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La hipoteca

https://juristapy.wordpress.com/2015/08/30/la-hipoteca/ 

PRIVILEGIOS DE LOS GASTOS DE JUSTICIA FRENTE A LOS DEMAS ACREEDORES PRIVILEGIADOS:

 

PRIVILEGIOS DE LOS GASTOS DE JUSTICIA FRENTE A LOS DEMAS ACREEDORES PRIVILEGIADOS:

"La facultad de disponer de un derecho es una cosa distinta del derecho que se dispone". (CHIOVENDA, Instituciones, t. I, p. 303).

En el presente trabajo, pretendemos expresar nuestra posición respecto al privilegio emergente de los gastos de justicia devengados en el juicio ejecutivo frente a los demás créditos privilegiados. El Art. 502 del Código Procesal Civil establece: "Preferencia.- Mientras el ejecutante no esté totalmente pagado, las sumas depositadas no podrán aplicarse a otro destino, salvo que se tratare de las costas de la ejecución, o del pago de otro acreedor preferente o privilegiado. Los gastos causados por el deudor para su defensa no tendrán, en ningún caso, prelación". La norma así redactada parece no ofrecer reparos, sin embargo, a la hora de determinar la graduación de los privilegios emergentes de los gastos de justicia previstos en los Arts. 437 inc. a) y 438 inc. a) del Código Civil, surgen diversas interpretaciones tanto de los órganos jurisdiccionales como de los profesionales interesados, dado que en dichos gastos de justicia se integran los honorarios profesionales de los Abogados (Patrocinante y Procurador) del ejecutante.

Antes que nada no es ocioso recordar la clasificación de los privilegios; que pueden ser: Generales cuando se verifican sobre el producto de todos los bienes muebles o inmuebles del deudor, o Particulares, cuando recaen sobre algún bien mueble o inmueble determinado. El efecto jurídico de esta clasificación es que los privilegios generales sólo pueden hacerse valer en concurso del deudor, es decir cuando todo el patrimonio del deudor está en liquidación, en tanto que los privilegios especiales entran en acción en cualquier ejecución individual, tal es así v.g.: que el acreedor con privilegio especial de hipoteca debe presentarse en la ejecución individual a hacer valer su crédito (por la vía de la tercería de mejor derecho) sobre el precio obtenido en la subasta, puesto que el privilegio subsiste sobre el precio de venta, produciéndose la extinción de la hipoteca (Art. 2402 C.Civil), quedando en su caso, el saldo de su crédito convertido en quirografario.-

Privilegio de los Gastos de Justicia: Por gastos de justicia debemos entender aquellos gastos ocasionados por los actos que tengan por objeto poner los bienes del deudor y sus derechos bajo la mano de la justicia. El privilegio así establecido se refiere a todos los gastos que los acreedores del deudor no hubieran podido liberarse de realizar si otros no lo hubieran anticipado a los fines de la subasta de los bienes del deudor, es decir todos aquellos gastos realizados en el interés común de los acreedores.

El privilegio de los Gastos de Justicia previsto en los Arts. 437 inc. a) y 438 inc. a) del Cód. Civil, que recae sobre determinados bienes muebles o inmuebles del deudor -es el caso de las ejecuciones particulares sobre determinados bienes del deudor-

En este caso, el privilegio emergente de los gastos de justicia pueden oponerse a determinados acreedores a quienes esos gastos hayan resultado útiles; es así que el crédito del acreedor con privilegio de hipoteca prevalece sobre todos los demás créditos de menor rango, con excepción de los gastos de justicia que se encuentra en primer orden conforme a las normas mencionadas, pero toda vez que se trate de gastos que beneficien al acreedor privilegiado.

 Esto significa que los gastos de justicia que insume honorarios profesionales correspondientes a la realización de la subasta (cumplimiento de la sentencia de remate) son privilegiados frente a todos los acreedores que pretenden cobrar sobre el precio obtenido del inmueble.

Estos gastos de justicia, -a nuestro criterio- incluyen los gastos propios de la etapa de cumplimiento de la sentencia, incluyendo honorarios profesionales de los Abogados del ejecutante por dicha etapa del proceso de ejecución, por cuanto que cualquier acreedor que hubiera querido hacer efectivo su privilegio sobre el producido en la subasta ineludiblemente tendría que haber realizado esos mismos gastos, dado que, además la actividad de los profesionales que llegaron a la subasta beneficia a los demás acreedores privilegiados.

A contrario sensu no son privilegiados los gastos de justicia hechos en el propio interés del acreedor ejecutante: los referidos a la etapa de preparación de la acción ejecutiva, los de la ejecución propiamente dicha, los referentes a las medidas cautelares y los de tasa judicial, que resultan ser gastos necesarios para el reconocimiento del derecho de quien los solicita.

Por ejemplo: Si el remate se realiza en un juicio que corresponde a un acreedor quirografario que llega primero a esa etapa (cumplimiento de la sentencia), podría ocurrir que su crédito de 10.000.000 más 2.000.000 de gastos de justicia (por la preparación de la acción, la ejecución y la medida cautelar, incluyendo honorarios profesionales de Abogados), se viera acrecentado en 1.000.000 por gastos de Justicia correspondiente a la etapa de cumplimiento de la sentencia referente a la subasta. En este caso, se cobran en primer término estos 1.000.000 con lo que se abonan los honorarios de los Abogados del acreedor quirografario y demás gastos propios de la subasta, con lo cual dicho acreedor se ve beneficiado, por haber su crédito procurado ventaja a todos, pudiendo oponer los gastos de justicia a todos los demás acreedores. Luego cobra el acreedor hipotecario su crédito completo por capital, intereses (Art. 2374 C.Civil) y gastos de justicia propios realizados en el juicio respectivo, si los hubiera promovido, sino, sólo los primeros, y a seguir los restantes acreedores con mejor derecho que el ejecutante quirografario; luego los gastos de justicia de la ejecución quirografaria y a seguir el capital e intereses a que hubiere lugar: Graficando el ejemplo:

1.- CRÉDITO QUIROGRAFARIO EJECUTADO: Gs. 10.000.000.-

2.- GASTOS DE JUSTICIA:(DE LA EJECUCIÓN DES DE LA PREPARACIÓN DE LA  ACCIÓN HASTA LA SENTENCIA DE REMATE): Gs. 2.000.000.-

3.- GASTOS DE JUSTICIA DE LA ETAPA DE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA: Gs. 1.00.000.-

 TOTAL OBTENIDO EN LA SUBASTA: Gs. 12.000.000.-

 1er. pago: x Gastos de Justicia de la etapa de cumplimiento de la sentencia: 1.000.000.-

2do. Pago: a los acreedores Hipotecarios incluyendo gastos de justicia de la ejecución hipotecaria si los hubiere: 5.000.000.-

3er. pago: a los demás acreedores con mejor derecho que el ejecutante: 1.000.000.-

4to. pago: Gastos de Justicia de la ejecución del acreedor quirografarrio: 2.000.000.-

Sub - Total: 9.000.000.-

SALDO: 3.000.000.-

5to. pago: Al acreedor quirografario ejecutante, el saldo, es decir: 3.000.000.-

TOTAL: 12.000.000.-

De lo expuesto, cabe concluir que los gastos hechos judicialmente, pero que no son privilegiados, son aquellos realizados por un acreedor en su interés particular, para adquirir un título ejecutivo, o para hacer ejecutivo su crédito, en cuyo caso dichos gastos se colocan en el mismo grado del crédito, de modo que siendo éste privilegiado, ellos también deben serlo (véase la nota del Codificador al Art. 3879 del Cód. Civil de la Rca. Argentina, a mayor abundamiento).

Es decir el privilegio proveniente de los gastos de justicia es una preferencia de carácter especialísimo, que los coloca sobre todo otro privilegio, bastando que hayan sido útiles para el acreedor a quien se oponga.

La pregunta obligada que surge es indudablemente para saber cuándo los gastos de justicia resultan útiles a los demás acreedores.

En el caso que nos ocupa, específicamente en el proceso de ejecución, -a nuestro criterio- los gastos de justicia irrogados al acreedor quirografario con motivo de la preparación de la acción ejecutiva, a los fines de adquirir un título ejecutivo, o para hacer ejecutivo su crédito, no pueden ser considerados útiles frente a los demás acreedores con derecho de preferencia de mayor rango, llámense estos hipotecarios, prendarios o con embargo de mejor rango, puesto que dichos gastos, no benefician sino a aquel.

Del mismo modo, los gastos de justicia acaecidos en el proceso de ejecución y hasta la sentencia de remate, sólo beneficia al ejecutante/acreedor, porque tal beneficio no se extiende a los demás acreedores del mismo deudor, ya que estos pueden hacer valer sus privilegios recién en la etapa de cumplimiento de la sentencia y luego de la subasta, sin perjuicio de iniciar dichos acreedores sus propias acciones a los fines de cobrar sus respectivos créditos; es que, al acreedor ejecutante que llega a la sentencia de remate, y que bien puede llegar a la subasta de los bienes de su deudor, su derecho no sufre desmedro alguno frente a los demás acreedores privilegiados y de mejor rango que el suyo sobre el producido en la subasta, puesto que con la misma sentencia de remate dictada a su favor, podrá inesitablemente perseguir a su deudor hasta el cobro total de su crédito, de lo que se sigue, que la utilidad de la ejecución promovida lo es sólo para el que lo ejecuta, no pudiendo cargársele a los demás acreedores con mejor derecho que el suyo, dado que ello constituiría un acto de enriquecimiento indebido al tener que hacer soportar a terceros el perfeccionamiento de su título ejecutivo en el caso de la preparación previa, y de la propia ejecución de su respectivo título para tornarlo ejecutorio.

Es por ello que cuando los gastos de justicia se hicieren en el interés común de todos los acreedores resulta lógico que sean imputados a todos ellos.-

CONCLUSIÓN:

a) La cuestión referente a los privilegios puede hacerse valer por vía del incidente de tercería de mejor derecho, instaurada en la ejecución en que se produjo la subasta.-

b) El privilegio especial de la hipoteca (o prenda en su caso) prevalece sobre todos los demás créditos de menor rango y quirografarios, con excepción de los gastos de justicia.-

c) El privilegio establecido en los Arts. 437 inc. a) y 438 inc. a) del Cód. Civil, referentes a los "Gastos de Justicia", que se da sobre determinados bienes muebles o inmuebles del deudor, es el caso de las ejecuciones particulares sobre determinados bienes del deudor, por oposición a los privilegios determinados sobre la generalidad de los bienes del deudor que se produce en el concurso o quiebra del deudor. Estos "Gastos de Justicia" constituye un privilegio de primer orden, que se antepone al crédito reclamado.-

d) En la ejecución de créditos quirografarios, los Gastos de Justicia correspondientes a la etapa del "Cumplimiento de la Sentencia" (Subasta), se anteponen y son oponibles a todos los demás créditos privilegiados que pesan sobre el bien subastado, llámense éstos hipotecarios, prendarios y/o embargantes de mejor rango al quirografario ejecutado.

e) Abonados los Gastos de Justicia correspondiente a la etapa de cumplimiento de la sentencia, los acreedores con privilegio especial con sus respectivos Gastos de Justicia irrogados en las ejecuciones respectivas, y los demás acreedores con mejor rango que el del ejecutante quirografario; el saldo de lo obtenido en la subasta deben imputarse en primer término a los que corresponde a los Gastos de Justicia correspondiente a la ejecución del acreedor quirografario ejecutante y el remanente se imputará al crédito reclamado por éste último con sus accesorios.-

Bibliografía:

- Monografías:

"Cuestión de privilegios en el juicio ejecutivo,..", Dra. Elena I. Higton, El Derecho, Tomo 114, pg. 962.-

"El tratamiento de los privilegios en el Proyecto de unificación legislativa", Dres. Julio Cesar Rivera y Graciela Medina, El Derecho, Tomo 127, pg. 693 y sigtes.-

"Extensión y funcionamiento del privilegio por gastos de justicia..", Dra. Elena I. Higton, El Derecho, Tomo 128, pg. 705.-

 

 

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Lo que no te enseñaron en la escuela de derecho sobre la riqueza. Por Miguel Ángel Reyes el October 23, 2014 en Éxito y Toga La escuela de derecho y la riqueza

 La escuela de derecho y la riqueza

Poco se habla en las escuelas de derecho sobre la riqueza, sea éste material o espiritual, y es aún menor la cantidad de veces que se habla de finanzas. 

