteadas. Al introducir de oficio un elemento ajeno a las pretensiones deducidas
en el juicio se excede los términos de la relación procesal, alterando de ese modo la igualdad de los litigantes pues la parte afectada está impedida
de producir las pruebas necesarias para desvirtuar la tardía articulación (CNEspecial Civil y Comercial, Sala VI, setiembre 17 de 1980, Betania
Cooperativa Limitada de Seguros Generales c/Rodríguez Santos M).
· Si la deficiente mención de los elementos que componen el monto reclamado –volumen y superficie de la pared medianera- requerido en base a un
plano de medianería acompañado con la demanda, fue rectificada por la pericia que puso de relieve la medición correcta, no falló ultra petita la
sentencia que tomó en consideración la medición pericial para fijar el importe de la condena (CNCivil Sala G febrero 17 de 1981, Consorcio de
Propietarios Cerrito 1212 c/Bojanovich de Gelbstein María J fallo nº 34.685).
· La sentencia no incurre en el vicio ultra petita en la fijación de una suma mayor a la pedida en la demanda, si en ésta se dejó establecido que se
estaba a lo que en más o en menos resultase de la prueba a producirse durante el juicio (CNCivil Sala G, febrero 17 de 1981, Consorcio de
Propietarios Cerrito 1212 c/Bojanovich de Gelbstein María J. Fallo 34685).
· Si el tribunal fijó el monto indemnizatorio directamente a la fecha de la sentencia, en uso de facultades conferidas por el art. 165 del código
procesal, no se violó el principio de congruencia porque la condena supere lo reclamado en la demanda, si se omitió indicar las pautas de
actualización utilizadas (SC Buenos Aires, agosto 19 de 1980, Gómez Gregorio c/Pcia. de Buenos aires, Ac. 28309).
· Viola el principio de congruencia la sentencia que hizo lugar a la ejecución actualizando la suma reclamada sin que la actualización monetaria
acogida fuera pedida y no se pronuncia respecto de los intereses solicitados (CNCom. Sala A febrero 26 de 1981, Banco de la Pcia. de Buenos Aires,
c/De Luca Alberto J y otra).
· Afecta el principio de congruencia la sentencia que condenó al deudor a pagar una suma de moneda argentina, reajustable por depreciación
monetaria, desentendiéndose de la circunstancia de ejecutarse moneda extranjera cuya conversión se pidió (CNCom. Sala D, diciembre 26 de 1980,
Dogi S.A. c/Gavitez S.A. y otros).
· Resulta incorrecta la condena al pago de la cláusula penal sobre la que se formuló una simple reserva en la demanda sin que se produjera una
petición concreta en el momento oportuno (CNEspecial Civil y Comercial Sala IV, marzo 20 de 1981, Sadoc, Nino y otro suc. C/Micheli Jan y otro).
b)Sentencia definitiva:
· No es dable atribuir naturaleza de definitiva a las resoluciones que aun cuando concluyen una determinada controversia acerca de un tema
específico, no están vinculadas al asunto principal en litigio y por lo tanto, no le ponen fin (SC Buenos Aires, noviembre 25 de 1980, Corbata de
Pasciaroni B c/Corbata Carlos A. Ac. 29611).
· No puede otorgársele definitividad a aquella sentencia que deja expeditas otras vías para plantear la pretensión accionada (SC Buenos Aires,
noviembre 25 de 1980, Corvatta de Pasciaroni B c/Corvatta Carlos A. Ac. 29611).
· La decisión de la Cámara que dispuso que los fondos depositados en un banco originados en la venta del inmueble objeto del condominio, del que
eran titulares las partes del juicio, fueran invertidos en títulos rentables de modo de compensar el deterioro monetario, constituye una cuestión ajena
al motivo principal de la litis –división de condominio- que no pone fin al juicio ni imposibilita su continuación (SC Buenos Aires, noviembre 25 de
1980, Corvatta de Pasciaroni B c/Corvatta Carlos Ac. 29611).
c)Sentencia extranjera:
· En nuestro sistema normativo la aplicación del derecho extranjero está subordinada al respeto o adecuación del mismo a los principios de orden
público internacional que refiere el art. 14 del código civil. En la particularización de esta directiva general, el art. 517 del código procesal determina a
su vez las condiciones de ejecutoriedad de los pronunciamientos emanados de los órganos jurisdiccionales extranjeros (CNCivil Sala G octubre 14 de
1980, Ortega Bebía F c/De Acosta Reca T.)
· El inciso 2do. Del art. 517 del código procesal pretende asegurar la garantía elemental del debido proceso con sustento en el principio
constitucional de la defensa en juicio. La extraterritorialidad de la sentencia sólo podrá ser admitida cuando ha sido dictada respetando rigurosamente
ese derecho, privándola de efectos en caso concreto (CNCivil Sala G, octubre 14 de 1980, Ortegra Bebía F c/De Acosta Reca)
· No constituye el objeto de un juicio de exequátur la revisión de la relación sustancial controvertida en aquel proceso en que se dictó el
pronunciamiento, sino el de ejercer por esta vía el control jurisdiccional respecto de la sentencia como tal, a fin de verificar su idoneidad para ser
ejecutada en nuestro país. De modo que si la actuación de las partes debe limitarse a destacar y probar la violación o el cumplimiento de tales
presupuestos, deben desecharse todas las cuestiones que hacen a la litis y no a la ejecutoriedad de la sentencia (CNCivil Sala G octubre 14 de 1980,
Ortega Bebía F c/De Acosta Reca).
· Con el juicio de exequátur no se trata de desconocer las facultades del tribunal que dictó la sentencia extranjera o el derecho que aplicó, sino
simplemente de seguir el trámite necesario para que pueda cumplirse en el ámbito de nuestro territorio sin menoscabo de la propia soberanía y de los
principios en que descansa la organización del Estado. Está reservado para los jueces nacionales la potestad de ordenar su ejecución (CNCivil Sala
G octubre 14 de 1980, Ortega Bebía F c/De Acosta Reca)
· El juicio acerca del cumplimiento de la exigencia de hecho impuesta por nuestra ley para admitir la extraterritoriedad de una sentencia – la citación
personal del condenado domiciliado en la República- ha de fundarse en las constancias o elementos que en el curso del trámite del exequátur las
partes arrimen al juez nacional y que fundamentalmente serán los testimonios que se presenten complementados por informes consulares o
diplomáticos acerca del procedimiento que se siguió (CNCivil Sala G octubre 14 de 1980, Ortega Bebia F c/De Acosta Reca).
· La autoridad de cosa juzgada de la sentencia extranjera debe juzgarse conforme con la legislación del tribunal que la dictó, en tanto en ese proceso
no se demuestre lo contrario (CNCivil Sala G octubre 14 de 1980 Ortega Bebía F c/De Acosta Reca T).
d)Nulidad:
· Si vencido el plazo legal para dictar sentencia la parte interesada consiente que el expediente permanezca a sentencia, no corresponde se suscite
con posterioridad el planteo de nulidad del fallo a raíz de que éste resulte contradictorio a las pretensiones en debate (CNCom. Sala D, agosto 26 de
1980, Saltzman Alberto C/Sanatorio Metropolitano).
· La nulidad de la sentencia o resolución sólo es viable cuando se ha dictado sin guardar las formas o solemnidades prescriptas por la ley. De modo
que si los agravios son susceptibles de ser reparados a través del recurso de apelación no procede considerar el planteo (CNCivil Sala G, febrero 6
de 1981, Degreef de Van Hatten María c/Irigoin Dora).
· Debe ser descalificada como acto judicial, la sentencia que prescinde de considerar elementos de juicio conducentes para la correcta solución de la
causa o que omite pronunciarse sobre cuestiones decisivas oportunamente propuestas, no satisfaciéndose dicha exigencia con el relato contenido en
los resultandos, en los que no se abre juicio alguno sobre las cuestiones sometidas a decisión (CNCont.adm.Fed. Sala I, setiembre 26 de 1980, La
Pampa Argentina Soc.Colectiva c/YPF).
· Si el a quo confundió lo que en rigor constituyen letras de cambio de cooperativas con cheques, aplicando la preceptiva correspondiente a estos
últimos, el decreto ley 4776/63, cabe declarar la nulidad de la sentencia por adolecer de un vicio manifiesto (CNCom. Sala D, marzo 4 de 1981,
Serafín Sergio c/Mysen S.A.).