Escuela de derecho y la riqueza

Por alguna razón, las universidades entienden que es más importante (tratar) aprender asuntos básicos de derecho tributario, sin antes saber cómo se maneja una tarjeta de crédito, la importancia del ahorro o la diferencia entre ingresos pasivos y activos. Por consiguiente, la mayoría de los abogados son pésimos administradores de su dinero y tienen una concepción de la riqueza que se limita a la obtención de dinero a través del empleo o el auto empleo.

El 99% de los abogados trabaja por dinero. El noventa y nueve por ciento (99%) de los abogados en principio son empleados o auto empleados. Ello implica que sus ingresos dependen del tiempo que le dediquen al ejercicio de su carrera y a medida que aumenta el trabajo también aumentan sus ingresos, pero disminuye su calidad de vida, en virtud de que se envuelven en jornadas de trabajo muy extensas.

La verdadera riqueza no se mide en dinero sino en tiempo. Es decir, la riqueza es la cantidad de tiempo que podemos mantener nuestro estilo de vida actual sin trabajar físicamente. Por tanto, para sacarle el máximo provecho a nuestro tiempo debemos aprender a construir ingresos pasivos.

Esto se logra a través de aprender a formar a otros y creer en ellos, apalancarse en la tecnología, descentralizar funciones, etc… Es una labor que no obstante ser un poco compleja, cuando se aprende a ponerla en práctica sus frutos son maravillosos.

Tal vez esto explica por qué son tan pocos los grandes bufetes que trascienden a la presencia física de sus dueños. No es suficiente ganar mucho dinero, sino aprender a utilizarlo para que éste trabaje para nosotros.

Si tu interés es ser millonario: olvídate de la judicatura

 Tengo que confesar que nunca he sentido el más mínimo deseo de ser juez o procurador, puesto que no tengo vocación para ello. No obstante, siento gran admiración por aquellos a quienes el espíritu de justicia los ha llevado a hacer carrera en la judicatura.

Sin embargo, he observado como los jueces y fiscales, se pasan el día trabajando en los juzgados; luego, en las noches, dedican su tiempo a impartir clases en las universidades, y los fines de semanas dictan cátedras en diplomados. 

Hay que tener mucha pasión para siempre estar inmerso en labores relacionadas con el derecho, o en su defecto tener que acudir a actividades complementarias para hacer un balance en el presupuesto familiar.

La mayoría de las legislaciones sólo le permiten a los jueces y a los funcionarios del ministerio público, impartir docencia mientras ejercen sus funciones. Cualquier otra actividad económica les está prohibida.

Asimismo, siempre he sido un crítico de los que ven la judicatura como un medio para hacer dinero. Siempre que esa sea la intención entiendo que se debe renunciar al cargo y declinar por el ejercicio privado.

No condiciones tu éxito profesional a la lotería

Cuando hablo de la lotería no me refiero a comprar tickets para sorteos. Aunque tampoco comulgo con esta actividad.

Es a la cultura del azar que se ha apoderado de los letrados como forma para alcanzar el éxito económico. Es común escuchar de labios de los colegas que algún día llegará un caso que te permitirá mejorar tu situación económica.

Es cierto que él éxito se produce cuando la oportunidad se encuentra con la preparación, pero no podemos soslayar que se trata de un proceso en el cual las probabilidades de tener “la suerte” de encontrar un buen cliente aumentará a medida que estés bien preparado y te preocupes por hacer que tus logros sean más fuertes que tus opiniones.

Además, los medios para amplificar tus acciones se han multiplicado en nuestros tiempos y aquello de participar en un caso con mucha prensa, con la finalidad de “brillar” y llegar a más clientes ya no es la única opción viable.

El dinero no lo es todo

 Aprendí de un gran líder empresarial que el ser humano tiene tres grandes necesidades en la vida:

La supervivencia:

Este es uno de los problemas más primitivos en la historia del hombre, pues procura satisfacer nuestras necesidades fisiológicas. Todos necesitamos alimentos, dormir, vestimenta, sexo, etc…

De manera que, para cubrir dichas necesidades y tener un buen estilo de vida en la sociedad actual se requiere dinero. Por consiguiente, la mayoría nos dedicamos y nos formamos con el sólo objetivo de producir y gastar dinero.

Sin embargo, ignoramos que la vida no se limita a aprender formas de obtener ingresos económicos, ya que éste es sólo un problema que hay que resolver, a fin de tener tiempo para dedicarlo a lo que realmente importa y nos permite avanzar y trascender.

La convivencia:

Los humanos somos animales sociales por naturaleza, y los abogados por profesión, por consiguiente debemos tener bien claro la forma en que vamos a satisfacer nuestras necesidades sociales básicas y cuáles son los aportes que le queremos hacer a nuestra familia, a nuestra pareja; y por último, pero no menos importante a la sociedad.

Es menester definir objetivos claros y establecer los sacrificios que estamos dispuestos a hacer para alcanzar nuestras metas. Puesto que, para quien no hay un norte claro, la intrascendencia es el objetivo.

El afán por conseguir dinero no nos debe hacer perder de vista que hay que apartar tiempo para dedicarlo a conocer a nuestros seres queridos;

La autovivencia:

Estar feliz contigo mismo es uno de los placeres que pocos disfrutan en el mundo. Luchar contra el ego, el orgullo y la autocompasión que nos afecta, es un imperativo para encontrar conformidad con nuestro propio yo.

“Hay gente tan pobre, que solo tiene dinero”. Anónimo

En conclusión, considero que debemos diversificar nuestro aprendizaje y no sólo vivir para estudiar sino estudiar para vivir. El trabajo es un medio para la vida y no debe sustituir  a la vida misma que es tan preciosa.

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7 recomendaciones para el estudiante de derecho

Por Miguel Ángel Reyes -  September 11, 2014 en Éxito y Toga

1-Construye tu marca personal: !HOY!

Usualmente, los primeros clientes de todo abogado son sus familiares y relacionados. Por tanto, necesitas que las personas de tu entorno empiecen a verte como alguien a quien pueden confiar sus asuntos jurídicos. Para lograrlo debes empezar a verte y comportarte como tal: tu vestimenta, tu lenguaje y la manera en que gestionas tus redes sociales, deben proyectar una imagen más profesional.

Siendo sinceros, y sin pecar de puritanos ¿le confiarías tus asuntos legales a alguien que tiene una foto con una hookah en su perfil de Facebook?… :) ya me lo imaginaba. En Roma decían lo siguiente: la mujer del Cesar no solo debe ser seria sino que debe aparentarlo.

2-Haz networking

Esto puede ser un poco radical, pero olvídate de los diplomados teóricos hasta que te gradúes. Ya debes tener suficiente con la teoría recibida en la universidad y quienes asisten a los diplomados suelen ser estudiantes de derecho como tú. Mejor invierte tu tiempo y dinero participando en eventos y seminarios de emprendimiento, puestas en circulación de libros de derecho, actividades organizadas por el Poder Judicial, etc.

Allí tendrás la oportunidad de conocer clientes potenciales y construir un activo intangible que es fundamental para el éxito de todo profesional, y más de un abogado: relaciones.

3-Aprende inglés

Anteriormente, todo abogado que preciara de mantenerse actualizado debía estudiar francés, pues al igual que nuestra legislación, las principales doctrinas provenían de dicho país. Sin embargo, hoy gracias al desarrollo de las escuelas de derecho en hispano américa, hay suficiente doctrina en español. Lo que le ha quitado fuerza a la necesidad de aprender francés como segundo idioma.

Por otro lado, el inglés es el idioma del comercio a nivel mundial, y Estado Unidos es nuestro principal socio de negocios. Asimismo, salvo raras excepciones la mayoría de extranjeros que requieren servicios jurídicos en nuestro país, hablan el idioma de Shakespeare. De modo que aprender inglés debe ser una de tus principales prioridades. Ya luego tendrás tiempo para aprender francés, por cultura general.

4- Emprende

Si estás interesado en ser parte de un gran despacho o abrir uno propio, tus conocimientos técnicos son necesarios, pero no suficientes. Necesitas desarrollar habilidades comerciales y de liderazgo, conocimiento que no son parte del pensum universitario, sino que para adquirirlos debes estar involucrado en el mundo de los negocios. Además, a menos que tus padres puedan y estén dispuestos a mantenerte por mucho tiempo, vas a necesitar un ingreso complementario hasta que tu profesión sea capaz de cubrir tus gastos.

5- Trata de trabajar en tu área antes de graduarte

Esta es una de las decisiones más importantes que debes tomar. Es difícil para quien trabaja en otra área y tiene un ingreso decente, desprenderse de éste para trabajar por un salario de miseria en un despacho de abogados o en el Poder Judicial. Pero mientras más postergues esta decisión más te va a pesar, pues la experiencia tiene más peso a la hora de acceder a un despacho que cualquier postgrado o maestría.

Yo tuve que dejar un salario de alrededor de 600 dólares mensuales para trabajar como paralegal, por un salario de 250 dólares. No fue fácil, pero hoy estoy recogiendo los frutos de esa decisión.

6- Involúcrate en actividades políticas, pero no seas politiquero

Sin duda alguna el abogado tiene una función social, lo que de una forma u otra lo ata al ámbito político. Además, en países tan politizados como el nuestro, las actividades políticas se prestan para conocer abogados de renombre, jueces, fiscales y funcionarios estatales, por tanto involucrarse en algún partido político o una organización de la sociedad civil es una buena idea, pero evita fanatizarte y que esto te lleve a descuidar tus estudios por el proselitismo constante en que se vive en nuestro país.

7- Identifica un mentor y rodéate de gente con talento

Identifica un abogado exitoso, que esté ejerciendo, y solicítale que sea tu mentor. Tal vez sea difícil para ti encontrarlo, pero no desmayes hasta que lo encuentres. El éxito deja huellas y es más fácil encontrarlo cuando alguien que lo ha logrado te puede dirigir en el camino. Por más que creas en tus padres, si ellos no son abogados no son los más adecuados para aconsejarte.

Por último, quiere mucho a tus amigos, pero busca relacionarte con gente talentosa y que esté constantemente en la búsqueda de oportunidades para construir un mejor futuro y que te empujen a crecer.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN vs. DERECHO A LA INTIMIDAD.