· La circunstancia de que el incidente haya sido articulado después del quinto día contado a partir de la última publicación de edictos, autoriza a
considerar configurado en la especie un supuesto de subsanación por consentimiento tácito de cualquier vicio de que pudiera adolecer la sentencia
de quiebra (CNCom. Sala B noviembre 10 de 1980, Lukacher Jorge).
· Cabe declarar la nulidad de la sentencia que resuelve en los pedidos de concurso al margen de la medida que da al tribunal al concesión del
recurso y el memorial de agravios (CS Tucumán octubre 14 de 1980 Feler y Nicosia conc).
· Es nula la sentencia del tribunal de alzada que reforma la de primera instancia en perjuicio de una de las partes sobre una cuestión que había
quedado consentida por el fallo del inferior (CS Tucumán deiciembre 29 de 1980, Vera Rosa c/Asociación de Obras Sociales Tucumán).
e)Nulidad por morosidad judicial:
Según la reforma del código procesal no resulta admisible el planteo de nulidad de la sentencia definitiva por haber sido dictada una vez vencido el
plazolegal o el eventualmente señalado a pedido del juez por el Tribunal Superior. La morosidad judicial ya no se sanciona con la pérdida automática
de la competencia para el caso particular, sino con la imposición de una multa sobre las remuneraciones del juzgador, sin perjuicio de su
responsabilidad penal o de la sujeción en su caso al Tribunal de Enjuiciamiento. De esta manera se deja sin efecto una norma resistida y criticada,
especialmente porque sin solucionarse problemas básicos relativos a la ampliación del número de tribunales para que las causas se distribuyan en
forma más holgada, se exigía a los jueces una actividad muy intensa, para cumplir los términos, siempre presionados por la amenaza de la pérdida
de competencia y la consiguiente nulidad del pronunciamiento. Con el fin de posibilitar el efectivo cumplimiento de los plazos fijados para dictar
sentencia la ley procesal recurre al arbitrio de reorganizar las tareas judiciales atribuyendo al secretario la realización de ciertos actos que antes eran
de la incumbencia del magistrado, pretendiendo de esta manera aumentar su tiempo útil. Pero cuando no puede evitar la demora, conserva la
facultad de pedir prórroga que le será otorgada si las circunstancias lo justifican, sin que sea procedente una sanción tan rigurosa como la nulidad
invocada algunas veces por los litigantes con no muy buena fe.
Bibliografía
Manual de Derecho Procesal Civil. Lino Enrique Palacio. Tomo II. Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires 1973.
Código Procesal Civil y Comercial, Comentado, anotado y concordado por Santiago Fassi. Editorial Astrea. Buenos Aires. 1975.
Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo VI. Editorial Bibliográfica Argentina. Buenos Aires 1968.
JURISPRUDENCIA CONDENSADA. El derecho.
21.9.09
Lección 10
Conclusión de la causa para definitiva
1.- Trámites posteriores a la apertura de la causa a prueba:
Estos incluyen todos los pasos posteriores a la etapa probatoria, que consisten en:
I- La agregación de los cuadernos de prueba al expediente principal
II- La oportunidad procesal para que las partes aleguen sobre el mérito de la prueba producida.
Luego, el juez llamará “Autos para Sentencia”.
2.- Agregación de las pruebas
“Si se hubiese producido pruebas, el juez, sin necesidad de gestión alguna de los interesados o sin sustanciarla si se hiciere, ordenará en una sola providencia que se agreguen al expediente los cuadernos de prueba con el certificado del secretario sobre las que se hubieren producido. Cumplido este trámite, el secretario entregará el expediente a los letrados, por su orden y por el plazo de 6 días él cada uno, sin necesidad de petición escrita y bajo su responsabilidad, para que presenten, si lo creyeren conveniente, un escrito alegando sobre el mérito de la prueba.
Se considerará como una sola parte a quienes actúen bajo representación común.
El plazo para presentar alegatos es individual. El representante podrá pedir que se lo mantenga en reserva hasta que todas las partes hayan presentado el suyo”. (Art. 379)
Vencido el plazo de prueba, la norma exige que el juez y el secretario obren de oficio, por su propia y personal iniciativa.
El secretario redactará un informe sobre las pruebas que se hubiesen producido y el juez dictará una providencia, disponiendo la agregación de los cuadernos de prueba de las partes y el informe respectivo del secretario al expediente principal.
3.- Suspensión del Plazo para alegar.
Podrán las partes pedir la suspensión del plazo para alegar, en cuyo caso se estar dispuesto en el Art. 257.
Del pedido de suspensión se dará traslado a la contraria por el plazo de 3 días. (Art. 380)
4.- Requisito:
La parte que hubiere demostrado diligencia en el ofrecimiento y producción de sus pruebas podrá solicitar la suspensión del plazo para alegar, por un plazo máximo de 20 días en el proceso de conocimiento ordinario y de 10 días en los procesos especiales e incidentes.
5.- Oportunidad:
El incidente de suspensión del plazo para alegar deberá ser deducido por el interesado en el plazo de 3 días de notificada la providencia que declaró cerrado el período de pruebas. Dicha resolución se notifica por automática.
6.- Trámite:
Del pedido de suspensión, el juez correrá traslado a la contraparte por el plazo de 3 días perentorios e improrrogables, para después dictar la resolución correspondiente.
7.- Apelación:
La resolución que se dicté será apelable, el recurso debe otorgarse en relación y con efecto suspensivo.
8.- Remisión:
La parte que hubiese mostrado diligencia en el ofrecimiento y producción de sus pruebas, podrá solicitar dentro de tercero día de notificada la providencia que declaró cerrado de prueba, la suspensión de la etapa procesal siguiente, por un plazo máximo de veinte días en el proceso de conocimiento ordinario y de diez días en los procesos especiales e incidente, a fin de producir las pruebas pendientes". (Art. 267)
9.- Juicios de menor cuantía:
En estos juicios no Procede la suspensión del plazo para alegar, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 686 inc. i) CPC.
10.- Alegatos:
Cumplido el trámite de agregación de las pruebas con el informe del secretario éste entregará el expediente a los letrados sin necesidad de petición escrita y bajo la responsabilidad de los mismos por su orden y por el plazo de seis días para que si lo creyeran conveniente presenten su escrito de alegatos.
11.- Concepto:
Se denomina alegato al escrito de conclusión en el que el actor y el demandado exponen las razones de hecho y de derecho en que fundan sus respectivas pretensiones.
En los alegatos se debe expresar los hechos relevantes, comentar la prueba producida, luego efectuar la estimación y alcance de las normas jurídicas aplicables al caso.
12.- Contenido:
Debe ser un escrito lógico y claro que debe contener:
I- La recapitulación o síntesis metódica y sucinta de lo actuado.
II- El análisis de los hechos en que se fundan las pretensiones, vinculados a las pruebas y haciendo la valoración del merito fáctico y Jurídico de los que se ha probado (meritar las propias pruebas), a la vez que se pone de resalto las deficiencias de las pruebas del contrario para acreditar el hecho invocado como fundamento de su derecho (demeritar las pruebas del contrario).
13.- Consecuencia de su no presentación:
La falta de presentación de alegato por la parte (la norma dice "si lo creyere conveniente") no tiene sanción, el perjuicio consiste en el menoscabo en la defensa de su derecho.
14.- Carácter:
No obstante el carácter potestativo del alegato, el mismo puede constituir una pieza importante en el proceso escrito, en razón de que el juez podrá encontrar una inestimable colaboración del Abogado, porque mediante la exposición razonada y metódica de los hechos, prueba y derecho aplicable, se podrá facilitar la correcta y justa decisión de la causa.
15.- Notificación:
La providencia que dicta el juez ordenando la agregación de los cuadernos de prueba con el informe del secretario al expediente principal y dispone entrega de los autos a las partes para alegar, se notifica por automática y queda ejecutoriada a los 3 días.
16.- Plazo (para presentar alegato);
El plazo para presentar el alegato es individual, vale decir, corre en forma particular para cada una de las partes de modo independiente.
El plazo es de 6 días perentorios e improrrogables para cada parte debiendo el secretario entregar el expediente a los letrados por su orden, vale decir, primero al actor y luego al demandado.
Comienza a correr desde la ejecutoriedad de la providencia que ordena la entrega del expediente a las partes para alegar y siempre que el expediente se encuentre en condiciones de ser retirado de secretaría.
Para el demandado el término comienza efectivamente a correr desde que el expediente se encuentra en secretaría a su disposición. Si el actor no lo devolvió habiendo vencido el plazo que tenía para hacerla, el demandado debe intimar su devolución y solicitar mientras tanto la suspensión del plazo.
Si existen más de dos litigantes con derecho a alegar se suman tantos plazos de 6 días como litigantes haya.
17.- Juicios de menor cuantia:
En estos juicios el plazo para la presentación del alegato es de tres días, siendo individual y aplicándose las reglas aquí expresadas.
18.- Procesos de conocimiento sumario:
En estos procesos no procede la presentación de alegatos.
19.- Cuestiones de Puro Derecho:
“Con los escritos de replica y duplica, en las cuestiones de puro derecho quedará conclusa la causa para definitiva. También quedará conclusa en el caso del art. 245”. (Conformidad de partes). (Art. 381)
20.- Tramite:
En las cuestiones de puro derecho o cuando por conformidad de las partes se prescinde de abrir la causa a prueba el juez deberá conferir traslado a las partes por su orden por el plazo de dicho días a fin de que el actor presente su escrito de réplica, y el demandado el de duplica, quedando con ello conclusa la causa para definitiva.
21.- Plazo:
El plazo de 5 días para presentar los escritos mencionados de réplica y duplica es individual, perentorio e improrrogable.
22.- Carácter:
La presentación de los escritos de réplica y duplica es facultativa. No existe sanción alguna prevista para el caso de que no se los presente, salvo el menoscabo del derecho a la defensa.
23.- Llamamiento de "'autos para sentencia" o para definitiva:
“Sustanciado el pleito como de puro derecho o transcurrido el plazo fijado en el Art. 379, el secretario, si petición de parle, pondrá el expediente a despacho, agregando los alegatos, si se hubieren presentado. El juez, acto continuo, llamará “autos para sentencia”. (Art. 382)
La presentación de los alegatos es facultativa, como también lo es la presentación de los escritos de duplica y réplica en las cuestiones de puro derecho.
El plazo de presentación de los escritos mencionados, es perentorio e improrrogable por lo que vencido, el secretario, sin necesidad de petición alguna, deberá agregar los alegatos y poner el expediente a despacho.
24.- Notificación:
La providencia "Autos para sentencia" se notifica por automática.
25.- Efectos (del llamamiento de autos):
"Desde el llamamiento de autos quedará cerrada toda discusión, y no podrán presentarse más escritos producirse más pruebas, salvo las que el juez dispusiere en el uso de sus facultades ordenatorias". (Art. 383)
Firme la providencia la providencia que llamó autos para sentencia:
I.- Queda cerrada toda discusión, no pudiendo presentarse escritos ni producirse pruebas.
II.- No se podrán deducir nulidades de procedimiento.
El llamamiento de autos firme importa la convalidación de las eventuales nulidades que se pudieron haber producido en el curso de la instancia.
III- El juez puede disponer diligencias de prueba “para mejor proveer” en uso de sus facultades instructorias.
IV Comienza a correr el plazo que tiene el juez para dictar sentencia.
26.- Plazo para dictar sentencia:
El Juez tiene 40 días desde que el llamamiento de autos para sentencia quedé firme (3 días después de dictada la providencia de autos", que se notifica por automática).
El plazo para el tribunal es de 30 días.
La sentencia definitiva deberá ajustarse a lo dispuesto por esto lay y será dictada en un plazo establecido por ella, contado desde que quede firme la providencia de autos. Sí se ordenare prueba de oficio, no se computarán los días que requiera su cumplimiento“. (Art. 384)
En la sentencia se resume la función jurisdiccional y por ella se justifica el proceso, pues en éste y mediante la sentencia se hace efectivo el mantenimiento del orden jurídico.
El Artículo establece que la sentencia definitiva, como el acto procesal de la mayor importancia, lógicamente debe ajustarse a lo dispuesto en la Constitución y en este código.
27.- Medidas para mejor proveer:
El segundo párrafo del precepto (art. 383 efectos...) considera la hipótesis de que el juez haya ordenado el diligenciamiento de prueba como medida para mejor proveer.
En este caso no se computarán los días que requieran su cumplimiento, debiendo ser descontados del plazo de 40 días que tiene el juez para dictar sentencia definitiva en 1º instancia.
Dicho plazo quedará suspendido mientras dure el dure el diligenciamiento de las medidas para mejor proveer.
28.- Notificación de la sentencia:
“La sentencia será notificada de oficio dentro del tercer día". (Art. 385)
Notificación de oficio: La sentencia, por ser el acto procesal de mayor trascendencia e importancia, al resumirse en el acto del poder jurisdiccional del Estado, debe ser de oficio notificada a las partes dentro del plazo de tercero día de su pronunciamiento.
La notificación se efectiviza por medio de cédula a las partes en su domicilio constituido.
1.- Trámites posteriores a la apertura de la causa a prueba:
Estos incluyen todos los pasos posteriores a la etapa probatoria, que consisten en:
I- La agregación de los cuadernos de prueba al expediente principal
II- La oportunidad procesal para que las partes aleguen sobre el mérito de la prueba producida.
Luego, el juez llamará “Autos para Sentencia”.
2.- Agregación de las pruebas
“Si se hubiese producido pruebas, el juez, sin necesidad de gestión alguna de los interesados o sin sustanciarla si se hiciere, ordenará en una sola providencia que se agreguen al expediente los cuadernos de prueba con el certificado del secretario sobre las que se hubieren producido. Cumplido este trámite, el secretario entregará el expediente a los letrados, por su orden y por el plazo de 6 días él cada uno, sin necesidad de petición escrita y bajo su responsabilidad, para que presenten, si lo creyeren conveniente, un escrito alegando sobre el mérito de la prueba.
Se considerará como una sola parte a quienes actúen bajo representación común.
El plazo para presentar alegatos es individual. El representante podrá pedir que se lo mantenga en reserva hasta que todas las partes hayan presentado el suyo”. (Art. 379)
Vencido el plazo de prueba, la norma exige que el juez y el secretario obren de oficio, por su propia y personal iniciativa.
El secretario redactará un informe sobre las pruebas que se hubiesen producido y el juez dictará una providencia, disponiendo la agregación de los cuadernos de prueba de las partes y el informe respectivo del secretario al expediente principal.
3.- Suspensión del Plazo para alegar.
Podrán las partes pedir la suspensión del plazo para alegar, en cuyo caso se estar dispuesto en el Art. 257.
Del pedido de suspensión se dará traslado a la contraria por el plazo de 3 días. (Art. 380)
4.- Requisito:
La parte que hubiere demostrado diligencia en el ofrecimiento y producción de sus pruebas podrá solicitar la suspensión del plazo para alegar, por un plazo máximo de 20 días en el proceso de conocimiento ordinario y de 10 días en los procesos especiales e incidentes.
5.- Oportunidad:
El incidente de suspensión del plazo para alegar deberá ser deducido por el interesado en el plazo de 3 días de notificada la providencia que declaró cerrado el período de pruebas. Dicha resolución se notifica por automática.
6.- Trámite:
Del pedido de suspensión, el juez correrá traslado a la contraparte por el plazo de 3 días perentorios e improrrogables, para después dictar la resolución correspondiente.
7.- Apelación:
La resolución que se dicté será apelable, el recurso debe otorgarse en relación y con efecto suspensivo.
8.- Remisión:
La parte que hubiese mostrado diligencia en el ofrecimiento y producción de sus pruebas, podrá solicitar dentro de tercero día de notificada la providencia que declaró cerrado de prueba, la suspensión de la etapa procesal siguiente, por un plazo máximo de veinte días en el proceso de conocimiento ordinario y de diez días en los procesos especiales e incidente, a fin de producir las pruebas pendientes". (Art. 267)
9.- Juicios de menor cuantía:
En estos juicios no Procede la suspensión del plazo para alegar, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 686 inc. i) CPC.