BlasER

La libertad de expresión constituye una conquista del derecho, frente a la censura previa que han sometido  y aún  someten en la actualidad los regímenes autoritarios y dictatoriales de muchos países del mundo.
Conviene recordar que ningún derecho, ni siquiera aquellos considerados derechos fundamentales son absolutos, todos los derechos y garantías individuales pueden ceder, así el derecho a la vida cede ante un injusto ataque, el derecho a la propiedad cede ante el interés común o la utilidad pública, y las garantías individuales ceden ante un estado de excepción; del mismo modo  el derecho a la libertad de expresión cede al derecho de la personalidad humana de la intimidad, toda vez que la existencia de las personas se fundamentan  en el secreto de su vida privada que es personalísima por pertenecer a su propia personalidad psicológica.
Este derecho,  el Derecho a la Intimidad, siendo inherente a la persona humana constituye el fundamento  y la garantía de protección que debe proporcionar cualquier régimen democrático, que a su vez se construye a partir de la pública opinión y decisión de todas las personas que participan, construyen y sostienen la propia democracia, tanto es así que si los actores democráticos deciden sostener el Derecho a la Intimidad de ellos mismos,  el régimen democrático debe asumir su irrestricto respecto, que el propio Estado debe garantizar.
Es posible afirmar entonces que ambos derechos, la libertad de expresión y el derecho a la intimidad constituyen bases de las sociedades democráticas, la primera para la formación de la opinión pública, para que la comunidad  bien informada pueda ejercer y decidir  libremente (una sociedad desinformada no es libre, ni puede decidir libremente);  en tanto que el derecho a la intimidad, en cuanto significa entre otros, los derechos a la inviolabilidad de la correspondencia de cualquier clase incluida las electrónicas o de las comunicaciones telefónicas,  conversaciones o imágenes emitidas por cualquier medio, de la propia imagen de la persona, honor y fama;  del  domicilio privado, de las preferencias  personalísimas como la religión, la inclinación u opción sexual, entre otros derechos que hacen a la personalidad humana configuran materia de protección jurídica de la vida privada de las personas.
La vida privada de las personas puede ser violada de diversas formas, tal el caso de: la  intromisión en la intimidad de una persona, de aquello que ocurre puertas adentro de su domicilio; la divulgación publica de hecho de la vida privada de las personas, como sería el caso de la difusión del carácter moroso de una persona por la falta de pago de una deuda; la exposición pública para desacreditar en la sociedad o en la comunidad a una persona   atribuyéndole hechos o actos que pertenecen a su vida íntima; y en los casos como se da en el derecho americano,   de la apropiación de elementos de la personalidad de un individuo con fines de lucro, como aquellos elementos del nombre, la imagen, la voz, la conducta para utilizarlos indebida y desautorizadamente en anuncio publicitarios; etc. Los ejemplos pueden ser infinitos, y  dependen mayormente de las costumbres variables en el tiempo y en el espacio o lugar determinado.
Cabe sin embargo  señalar que el derecho a la intimidad hace referencia a la vida privada de las personas, no así a la vida o actividad pública de esas mismas personas, de este modo no podría catalogarse de un acto de vida privada la circunstancia de la obtención y utilización de la imagen de una persona privada realizando un acto obsceno o escandaloso en un lugar público; del mismo modo los actos de las personas públicas (funcionarios públicos) referentes aspectos de su vida pública están al margen de la protección del derecho a la intimidad, en tanto que tal como la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió por unanimidad, un fallo contra la Argentina de gran trascendencia en materia de libertad de expresión que ratificó que no se viola el derecho a la intimidad de los funcionarios cuando la prensa da a conocer aspectos de su vida personal que son de interés público. En tal fallo se expuso  que:  "los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica", una vieja doctrina internacional, y explicó que si bien como cualquier persona tienen derecho a que se respete su vida privada, su "umbral de protección" es diferente dado que voluntariamente se expusieron y sus actividades están insertas "en la esfera del debate público".
En conclusión, el Derecho a la Libertad de Expresión encuentra su límite natural en el derecho a la Intimidad, siendo sin dudas el más importante como derecho humano el Derecho a la Intimidad.
Abog. Blas Eduardo Ramírez P.

CRITERIO DE JUSTICIA Y EQUIDAD EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

BlasER

           

En el marco del Modelo Estándar de Control Interno para Entidades Públicas del Paraguay (MECIP), la Corte Suprema de Justicia aprobó el “Código de Buen Gobierno”, que contiene además de las estrategias sobre políticas de transparencia y lucha contra la corrupción,   los  fundamentos teleológicos (fines)  y axiológicos (valores)  adoptados y/o asumidos por el Poder Judicial, como herramienta de gestión institucional, en el marco del programa UMBRAL (que es un acuerdo de cooperación  entre la Agencia de los Estados Unidos   para el Desarrollo internacional (USAID) y el gobierno del Paraguay) cuyos ejes estratégicos se centran  en reducir corrupción e impunidad, e incrementar la formalización de la economía).  

                El Código de Bueno Gobierno del Poder Judicial contenido en la Acordad Nº  783/2012, establece en el art. 2º como compromiso de la institución, cuanto sigue: “El  Poder Judicial se compromete a orientar sus acciones a fin de Administrar Justicia, dirimir conflictos con miras a consolidar la paz social, interpretar leyes y administrar recursos,  con independencia, eficacia y eficiencia, equidad y transparencia”, lo cual concuerda con los fundamentos de la Constitución contenidos en su Preámbulo que reconoce “la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia..”; y reconoce como  principio ético en art. 3º, num. 1: “La aplicación de la Ley, entendida como dar a cada uno lo que le corresponde en derecho, constituye un principio cardinal para todas las actuaciones dentro del Poder Judicial”.

                Esta normativa axiológica concreta un lineamiento principalísimo (principio cardinal) que conjuga el derecho natural de la justicia (dar a cada uno lo que le corresponde en derecho) con el derecho positivo contenido en las leyes, de lo que se sigue que el Poder Judicial paraguayo adopta un sistema de derecho positivo moderado, es decir del contenido mínimo de derecho Natural en el derecho Positivo[1].

                El fundamento del derecho es reconocer la naturaleza de la dignidad humana, que se traduce en la  justicia entendida como la virtud de dar a cada uno lo suyo.