10.- Alegatos:
Cumplido el trámite de agregación de las pruebas con el informe del secretario éste entregará el expediente a los letrados sin necesidad de petición escrita y bajo la responsabilidad de los mismos por su orden y por el plazo de seis días para que si lo creyeran conveniente presenten su escrito de alegatos.
11.- Concepto:
Se denomina alegato al escrito de conclusión en el que el actor y el demandado exponen las razones de hecho y de derecho en que fundan sus respectivas pretensiones.
En los alegatos se debe expresar los hechos relevantes, comentar la prueba producida, luego efectuar la estimación y alcance de las normas jurídicas aplicables al caso.
12.- Contenido:
Debe ser un escrito lógico y claro que debe contener:
I- La recapitulación o síntesis metódica y sucinta de lo actuado.
II- El análisis de los hechos en que se fundan las pretensiones, vinculados a las pruebas y haciendo la valoración del merito fáctico y Jurídico de los que se ha probado (meritar las propias pruebas), a la vez que se pone de resalto las deficiencias de las pruebas del contrario para acreditar el hecho invocado como fundamento de su derecho (demeritar las pruebas del contrario).
13.- Consecuencia de su no presentación:
La falta de presentación de alegato por la parte (la norma dice "si lo creyere conveniente") no tiene sanción, el perjuicio consiste en el menoscabo en la defensa de su derecho.
14.- Carácter:
No obstante el carácter potestativo del alegato, el mismo puede constituir una pieza importante en el proceso escrito, en razón de que el juez podrá encontrar una inestimable colaboración del Abogado, porque mediante la exposición razonada y metódica de los hechos, prueba y derecho aplicable, se podrá facilitar la correcta y justa decisión de la causa.
15.- Notificación:
La providencia que dicta el juez ordenando la agregación de los cuadernos de prueba con el informe del secretario al expediente principal y dispone entrega de los autos a las partes para alegar, se notifica por automática y queda ejecutoriada a los 3 días.
16.- Plazo (para presentar alegato);
El plazo para presentar el alegato es individual, vale decir, corre en forma particular para cada una de las partes de modo independiente.
El plazo es de 6 días perentorios e improrrogables para cada parte debiendo el secretario entregar el expediente a los letrados por su orden, vale decir, primero al actor y luego al demandado.
Comienza a correr desde la ejecutoriedad de la providencia que ordena la entrega del expediente a las partes para alegar y siempre que el expediente se encuentre en condiciones de ser retirado de secretaría.
Para el demandado el término comienza efectivamente a correr desde que el expediente se encuentra en secretaría a su disposición. Si el actor no lo devolvió habiendo vencido el plazo que tenía para hacerla, el demandado debe intimar su devolución y solicitar mientras tanto la suspensión del plazo.
Si existen más de dos litigantes con derecho a alegar se suman tantos plazos de 6 días como litigantes haya.
17.- Juicios de menor cuantia:
En estos juicios el plazo para la presentación del alegato es de tres días, siendo individual y aplicándose las reglas aquí expresadas.
18.- Procesos de conocimiento sumario:
En estos procesos no procede la presentación de alegatos.
19.- Cuestiones de Puro Derecho:
“Con los escritos de replica y duplica, en las cuestiones de puro derecho quedará conclusa la causa para definitiva. También quedará conclusa en el caso del art. 245”. (Conformidad de partes). (Art. 381)
20.- Tramite:
En las cuestiones de puro derecho o cuando por conformidad de las partes se prescinde de abrir la causa a prueba el juez deberá conferir traslado a las partes por su orden por el plazo de dicho días a fin de que el actor presente su escrito de réplica, y el demandado el de duplica, quedando con ello conclusa la causa para definitiva.
21.- Plazo:
El plazo de 5 días para presentar los escritos mencionados de réplica y duplica es individual, perentorio e improrrogable.
22.- Carácter:
La presentación de los escritos de réplica y duplica es facultativa. No existe sanción alguna prevista para el caso de que no se los presente, salvo el menoscabo del derecho a la defensa.
23.- Llamamiento de "'autos para sentencia" o para definitiva:
“Sustanciado el pleito como de puro derecho o transcurrido el plazo fijado en el Art. 379, el secretario, si petición de parle, pondrá el expediente a despacho, agregando los alegatos, si se hubieren presentado. El juez, acto continuo, llamará “autos para sentencia”. (Art. 382)
La presentación de los alegatos es facultativa, como también lo es la presentación de los escritos de duplica y réplica en las cuestiones de puro derecho.
El plazo de presentación de los escritos mencionados, es perentorio e improrrogable por lo que vencido, el secretario, sin necesidad de petición alguna, deberá agregar los alegatos y poner el expediente a despacho.
24.- Notificación:
La providencia "Autos para sentencia" se notifica por automática.
25.- Efectos (del llamamiento de autos):
"Desde el llamamiento de autos quedará cerrada toda discusión, y no podrán presentarse más escritos producirse más pruebas, salvo las que el juez dispusiere en el uso de sus facultades ordenatorias". (Art. 383)
Firme la providencia la providencia que llamó autos para sentencia:
I.- Queda cerrada toda discusión, no pudiendo presentarse escritos ni producirse pruebas.
II.- No se podrán deducir nulidades de procedimiento.
El llamamiento de autos firme importa la convalidación de las eventuales nulidades que se pudieron haber producido en el curso de la instancia.
III- El juez puede disponer diligencias de prueba “para mejor proveer” en uso de sus facultades instructorias.
IV Comienza a correr el plazo que tiene el juez para dictar sentencia.
26.- Plazo para dictar sentencia:
El Juez tiene 40 días desde que el llamamiento de autos para sentencia quedé firme (3 días después de dictada la providencia de autos", que se notifica por automática).
El plazo para el tribunal es de 30 días.
La sentencia definitiva deberá ajustarse a lo dispuesto por esto lay y será dictada en un plazo establecido por ella, contado desde que quede firme la providencia de autos. Sí se ordenare prueba de oficio, no se computarán los días que requiera su cumplimiento“. (Art. 384)
En la sentencia se resume la función jurisdiccional y por ella se justifica el proceso, pues en éste y mediante la sentencia se hace efectivo el mantenimiento del orden jurídico.
El Artículo establece que la sentencia definitiva, como el acto procesal de la mayor importancia, lógicamente debe ajustarse a lo dispuesto en la Constitución y en este código.
27.- Medidas para mejor proveer:
El segundo párrafo del precepto (art. 383 efectos...) considera la hipótesis de que el juez haya ordenado el diligenciamiento de prueba como medida para mejor proveer.
En este caso no se computarán los días que requieran su cumplimiento, debiendo ser descontados del plazo de 40 días que tiene el juez para dictar sentencia definitiva en 1º instancia.
Dicho plazo quedará suspendido mientras dure el dure el diligenciamiento de las medidas para mejor proveer.
28.- Notificación de la sentencia:
“La sentencia será notificada de oficio dentro del tercer día". (Art. 385)
Notificación de oficio: La sentencia, por ser el acto procesal de mayor trascendencia e importancia, al resumirse en el acto del poder jurisdiccional del Estado, debe ser de oficio notificada a las partes dentro del plazo de tercero día de su pronunciamiento.
La notificación se efectiviza por medio de cédula a las partes en su domicilio constituido.
Lección IX
Reproducciones y exámenes. Contenido de la prueba
1- Reproducciones y exámenes. Contenido de la prueba
El Juez podrá disponer a pedido de parte o de oficio, ejecución de planos, calcos, relevamientos, reproducciones fotográficas, cinematográficas u otras, de objetos, documentos, lugares o sonidos.
Podrá igualmente ordenar la reconstrucción de los hechos y los exámenes científicos necesarios para su mejor esclarecimiento.
Se aplicarán, en cuanto fuere pertinente, las disposiciones relativas a la prueba pericial o a la de reconocimiento judicial". 364
2- Facultad del Juez y de las Partes:
Tienen la facultad para producir el diligenciamiento de todas las medidas que se mencionan en el artículo y que puedan servir para el esclarecimiento de la verdad de los hechos controvertidos.
3- Alcance: La ejecución de planos, calcos, relevamientos, reproducciones fotográficas, cinematográficas u otros (grabaciones videos, etc.) de objetos, documentos, lugares o sonidos; abarca un amplio espectro de operaciones técnicas que el juez o las partes pueden encomendar realizar a la persona o entidad que sea idónea para ejecutar la diligencia de que se trate.
4- Importancia:
Los exámenes científicos adquieren una extraordinaria, relevancia por las posibilidades que de ellos pueden emerger para el esclarecimiento de la verdad de los hechos, dado el constante e indeterminado avance de la ciencia y la tecnología.
Su utilización podrá resultar en muchos casos, incluso más eficaz que los tradicionales medios de prueba.
5- Régimen Legal:
Se hallan sometidas al régimen general de las pruebas y al control y fiscalización de las partes. Pueden ser preconstituidas unilateralmente por las partes, en cuyo caso son validas, pero debe ser más estricta su valoración.
La segunda parte del artículo establece, que cuando fuere pertinente (vale decir, no siempre y necesariamente) se aplicarán para el diligenciamiento de los medios señalados las disposiciones relativas a la prueba pericial o al reconocimiento judicial.
6- Resistencia de las partes:
Si para la realización de las reproducciones y exámenes a que se refiere el artículo anterior, fuere menester la colaboración material de una de las partes, y ésta se negare a suministrar, el juez le intimará a la que preste.
Si a pesar de ello mantuviere su resistencia, el juez dispondrá se deje sin efecto la diligencia pidiendo considerar la negativa infundada a colaborar en la prueba, como una presunción en su contra, la que obviamente, podrá ser desvirtuada por las demás pruebas rendidas en el proceso.
7- Presunción Jurídica (Legal):
Cuando se necesite la colaboración material de una de las partes para el encarecimiento de la prueba y esta se niega injustificadamente, el juez no podrá forzarla u obligarla a ello.
No podrá intimarla, pudiendo considerar la negativa infundada a colaborar como una presunción en su contra que, obviamente, podrá ser desvirtuada por las demás pruebas rendidas en el proceso.
8- Gastos de la diligencia:
Los gastos de la diligencia serán de cuenta del que la ha pedido, o a cargo de ambas partes si hubiere ordenada de oficio.
Lo expresado es sin perjuicio de que la parte que hubiere abonado los gastos y honorarios de la diligencia tenga el derecho a reclamar su reintegro" 366.
9- Regla General:
En el caso de los gastos y honorarios que puedan demandar la realización de las diligencias, la regla es que éstos son a cargo del que las solicitó, sea una o ambas partes.
10- Derecho de Repetición:
Lo expresado es sin perjuicio de que la parte que hubiere abonado los gastos tenga el derecho de reclamar su reintegro a la parte a quien en definitiva se repongan las costas en el proceso
11- Reconocimiento judicial:
El Juez podrá ordenar, a petición de parte o de oficio, el reconocimiento de lugares o cosas.
Al decretar la medida determinará su objeto así como el lugar, fecha y hora en que se realizará. 367.
12- Concepto:
Consiste en comprobación personal por el juez, de la existencia y caracteres de una cosa o hecho en forma directa.
Es un medio de prueba cuya realización es potestativa del juez, que podrá decretar de oficio o a pedido de parte.
13- Diligencia:
Si las partes lo solicitan el juez podrá ordenar su realización en forma inmediata o reservarla hasta antes de dictar sentencia, en razón de que será la oportunidad de valorar si es o no necesaria su realización.
También podrá ordenarla como “medida de mejor proveer”.
El Juez al ordenar la prueba deberá determinar el objeto de la misma, así como también el lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo la diligencia, a fin de que las partes puedan participar en la misma y efectuar en pertinente control.
Si el órgano judicial es colegiado, sus miembros deberán concurrir en pleno a la diligencia a fin de que cada uno forme su opinión personal de acuerdo al CPC, los jueces, podrán trasladarse a cualquier punto de la República en que tenga lugar la diligencia, extendiendo el límite legal de su competencia en razón del territorio.
14.- Importancia.
La prueba tiene como finalidad formar la convicción del juez. Siendo así, su experiencia personal constituye el medio más idóneo al eliminar cualquier intermediario y realizar en forma directa la apreciación de los hechos o cosas.
A su vez, adquiere utilidad para valorar o desmeritar otros medios de prueba.
15- Procedimiento: Asistencia al reconocimiento.
"El juez podrá ordenar a petición de parte o de oficio, que personas expertas asistan al acto de reconocimiento, las cuales podrán formular verbal mente sus observaciones.
Cumplido el procedimiento se levantará acta en que conste la realización de la diligencia, las observaciones hechas y los detalles de la misma.
Si el juez lo estimare oportunos dejará constancia de sus aplicaciones personales" 368.
Las partes podrán concurrir acompañadas de sus abogados para participar y controlar la prueba.
16.- Acta:
Se debe labrar un acta de todo lo referente a la diligencia.
17. Reconocimiento de personas
“El juez podrá disponer también el reconocimiento de personas, con el objeto de comprobar la existencia de un signo exterior y visible.
Tal reconocimiento se hará sin ninguna violencia física o moral, debiendo el juez tomar disposiciones necesarias para el efecto.
En caso de negativa infundada de la parte a colaborar con la prueba, regirá lo dispuesto en el Art. 365". (Presunción en contra).369.
18.- lnspectio Corporis:
La noma -se refiere al reconocimiento que puede tener lugar en la persona de una de las partes.
El reconocimiento se halla condicionado:
a) La comprobación de la existencia de un signo exterior y visible en el cuerpo de la persona.
b) La aceptación por parte del requerido.
No podrá ejercerse ninguna clase de violencia física o moral, en razón de las claras disposiciones constitucionales acerca de la garantía y protección de la dignidad, la intimidad y la personalidad humana.
19.- Negativa a colaborar.
En caso de negativa a colaborar con la prueba, se intimará a la parte remisa, y si a pesar de ello se mantuviere la negativa infundada, el juez dejará sin efecto la medida, previa intimación y constituirá una presunción en su contra.
20.- Interpretación restringida:
La interpretación en el presente caso tiene carácter restringido, en razón de la materia sobre la que aquí recae la prueba: el cuerpo mismo de la persona, atributo principalísimo de su personalidad, que por ningún motivo y de ninguna manera puede ser menoscabada, humillada ni degradada.
21.- Condición indispensable:
Diferente es el supuesto en que el reconocimiento o el examen médico sea indispensable por la naturaleza del controvertido, lo cual estará a cargo del juez determinar, (examen del presunto demente o sordo mudo que no sabe darse entender por lenguaje especializado, estimación de las lesiones corporales sufridas en un accidente, reconocimiento de la filiación extra matrimonial (ADN), etc.).
22.- Gastos de la diligencia:
Serán por cuenta del que la ha pedido, sin perjuicio del derecho a reclamarlo integro a la condenada en costas; o a cargo de ambas partes si hubiere sido de oficio.
23.- Prueba de informes.
Los jueces podrán, de oficio o a petición de parte, requerir informes a las oficinas públicas, escribanos con registro o entidades privadas. 371.
24- Concepto:
La prueba de informes es aquella en virtud de la cual se allegan al proceso datos provenientes obrantes en la documentación, archivos o registros de oficinas públicas escribanos con registro o entidades privadas.
25- Objetivo:
La prueba de informes no debe estar dirigida para realizar averiguaciones, sino para constatar u obtener datos anteriores al juicio.
26- El pedido de informe:
Se diligencia mediante oficio librado por el juez, con constancia en la copia del recibo del mismo por el destinatario, con indicación de la hora, fecha y persona que recibió y cargo que ocupa.
Si es una oficina pública se debe presentar en mesa de entradas.
27- Valor:
Los informes de las oficinas públicas son instrumentos públicos, pueden constituir testimonios de instrumentos obrantes en la administración publica, expedidos por funcionarios públicos dentro de su competencia y en ejercicio de sus atribuciones.
El grado de valor de las los informes provenientes de las entidades privadas será apreciado de acuerdo con el prestigio, la probidad y la importancia que las mismas posean: bancos y entidades financieras, Universidades, Asociaciones científicas, gremiales, culturales, etc.
28- Materia de los informes
Los informes deberán versar sobre hechos concretos, claramente individualizados en el proceso, relativo a actos o hecho que resultaren de los requisitos contables, documentación o archivo del informante.