                Es que la justicia  no puede basarse meramente en  la tesis contractualista (pacto o Ley) porque puede derivar en arbitrariedades en nombre de las leyes, esto es, si la ley positiva deja de apoyarse en una noción de justicia preexistente y se establece como criterio de justicia la mera legalidad (solo la ley), el Estado sería una fuerza coercitiva que  impondría que ley debe obedecerse más allá de la justicia (la equidad).

                Al negar la posibilidad de fundar la ley (legislativo)  y  su propia aplicación (Judicial) sobre un razonamiento ético objetivo, que se establece en base a juicios universales válidos en torno a lo que es justo e injusto, resultaría en la suplantación de la ley justa por una parodia legal que entronizaría la voluntad de la mayoría como único criterio legitimador (Ej. Probar leyes injustas sin otro fundamento que el poder de hacerlas conforme a un interés meramente coyuntural o como se suele escuchar: “leyes a medida”).

                La ley sin el sometimiento a los principios universalmente validos degeneran en la institucionalización de la injusticia; cuya primera consecuencia de la dislocación del concepto de justicia  es la mala administración de la justicia, que no es solo un servicio público, sino el ejercicio de un Poder del Estado que no es ni apéndice  ni está sometido a otro Poder del Estado.

En conclusión: El Código de Ética del Poder Judicial, refuerza la convicción de que en un Estado Social de Derecho, como lo es el Paraguay,  en la administración de justicia para dirimir los conflictos de intereses –públicos o privados- las Leyes deben ser aplicadas con criterios de justicia y equidad.

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[1] Hart, H.L.,  El positivismo jurídico y la separación entre el Derecho y la Moral", en Derecho y Moral. Contribuciones a su análisis, Depalma, Buenos Aires, 1962. Trad. cast, de G. R. Carrio, p. 45.

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Sentencia amparo

VIOLENTA LA PRUEBA DEL ALCOHOTEST LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES?

VIOLENTA LA PRUEBA DEL ALCOHOTEST LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES?

1.      DERECHO A NO AUTOINCRIMINARSE.

 El derecho a no  declarar contra sí mismo es una garantía que proviene del derecho fundamental a la defensa del derecho al estado inocencia, que implica que es el acusador el que debe probar la culpabilidad del imputado “este” no debe probar su inocencia y, menos, cooperar en la determinación de su culpabilidad.

Sema que las pruebas de alcohotest o alcoholemia  transgrede el derecho a no declarar contra sí mismo, al estimarse que del cuerpo de sujeto involuntariamente sale una información que puede ser usada en su contra; estos es: “…la obtención de prueba que emana de la persona lo convierte en sujeto de prueba, a quien no puede obligársele a prestar su colaboración para la  de la dicha prueba, sino que debe aportarla por su propia voluntad, asistido por un defensor que le asesore y en pleno conocimiento de sus derechos .

En la jurisprudencia comparada en  relación a la incompatibilidad entre la inspección corporal y el derecho a no ser obligado a declarar, el Tribunal Constitucional Español considera que es ilícito y utilizable en el proceso de información obtenida mediante aquella y que la prueba biológica no supone declarar contra sí misma, (sino que) estamos ante una prueba pericial y ante un análisis de datos biológicos que escapan al conocimiento del interesado. Se sostiene, pues, el criterio de que las inspecciones corporales no vulneran el derecho a no declararse culpable (el test de alcoholemia, por ejemplo), porque no se obliga al imputado a emitir una declaración que exteriorice un contenido admitiendo su culpabilidad, sino a tolerar que se le haga objeto de una especial modalidad de pericia que tanto pueda dar un resultado favorable como desfavorable, exigiéndose una colaboración no equiparable a la declaración comprendida en el ámbito de los derechos de no incriminación.

Como manifestación de la doctrina científica más generalizada, se sostiene que el derecho del imputado a no declarar contra sí mismo implica la no colaboración en la investigación de hechos propios, en virtud de lo cual no se puede en ningún caso exigir al imputado la realización de una conducta positiva, ni aún incluso la relativa a un ofrecimiento veraz de los datos personales tendentes a su identificación, pero si se puede conforme al art. 81 del CPP, “imponer al imputado el deber de soportar pasivamente cualquier tipo de intervenciones corporales o prueba del alcohotest, siempre y cuando su comportamiento en tales casos le fuera únicamente negativa, esto es, que no se le requiera colaboración activa de ninguna clase.

 La razón por el cual los tribunales  no consideran la prueba del alcohotest como prueba en el proceso radica en que  la Policía o el Ministerio Público lo realiza de forma coactiva, es decir, que obliga al imputado a someterse a la prueba sin la presencia de un abogado defensor.

 El  Tribunal Constitucional  Español ha declarado en sucesivas ocasiones que la realización obligatoria de prueba de detección de droga tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y bebidas alcohólicas no vulneran el derecho a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable ni, en sentido amplio, los derechos de defensa y a la presunción de inocencia, afirmando que el sometimiento a tale pruebas no equivale a una compulsión al imputado para la aportación de elementos de prueba incriminatoria y que es legítima la compulsión “mediante la advertencia de las consecuencias sancionadoras que puede seguirse de su negativa y de la valoración que de ésta quepa hacer en relación con los indicios ya existentes.

El Tribunal Europeo de los Derecho Humanos, afirmándose reiteradas veces que el deber de someterse al control de alcoholemia no puede considerarse culpable, pues no se obliga al detectado a emitir una declaración que exteriorice un contenido, admitiendo su culpabilidad, sino a tolerar que se le haga objeto de especial modalidad de pericia, exigiéndole una colaboración no equiparable a la declaración.

2.     DERECHO A LA INTIMIDAD

 Se sostiene que la prueba de alcohotest o de alcoholemia recae sobre el cuerpo del investigado, y por ello invade esfera de su intimidad.

En realidad con ese derecho el legislador ha querido garantizar el núcleo íntimo de la vida privada de las personas en su esfera personal y familiar. El derecho fundamental de la libertad contiene al derecho de privacidad; y, que dentro de los componentes de este último están; el derecho al honor y a la intimidad personal; que  se invade la esfera de la intimidad, en la realización de las inspecciones corporales, que deben ser  limitadas por la necesidad de salvaguardar la dignidad humana, la intimidad persona.

La  prueba con  alcohotest o alcoholemia,  se trata  de un acto de investigación contemplado en el art. 81 del CPP, de “examen corporal”  por cuanto recae sobre el cuerpo del investigado.  

La  afectación del derecho intimidad personal debe ser constitucionalmente relevante,  porque misma carezca de una justificación objetiva y razonable. Pero dado  que el peligro real (no hipotético) que entraña la conducción bajo el efecto del alcohol susceptible de causar daños a la vida e integridad física de terceros, el fin legítimo que justifica que se impongan el examen corporal que puede afectar al ámbito de la intimidad personal debe ceder  ante el peligro  en la seguridad del tráfico, por lo que es indudable la existencia de un interés general en evitar que se conduzca en estas condiciones.  Constitucionalmente conforme al Artículo 128: “DE LA PRIMACIA DEL INTERES GENERAL Y DEL DEBER DE COLABORAR. En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general…”

3.     DERECHO A LA PRESUNCION DE INOCENCIA.

La presunción de inocencia es un derecho de carácter procesal previsto en el art. 4º del CPP, que acompaña al imputado y/o acusado durante todo el proceso, y que solamente se destruye por una sentencia definitiva firme de carácter condenatorio.

No se afecta la presunción de inocencia con la realización de exámenes corporales (o en su caso con examen mental o de internación para observación, cfr. Arts. 79 y 80 del CPP). La presunción de inocencia hace referencia a la prohibición de presentar públicamente al imputado/acusado como culpable, lo que se resuelve con la información de la existencia de mera  sospecha en su contra.    

PLATAFORMA: EDMODO 5º DERECHO UNI:
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Palacio de Tribunales Encarnación-Py

La oralidad en el proceso civil

INTEGRANTES: ROCÍO ANDREA CAMPUZANO YEZA.-

         LAURA ROLON.- 

CURSO: 5TO. AÑO 9NO. SEMESTRE.-

INTRODUCCION:

Un sistema procesal civil eficiente debe construirse sobre los principios fundamentales, como la economía (de gastos y esfuerzo), de ahí que muchos códigos adopten diversas previsiones que apuntan a la simplificación y abreviación del proceso.

Íntimamente ligados a la economía están también los principios de concentración y celeridad que procuran reunir toda la actividad procesal en la menor cantidad posible de actos y de tiempo, evitando su dispersión con el consecuente dispiendo inútil de la actividad jurisdiccional.

Muchos legisladores coinciden en reconocer en la oralidad el mecanismo para lograr la concentración o centralización del debate en una o varias audiencia sucesivas, separadas por corto lapsos temporarios con lo que asumen se optimizaría el funcionamiento del sistema de administración de justicia.

Para que la oralidad no termine como un avance simbólico del derecho nacional, como la mera adscripción a una moda procesal o como un mero maquillaje externo del sistema de administración de justicia, debe asumirse como un complejo de reformas estructurales del proceso civil que se articulen con los principios como la inmediación y que permitan a los magistrados acceder a un mayor conocimiento y a un mejor seguimiento de cada caso.

  

La oralidad en el proceso civil. Necesidad ventaja y desventajas

El proceso oral requiere de jueces y abogados de gran capacidad mental, experiencia y preparación jurídica. La presentación gramatical del sistema escrito sería un gran error por las deficiencias ya apuntadas, por ello lo que e trata es de acoger gradualmente algunos principios del sistema oral como la inmediación, concentración, distribuyendo el proceso entre actos orales y escritos, según resulte más conveniente para el buen desarrollo del proceso y una eficaz aplicación de justicia.

Palabas claves: oralidad, proceso, derechos, procedimiento, ley y sentencia.

Cuando decimos oralidad se hace empleando un término de común aceptación en el lenguaje de los procesalistas aunque es sabido que no hay ningún régimen en el derecho positivo (salvo algún caso raro, como puede ser en el tribunal de aguas de valencia) exclusivamente oral no mixto.-

En el proceso mixto, esto es con una fase de proposición escrita (demanda y contestación) luego una o dos audiencias (orales) y después con apelaciones también escritas. En este proceso lo esencial es la comunicación entre el juez y las partes.  Reconociendo que dentro del proceso no puede despreciar un medio de comunicación tan preciso como la escritura. Lo que se rechaza es el proceso escrito y secreto, sin la concentración e inmediación que proporciona la celebración de la audiencia de prueba y del debate oral.

En todas las épocas se ha pedido una aceleración del proceso con el fin de ahorrar ese tiempo durante en el cual se producen los gastos que demanda el procedimiento. Según COUTURE “la justicia lenta no es justicia”… la excesiva demora contradice la esencia de la función jurisdiccional que se ha erigido en los principios constitucional- obtener la decisión de la causa en un plazo razonable- pues se considera que la demora excesiva de la justicia implica la violación de los derechos humanos de los justiciables.

No obstante, en la búsqueda de la justicia rápida no se debe olvidar las debidas garantías procesales debiendo existir un límite en la supresión o disminución de trámites, constituidos por aquellos que son imprescindibles para garantizar los derechos de las partes en juicio.

En general se proclama la garantía del debido proceso legal que requiere que las partes sean oídas, o sea, que tengan la posibilidad al contradictorio en un plazo razonable para ofrecer y producir sus pruebas y esgrimir sus defensas.

En la aplicación de soluciones concretas para cada caso debemos tener en cuenta los principios de aceleración y mantenimientos de las garantías indispensables para que pueda entenderse que existe el debido proceso legal.

El proceso oral se entiende en la aplicación de los siguientes principios:

-Predominio de la palabra como medio de la expresión contemperada con el uso de escritos de preparación y documentación.-

Si se mira solo el elemento exterior de la oralidad y de la escritura puede conducir a equívocos en cuanto a la índole del proceso pues es difícil concebir un proceso escrito que no admita algún grado de oralidad y un proceso oral que no admita algún grado de escritura.