Así mismo, podrá requerirse a la oficina pública, la remisión de expedientes, testimonios o certificados, relacionados con el juicio.
Cuando requerimiento fuere procedente, el informe o remisión de los documentos solicitados solo podrá ser negado si existiere justa causa o por razón de reserva o secreto circunstancia que deberá ponerse en conocimiento del juzgado dentro del quinto día de recibido el oficio” 372.
29- Preexistencia:
El informe debe referirse a elementos probatorios ya existentes, que refieren o transmitan datos o hechos registrados y conservados en la contabilidad, archivo o documentación del informante.
Además deben ser concretos y claramente individualizados; es decir, no ambiguos, oscuros o vagos.
30- Expedientes Administrativos:
Los expedientes administrativos, testimonios o certificados obrantes en las oficinas públicas y relacionadas con el juicio pueden invocarse como prueba y solicitarse que sean remitidos al proceso.
Su valor probatorio dependerá de si en los mismos tuvieron o no intervención quienes en el proceso ostentan la calidad de partes con la cuestión debatida en el proceso y su relación con la cuestión debatido en el proceso.
Si el expediente se encuentra terminado podrá solicitarse su remisión "ad efectum videndi“ (a la vista).
Si se halla en trámite solo cabría pedir testimonio de las piezas pertinentes.
31- Negativa a rendir informe:
El único motivo que excusara el suministro del informe o la remisión de los documentos solicitados será la existencia de justa causa de reserva, lo cual deberá comunicarse al juzgado dentro del plazo de cinco días de recibo el informe.
La sanción en caso de incumplimiento será la de desacato típificada en el Art. 160 inc. 3° del C. Penal.
32- Substitución de otro medio probatorio.
No será admisible el pedido de informe, que manifiestamente tienda a sustituir otro medio de prueba que específicamente corresponda por la ley o la naturaleza de los hechos controvertidos". 373.
33- Carácter:
La prueba de informes por su carácter es supletoria, sucedánea, subsidiaria de los otros medios probatorios.
No será admisible si manifiestamente con su diligenciamiento se pretendiere sustituir este medio de prueba, con el propósito de cubrir o subsanar la negligencia de la parte.
Sólo es admisible en los casos en que no sea posible, por circunstancias especiales, otras pruebas que sean susceptibles de un mayor y más eficaz control por las partes y el órgano judicial testimonia, pericial, documental, etc.), lo cual no obsta a su configuración como un auténtico y autónomo medio de prueba.
34- Contestación. Plazo
“El pedido de informe o la remisión del expediente deberé ser cumplido dentro del plazo máximo de 10 días, salvo que providencia que lo ordenase hubiere fijado otro plazo, en razón de la naturaleza del juicio o de circunstancias especiales". Art. 374.
35- Retardo:
El retardo injustificado importará desacato.
36- Supuestos: Son:
I- que se niegue el recibir el oficio;
II- que no conteste o lo haga extemporáneamente;
III- que conteste en forma evasiva o insuficiente, luego de haberse solicitado la reiteración del mismo para su debida aclaración o justificación.
37- Reembolso de los gastos
"Las entidades privadas que no fueren parte en el proceso podrán solicitar el reembolso de los gastos que han debido efectuar para producir el informe cuyo monto será fijado por el juez, previa vista a las partes y a cargo del oferente de la prueba.
En este caso, el informe deberá presentarse por duplicado.
La apelación que se dedujere contra la respectiva resolución tramitará en expediente separado. Art. 376
38- Caducidad
“Si vencido el plazo fijado para contestar el informe, la oficina pública o entidad privada no lo hubiere remitido, se tendrá por desistida de esa prueba a la parte que la pidió, sin sustanciación alguna, sí dentro de 5º día no solicitare la reiteración del oficio". Art. 377.
La caducidad de la prueba de informes se producirá en forma automática “ministerio legis” sin necesidad de pedido ni sustanciación.
39- Impugnación por falsedad
“Sin perjuicio de la otra parte de formular las peticiones tendientes a que los informes sean completos y ajustados a los hechos a que deban referirse, en caso de impugnación por falsedad, se requerirá la exhibición de los asientos contables o de los documentos y antecedentes en que se fundare la contestación.”. Art. 378
El plazo que tiene la parte contraria de formular peticiones para que los informes sean completos y ajustados a los hechos a que han de referirse es de 3 días de ejecutoriada la resolución que ordenes su diligenciamiento.
Si el informe fuera impugnado por falsedad material o ideológica (intelectual) la parte podrá solicitar y el Juez podrá disponer de oficio la exhibición de los asientos contables, documentos, etc que sirvieron de base y en los que fundó el informe impugnado.
La falsedad ideológica o intelectual consiste en redactar un documento autentico en su aspecto externo, pero que es total o parcialmente falso en su contenido.
La falsedad material se relaciona con el aspecto exterior del documento.
40- Presunción:
Es la consecuencia que se obtiene por el establecimiento de caracteres comunes en los hechos.
Supone una doble operación mental inductiva y deductiva, porque por la primera nos vamos de los hechos a un principio general y por la segunda aplicamos este principio general a los hechos en particular, afirmando que en iguales circunstancias éstos se comportarán de la misma manera.
41- Indicio:
Llamase indicio a todo rastro, vestigio, huella circunstancia y, en general, todo hecho conocido o debidamente comprobado, susceptible de llevamos por vía de inferencia al conocimiento de otro hecho desconocido.
Tanto pueden pertenecer al mundo físico como al de la conducta humana (así una persona que huye suministra un indicio porque ésa es la reacción normal en el delincuente).
La misma actitud que asume una parte en el proceso civil puede constituir un antecedente que decide la opinión del juez.
Tales circunstancias no tienen por si valor alguno, porque su destino no es suministrar una prueba, pero relacionadas unas con otras adquieren caracteres relevantes.
Esas relaciones se descubren mediante una operación mental que va de lo particular a lo general y luego de lo general a lo particular.
Por consiguiente indicio y presunción son dos conceptos independientes, pero que se complementan.
Un hecho, una cosa, una actitud, se transforman en indicios en cuanto indican la existencia de otro hecho del que es atributo.
Presunción es la operación mental en la que, por aplicación de esa relación, puede llegarse al conocimiento de ese hecho.
42- Presunciones Judiciales:
Son las que el juez establece por el examen de los indicios, según su ciencia y conciencia vale decir sin sujeción a ningún criterio legal.
Sin embargo, los peligros que esta prueba entraña han hecho que en algunos códigos se establezcan determinadas condiciones para acordarles fuerza probatoria, pero no con el propósito de condicionar las facultades del juez en la apreciación de los indicios, sino de suministrarle un criterio de valoración pues en general se admite que esa apreciación se hará de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
43- Presunciones legales:
En algunos casos el legislador sustituye al juez y hace el razonamiento estableciendo una presunción. La presunción legal no es otra cosa, en efecto, que un mandato legislativo . En el cual se ordena tener por establecido un hecho, siempre que otro hecho, indicador del primero, haya sido comprobado suficientemente.
Por ejemplo: la experiencia enseña que el hijo no está en el seno materno menos de 180 días ni más de 300, y en base a ello, la ley dispone que él hijo nacido después de los 180 días de celebrado el matrimonio, o dentro de los 300 días siguientes a su disolución, se presume concebido durante el matrimonio.
La virtud de la mujer es la regla y el vicio la excepción, por lo cual la ley presume que los hijos concebidos por la madre durante el matrimonio tienen por padre al marido.
44- Efectos. Carga de la prueba.
Las personas a quien beneficie la presunción legal no necesitan probar el hecho sobre el cual la presunción recae.
Se tiene por existente el hecho presumida siempre que se halle acreditado el hecho que es su antecedente (acreditado el matrimonio, la ley presume que los hijos son matrimoniales).
1- Reproducciones y exámenes. Contenido de la prueba
El Juez podrá disponer a pedido de parte o de oficio, ejecución de planos, calcos, relevamientos, reproducciones fotográficas, cinematográficas u otras, de objetos, documentos, lugares o sonidos.
Podrá igualmente ordenar la reconstrucción de los hechos y los exámenes científicos necesarios para su mejor esclarecimiento.
Se aplicarán, en cuanto fuere pertinente, las disposiciones relativas a la prueba pericial o a la de reconocimiento judicial". 364
2- Facultad del Juez y de las Partes:
Tienen la facultad para producir el diligenciamiento de todas las medidas que se mencionan en el artículo y que puedan servir para el esclarecimiento de la verdad de los hechos controvertidos.
3- Alcance: La ejecución de planos, calcos, relevamientos, reproducciones fotográficas, cinematográficas u otros (grabaciones videos, etc.) de objetos, documentos, lugares o sonidos; abarca un amplio espectro de operaciones técnicas que el juez o las partes pueden encomendar realizar a la persona o entidad que sea idónea para ejecutar la diligencia de que se trate.
4- Importancia:
Los exámenes científicos adquieren una extraordinaria, relevancia por las posibilidades que de ellos pueden emerger para el esclarecimiento de la verdad de los hechos, dado el constante e indeterminado avance de la ciencia y la tecnología.
Su utilización podrá resultar en muchos casos, incluso más eficaz que los tradicionales medios de prueba.
5- Régimen Legal:
Se hallan sometidas al régimen general de las pruebas y al control y fiscalización de las partes. Pueden ser preconstituidas unilateralmente por las partes, en cuyo caso son validas, pero debe ser más estricta su valoración.
La segunda parte del artículo establece, que cuando fuere pertinente (vale decir, no siempre y necesariamente) se aplicarán para el diligenciamiento de los medios señalados las disposiciones relativas a la prueba pericial o al reconocimiento judicial.
6- Resistencia de las partes:
Si para la realización de las reproducciones y exámenes a que se refiere el artículo anterior, fuere menester la colaboración material de una de las partes, y ésta se negare a suministrar, el juez le intimará a la que preste.
Si a pesar de ello mantuviere su resistencia, el juez dispondrá se deje sin efecto la diligencia pidiendo considerar la negativa infundada a colaborar en la prueba, como una presunción en su contra, la que obviamente, podrá ser desvirtuada por las demás pruebas rendidas en el proceso.
7- Presunción Jurídica (Legal):
Cuando se necesite la colaboración material de una de las partes para el encarecimiento de la prueba y esta se niega injustificadamente, el juez no podrá forzarla u obligarla a ello.
No podrá intimarla, pudiendo considerar la negativa infundada a colaborar como una presunción en su contra que, obviamente, podrá ser desvirtuada por las demás pruebas rendidas en el proceso.
8- Gastos de la diligencia:
Los gastos de la diligencia serán de cuenta del que la ha pedido, o a cargo de ambas partes si hubiere ordenada de oficio.
Lo expresado es sin perjuicio de que la parte que hubiere abonado los gastos y honorarios de la diligencia tenga el derecho a reclamar su reintegro" 366.
9- Regla General:
En el caso de los gastos y honorarios que puedan demandar la realización de las diligencias, la regla es que éstos son a cargo del que las solicitó, sea una o ambas partes.
10- Derecho de Repetición:
Lo expresado es sin perjuicio de que la parte que hubiere abonado los gastos tenga el derecho de reclamar su reintegro a la parte a quien en definitiva se repongan las costas en el proceso
11- Reconocimiento judicial:
El Juez podrá ordenar, a petición de parte o de oficio, el reconocimiento de lugares o cosas.
Al decretar la medida determinará su objeto así como el lugar, fecha y hora en que se realizará. 367.
12- Concepto:
Consiste en comprobación personal por el juez, de la existencia y caracteres de una cosa o hecho en forma directa.
Es un medio de prueba cuya realización es potestativa del juez, que podrá decretar de oficio o a pedido de parte.
13- Diligencia:
Si las partes lo solicitan el juez podrá ordenar su realización en forma inmediata o reservarla hasta antes de dictar sentencia, en razón de que será la oportunidad de valorar si es o no necesaria su realización.
También podrá ordenarla como “medida de mejor proveer”.
El Juez al ordenar la prueba deberá determinar el objeto de la misma, así como también el lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo la diligencia, a fin de que las partes puedan participar en la misma y efectuar en pertinente control.
Si el órgano judicial es colegiado, sus miembros deberán concurrir en pleno a la diligencia a fin de que cada uno forme su opinión personal de acuerdo al CPC, los jueces, podrán trasladarse a cualquier punto de la República en que tenga lugar la diligencia, extendiendo el límite legal de su competencia en razón del territorio.
14.- Importancia.
La prueba tiene como finalidad formar la convicción del juez. Siendo así, su experiencia personal constituye el medio más idóneo al eliminar cualquier intermediario y realizar en forma directa la apreciación de los hechos o cosas.
A su vez, adquiere utilidad para valorar o desmeritar otros medios de prueba.
15- Procedimiento: Asistencia al reconocimiento.
"El juez podrá ordenar a petición de parte o de oficio, que personas expertas asistan al acto de reconocimiento, las cuales podrán formular verbal mente sus observaciones.
Cumplido el procedimiento se levantará acta en que conste la realización de la diligencia, las observaciones hechas y los detalles de la misma.
Si el juez lo estimare oportunos dejará constancia de sus aplicaciones personales" 368.
Las partes podrán concurrir acompañadas de sus abogados para participar y controlar la prueba.
16.- Acta:
Se debe labrar un acta de todo lo referente a la diligencia.
17. Reconocimiento de personas
“El juez podrá disponer también el reconocimiento de personas, con el objeto de comprobar la existencia de un signo exterior y visible.
Tal reconocimiento se hará sin ninguna violencia física o moral, debiendo el juez tomar disposiciones necesarias para el efecto.
En caso de negativa infundada de la parte a colaborar con la prueba, regirá lo dispuesto en el Art. 365". (Presunción en contra).369.
18.- lnspectio Corporis:
La noma -se refiere al reconocimiento que puede tener lugar en la persona de una de las partes.
El reconocimiento se halla condicionado:
a) La comprobación de la existencia de un signo exterior y visible en el cuerpo de la persona.
b) La aceptación por parte del requerido.
No podrá ejercerse ninguna clase de violencia física o moral, en razón de las claras disposiciones constitucionales acerca de la garantía y protección de la dignidad, la intimidad y la personalidad humana.
19.- Negativa a colaborar.
En caso de negativa a colaborar con la prueba, se intimará a la parte remisa, y si a pesar de ello se mantuviere la negativa infundada, el juez dejará sin efecto la medida, previa intimación y constituirá una presunción en su contra.
20.- Interpretación restringida:
La interpretación en el presente caso tiene carácter restringido, en razón de la materia sobre la que aquí recae la prueba: el cuerpo mismo de la persona, atributo principalísimo de su personalidad, que por ningún motivo y de ninguna manera puede ser menoscabada, humillada ni degradada.
21.- Condición indispensable:
Diferente es el supuesto en que el reconocimiento o el examen médico sea indispensable por la naturaleza del controvertido, lo cual estará a cargo del juez determinar, (examen del presunto demente o sordo mudo que no sabe darse entender por lenguaje especializado, estimación de las lesiones corporales sufridas en un accidente, reconocimiento de la filiación extra matrimonial (ADN), etc.).
22.- Gastos de la diligencia:
Serán por cuenta del que la ha pedido, sin perjuicio del derecho a reclamarlo integro a la condenada en costas; o a cargo de ambas partes si hubiere sido de oficio.
23.- Prueba de informes.
Los jueces podrán, de oficio o a petición de parte, requerir informes a las oficinas públicas, escribanos con registro o entidades privadas. 371.
24- Concepto:
La prueba de informes es aquella en virtud de la cual se allegan al proceso datos provenientes obrantes en la documentación, archivos o registros de oficinas públicas escribanos con registro o entidades privadas.
25- Objetivo:
La prueba de informes no debe estar dirigida para realizar averiguaciones, sino para constatar u obtener datos anteriores al juicio.
26- El pedido de informe:
Se diligencia mediante oficio librado por el juez, con constancia en la copia del recibo del mismo por el destinatario, con indicación de la hora, fecha y persona que recibió y cargo que ocupa.
Si es una oficina pública se debe presentar en mesa de entradas.
27- Valor:
Los informes de las oficinas públicas son instrumentos públicos, pueden constituir testimonios de instrumentos obrantes en la administración publica, expedidos por funcionarios públicos dentro de su competencia y en ejercicio de sus atribuciones.