El principio de oralidad no puede entenderse como una discusión oral en la audiencia. Para Chivenda, la oralidad, atenuada por los escritos que preparan el debate, garantiza, por el contrario, una justicia intrínsecamente mejor; la misma hace al juez participe de la causa y le permite dominarla mejor, evitando los equívocos tan frecuentes en el proceso escrito, en que el juez conoce por lo general la existencia de un proceso en el momento en que es llamado a decidirle; la misma excita el espíritu del magistrado y del abogado y lo hace más sagaz, más rápido, mas penetrante.

El desarrollo del procedimiento civil tiene condicionado por la existencia de mayor sencillez en los actos procesales dada la naturaleza de las cuestiones que son objeto de debate de esta jurisdicción, por la necesidad del incremento de la oralidad en los debates civiles a fin de aumentar la publicidad del proceso, al acceso de las partes y el impacto social de estos.

Como desventajas del proceso oral se oponen:

La falta de actuación escrita provoca que el tribunal de instancia superior tenga que producirlas.-

La posibilidad de errores u omisiones es mayor por la falta de registro escrito de actuaciones.-

-          Otro de los argumentos que se plantea contra el proceso oral es su costo (que es mucho más caro que el escrito); sin embargo esto no es exacto pues no se trata de comparar dos extremos diferentes; un mal sistema escrito con un régimen oral ideal, en el que se deberían contar con todos los medios y un sinnúmero de jueces.

Se plantea que este sistema es más propenso a sentencias superficiales y precipitadas, que es proclive a las sorpresas porque se permite a las partes hasta la última hora modificar y cambiar sus pretensiones; además que requieren u n gran aumento de personal en los órganos jurisdiccionales.

Es cierto que se necesitan más jueces, sin embargo se requieren de menos funcionarios, menos burocracia, lo que presenta un notable avance.

Dentro de las ventajas reconocidas a la oralidad podemos mencionar:

1. Menor formalidad.-

2. Mayor rapidez.-

3. Propicia la sencillez.-

Al concentrarse las actuaciones, se reducen las notificaciones, citaciones y otras diligencias,

Permite la relación directa del Tribunal y las partes, lo que conduce a profundizar a cualquier aspecto que suscite duda.

El juez se convierte en un verdadero protagonista dentro del proceso, si director. Mediante el principio de inmediación en la práctica de pruebas permitiéndole al juez captar con facilidad a quien le asiste la razón en el debate.

En la oralidad se suprimen incidentes (que se disuelven en su mayoría, en una mima audiencia), hay menos recursos, se logran muchos más acuerdos y transacciones que eliminan procedimientos.

El principio de la oralidad no excluye la escritura. En el proceso por la audiencia la oralidad se complementa armónicamente con la escritura.  Los sistemas procesales más avanzados tratan de combinarlas, tomando las ventajas que cada sistema posee. La oralidad es importante en la práctica de pruebas, alegaciones y fallos; sin embargo la escritura es útil para preparar la sustanciación (demanda y contestación), todo depende del tipo de proceso que se trate.-

Estamos convencidos que la reforma del modelo procesal paraguaya es una necesidad que debe afrontarse con el mismo entusiasmo demostrado a propósito de la reforma procesal penal. El deficiente funcionamiento de la justicia civil, maniatada por un modelo procesal profundamente escrito, asi lo viene exigiendo, principalmente atendiendo al excesivo e injustificado tiempo que de ordinario debe transcurrir desde el comienzo del proceso hasta el logro de una resolución eficaz, vale decir, con capacidad de producir transformaciones reales en la vidas de quienes ha acudidos a los tribunales.

Hemos sostenido en otros lugares que la reforma procesal civil nacional debe saber introducir el modelo de proceso civil por audiencia, donde el predominio formal sea de la oralidad. Identificamos en el modelo oral una serie de facilitadores formales que permitirán superar la situación actual. Ahora bien, hemos advertido también sobre la necesidad de proceder en esta materia exquibando los excesos puramente teóricos que han salidos que han salido a acompañar a una manoseada y en ocasiones deperfilada “ideas símbolo” de la oralidad. Tanto los mitos como las autopias, desgraciadamente, han estado “a la orden del día”, olvidando la realidad práctica y mezclando una cuestión de carácter técnico con consideraciones de carácter político.

Unos de los puntos más relevantes a abordar en esta señalada reforma procesal civil liga con la necesidad de determinar con la extendida imagen de una justicia lejana y distante, donde el juez aparentemente figura y se sitúa al final de los dilatados trámites que comprende el proceso civil. Consideramos que el modelo oral estructura el trabajo jurisdiccional, de modo que cada asunto puede ser mejor seguido y conocido por el tribunal desde su inicio, cuestión especialmente relevante en lo que vincula con la práctica y valoración de la prueba.-

 CONCLUSION:

Concluimos que cualquier reforma procesal no debe construirse sobre la defensa de la oralidad por la oralidad, sino que debe relacionar y cohesionar dicha oralidad con la consecución de objetivos de eficiencia y efectividad de la tutela jurisdiccional que se alcanza finalmente con la presencia del juez en la actuaciones judiciales y con la emisión de la resolución sin dilaciones indebidas en el tiempo.

Apostar por la oralidad, hace necesario tomar conciencia de la triple interdependencia de oralidad, inmediación y publicidad y es la consecución de la inmediación en la actuación del juez y de la publicidad. 

A través de la implementación de la oralidad en el proceso civil se puede lograr la comprensión de las pretensiones que dieren o no a derecho y que efectivamente nos encontraremos con muchas dificultades que es normal dentro de cualquier cambio procesal que debe implementarse inicialmente y que en forma gradual se ira subsanando a medida que prosiga el proceso judicial.