El grado de valor de las los informes provenientes de las entidades privadas será apreciado de acuerdo con el prestigio, la probidad y la importancia que las mismas posean: bancos y entidades financieras, Universidades, Asociaciones científicas, gremiales, culturales, etc.
28- Materia de los informes
Los informes deberán versar sobre hechos concretos, claramente individualizados en el proceso, relativo a actos o hecho que resultaren de los requisitos contables, documentación o archivo del informante.
Así mismo, podrá requerirse a la oficina pública, la remisión de expedientes, testimonios o certificados, relacionados con el juicio.
Cuando requerimiento fuere procedente, el informe o remisión de los documentos solicitados solo podrá ser negado si existiere justa causa o por razón de reserva o secreto circunstancia que deberá ponerse en conocimiento del juzgado dentro del quinto día de recibido el oficio” 372.
29- Preexistencia:
El informe debe referirse a elementos probatorios ya existentes, que refieren o transmitan datos o hechos registrados y conservados en la contabilidad, archivo o documentación del informante.
Además deben ser concretos y claramente individualizados; es decir, no ambiguos, oscuros o vagos.
30- Expedientes Administrativos:
Los expedientes administrativos, testimonios o certificados obrantes en las oficinas públicas y relacionadas con el juicio pueden invocarse como prueba y solicitarse que sean remitidos al proceso.
Su valor probatorio dependerá de si en los mismos tuvieron o no intervención quienes en el proceso ostentan la calidad de partes con la cuestión debatida en el proceso y su relación con la cuestión debatido en el proceso.
Si el expediente se encuentra terminado podrá solicitarse su remisión "ad efectum videndi“ (a la vista).
Si se halla en trámite solo cabría pedir testimonio de las piezas pertinentes.
31- Negativa a rendir informe:
El único motivo que excusara el suministro del informe o la remisión de los documentos solicitados será la existencia de justa causa de reserva, lo cual deberá comunicarse al juzgado dentro del plazo de cinco días de recibo el informe.
La sanción en caso de incumplimiento será la de desacato típificada en el Art. 160 inc. 3° del C. Penal.
32- Substitución de otro medio probatorio.
No será admisible el pedido de informe, que manifiestamente tienda a sustituir otro medio de prueba que específicamente corresponda por la ley o la naturaleza de los hechos controvertidos". 373.
33- Carácter:
La prueba de informes por su carácter es supletoria, sucedánea, subsidiaria de los otros medios probatorios.
No será admisible si manifiestamente con su diligenciamiento se pretendiere sustituir este medio de prueba, con el propósito de cubrir o subsanar la negligencia de la parte.
Sólo es admisible en los casos en que no sea posible, por circunstancias especiales, otras pruebas que sean susceptibles de un mayor y más eficaz control por las partes y el órgano judicial testimonia, pericial, documental, etc.), lo cual no obsta a su configuración como un auténtico y autónomo medio de prueba.
34- Contestación. Plazo
“El pedido de informe o la remisión del expediente deberé ser cumplido dentro del plazo máximo de 10 días, salvo que providencia que lo ordenase hubiere fijado otro plazo, en razón de la naturaleza del juicio o de circunstancias especiales". Art. 374.
35- Retardo:
El retardo injustificado importará desacato.
36- Supuestos: Son:
I- que se niegue el recibir el oficio;
II- que no conteste o lo haga extemporáneamente;
III- que conteste en forma evasiva o insuficiente, luego de haberse solicitado la reiteración del mismo para su debida aclaración o justificación.
37- Reembolso de los gastos
"Las entidades privadas que no fueren parte en el proceso podrán solicitar el reembolso de los gastos que han debido efectuar para producir el informe cuyo monto será fijado por el juez, previa vista a las partes y a cargo del oferente de la prueba.
En este caso, el informe deberá presentarse por duplicado.
La apelación que se dedujere contra la respectiva resolución tramitará en expediente separado. Art. 376
38- Caducidad
“Si vencido el plazo fijado para contestar el informe, la oficina pública o entidad privada no lo hubiere remitido, se tendrá por desistida de esa prueba a la parte que la pidió, sin sustanciación alguna, sí dentro de 5º día no solicitare la reiteración del oficio". Art. 377.
La caducidad de la prueba de informes se producirá en forma automática “ministerio legis” sin necesidad de pedido ni sustanciación.
39- Impugnación por falsedad
“Sin perjuicio de la otra parte de formular las peticiones tendientes a que los informes sean completos y ajustados a los hechos a que deban referirse, en caso de impugnación por falsedad, se requerirá la exhibición de los asientos contables o de los documentos y antecedentes en que se fundare la contestación.”. Art. 378
El plazo que tiene la parte contraria de formular peticiones para que los informes sean completos y ajustados a los hechos a que han de referirse es de 3 días de ejecutoriada la resolución que ordenes su diligenciamiento.
Si el informe fuera impugnado por falsedad material o ideológica (intelectual) la parte podrá solicitar y el Juez podrá disponer de oficio la exhibición de los asientos contables, documentos, etc que sirvieron de base y en los que fundó el informe impugnado.
La falsedad ideológica o intelectual consiste en redactar un documento autentico en su aspecto externo, pero que es total o parcialmente falso en su contenido.
La falsedad material se relaciona con el aspecto exterior del documento.
40- Presunción:
Es la consecuencia que se obtiene por el establecimiento de caracteres comunes en los hechos.
Supone una doble operación mental inductiva y deductiva, porque por la primera nos vamos de los hechos a un principio general y por la segunda aplicamos este principio general a los hechos en particular, afirmando que en iguales circunstancias éstos se comportarán de la misma manera.
41- Indicio:
Llamase indicio a todo rastro, vestigio, huella circunstancia y, en general, todo hecho conocido o debidamente comprobado, susceptible de llevamos por vía de inferencia al conocimiento de otro hecho desconocido.
Tanto pueden pertenecer al mundo físico como al de la conducta humana (así una persona que huye suministra un indicio porque ésa es la reacción normal en el delincuente).
La misma actitud que asume una parte en el proceso civil puede constituir un antecedente que decide la opinión del juez.
Tales circunstancias no tienen por si valor alguno, porque su destino no es suministrar una prueba, pero relacionadas unas con otras adquieren caracteres relevantes.
Esas relaciones se descubren mediante una operación mental que va de lo particular a lo general y luego de lo general a lo particular.
Por consiguiente indicio y presunción son dos conceptos independientes, pero que se complementan.
Un hecho, una cosa, una actitud, se transforman en indicios en cuanto indican la existencia de otro hecho del que es atributo.
Presunción es la operación mental en la que, por aplicación de esa relación, puede llegarse al conocimiento de ese hecho.
42- Presunciones Judiciales:
Son las que el juez establece por el examen de los indicios, según su ciencia y conciencia vale decir sin sujeción a ningún criterio legal.
Sin embargo, los peligros que esta prueba entraña han hecho que en algunos códigos se establezcan determinadas condiciones para acordarles fuerza probatoria, pero no con el propósito de condicionar las facultades del juez en la apreciación de los indicios, sino de suministrarle un criterio de valoración pues en general se admite que esa apreciación se hará de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
43- Presunciones legales:
En algunos casos el legislador sustituye al juez y hace el razonamiento estableciendo una presunción. La presunción legal no es otra cosa, en efecto, que un mandato legislativo . En el cual se ordena tener por establecido un hecho, siempre que otro hecho, indicador del primero, haya sido comprobado suficientemente.
Por ejemplo: la experiencia enseña que el hijo no está en el seno materno menos de 180 días ni más de 300, y en base a ello, la ley dispone que él hijo nacido después de los 180 días de celebrado el matrimonio, o dentro de los 300 días siguientes a su disolución, se presume concebido durante el matrimonio.
La virtud de la mujer es la regla y el vicio la excepción, por lo cual la ley presume que los hijos concebidos por la madre durante el matrimonio tienen por padre al marido.
44- Efectos. Carga de la prueba.
Las personas a quien beneficie la presunción legal no necesitan probar el hecho sobre el cual la presunción recae.
Se tiene por existente el hecho presumida siempre que se halle acreditado el hecho que es su antecedente (acreditado el matrimonio, la ley presume que los hijos son matrimoniales).
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